Un Ministro citado por el caso de las interceptaciones telefónicas terminó respondiendo por conspiraciones, por la para-política e incluso por las relaciones internacionales.
La semana pasada, el representante del Polo Democrático Wilson Borja citó un debate de control político (uno más) sobre el reciente escándalo de las interceptaciones. Pero el propio Borja hizo de su presentación una verdadera colcha de retazos: habló de la responsabilidad del Presidente y del ministro de la Defensa en las interceptaciones, exigió que en ese debate se dieran a conocer los nombres de los responsables, se informara quién o quiénes habían dado la orden y sobre todo, que se les informara a los 8 mil monitoreados que habían sido víctimas del espionaje. Hoy se sabe que fueron menos de 100 los personajes cuyas comunicaciones fueron interceptadas.
Pero además incluyó en su presentación el tema de la conspiración contra Samper, la caída de la cúpula de la Policía (evidentemente les duele mucho que se haya desarticulado la infiltración del Polo en las altas esferas de la Institución) e incluso intentó que Juan Manuel Santos intentara explicar publicaciones recientes de El Tiempo. En resumen: fue un completo desorden, sin metodología ni objetivos concretos.
Luego, cuando Santos se proponía iniciar la intervención, dos mujeres que fueron llevadas por el representante Borja se acercaron al Ministro y le arrojaron unos cuantos huevos, como señal de protesta. Mientras el Ministro limpiaba su ropa, algún representante pidió que se cancelara el debate por falta de garantías, y otros se quejaron de la grosería y del irrespeto al “sacro” recinto del Congreso: ese fue un verdadero chiste, y de mal gusto por supuesto, si se tiene en cuenta que en el Congreso se han lanzado mucho más que huevos: calumnias, improperios, injurias y acusaciones sin ningún fundamento han sido el menú de las “sagradas” plenarias tanto del Senado como de la Cámara.
Borja además señaló al Ministro como delincuente por intentar, según el Representante, “dar un golpe de Estado y afectar la institucionalidad que ellos tanto defienden”: ¿Significará eso que el Polo defiende las actuaciones de Ernesto Samper y que les parece lícito que semejante personaje haya manipulado el juicio en su contra y hubiera permanecido en el poder?
Es que la conspiración de Juan Manuel Santos contra el gobierno de Samper fue conocida por todos, y es bueno recordar que muchos hacíamos votos para que la conspiración funcionara y llevara a Samper a abandonar el poder. Los que vivimos esos tiempos aciagos recordamos los esfuerzos de Santos de exigirle la renuncia, por todos los medios posibles, a Ernesto Samper.
Sin embargo, Santos explicó que las reuniones con los diferentes sectores violentos tenía la intención de buscar aproximaciones de paz y no de derrocar a Samper. Cada quien puede creer o no en las palabras de Santos, pero un hecho ratificó en parte las palabras del ahora Ministro: en plena exposición llegó una carta del gobernador del Valle, Angelino Garzón, RATIFICANDO el propósito de Santos, y de otros tantos, de buscar acercamientos con los violentos para intentar alcanzar la paz.
Así las cosas, el asunto de la conspiración queda planteado como las denuncias de Pablo Beltrán del ELN y de Salvatore Mancuso de las AUC, frente a las afirmaciones de Angelino Garzón y de Juan Manuel Santos. Pero es de suponer que esas gestiones de paz (tan aplaudidas y anheladas en aquellos tiempos) incluyeran la salida del gobierno Samper, algo que en su momento se convirtió prácticamente en un propósito nacional.
Pero ahora ese mismo deseo, liderado por Juan Manuel Santos, es un ataque a la institucionalidad del país y por ende, quien encausaba el anhelo de diferentes sectores de Colombia, es hoy un delincuente por su lucha de buscar que Samper abandonara el poder.
Aquí el asunto tiene que ver con el fin y sobre todo con los medios: si el objetivo era derrocar a Samper (lo que aplaudían la mayoría de colombianos) y los medios pasaban por convocar un acuerdo de diferentes sectores del país, incluyendo a los violentos (lo que también vitoreaba la mayoría porque todavía no se había presentado la farsa del Caguán), no parece válido que se quiera ahora juzgar a quien aglutinó los medios y el fin que muchos querían.
Que Santos renuncie o lo obliguen a renunciar es accesorio, porque buena parte de los problemas que hoy enfrentamos en Colombia se los debemos a que Samper y su combo se sostuvieron en el poder, gracias al dinero que rodó por el Capitolio Nacional para comprar su inocencia. Lo importante aquí es que la doble moral nuevamente aparece y muchos están dispuestos a pedir en sacrificio a Santos, perdiendo de vista sus propias actuaciones, o las de quien representaba la institucionalidad en ese momento.
Es que resulta cínica la actitud del partido Liberal que señala a Santos como artífice de una campaña que terminaría con la caída del distinguido Samper, mientras ese mismo Partido, en la anterior campaña a la Presidencia, nunca incluyó en sus comerciales de antiguos presidentes a Samper. Es más: Recientemente César Gaviria se quejaba porque al liberalismo le querían cargar el lastre histórico del Proceso 8.000 y pretendió dejarle ese costo político a quienes fueron sus protagonistas.
En este sentido, serán relevantes las pruebas que puedan entregar Pablo Beltrán y Salvatore Mancuso sobre la convocatoria para conspirar contra Samper, pues ciertamente si utilizó la paz como caballito de batalla con miras a cohesionar a tirios y troyanos con el propósito de derrocar a Samper, la situación amerita que Juan Manuel Santos salga del Ministerio y rinda sus explicaciones ante la justicia.
Pero no es bueno que el país se mienta por falta de memoria: Si Santos hubiese conseguido ese objetivo, millones de colombianos habrían aplaudido esa acción a rabiar y Santos sería un héroe por ese simple hecho; pero no pudo, y ahora, como cualquier derrotado, es conducido al cadalso.
En esta perspectiva, los que se sientan identificados con la “institucionalidad” que representaba Samper, que señalen y cuestionen, pero eso sí, asumiendo la responsabilidad que implica el hecho de defender la institucionalidad samperista, sin importar el personaje que gobernaba y los delitos que se le imputaban. Pero deben tener cuidado, porque lo que hoy defienden con ahínco, pegados de cualquier situación para atacar al Gobierno, será materia de análisis futuro por el electorado.
Esto significa que a los ojos de los votantes, el PDA podrá ser presentado como defensor de la institucionalidad que representaba Samper y el liberalismo tendrá que asumir la responsabilidad histórica y política del 8 mil, pues Samper y el proceso por los dineros del narcotráfico en la campaña son dos temas que ante los colombianos, es uno solo.
De paso, en ese afán de “defender la institucionalidad” (presentación semántica que significa atacar a Uribe), olvidan que Samper volvió pedazos la institucionalidad que tanto dicen defender: Heine Mogollón en la Comisión de Acusaciones de la Cámara moviendo los hilos para precluir el asunto mientras la aplanadora liberal en la plenaria sobre las acusaciones contra Samper, sepultó las pruebas contundentes y sólidas que presentó Ingrid Betancur en esa oportunidad.
Así las cosas, lo que está haciendo la oposición es defender la institucionalidad particular samperista, que además terminó con el desbarajuste del Estado y con un grave déficit fiscal por los pagos que realizó a los congresistas que votaron a favor de su exculpación. ¿Eso es lo que quieren defender?