miércoles, 31 de octubre de 2007

Nuevo alcalde

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Al momento de escribir esta columna no se conocía el nombre del nuevo alcalde (el primero con periodo de cuatro años que tendrá la ciudad), sólo que había un empate técnico; que Gossain ganaba en los estratos bajos, y Pinedo en los altos; y que ésta era preferida por quienes están entre los 26 y los 35 años, mientras que aquel por los restantes.

Quien haya ganado, mostrada la legalidad de la elección, merecerá nuestro apoyo. De eso se trata la democracia: escoger el líder y apoyarlo para poder avanzar. No se puede decir igual -aunque se sientan ganadores- de quienes renunciaron a sus aspiraciones y le apostaron al ganador, cuando reclamen su recompensa, porque es una maniobra no muy bien vista por los electores.

Pero si la campaña fue difícil, ahora viene lo peor. Se le puede hacer conejo a los de las “tulas de votos” (si fue que las hubo) pero difícilmente se podrá soportar las presiones, los halagos, los ofrecimientos y los chantajes. En esas nuevas confrontaciones, más que en las de campaña, se mide el talante del líder.

No se debe mirar la alcaldía como una posición de poder desde donde alimentar el ego y la vanidad, llenar los bolsillos, o repartir golpes a sus enemigos y favores a sus amigos; sino como una posición de altísima responsabilidad que obliga. Que obliga a gobernar con carácter, inteligencia, independencia, pulcritud y transparencia, pensando siempre en el bienestar general y en la ciudad y sus habitantes: como si hubiera reelección.

Hay muchos aspectos que mejorar en la ciudad, el principal, que los dineros de los contribuyentes lleguen con el menor numero de intermediarios –y cero corrupción- dónde tienen que llegar, y causen el mayor impacto posible en la transformación de la ciudad.

El segundo, lograr que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones con el fisco (que la trampa y la evasión sean cero) lo cual será posible en la medida en que mejore la confianza de los ciudadanos porque se cumple lo primero.

Con dinero y buenas prácticas de gobierno (lo principal) se podría continuar con los programas sociales mejorando su impacto y cobertura; continuar con las obras que están en ejecución, e iniciar las que requiere con urgencia la ciudad (el tema de las vías en general –interiores, de acceso a la ciudad y puentes- es de altísima prioridad) y por supuesto el incremento de la competitividad, la creación de estímulos para la inversión nacional y extranjera, el turismo, el comercio, la industria, y la creación de empleo con énfasis en la población nativa.

Los que persistan en su proyecto de dirigir los destinos de la ciudad, sabrán que deben continuar su campaña defendiendo sus programas y sus banderas. Ojala no, haciendo parte de la burocracia o mordiendo los contratos, por ejemplo, ni tampoco a no dejar gobernar (la polarización y la confrontación, que ahora llaman control político, son en realidad un freno al desarrollo, y una forma de desviar los recursos públicos) si no asumiendo una posición critica y reflexiva; presentado mejores alternativas que las de gobierno, o apoyando las que sean buenas; que dentro de 4 años, ese “altruismo” (entre comillas porque no lo es) se verá recompensado en una imagen favorable que le sumará votos.

Esta demostrado que gana mas apoyo popular el candidato que mira hacia delante, sin pisar los callos de sus contendores, que el que se tercia en peleas tratando de eliminarlos política, cuando no físicamente.

Un poderoso regulador social de la conducta humana, asegura qué las mayorías se pongan del lado del que juega limpio y no del tramposo. Tan cierto es, qué me atrevería a insinuar que en política, hay que alegrarse de los agravios y los golpes bajos que se reciban.

lunes, 29 de octubre de 2007

Democracia

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Samuel Moreno Rojas ganó… y de lejos, con una votación histórica de más de 900 mil votos.
El triunfo del candidato del PDA a la alcaldía de Bogotá demuestra, en primer término, que Álvaro Uribe Vélez no tiene la potestad de endosar los votos.

Pese a los discursos que pronunció el Presidente, y que eran indirectas contra Moreno Rojas, los bogotanos optaron por las propuestas del candidato del PDA y dijeron no a la reelección de Enrique Peñalosa Londoño.

Así las cosas, los ciudadanos capitalinos decidieron elegir a quien prometió la construcción del metro, a aquel que se comprometió con una amnistía para los infractores de tránsito y aseguró que no construirá peajes urbanos ni cobrará más impuestos.

De igual forma, uno de los grandes ganadores de esta jornada es Ernesto Samper Pizano, quien logró reencaucharse con el triunfo de Moreno Rojas al lograr voltear muchos votos liberales para apoyar la aspiración del candidato del PDA.

Sin embargo, en estas elecciones pierde el PDA, que en la última semana de desesperación llegó a reconocer que las palabras del Presidente, en las que no mencionó ni un solo nombre, le caían como guante a su candidato a la alcaldía de Bogotá.

Uribe fue claro y reiterativo: el candidato al que apoyan las FARC en sus páginas de Internet, el que no rechaza a los terroristas, el que gaguea al momento de rechazar la compra de votos… para todos era claro que blanco es y gallina lo pone, pero el PDA, especialmente su presidente Carlos Gaviria Díaz, salió a la palestra a descalificar a Uribe y a señalarlo de participar en política.

Lo mismo hizo León Valencia, quien de inmediato se pronunció sobre la indebida participación en política del Presidente, toda vez que, según dijo, había interferido en las elecciones de Bogotá al señalar y descalificar al candidato Samuel Moreno.

Dos pronunciamientos que significan aceptación de las palabras de Uribe frente a Samuel Moreno Rojas. De paso, el PDA acogió también la posición del Presidente sobre “los senadores que no condenan a los terroristas”, refiriéndose obviamente a Jaime Duzán, quien afirmó que el Polo no es ni amigo ni enemigo de las FARC.

Esa fue la decisión de los bogotanos, la decisión de las mayorías, que además lograron reducir en algo la abstención electoral. Lo más grave es que los votantes capitalinos hayan premiado la mediocre gestión del Polo y de Garzón, eligiendo a Samuel Moreno para que siga acabando con Bogotá.

sábado, 27 de octubre de 2007

La disyuntiva

Por Jaime Ruíz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

En una ocasión en que comentaba las elecciones chilenas en que salió elegida la señora Bachelet, Mario Vargas Llosa se sorprendía de la tranquilidad que se respiraba en el país, nadie temía que nada fuera a cambiar fatalmente fuera cual fuera el resultado de los comicios. La sorpresa del novelista venía de que cada elección en la mayoría de nuestros países es una apuesta casi de vida o muerte y no es imposible que se desate una catástrofe sangrienta como resultado del forcejeo de las facciones.

Las elecciones que se celebran este domingo en Colombia de nuevo ponen a la gente a escoger el camino de la catástrofe o el de la recuperación, y es muy probable que escoja el de la catástrofe, no tanto por perversidad o estupidez, sino por la indolencia de permitir que las minorías organizadas decidan por la mayoría.

Mientras que en numerosas regiones varias decenas de candidatos han sido asesinados o forzados a renunciar a su candidatura para favorecer a los candidatos del Polo Democrático o de algún sector del Partido Liberal que es útil a las FARC, en Bogotá (donde esas presiones son minoritarias y los cilindrazos tienden a ser más bien de varios millones de pesos dirigidos a los controladores de redes de “maquinaria”) aparece mejor situado en las encuestas un candidato apoyado por esos mismos beneficiados de la “lucha por la justicia social”.

Es decir, en Bogotá tiene grandes posibilidades de ocurrir que la gente premie con su voto a los que no piden a las FARC su desmovilización y ni siquiera les reprochan esos asesinatos recientes. Pero no importan los que votan por ese candidato, que en ningún caso llegarán a ser una cuarta parte de los que pueden votar, sino los abstencionistas y los que votan por candidatos sin esperanza, como si el resultado de su elección correspondiera a una transacción con su conciencia y los destinos de la ciudad importaran menos que el bienestar derivado de votar por idealismo.

La situación prueba algo que para muchos colombianos es difícil de digerir: que los problemas del país no tienen otro origen que los valores dominantes y que fenómenos como la guerrilla y el narcotráfico son verdaderamente representativos de la sociedad, en absoluto el fruto de circunstancias particulares en algunas regiones o de la oportunidad que genera la prohibición de las drogas. Puesta a escoger entre la estabilidad democrática y el ciclo caos-dictadura, la población colombiana, como la del resto de Sudamérica, más bien escogerá la segunda opción.

No está de más detenerse un poco a analizar al personaje que aspira a la alcaldía por esa facción. A diferencia de los demás líderes, descendientes de las familias bogotanas que se repartían los cargos de alto nivel ya en el siglo XIX, Samuel Moreno tiene algo de advenedizo, pues su pertenencia a la oligarquía le viene del golpe de Estado que dio su abuelo en 1953. Es claramente lo contrario de esos intelectuales que encandilan a la masa de lambones que conforman las clases altas capitalinas explotando el manual de retórica, es un individuo de rendimiento discreto que en cambio brilla por el evidente disfrute de los lujos que aspiran los demás a tener.

Característico de esa clase de magnates que heredan una serie de relaciones y la lealtad de algunas gentes que tuvieron acceso al poder o soñaron con tenerlo en otras épocas es su disponibilidad ideológica: es la clase de personas que conformaban el congreso que absolvió a Samper y que aun se destacaron defendiendo al cuestionado presidente financiado por el Cartel de Cali. En ese papel, Moreno encontraba amigos y apoyos para cimentar su carrera y asegurarse la copiosa renta que la sociedad colombiana asigna a los congresistas que conservan el puesto.

Es importante hacer hincapié en esas características porque la guerra sucia de los medios contra el personaje lleva a engaño a muchos. Él no es un activista revolucionario que crea en la necesidad de destruir el Estado de los opresores reaccionarios sino más bien un miembro de una familia de esa clase de opresores. Cuando hace unas declaraciones de legitimación de la guerrilla, aun de la que tomó la bandera del supuesto triunfo electoral de su abuelo en 1970, no manifiesta su punto de vista ideológico sino que recita la retórica que conviene a su carrera política en el denostado Congreso colombiano.

Se preguntaba sor Juana Inés de la Cruz en unos versos famosos “¿Y quién es más de culpar / aunque cualquiera mal haga, / la que peca por la paga / o el que paga por pecar?”. El señorito Moreno Rojas se muestra en esa entrevista legitimador de la lucha armada y aun de las dictaduras, pero ¡él peca por la excelente paga que tienen los congresistas en Colombia, amén de la infinidad de negocios a que tienen acceso! El problema es esa sociedad que tolera esas declaraciones, esos cientos de miles de bogotanos acomodados que efectivamente están siempre del lado de los dictadores como Fidel Castro (que era a quien aludía Samuel Moreno al hablar de dictadores).Uno de los pretextos de la retórica comunista en Colombia es la rebelión contra la corrupción de las clases oligárquica. Este candidato consigue ser una síntesis de la mentira de esa retórica: es la corrupción de las clases oligárquicas la que produce esos sueños de despojo y atropello que se cristalizan en el proyecto comunista. La asociación de Samper con el Cartel de Cali no es menos grave que el apoyo que buscó en los comunistas y en los otros grupos de ex guerrilleros que ejercían en el Congreso de lobbistas de Santodomingo. Algún día se sabrá cuánto influyó todo eso en el ascenso de las FARC en esos años. Lo que significó para los colombianos humildes el despilfarro espantoso que significó mantener viajando a todos esos intelectuales por medio mundo ya se conoció en la miseria de los años de cambio de siglo.

Como si este revolucionario no tuviera suficiente con encarnar aquello que sus socios políticos dicen combatir, se da la circunstancia de que el movimiento que acaudilló su abuelo estaba formado en buena medida por ex militares y ex policías: ahora el nieto es candidato del partido que con el pretexto del DIH legitima tranquilamente que se asesine a militares y a policías. Y en aras de ocupar esos puestos formidables en que se hacen los grandes negocios, como los que según muchos bumangueses caracterizaron la gestión de su hermano en esa ciudad, ¡hasta viene a decir que el M-19 era parte de la Anapo! Pero se trataba de grupos de estudiantes comunistas de las universidades de elite que buscaban ser la vanguardia de un movimiento popular al que darían contenido con su programa guevarista.

La victoria de ese caballero se entenderá en el Secretariado de las FARC como una muestra de respaldo a su lucha, pues se trata del partido que exige la negociación de las leyes con la banda asesina con la complicidad tácita de TODOS los formadores de opinión de los grandes medios. Esa presión por la negociación, por el intercambio humanitario (en campañas por ese noble fin la administración Garzón se gastó cientos de millones), por el DIH y muchas otras nobles metas es la principal arma de guerra de las FARC, por eso el apoyo al PDA en su página web y en las regiones a través de la lucha armada (que es como se llama en la jerga de esas gentes a los asesinatos).

Ojalá que a los asesinados y secuestrados de los próximos años nadie les llegue a reprochar el haber permitido que la banda se recuperara y la guerra civil se reavivara. Pero también se podría pensar lo mismo de las víctimas adultas y educadas de varias décadas: su martirio tenía algo de vicio, muy pocos de ellos habían hecho algo para impedir que reinaran los carteles criminales, puede que ni siquiera un voto con sentido cívico.

viernes, 26 de octubre de 2007

Feria electoral

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

No hay político que se respete que no se sienta propietario de una tula de votos. Ella le sirve para hacerse elegir, para hacer elegir a sus amigos copartidarios y/o familiares cuando se retire o sea inhabilitado; o en últimas, cuando la tula no alcance para la postulación propia o de familiares, para comprar una cuota de poder a quien salga elegido.

Esta cultura es fácil observarla en la vida política colombiana, y por lo tanto también en la política local, donde está favorecida por el calor humano que une a los habitantes de la ciudad y de la costa. Sus grandes tulas, en últimas, son el gran poder de nuestros políticos regionales en la política nacional.

Existe toda una estructura de poder piramidal basada en tulas, desde quienes las tienen con votos de familiares, de vecinos, de colegas, hasta quienes tienen tulas más grandes conformadas por varias tulas menores. El tamaño de la tula determina el poder que se ostenta.

Durante los procesos electorales, tanto del orden nacional como territorial, los aspirantes menos opcionados venden sus aspiraciones y con ello su tula de votos –se llaman apoyos- al aspirante que esté siendo favorecido por las encuestas (esa es en parte su utilidad práctica). La moneda de intercambio son puestos y/o contratos para ellos, sus familiares, y para sus amigos más poderosos propietarios a su vez de tulas menores. Esa es la feria electoral de los ricos y poderosos, en las que se negocian puestos y contratos a espaldas del pueblo.

Para quienes solo tienen micro tulas, o su voto individual, ¡mamolas! Estos últimos –que son la gran mayoría, los que realmente eligen- solo parecen conformarse con el saludo preferente que los elegidos les regalen en sus acercamientos populares, y que los hace sentir por unos segundos, seres importantes.

Esa es la dinámica: mientras los primeros se vuelven realmente más ricos e importantes, los segundos –los electores- se conforman solo con creer que lo son, aunque sigan siendo pobres.

Así es, la democracia lo tolera, es inherente al sistema electoral, y a la naturaleza social del hombre. Las comunidades tribales –por ejemplo- delegaban el poder en los más fuertes, porque ellos podían garantizar la supervivencia de la tribu en un mundo hostil (lo mismo dirán los pobres hoy, de sus dirigentes). Pero en la medida en que las tribus fueron creciendo para conformarse en pueblos y ciudades, en los mas populares, que garantizaban la comunicación entre sus integrantes.

El tema es que no parece ético (tal vez por el mal uso que se hace del poder) que se logren posiciones tan exclusivas, tan bien remuneradas y mejor agradecidas, a costas de “amigos” a los que por ser tantos nunca se podrá agradecer de manera individual, y a los que por ser tantas las necesidades frente al reducido presupuesto que queda después de la repartición, tampoco de manera colectiva.

Cierto que las tulas de votos se conforman con carisma, con entrega a los demás, con liderazgo, pero también con promesas y engaños y a veces hasta con plata: ahí entran indirectamente los financistas proporcionando el dinero. Y no solo se compran votos –auque eso parece a los ojos de algunos analistas lo peor- también gobiernos, leyes, decisiones, contratos y puestos. Y no solo compra quien tiene el dinero mal habido y ambiciones de poder, los partidos políticos también tienen todo eso, aunque legal.

Y tan antitético es comprar los votos (la verdad no tanto venderlo) como negociar tulas de votos por puestos o contratos; o la forma como los partidos compran –se dice avalan- a los lideres mas carismáticos para ponerlos a su servicio y al de todos sus miembros, aspirantes a burócratas y contratistas, todos ellos ambiciosos.

jueves, 25 de octubre de 2007

A tres días

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. myances@msn.com

Si es cierto que el éxito en las campañas para el acceso a cargos de elección popular depende del dinero que se invierta en ellas, lo cual es indeseable porque convierte a los candidatos en poco menos que una mercancía que se puede manipular mediante el marketing, entonces la manera de evitarlo es idear esquemas y escenarios electorales en los que el dinero no le agregue valor a los candidatos. ¿Qué sencillo verdad?

Sin embargo que se sepa, ninguna democracia en el mundo ha aplicado esa formula, y en el caso colombiano se aplica pero al revés: darles más dinero del fisco a los partidos para que no tengan que buscarlo en los financistas particulares. ¿Por qué? Eso ni asegura que no acepten otras fuentes de financiación que, legales o no exigirán contraprestación, ni establece un escenario igualitario donde sobresalgan los valores humanos de los candidatos.

Así como al contratar obras publicas se busca que el único diferenciador de las ofertas sea el precio, sería ideal que el único diferenciador de los candidatos fueran su virtudes éticas y morales para que puedan manejar dineros públicos, y su capacidad de liderazgo para asegurar que sean capaces de mover el paquidérmico aparato burocrático, crear cultura de buen gobierno, obtener los recursos económicos necesarios, y lograr que los proyectos se adelanten sin sobrecostos ni contratiempo.

En algo todos estaremos de acuerdo: escoger candidato por quien votar, sin ser beneficiario personal de la elección, no es tarea fácil, ni siquiera para una persona medianamente educada.

Todos los aspirantes a cargos públicos –en su gran mayoría políticos- han desarrollado una enorme capacidad de mimetización, y eso complica aun más la elección. No hay ningún indicador objetivo que lo conduzca a uno a votar por el mejor. Es casi igual que comprar jabón: el empaque, el color, el olor, el anuncio en la TV, etc.

A la hora de elegir, unos se dejan atraer por el marketing; otros por el calor humano y el carisma que perciben en los pocos contactos personales que tienen; otros, por lo atractivo de la figura: otros mas, por el discurso, que en muchos casos es simplemente un talento artístico, como el de los cantantes; otros por sus intereses personales y grupales; y el resto o venden el voto, o no votan. Cada día menos –salvo los de la misma cuadrilla- se guían por quien le señalan los partidos.

Se requeriría como de psicólogos (como hace el sector privado para seleccionar sus trabajadores) para descubrir quien es quien detrás de ese ropaje de mentiras con el que se adornan los candidatos; o con el que los adornan los manejadores de imagen. Tal vez por eso los actores han mostrado tanto éxito en las campañas electorales, y tal vez por eso mismo cada día hay más políticos que hacen el curso del manejo de medios e imagen. Por todo eso algunos piensan que mientras menos político (palabra que se ha vuelto peyorativa en la jerga popular) mejor.

No obstante mientras menos político menor capacidad de hacer que las cosas se hagan y se hagan bien, con un equipo de personas que carecen de estímulos para actuar positivamente –inamovibles- o llegan a aprovechar su cuarto de hora, simplemente porque no hay reelección; la de Chartuni es una excepción.

Inteligencia, virtudes éticas y morales, y capacidad de liderazgo son para mí las cualidades a seleccionar en el candidato que se hará merecedor de nuestro voto: todo lo demás se aprende. El tema es ¿cómo descubrirlas y medirlas, y qué escenarios propiciar para que salgan a flote sin las distorsiones del marketing de imagen? ¿Un reality, por ejemplo?

Las entidades electorales tienen que idear mecanismos, esquemas, escenarios (así sea limitando libertades) que permitan mirar dentro del empaque, y que aseguren sanciones efectivas –su no reelección, si la hubiera, es una de tantas- a quienes defrauden a sus electores.

martes, 23 de octubre de 2007

Uribe y Peñalosa.

Por Wilfredo Moreno. Columnista invitado al Sistema Atrabilioso.

Si a alguien se le ocurriera escribir un libro sobre los grandes protagonistas de la política colombiana en esta época, la lista la tendrían que encabezar necesariamente Álvaro Uribe y Enrique Peñalosa, dos personajes con virtudes suficientes para escribir páginas de oro en la historia del país. Por diferencias de sensibilidad sólo uno de ellos logró sus objetivos.

Alguien afirma que la mejor ventaja que veía en Enrique Peñalosa era la de ser “extranjero” es decir, de haberse criado y educado en los países más civilizados del mundo y al mismo tiempo poseer la capacidad para adaptar esa civilidad al país. Un extranjerismo que se convertiría en espada de doble filo para sus aspiraciones.

Peñalosa fue un forastero dentro del circo que es la política colombiana, carecía de tacto, nunca supo cuándo debía comportarse como un gladiador para defenderse ni cuándo debía pasar de agache para confundirse entre sus enemigos, nunca creyó necesario tener aliados y cuando vio la necesidad de buscarlos dio pasos hacia el vacío. Es más, nunca supo quiénes estaban con él ni quiénes querían destruirlo. Y lo peor de todo, ni siquiera supo por qué.

A diferencia de Peñalosa, Uribe se formó dentro de la política colombiana, siempre militando dentro de las toldas del otrora grandioso Partido Liberal y desde esa plataforma dio todos los pasos que creyó necesarios para su carrera. Siempre contó con alianzas que le resultaron efectivas para aguantar cualquier embestida de sus enemigos políticos y mediáticos.

Por esa razón a Uribe no le incomodo aliarse con ultraconservadores ni con izquierdistas civilistas, uniones que en muchos casos resultaron muy fructíferas, como cuando termino abrazando ideas de Enrique Gómez Hurtado, un godo con mentalidad antiquísima pero que desde siempre había mantenido un discurso fuerte en contra del terrorismo y de la forma en que se lo intentaba complacer.

Tal vez el peor error de Peñalosa no fue tanto su falta de madurez política como su miopía para entender al país de antes de Uribe ni al de después. Álvaro Uribe dedicó parte de su vida a construir un escudo y una espada para defenderse en una guerra que eventualmente surgiría con sus ideas, una guerra respecto de la cual Peñalosa nunca se convenció de que era la misma suya y que a larga terminaría por arrastrarlo contra su voluntad.

El fracaso de Peñalosa se puede atribuir al desconocimiento de la realidad del país y de sus motivaciones, acompañado de una visión que se limitó a buscar la forma de construir un país moderno encima de uno antiguo pero sin lo más importante: una estrategia para contrarrestar los movimientos bruscos y sus efectos colaterales de ese país antiquísimo que se resiste a desaparecer. Eso fue, la colombianidad y la dificultad para adaptarse a ella lo que marcó la diferencia de estos dos titanes de la política colombiana.

lunes, 22 de octubre de 2007

¿Pero cómo? Con la llave SASA

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Ernesto Samper Pizano será llamado nuevamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que aclare los motivos que tuvo su “gobierno” para no apoyar la reactivación de la extradición, la que finalmente, por obra y gracia de unos cuantos duendecillos, terminó sin retroactividad para favorecer a los carteles de la droga.

¿Pero cómo? ¿Acaso ese Ernesto Samper Pizano no es el mismo ex presidente que salió por todas partes a anunciar su apoyo a Samuel Moreno Rojas y dividió, nuevamente al liberalismo en Bogotá y llevó a la colectividad política, una vez más, a deshonrar la palabra empeñada?

Imposible que sea el mismo Ernesto Samper Pizano del elefante, cuya gestión de gobierno fue defendida a capa y espada por los congresistas del Polo Democrático Alternativo en la moción de censura contra el ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

En ese debate, el PDA defendió la institucionalidad estilo Samper, que incluyó pagos y financiación de campaña (como ya lo determinó la justicia) para que no extraditaran a los señores Rodríguez Orejuela: esa defensa en el Senado fue el pago anticipado que la izquierda le hizo a Samper por el apoyo que le daría al hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá Samuel Moreno Rojas.

¿Pero cómo? ¿Acaso Samuel Moreno Rojas, nieto de dictador e hijo de la implicada en el fusilamiento de sus detractores en la Plaza de Toros de Santamaría, no es el que ha recibido con efusividad el apoyo del ahora investigado Ernesto Samper Pizano?

¡Pero claro! Samuel Moreno Rojas, candidato del PDA a la alcaldía de Bogotá recibió el apoyo de Ernesto Samper Pizano y está feliz captando los supuestos votos que el del elefante y sus compinches de Bogotá le están lanzando, y no importan la inmoralidad y los favores que les hizo Samper a los narcotraficantes, pues lo fundamental son los votos que le permitan a la agrupación política mantener la alcaldía del Distrito. Con esto, los del PDA están enviando un mensaje de que el caso Samper no es grave, ni denunciable, ni cuestionable el narcotráfico implicado con el ex, pues finalmente los está favoreciendo con el respaldo del “respetado” y “acatado” Samper.

En síntesis, las mismas prácticas politiqueras y cochinas que tanto les gusta denunciar y que tanto critican, pero por provenir de sus benefactores y acercarlos al poder, entonces esas prácticas, mágica e inmoralmente, pasan a ser positivas.

¡Lógico! Es que lo importante es que los narcos favorecidos por Samper, gestión institucional RESPALDADA y DEFENDIDA por el PDA, no sean paramilitares, es decir que sean narcos “buenos”, de esos que solo “trabajan” para envenenar a los odiados gringos, los mismos que estúpidamente los reciben en Washington. Esos narcos “buenos” son los mismos que se acercan a las FARC para hacer negocios y mantener el control territorial de manera conjunta: Como el PDA no es amigo ni enemigo de las FARC, pues la agrupación política vela por el trabajo de sus muchachos en el monte.

Es decir: lo fundamental es que no sean narcos que estén relacionados con paramilitares, pues a estos últimos hay que atacarlos con todo, hay que pedir para ellos condenas altísimas y de ser posible, hay que extraditarlos cuanto antes, pues en el negocio de la narcopolítica, lo importante es acabar con la competencia. Mientras tanto los “buenos” reciben protección y buen trato como ocurre en el Tolima.

¡Qué horror! Es que resulta una infamia que Jorge Robledo se haya retirado de un debate que estaba presidido por un congresista supuestamente vinculado con la para-política, pero no diga ni una sílaba porque sus correligionarios defiendan y luego reciban alegres el apoyo del Presidente del cartel de Cali.

Para los narcos malos, dicen Samper y Samuel (la llave SASA), no puede existir impunidad y la reparación deben hacerla hasta con donación de órganos (siempre habrá un pedazo de piel que puedan vender para pagar sus crímenes). Entre tanto, para los narcos “buenos” la extradición les resulta “moralmente” reprobable porque además se han disfrazado de revolucionarios que entregan generosas contribuciones ya sea en dinero o en votos aupados, entre otros, por el gobernante del cartel de Cali.

¿Pero cómo? Es que lo que está haciendo el PDA muestra que ellos consideran que el cartel de los narcos “buenos” son las FARC (herederos de lo de Cali) y a esos jornaleros de los capos ocultos en banderas amarillas, hay que consentirles a sus familias incluyéndolas en listas para el Concejo de Bogotá, como ocurre con el hermano de uno de los más despiadados narcoterroristas: ‘Alfonso Cano’.

¡Lindo! De un lado Ernesto Samper haciendo la llave SASA con Samuel Moreno y del otro las FARC y Samuel (Él) con un candidato que es familiar de un peligroso terrorista, en la lista al Concejo Capitalino… aciago futuro le espera a Bogotá.

viernes, 19 de octubre de 2007

¿Quién es el jefe?

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

La Corte Suprema de Justicia en jaque por las denuncias de un paramilitar. Alberto Santofimio Botero condenado a 24 años de cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Un referendo para consultar la posibilidad de un tercer periodo presidencial. Un Presidente, “vestido de tigre”, liándose con todas las fieras de la selva política y antidemocrática colombiana.

Lo anterior podría ser el resumen de una agitada quincena en lo judicial y en lo político. A todo esto se une otra “novedosa” propuesta de adoptar el sistema parlamentario para Colombia.

De todo el episodio de la Corte Suprema de Justicia quedan dos temas que resulta importante plantear: el primero es determinar cuál Magistrado es el superior jerárquico del auxiliar Iván Velásquez. Esto, porque el actual Presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete indicó, en una entrevista en CM&, que los magistrados auxiliares cumplen órdenes y están bajo la supervisión de un Magistrado titular y por lo tanto, cada acción que emprenden es coordinada por uno de los jueces supremos de esa Corte.

Así las cosas, según el propio Presidente de la CSJ, Velásquez estaba acatando órdenes y por lo tanto, de resultar comprobada la denuncia de alias ‘Tasmania’, será importante determinar quién fue el autor intelectual de la aparente conjura contra Álvaro Uribe Vélez.

El segundo punto para plantear tiene que ver con la vinculación de la Fiscalía General de la Nación en todo este caso. La Fiscal Ana Gutiérrez de Medellín fue la que acompañó al auxiliar Velásquez a entrevistarse con alias ‘Tasmania’.

Sin embargo, es la misma Fiscalía la que tiene que investigar, entre otras, a la Fiscal de Medellín y resulta sospechoso, por lo menos, que el mismo ente sea investigador e investigado. ¿Quién garantiza que dichas pesquisas no se sesguen a favor de los funcionarios de la Fiscalía?

Así mismo hay que considerar las influencias de los involucrados: Velásquez tuvo un alto cargo en la Fiscalía de Antioquia. La Fiscal Gutiérrez actúa como una de las máximas funcionarias del ente investigador en el mismo departamento. ¿Alguien de la Fiscalía General se atreverá a señalar a estos dos personajes que evidencian una enorme influencia en el organismo? Es más: como efectivamente Velásquez tiene un “pez gordo” como su superior, nadie puede pensar que su poder en el sistema judicial sea poco, pues se sabe de las enormes influencias que se requieren para llegar a ese cargo… ¿será que semejante poder no intimida a cualquier investigador de la Fiscalía?

Son temas que se deben aclarar, pues de plano la investigación puede interpretarse como sesgada, cualquiera sea el resultado, y pone en evidencia la debilidad del poder judicial para autorregularse e investigarse. A lo anterior se suma la conducta de prejuzgar de algunos magistrados de la CSJ frente a la petición de Uribe. Resulta espantoso lo que ha ocurrido: la Corte ya exculpó a su funcionario por ser miembro de la camarilla, sin importar la existencia de dos testimonios en contra del auxiliar e indirectamente en contra de su jefe en la sombra.

Y no vale el argumento de que Velásquez es un ciudadano ejemplar mientras que ‘Tasmania’ es paramilitar, pues básicamente el proceso de la para-política se está estructurando a partir de declaraciones de criminales y delincuentes confesos y condenados como Rafael García, a quien si bien es cierto no hay que darle credibilidad por las contradicciones que ha mostrado a lo largo de sus testimonios, si debe constituirse en el ejemplo de criterio para considerar las declaraciones de criminales confesos. ¿O es que ‘Tasmania’, por involucrar a un funcionario judicial, carece de credibilidad?

¡Por fin Santofimio fue condenado!
Aunque en la realidad la condena de Alberto Santofimio será mínima por cuestiones de la edad, lo cierto es que la decisión del juez es un triunfo para Colombia en cuanto al combate contra la impunidad.

Y eso a pesar de las presiones de Liliana de Santofimio, quien se dedicó a visitar a los testigos clave del proceso, quienes efectivamente cedieron y terminaron por declarar a favor del acusado. Esas declaraciones, como ya lo dijimos, fueron utilizadas textualmente por la Procuraduría para pedir la absolución del ahora condenado.

Falta ver si aquellos que declararon a favor de Santofimio, los generales retirados Miguel Antonio Gómez Padilla y Octavio Vargas Silva van a ser investigados.

Es que la Fiscalía debe aclarar los hechos, pues coincidencialmente uno de esos generales comandaba la Institución cuando fue asesinado Luis Carlos Galán, y es bueno recordar que fueron dos oficiales de la Policía (los generales Maza Márquez y Peláez Carmona) los señalados en su momento por la desviación de las pesquisas. Lo cierto es que sería sano para Colombia que también fueran investigados estos y otros uniformados para establecer su inocencia o culpabilidad en la conspiración contra Galán Sarmiento.

Re-re-no
Últimamente el partido de la U está muy creativo y de su congreso ideológico salió la propuesta para convocar un referendo a fin de abrir la posibilidad de un tercer periodo presidencial.

Más allá del momento, más allá de cerrar las puertas a los simpatizantes del terrorismo y a los parásitos del Estado que se han pensionado siendo apenas unos niños; es importante pensar en el cambio estructural que eso implica.

Doce años en el poder serían suficientes para que un Petro, o un Garzón, o un Borja acabaran con el país… si Lucho deterioró a Bogotá en solo cuatro años, ¿qué podrían hacer en 12 con Colombia?

Así las cosas, el asunto debe ser revisado a largo plazo, pues Chávez no ha necesitado de todo ese tiempo para llevar a Venezuela a la deplorable situación que padece, y en menos años se pudo posicionar como el dictador de izquierda más rico del mundo.

De otro lado, la U demuestra con la propuesta que no ve en el panorama de sus militantes, a un líder capaz de proyectarse como un verdadero sucesor del Presidente y por tal motivo, busca afianzar en el poder a la figura de Uribe. ¡Craso error! Pues el uribismo debe ser considerado como un proyecto político al que se le debe ofrecer un largo aliento desde sus toldas, y no un asunto coyuntural y personalista que no contribuye en nada a la democracia.

“Vestido de tigre”
Uribe se lió en sendas batallas con sus más enconados difamadores. Sin embargo, la oposición salió a acusar al Presidente de no soportar las críticas ni a los contradictores.

Pero aquí hay que hacer una diferencia: las críticas se centran en acciones y son opiniones sobre la gestión e incluso sobre las actitudes de una persona (en este caso del Presidente).

Otra cosa es la calumnia, la difamación y la condena sumaria que desde las columnas hacen algunos profesionales del odio, como el caso de Daniel Coronell, Felipe Zuleta, María Jimena Duzán, Ramiro Bejarano o Gonzalo Guillén.

Es que estos y otros personajes de la “opinión” nacional, están haciendo carrera y obteniendo premios a partir de las injurias (paramilitar, hijo de narco, amigo de Escobar, de César Villegas, de Mancuso, promotor de asesinatos,etc.) que se constituyen en juicios sobre conductas tipificadas en el Código Penal y que repercuten de inmediato en la situación política del país.

A esos profesionales del odio se les perdió la brújula sobre la diferencia entre opinión y una colección de juicios condenatorios, queriendo suplantar a la justicia y abusando de la credibilidad que les otorga el público: esos, tarde o temprano, recibirán la antipatía del público y la condena al exilio de los medios de comunicación, salvo que presentaran pruebas concretas para someterlas a la justicia y no simples reciclajes de varios libros escritos por el mismo autor, o artículos de prensa que después del escrutinio judicial solo quedaron como anécdotas rectificadas que solo apuntaron a dañar la honra de un individuo: a ellos los espera el olvido y el desprecio… nada más.

miércoles, 17 de octubre de 2007

La Corte Suprema de Franela

Por Jaime Ruíz. Columnista del Sistema Atrabilioso.


Mientras los medios buscan la forma de tapar la evidente culpabilidad del magistrado Velásquez —sobre la cual es muy elocuente el artículo de Rafael Nieto Loaiza—, vale la pena tratar de entender los motivos de la “honorable” Corte Suprema de Justicia por otro camino que las habladurías y las sospechas: comprendiendo lo que dicen en sus sentencias.

Para adelantar una opinión sincera, el hecho de ofrecer beneficios a un malhechor para enlodar al presidente es un hecho banal, peccata minuta. Lo grave es el contenido de los autos de esa corte. Y la desgracia es que son textos tan largos y su lenguaje es tan alambicado que la gente no los lee. De otro modo hace tiempo que habría un tremendo clamor por una reforma del sistema legal, tal vez por otra Constitución que vetara las justificaciones del levantamiento armado y todos los abusos que ha permitido la de 1991 a ciertas instancias judiciales.

En un artículo reciente decía Alfredo Rangel esto acerca de la actitud de la corte respecto al proceso de paz con las AUC:

No hay que olvidar que el proceso de paz con los paramilitares se encuentra en un limbo jurídico precisamente por un fallo de la Corte Suprema. Contra toda evidencia, dicha Corte resolvió que los paramilitares son simplemente delincuentes comunes, no han sido actores protagónicos de nuestro conflicto armado, no se han enfrentado a la guerrilla y tampoco han obstruido violentamente el normal funcionamiento de las instituciones y del régimen legal vigente. Lo primero es negar la historia colombiana de las últimas décadas, lo último le quitaría todo sustento factual a la denominada 'parapolítica', cuyas investigaciones las adelanta la misma Corte y tienen que ver precisamente con las alianzas de políticos y funcionarios del Estado con los paramilitares, para obstruir violentamente los procesos electorales y el funcionamiento de la administración pública. Pero para la Corte solo la guerrilla tiene motivaciones políticas.

No se llega a ninguna parte sin plantearse lo que ocurría antes de ese proceso: mejor dicho, se llega a entender los motivos de la CSJ, que son los mismos de la mayoría de los dueños de los medios y de los columnistas: la exigencia a las Fuerzas Armadas y de policía de combatir con las AUC descuidando la actividad contra la guerrilla porque la guerrilla es relativamente legal. Era algo en lo que insistían un día sí y otro también los editoriales de El Tiempo, Semana, El Espectador, etc. en tiempos del Caguán.

¿Qué otra cosa podría hacer el gobierno que emitir la Ley de Justicia y Paz para favorecer la desmovilización de las AUC? La idea de que se pudiera hacer frente a todas las bandas armadas casa mal con algo que apareció ayer en El Tiempo: un estudio de la Universidad Nacional (increíble, ¿no?), según el cual “El gasto público militar en Colombia está por encima del que la economía podría financiar”.

Es decir, al tiempo de que los militares debían concentrar sus energías en combatir a quienes no los atacaban, facilitándoles la tarea a quienes sí los atacan, en cristiano, debían ayudarse a matar, resulta que de todos modos no se debe gastar en la guerra. Hablar de Colombia es referirse a un país de mentirosos: los crímenes son sólo la sombra de esas falacias. Los criminales, los que encargan los crímenes son, sin la menor duda, esos empresarios de medios, intelectuales, profesores... El auto mencionado de la Corte sencillamente pone al gobierno a estafar a las AUC prometiendo beneficios que después no va a poder cumplir porque las cortes decretan otra cosa.

No es en absoluto sorprendente que publiquen esa sentencia en una página tan amiga de la legalidad como Indymedia. No, no hay ningún sarcasmo: es que la sentencia de la CSJ se centra en la vieja falacia de que los crímenes guerrilleros deben quedar impunes porque sus autores pretenden cambiar el orden político, objetivo altruista donde los haya, y que cualquiera que los estorbe usando sus mismos medios es responsable del crimen atroz de concierto para delinquir. Es que el poder que tienen esas cortes en Colombia hace que las guerrillas sean legales. Así de simple. No que tras un proceso de paz vayan a quedar impunes, sino que lo son por la definición misma de las leyes.

Tratándose de un texto larguísimo, sólo copiaré las partes más sabrosas. Ojalá se comprendiera que el evidente complot para calumniar al presidente no es tan grave como eso.

V. La Ley 975 de 2004 no se aplica a delitos políticos

V.1. Razones de orden sustancial sobre la imposibilidad de equiparar el concierto para delinquir con la sedición:

El artículo 71 de la Ley 975 de 2005 materialmente es una norma contraria a la Constitución Política porque asimila indebidamente los delitos comunes con los delitos políticos. Tal presupuesto desconoce no sólo los fundamentos que guían la actuación de ambas clases de delincuentes sino los postulados de la Carta que permiten un trato diferente entre unos y otros.

V.1.1. Fundamentación estrictamente constitucional:

1. Las sociedades democráticas se caracterizan por la búsqueda permanente del consenso social, el cual viene de la mano de postulados tales como la igualdad, la justicia y la libertad, entre otros, cuya materialización compete a todos los poderes públicos. Una sociedad excluyente con graves deficits en el funcionamiento de la democracia, en la que no se respeta la dignidad humana ni los derechos fundamentales, frecuentemente cuenta con la presencia de graves conflictos, que en algunos casos llegan hasta niveles de confrontación violenta.

El texto en negrita explica el origen de las guerrillas: “deficits” (léase: “déficit”) de justicia que llevan a la confrontación violenta.

2. La violencia, fenómeno social que aparentemente está ligado a la existencia de toda sociedad, tiene que ser considerada como delito cuando afecta bienes jurídicos dignos, necesitados y merecedores de protección penal, y dependiendo de diferentes factores, la doctrina ha elaborado una amplia taxonomía sobre las clases de delitos, siendo una de ellas la que establece los comunes y políticos, sin que hasta la fecha aparezca razón alguna, fundamentada en los criterios propios de las ciencias sociales (la dogmática jurídico-penal), que cuestione la validez de tal distinción.

Aquí se alude a un endemismo colombiano: en los países civilizados los juristas opinan de forma unánime que la intención política de los delitos es un agravante. Los hampones estos se erigen en maestros de ciencias sociales para justificar sus desmanes.

3. La Constitución de 1991, siguiendo la usanza de las constituciones decimonónicas, expresamente hace referencia al delito político como una variedad que amerita especial atención.

4. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 12 es reiterativa al considerar que

La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria… El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios. La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia. Los hechos atroces en que incurre el narcoterrorismo, como son la colocación de carrobombas en centros urbanos, las masacres, los secuestros, el sistemático asesinato de agentes del orden, de jueces, de profesionales, de funcionarios gubernamentales, de ciudadanos corrientes y hasta de niños indefensos, constituyen delito de lesa humanidad, que jamás podrán encubrirse con el ropaje de delitos políticos.

Es muy interesante la confusión interesada: aquí se dice que los actos propios del narcoterrorismo no pueden encubrirse como delitos políticos, de lo cual cabe inferir que la guerrilla tiene una intención política hasta que transgrede el DIH. Genial. Pero ya veremos cómo después se dice otra cosa.

Admitir tamaño exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda justicia. La Constitución es clara en distinguir el delito político del delito común. Por ello prescribe para el primero un tratamiento diferente, y lo hace objeto de beneficios como la amnistía o el indulto.

Los párrafos siguientes abundan en esta idea hasta aburrir al más esforzado.

El rebelde responsable de un delito político es un combatiente que hace parte de un grupo que se ha alzado en armas por razones políticas, de tal manera que, así como el derecho internacional confiere inmunidad a los actos de guerra de los soldados en las confrontaciones interestatales, a nivel interno, los hechos punibles cometidos en combate por los rebeldes no son sancionados como tales sino que se subsumen en el delito de rebelión. Y es obvio que así sea, pues es la única forma de conferir un tratamiento punitivo benévolo a los alzados en armas

Es difícil explicar lo podrida que está la sociedad colombiana sin hacer hincapié en la manipulación lingüística: el lector de este párrafo cree que la benevolencia para los alzados en armas es parte del “derecho internacional”, pero en ningún país civilizado se le ocurriría a ningún jurista asociar la acción de una banda de asesinos que pretenden imponer la tiranía con la situación de guerra entre Estados.

Cuando fueron declaradas inexequibles algunas disposiciones del Código Penal de 1980, se precisó que independientemente de tal decisión el delito político subsiste porque los responsables de tales conductas pueden excepcionalmente recibir un tratamiento favorable, pues existe la posibilidad de que el Congreso, en la forma prevista en el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución, por graves motivos de conveniencia pública, conceda la amnistía y el indulto generales por esos delitos políticos. Al Congreso corresponderá, en esa ley extraordinaria, determinar los delitos comunes cometidos en conexión con los estrictamente políticos y que, por lo mismo, pueden quedar cobijados por la amnistía y el indulto. Y cuáles, por su ferocidad, barbarie, por ser delitos de lesa humanidad, no pueden serlo.

Si se piensa en hechos como la masacre de Machuca, ¿dónde empieza a no ser amnistiable el hecho? Sencillamente hay una mano que mece la cuna y un triste brazo ejecutor de niños zarrapastrosos, desdentados y famélicos, que es a quienes se acusará de los actos "feroces y bárbaros". Lo mismo con la de Bojayá: nunca se podrá demostrar que Alfonso Cano o cualquier miembro del Secretariado hayan ordenado tirar cilindros contra la iglesia. Serán amnistiables por levantarse contra el Estado.

5. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha consignado que el delito político tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional y legal vigente en búsqueda de un nuevo orden, resultando un imposible jurídico predicar de tales conductas su adecuación al delito de concierto para delinquir.

Siempre que la agrupación alzada en armas contra el régimen constitucional tenga como objetivo instaurar un nuevo orden, sus integrantes serán delincuentes políticos en la medida en que las conductas que realicen tengan relación con su pertenencia al grupo, sin que sea admisible que respecto de una especie de ellas, por estar aparentemente distantes de los fines altruistas que se persiguen, se predique el concierto para delinquir, y con relación a las otras, que se cumplen dentro del cometido propuesto, se afirme la existencia del delito político.

Es decir, si se comete una emboscada y se masacra a una treintena de soldados, acto perfectamente lícito según el CINEP y en absoluto opuesto al DIH, la aparente lejanía de los fines altruistas no debe obstruir la impunidad ni forzar la asociación con el concierto para delinquir. Algo mucho más grave: ¡la máxima autoridad judicial da por sentado que el régimen es mejorable por la violencia a pesar de que el núcleo de los fines altruistas es la anulación del derecho a elegir a los gobernantes!

Dicho en otros términos, si los miembros de un grupo subversivo realizan acciones contra algún sector de la población en desarrollo de directrices erróneas, censurables o distorsionadas, impartidas por sus líderes, los actos atroces que realicen no podrán desdibujar el delito de rebelión, sino que habrán de concurrir con éste en la medida en que tipifiquen ilícitos que, entonces, serán catalogados como delitos comunes.

6. Los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales omportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político.


7. Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y extranjera.

Otra vez se pretende que alguna otra legislación autoriza el asesinato de los agentes estatales. Después sigue una deslegitimación absoluta de la Ley de Justicia y Paz, en la que la CSJ ejerce tranquilamente no sólo de Corte Constitucional sino también de legislativo.

8. De lo dicho se sigue que quienes hayan estado vinculados a los grupos paramilitares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de participación en la organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiarios de amnistía, indulto, [...]

El motivo directo de ese auto era la situación de un tipo que tenía armas y uniformes de las AUC, pero no había participado en ningún otro crimen, al menos en lo que se juzgaba. Si hubiera matado a decenas de soldados para imponer un régimen como el de Camboya, merecería un premio, ser tratado como héroe. No hay exageración. Es lo que dice la corte.

2. La acción típica del rebelde o sedicioso se encauza a un supuesto fin colectivo de bienestar pues busca derrocar al gobierno legítimo para instaurar uno que cree justo e igualitario o perturbar la operatividad jurídica del régimen vigente; [...]

3. El dolo que se presenta en el delito político se dirige a socavar la institucionalidad proponiendo un nuevo orden o perturbando el existente y promoviendo otro en el que se mejore la dirección de los intereses públicos; [...]

5. La culpabilidad predicable del delincuente político se constata al establecer que conocía la obligación de acatar y respetar las instituciones estatales y decidió participar en su desestabilización buscando su caída; [...]

8. Por sus fines, la calificación de una conducta como delito político descarta que la misma pueda ser señalada como crimen contra la humanidad, genocidio, crimen de guerra, violaciones graves de derechos humanos, reproches que perfectamente pueden haber constituido el motivo que dio origen al concierto para delinquir.

9. El éxito del delincuente político permite erigir un nuevo Estado en el que su comportamiento es exaltado a la categoría de heróico; el cumplimiento de las metas delincuenciales por los concertados no cambia las instituciones pero denota grave impunidad que obliga al Estado a redoblar esfuerzos que impidan a la sociedad aceptar que "el crimen paga".

10. El delito político se presenta en sociedades que tienen altos grados de conflictividad social y tiende a desaparecer en comunidades que logran elevados niveles de consenso; [...]

Nadie debe llamarse a engaño, el pretexto por el que se destruye (o al menos se intenta destruir) la posibilidad de que las AUC se desmovilicen es sólo que no comparten los fines de las guerrillas. Una falacia sirve de cimiento a la otra, y al final el intento de destruir la democracia es heroico mientras que cualquier intento de defenderse de quienes intentan destruir la democracia y de paso secuestrarlo a uno es "concierto para delinquir". Lo que hayan sido o hecho las AUC es otra cuestión, pues lo que dice claramente la sentencia es que la definición del delito político exige haberse levantado contra el Estado. Ese acto lleva de por sí aparejado el calificativo de "altruista":

8. Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta.

La relación con colombianos siempre lleva esa batalla perdida de los argumentos contra los prejuicios. ¿Cuántas veces deberá leer uno ese párrafo para entender que las guerrillas, según la Corte, obran con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo? Tal elemento no está en la definición de sedición, pero es una conclusión ideológica que saca la corte después de decenas de párrafos dedicados a defender a las víctimas... Es decir, a utilizarlas para justificar a las guerrillas e impedir la desmovilización definitiva de las AUC.

Es absolutamente contrario a la Constitución y a los estándares internacionales que las víctimas sean burladas en sus derechos al aceptarse que las bandas de grupos paramilitares actuaron con fines altruistas cuando ejecutaron graves acciones lesivas a los bienes jurídicos penales más importantes.

Está claro: las víctimas de las guerrillas son diferentes debido a los fines altruistas. La última frase de la sentencia es concluyente:
ADVERTIR que contra esta providencia no proceden recursos.

lunes, 15 de octubre de 2007

Los humanos y sus derechos

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Decía mi padre (q.e.p.d) que los seres humanos podían dividirse en tres categorías según los temas que ocupasen su interés: los que se ocupan de la vida de los demás son los de mas baja formación intelectual; los que se ocupan de los sucesos, constituyen el promedio; y los que se ocupan de las ideas, conforman la elite de las mentes superiores.

De pronto esa categorización que mi padre resumía en una bella frase: “la gente vulgar se ocupa de las personas, el tipo medio de los hechos y las mentes superiores de la ideas” no fuera de su autoría, pero nos las repetía con tanta insistencia en el proceso de formación, que sin importar de quien fuera, me lo recuerda a él, y la recuerdo con frecuencia.

Esa categorización confirmada por mi en la práctica, y la convicción de que algún día tendría que hacerla pública a pesar que no me gusta referirme ni a mismo ni a mi familia, me viene a la cabeza cada vez que leo las opiniones de algunos de mis colegas en la prensa nacional, en especial a quien escribe la primera columna que aparece en la Revista Semana y Felipe Zuleta, de El Espectador.

Estos periodistas (el primero hoy premio Simón Bolívar como mejor columna de opinión) han tomado como oficio “ser juez de las personas” (con lo difícil que es, aun para los verdaderos jueces que tienen que recopilar mucha información, filtrar testimonios, permitir que las partes se controviertan, etc.) replicando en sus columnas los comentarios que alimentan sus prejuicios, o sus pasiones, e ignorando los que los invalidan. Su victima preferida es el presidente, sus familiares, sus amigos y sus colaboradores. Tienen la característica de ser obsesivos, y eso solo –además de lo flojo de la argumentación- le resta a ambos mucha credibilidad.

No voy a detenerme más en este asunto, pues me estaría bajando al nivel de “vulgar” en la categorización de individuos que nos enseñó mi padre; y porque también concursé por el premio que uno de ellos ganó, y podría pensarse que respiro por la herida, cómo hoy muchos colombianos pensamos sin que conozcamos la de ellos.

Más bien lo tomaré como ejemplo para ambientar un tema del mayor interés que Juan Manuel López (JML) destaca en su más reciente columna de la Revista Dinero.

Haciendo referencia a Myanmar, la antigua Birmania, JML destaca tres categorías de derechos humanos: los de primera generación, en los que agrupa los derechos civiles y políticos, como la libertad de opinión, de asociación, de expresión, entre otros; los de segunda generación, o sea los derechos sociales, económicos y culturales, entre los cuales están la salud y la educación; y los de tercera generación o colectivos como el medio ambiente.

Lo novedoso de esta categorización, es que se acepta que no todos estos derechos tienen la misma jerarquía, y que en caso de conflicto entre ellos, los colectivos priman sobre los individuales. Por ejemplo, la categorización preferencia “el derecho a un medioambiente sano” que tiene que ver con la supervivencia, sobre los derechos políticos que solo cobijarían a un grupo de personas, y a estos dos, sobre el derecho que cobija a los individuos: el de opinión, por ejemplo.

Dice también JML en su columna, que Myanmar se ha convertido en símbolo de violación de los derechos humanos, pero solo de los de primera generación, o sea los civiles y políticos pero que cumplen mejor que otros, en los de segunda y tercera generación.

El anterior concepto desde todo punto de vista incuestionable, permitiría como lo hemos expresado en escritos anteriores, limitar en Colombia algunas libertades individuales en aras de construir un nuevo ser humano que entienda y aprenda a usar la democracia, no para su beneficio personal, ni para destruir a sus congéneres, sino en su real dimensión: construir hermandad, comunidad, ciudad y país.

viernes, 12 de octubre de 2007

Caso tasmania


Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Un paramilitar recluido en la cárcel de Itagüí, envió una carta al presidente de la republica informándole que un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, le ofreció ciertos beneficios si lo vinculaba como autor intelectual de un atentado contra alias René, otro paramilitar.

El presidente solicitó públicamente a la Fiscalía que se investigara lo expresado en la carta ratificada después bajo juramento ante la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia arremetió entonces con vehemencia en defensa de la independencia de poderes (un popular y muy desgastado recurso de distracción) y acusó al presidente de interferir con la justicia. Como quien dice, lo malo no fue lo que Tasmania denunció (si fue verdad o mentira) sino que la Fiscalía investigue los hechos en los que está involucrado un magistrado auxiliar.

Cómo es sabido, en este tipo de sucesos termina enfrentada la palabra de uno contra la del otro, y se requeriría de polígrafos y un extenso e inteligente cuestionario para buscar contradicciones e incoherencias, que podría terminar en nada. Sin embargo el análisis de los hechos y las reflexiones, aunque no sirvan para juzgar, nos permiten formar una opinión sobre lo qué pudo haber pasado en realidad. Veamos:

La versión del magistrado es que no hubo el tal ofrecimiento, y que lo de Tasmania es una mentira para debilitar la acción de la justicia. Si fuera así no ha pasado nada, no es la primera ni la última persona que miente para salvar su pellejo; otros lo han hecho –y peor- para sacar ventaja, o para hundir a otros.

Pero si fuera cierto, ¿por qué Tasmania no aceptó el ofrecimiento, sino que se lo notificó al presidente? ¿Por principios? ¿Se puede esperar ese tipo de condicionamientos morales de una persona que ha dirigido grupos de paramilitares? Esa sería la mas perversa explicación (que no por eso se puede descarta) porque el condicionamiento moral estaría en el reo, y no en el magistrado que lo habría inducido a inculpar un inocente. ¿Por gratitud? ¿Prefirió enterrarse en una cárcel por gratitud con el presidente? Eso no es lo usual ni entre los más encopetados delincuentes: recordemos el caso del ex ministro de defensa del gobierno de Samper.

Lo irracional de estas dos posibles explicaciones, nos llevaría a pensar en la hipótesis inicial. Tasmania está mintiendo. Pero hay un nuevo testigo que denuncia en su caso y en el de otros que conoce, el mismo ofrecimiento y por parte del mismo magistrado. Y ante eso si que es difícil creerle al magistrado. Podría ser un caso aislado, aunque al entender de muchos cuando estas cosas salen a flote, solo asoma la punta de un iceberg.

Lo extraño de este suceso es que la opinión especializada que difunden los medios masivos, de forma casi generalizada se dedicó a descalificar, no a Tasmania ni al magistrado, sino al presidente; mientras que en la Urna Virtual de Caracol, más del 70% de quienes participaron, estuvieron de acuerdo con el proceder presidencial.

¿Por qué algunos políticos, periodistas y medios masivos -me consta que El Universal no- le cargan tanta bronca al presidente? ¿Solo por qué es buen negocio; o por venganza? La venganza la sanciona la opinión pública, y el dinero es bueno y necesario, pero hay que medir bien las formas que se usan para conseguirlo.

Un destacado periodista capitalino dice que el verdadero impacto lo causa la noticia escándalo, y que cuando el presidente sale a aclarar o desvirtuar los cargos formulados, ya ha dejado de ser noticia en la prensa extranjera. ¿O sea que debe permanecer callado? No creo. Precisamente por eso, es saludable que el presidente se halla adelantado al escándalo que podría haberse producido si Tasmania invierte el testimonio, evitando de paso que mañana inventen otros Tasmanias. Con la denuncia quedó invalidado el mecanismo.

miércoles, 10 de octubre de 2007

El basurero de la historia


Por Jaime Ruiz. Columnista del Sistema Atrabilioso.
Pocas metáforas fueron tan recurrentes en la época de auge del comunismo como la del "basurero de la historia", lugar al que iban a parar todos los proyectos desechados y los programas que fracasaban. En buen romance: todo lo que pusiera en cuestión la visión supersticiosa y fanática de los afiliados al "materialismo científico", todo lo que fuera en una dirección diferente. Nadie entenderá nada de la "izquierda democrática" colombiana sin prestar atención a esa teleología, a esa certeza de tener el mapa del tesoro y ejecutar una misión inevitable. La percepción de los demás de que esos actos son "crímenes" o aun, más a menudo, "mentiras para sacar provecho de los crímenes" sólo mueve a risa a esas personas, el único crimen es oponerse a ellos.

Al respecto, basta con ver el desparpajo con que siguen figurando los responsables de borrar un montón de blogs y de inundar los demás con insultos "firmados" como otra persona en una campaña de difamación que los retrata perfectamente como canallas sin escrúpulos. ¡Incluso son candidatos a ganar un premio al mejor blog! De algún modo palabras como "izquierda" surten su efecto mágico y se convierten en patente de corso para delinquir y mostrar la bajeza que los constituye, al igual que los rústicos que hacen la carrera política de los políticos a los que esos intelectuales (!) promueven.

Pero "el basurero de la historia" da mucho de sí. Podría ser la región sudamericana, donde todavía existe un proyecto totalitario idéntico al que floreció en Camboya en los años setenta y en Rusia cuarenta años antes. De hecho, el tipo humano predominante es un fósil increíble de los siglos de esclavitud que no puede asimilar la corriente que predomina en el mundo sino que se aferra a sus antiguos privilegios y jerarquías, constituyendo una anomalía que avergüenza a la especie. Si hace veinte años alguien hubiera oído que un golpista latinoamericano encabezaría una serie de dictaduras aliado con criminales como el presidente iraní y proclamando abiertamente su antisemitismo, se habría echado a reír.

Pero en otro sentido también se puede decir que los comunistas en Colombia experimentan un gran crecimiento desde la época del Caguán en la medida en que cada vez más se vuelven los representantes de las familias políticas caídas en desgracia, con las que antes combatían. Buen ejemplo de eso es la Anapo. En un escrito de Eduardo Pizarro sobre los orígenes de las FARC, se lee la descripción que los comunistas hacían del general Rojas Pinilla: "el delincuente más villano del país, quien conquistó su titulo a base de asesinatos y masacres".

Al mismo tiempo, su política era descrita como: "falsa pacificación, política de chantaje y de engaño". Pero ahora el candidato de ese partido a la Alcaldía de Bogotá es un nieto del general, un político cuyo único "mérito" es ese parentesco y la red de lealtades que desde el poder alcanzó a crear su madre.

No es una situación excepcional, también la familia López tiende a la alianza con los comunistas y con las guerrillas toda vez que la transmisión dinástica no alcanzó para la tercera generación y hay que conservar todo el poder que se pueda. La insistencia del difunto ex presidente en el "intercambio humanitario", la cínica adhesión al terrorismo de la revista Semana, la historia de la persecución del ELN que habría conducido a su destrucción de no ser por la intervención del entonces presidente, etc., son episodios que hacen pensar sin vacilar en algún interés en la alianza con los comunistas. ¡Pero es que ya al comienzo del Frente Nacional el Suplente de López como candidato del MRL era el dirigente comunista Juan de la Cruz Varela!

El Partido Comunista surgió en los años veinte como parte del fantasma que recorrió el mundo tras el triunfo bolchevique de 1917. Unos años después serían Mussolini y Hitler quienes desatarían fervores en toda la periferia (lo cual por ejemplo tiene mucho que ver con el ascenso de Perón y su cabaretera). El caso es que los comunistas eran una minoría de intelectuales que consiguieron un apoyo ínfimo en sectores obreros pero gracias a la guerra civil de los años cuarenta pudieron crear una base efectiva en zonas rurales. Sólo que nunca contaron con votos ni respaldos mayoritarios.

Pero en cambio sí hubo una masa disponible para un levantamiento social, la que se manifestó en los años cuarenta detrás de Gaitán y a principios de los años sesenta con el MRL, a mediados con Camilo Torres y al final de esa década con la Anapo. Todos esos protochavistas son hoy cadáveres políticos caídos en el basurero de la historia, es decir, en la izquierda democrática.

En la adhesión más o menos velada al pertinaz programa del Partido Comunista.

En realidad lo mismo ocurre con el samperismo y con el pastranismo, movimientos o corrientes cuya única base programática es la manipulación de redes que ordeñan al Estado y que no podrían sobrevivir sin combinar la adhesión al programa del Partido Comunista y las viejas maquinarias bipartidistas. El apoyo de Samper y Serpa al candidato del PDA es característico, lo mismo que la adhesión de toda la camarilla de Andrés Pastrana al mismo discurso. ¿Alguien se figura que un personaje tan apreciado por las FARC como éste escriba en la edición del sábado 6 de octubre en El Nuevo Siglo perlas como ésta:

“NO sólo a las directivas nacionales y distritales del Partido Conservador, sino a todos los conservadores para que no permitamos que en Bogotá continúe su carrera desenfrenada al abismo, porque todos sabemos que sólo contamos con dos concejales y un representante a la Cámara, cosa que demuestra el fracaso de las elecciones pasadas.”

¿Qué es el Partido Conservador? ¿Alguien lee las declaraciones de G. Ricardo, Camilo Gómez, etc.? ¿Alguien leía al actual candidato conservador a la Alcaldía de Bogotá (hijo naturalmente de otro amigo de Tirofijo) cuando escribía en El Espectador?:

“El enfoque del problema está errado. La guerra en Colombia tiene un origen social y la solución debe ser política. Mientras no se acepte lo evidente, no se podrá llegar a ningún lado. Sólo habrá más muertos de lado y lado, todos colombianos. Mientras el Presidente desde Washington sigue dando órdenes a través de las cámaras de televisión”.

Esa facción del antiguo conservatismo está sin la menor duda con las FARC, y creo que no hace falta insistir en algo que queda claro, la capacidad mágica del poder narcoterrorista para prometer longevidad a los cadáveres siempre y cuando colaboren.

Pero el candidato a la Alcaldía de Bogotá que puede triunfar es Samu El Moreno. Es muy llamativo lo que le contesta a María Isabel Rueda cuando la periodista le pregunta sobre la afinidad del PDA con las FARC:

S.M.R.: Mi posición frente a la lucha armada está absolutamente clara. Cuando el M-19 nace, lo hace bajo el lema: 'Con el pueblo, con las armas y con María Eugenia al poder'. Secuestran a José Raquel Mercado y mi mamá sale públicamente a desautorizarlos. Desde entonces, mi familia y yo condenamos la lucha armada. Jamás me ha temblado la voz para decirlo. Y si las Farc atentan contra la población civil, son terroristas. Y esa es la posición del Polo que se acaba de aprobar.

Lo primero es fascinante: ¿de modo que cuando se robaron la espada de Bolívar ellos no lo condenaron? ¿Y el mismo hecho de levantarse en armas contra las instituciones no les pareció una agresión contra la democracia? Yo sinceramente creo que la Anapo tenía menos que ver con el M-19 de lo que tácitamente reconoce Moreno, que este movimiento fue un intento de un grupo de estudiantes e intelectuales comunistas para explotar el descontento por el presunto fraude de 1970...

Pero ahora conviene convertirlos en anapistas. La Anapo sobre todo congregaba a personas conservadoras que desaprobaban la violencia sectaria del laureanismo y la repartija abusiva que hizo el Frente Nacional, muchas de esas personas habían sido favorecidas por la dictadura, por ejemplo, muchos antiguos militares y policías. ¡Ahora va a resultar que Bateman y Vera Grabe son sus representantes!

En la proclama de que condena la lucha armada hay una serie de elementos más bien grotescos:
1. ¿Condenan (Samu El y su familia) a Bolívar?
2. Condenan los métodos pero ¿y los fines?
3. ¿Cómo se puede condenar la lucha armada y formar parte de un partido que exige el premio de la lucha armada? Claro, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Como esos padres que golpean a los hijos al tiempo que proclaman: "A mí me duele más que a ti".

Pero hay más: ¿por qué esa alusión a la "población civil"? Siempre que se habla de la "población civil" (en el contexto del conflicto colombiano) se está legitimando la agresión contra la "población militar". ¿Qué es más grave desde el punto de vista militar, la masacre de Bojayá o el asesinato en una emboscada de una cantidad comparable de soldados? ¿Qué están haciendo los soldados y policías sino protegiendo a la población civil de ser sometida por las tropas comunistas?

No hay que confundirse: Samu El, como su partido, no piden a las FARC que dejen de existir como fuerza que amenaza el sistema democrático, sino que les reprochan algunos excesos y sobre todo que no cumplan las reglas del juego.

De un juego al que los colombianos deberían decidir si quieren jugar. Del juego en el que hace carrera el PDA y montones de vividores de la guerra como los mencionados personajes de la política tradicional.

Votar por alguien así es aplaudir el asesinato, y las coartadas y pretextos que se encuentren sólo son parte de la afinidad moral que existe entre la mayoría de los colombianos y los simples combatientes que hacen el trabajo sucio en defensa del viejo orden en que estos vampiros, la Anapo, el MRL, el samperismo o el pastranismo siguen mandando y floreciendo.

lunes, 8 de octubre de 2007

Pastrana sin memoria

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Parece que está fallando la memoria del ex presidente Andrés Pastrana Arango o que se ha intensificado con el tiempo la doble moral que siempre exhibió.

No de otra manera se puede interpretar su afirmación según la cual, Colombia legaliza a narcotraficantes gracias a que existe "un pacto secreto con los paramilitares", por parte de Uribe Vélez.

En la misma entrevista, el ‘Rey del Despeje’ se mostró preocupado (¡tan considerado él!) por la falta de transparencia en el gobierno y la "resistencia a la consulta y al consenso".

¡Caramba! ¿Ese Gobierno que legaliza narcotraficantes, al que le falta transparencia, el que se resiste a la consulta y al consenso no fue el que Pastrana representó como Embajador en Estados Unidos hace un año? ¿No fue acaso de ese gobierno que se retiró, no por la legalización de narcotraficantes sino por el nombramiento de Ernesto Samper en la embajada de Francia?

Una de dos: o Pastrana descubrió recientemente que un proceso que lleva más de tres años supuestamente legaliza narcotraficantes o conocía el asunto del pacto secreto con los paramilitares y se hizo el de la vista gorda para disfrutar de las mieles diplomáticas en Washington.

En cualquiera de las dos circunstancias, Pastrana debería dar explicaciones contundentes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara: ¿Quiénes son los narcotraficantes legalizados? ¿Cuáles son los detalles del pacto secreto? ¿Por qué, si lo sabía, no lo denunció ante las autoridades y ante el público nacional e internacional cuando era parte de ese gobierno?

Lo peor de Pastrana es que olvida permanentemente que él es ‘El Rey del Despeje’ y lanza cuestionamientos como el siguiente: "Es un proceso que comenzó con unos pactos debajo de la mesa, continuó con una catedral a lo Pablo Escobar y ha concluido en una redada de delincuencia común con rumbo a Estados Unidos. Eso no es un proceso de paz".

Olvida Pastrana que su intento de acuerdo de paz fue mucho peor de lo que el critica, pues comenzó con centenares de secuestrados (hoy muchos siguen en cautiverio pese a un supuesto intercambio humanitario que protagonizó el miserable ex presidente). También olvida que él estableció acuerdos debajo de la mesa, pues solo así se explica que se haya reunido con Tirofijo siendo candidato a la Presidencia (de paso sea dicho, sin autorización del gobierno de turno por lo cual también debería ser investigado por la Corte Suprema de Justicia al dialogar y acaso hacer promesas para que las FARC apoyaran su candidatura, muy parecido a lo de refundar una nueva patria) y se haya comprometido, como se comprobó dolorosamente unos meses después, a dejar gran parte del país en manos de las FARC.

En cuanto a la Catedral (recuerdo de Escobar), Pastrana ni siquiera fue capaz de meter a los narcoterroristas de las FARC en una sede campestre, pues les dejó medio país, no como prisioneros, sino como capataces que hacían y deshacían sin que nadie dijera nada al respecto. A Pastrana habría que preguntarle: ¿Qué es peor: una cárcel con muchas comodidades con los detenidos en ella o tres años de burlas que no condujeron a la captura de un solo terrorista?

Pero a Pastrana le molesta la redada contra la delincuencia común, supongo que por física ignorancia. Todo proceso de reinserción incluye la reactivación de focos delincuenciales (lo que se conoce como el coletazo) y para el Estado resulta mucho más fácil combatir esos reductos que seguir persiguiendo a las enormes estructuras que existían antes del proceso. Claro, eso no le gusta al ‘Rey del Despeje’, pues de su arrodillamiento ante las FARC solo quedaron secuestrados, muertos, masacres y escalamiento del conflicto en todo el territorio nacional.

Sin embargo, a Pastrana todo le molesta: también está inquieto por la decisión de Uribe de pedirle a Chávez que gestionara acuerdos con las FARC para la liberación de unos cuantos secuestrados. Eso, dice Pastrana, no está bien porque “las FARC están recuperando la presencia internacional que tenían”.

¿Qué clase de ineptos mentales amnésicos nos cree Pastrana? Parece que de los desahuciados, pues olvida el ‘Rey del Despeje’ que fue él quien llevó de tour por Europa a los máximos cabecillas terroristas de las FARC, y que fue él, como Presidente, quien permitió la apertura de oficinas de avanzada de las FARC en Europa y en algunos países de América.

Seguramente tampoco se señalaría al hacer esta pregunta ¿Durante el gobierno de quién vinieron personajes internacionales de la talla del Presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York a reunirse con Tirofijo? ¿Acaso eso no representa una inmensa presencia internacional?

Lo cierto es que Pastrana ha olvidado (parece que necesita no solo pastillas sino un tratamiento intensivo para la memoria) que fue él quien abrió la presencia internacional de las FARC y que justamente Uribe es el que la ha combatido desde todos los campos posibles, incluso muchas veces sin la efectiva colaboración del cuerpo diplomático colombiano.

¿Y por qué, de repente, la andanada de Pastrana? Por simple incapacidad mental. ‘El Rey del Despeje’ cree que es opción de gobierno y supone que el país volverá a votar por él.

En sus recientes declaraciones, “Pastrana dejó la puerta abierta para buscar su reelección en 2010, aunque por ahora dijo que no está interesado en hacer política electoral, sino en volver a opinar sobre la actualidad nacional desde el periodismo.”

¡No faltaría más! Un amnésico y contrahecho moral nuevamente de Presidente.

viernes, 5 de octubre de 2007

Polo a tierra

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Las redes de distribución de energía eléctrica en los sectores industrial, comercial y residencial medio y alto, se construyen con tres conductores (fases), lo cual además de obedecer a requerimientos técnicos de los equipos que se conectan, tiene sus ventajas.

Por un lado hay maquinarias (grandes motores, hornos eléctricos, etc) que requieren de las tres fases, y por el otro, con redes trifásicas es posible transportar más energía y reducir las pérdidas, aunque la instalación es más costosa.

En los sectores de menor consumo eso no es ni practico, ni rentable, por lo que se distribuye la energía con dos y hasta con un solo conductor.

Para reducir el voltaje a los niveles que especifican los equipos menores (120/220 voltios) y que se conoce como baja tensión BT, se usan los transformadores de voltaje, que para las redes de distribución con un solo conductor, tiene una característica sui generis: poseen un solo devanado (auto transformador) que se conecta entre la línea y tierra.

Esa forma de conexión hace posible que al romperse (o deteriorarse) la conexión de tierra (lo cual es muy fácil porque esta expuesta al pie del poste donde se instala el transformador) el conductor que se supone debe tener 110 voltios, se eleva a 7.620 voltios, un voltaje mortal para los humanos; y por falta de un polo a tierra domiciliarío que aterrice los equipos, sus “chasises” quedan al mismo nivel de voltaje. Basta con que alguien los toque, para que quede instantáneamente electrocutado.

El caso más dramático sucedió recientemente en Cartagena, cuando una familia entera se electrocutó –según lo divulgó oportunamente El Universal- al intentar salvar a uno de ellos que tocó una nevera que se encontraba a 7.620 voltios.

Este es un fenómeno ampliamente estudiado y conocido por los ingenieros electricistas, por los fabricantes de equipos y por las empresas de energía, pero ignorado por usuarios del servicio y por supuesto por las victimas.

Es inconcebible que habiendo tantas formas de reducir el riesgo y hasta de eliminarlo, y siendo tantas las victimas, nadie haga nada para evitarlo. El primer paso debería darlo la CREG, prohibiendo la fabricación y/o importación de ese tipo de transformadores, y concediendo un plazo prudencial a los distribuidores para reemplazar todos los existentes con cargo –por una sola vez- a todos los usuarios que pagan contribución.

Por otro lado debería exigirse a todas las construcciones nuevas que se alimentan por baja tensión (110/220 voltios), que dispongan de una conexión de tierra en el punto donde llega la acometida (el medidor de energía), con las facilidades que permitan hacerle revisión y mantenimiento. En las acometidas de media y alta tensión ese es un requisito que a ninguna persona cuerda se le ocurriría pasar por alto.

Y para las viviendas existentes, de los estratos mas bajos -normales y subnormales- adelantar un programa desde las alcaldías, con el fin de financiar y hasta de subsidiar ese tipo de conexiones. Ahí tienen los candidatos un buen programa de campaña, mejor que prometer cosas que ni se pueden palpar, ni se pueden medir, y mucho mejor que hablar mal de los contendores.

Es imperativo además, explicar y divulgar el fenómeno por la TV, no para atemorizar a la población, sino para prevenir nuevos accidentes, mientras se toman las medidas pertinentes.

Lo que no se puede seguir tolerando es que ese tipo de sucesos (muerte de personas electrocutadas dentro de los hogares) se sigan aceptando como accidente inevitable del sistema de distribución de energía eléctrica, o culpando al mal estado de las instalaciones domiciliarias, aunque en algunos casos, ese sea otro factor de riesgo.

miércoles, 3 de octubre de 2007

Guzmán el Bueno y la maquinación de los tartufos

Por Jaime Ruíz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

Alonso Pérez de Guzmán es un noble español de la edad media cuya fama perdura siete siglos después porque durante la defensa de Tarifa contra una coalición de enemigos fue conminado a entregar el castillo so pena de matar a su hijo, a lo que él respondió arrojándoles un cuchillo para que lo hicieran.

Esa terrible determinación con que responde al chantaje es lo que permite imponerse en las guerras, pues lo que busca el chantajista es algo que le interesa más que aquello que retiene. En el caso del "intercambio humanitario" no hay un padre de los secuestrados que pueda pagar o no pagar el precio que exigen los terroristas, pues lo que se pide es la vida de muchos miles de colombianos, que es lo que se entregaría permitiendo que los presos volvieran a masacrar gente y cediendo territorios para que la banda asesina recupere su poder de fuego.

Los parientes de los secuestrados son sencillamente representativos de los demás colombianos: se ponen de parte de los terroristas porque quien paga el precio "humanitario" del intercambio son otros. La insolidaridad es la principal causa de que esa atroz industria haya llegado tan lejos en Colombia, si hace treinta, veinte o diez años hubiera habido una gran firmeza en la condena del secuestro esas personas no habrían pasado ni un día en cautiverio.

Pero esa indolencia afecta a la mayoría de la gente y no tiene nada que ver con la abnegación y persistencia de los que anhelan el "intercambio" y la "paz". Estos devotos, basta con conocer su trayectoria, eran los mismos que promovieron hace diez años el Mandato Ciudadano por la Paz, en el que se exigía que el gobierno negociara políticamente con la banda de asesinos, y fueron los mismos que durante los años del gobierno del inefable Andrés Pastrana (el cual busca posicionarse como candidato del PDA en reemplazo de Leyva) insistieron sin cesar en la necesidad de premiar copiosamente a las FARC por sus proezas, al tiempo que la banda secuestraba y mataba cada vez con mayor decisión.

El papel de estos filántropos en la sociedad colombiana corresponde exactamente al de Tartufo, personaje de la famosa comedia de Molière: su inquietud por los secuestrados sólo es un recurso para cobrar esos secuestros de modo que el gobierno quede debilitado y las FARC se recuperen. Para eso no vacilan en utilizar la situación de vulnerabilidad de los parientes de las víctimas ni en explotarlas para promover los intereses de las FARC, como ocurre en Europa con el profesor Moncayo o con la familia de Ingrid Betancur y los grupos de ONG amigas de las guerrillas.

Pero la incapacidad de ver la obvia relación entre los promotores del "intercambio humanitario" y las guerrillas es sólo uno de los aspectos de esa distracción generalizada de los colombianos, cuya actitud en última instancia es la de quien pasa frente a una tienda en la que hay un saqueo: a nadie se le va a ocurrir tratar de impedirlo, el más juicioso sale corriendo pero la mayoría ve si hay ocasión de llevarse algo. Ante el secuestro, los colombianos se desentienden, salvo los que pueden sacar algún provecho de la negociación.

Pero esos interesados muestran a todas horas su afinidad con las guerrillas. En la última semana apareció un artículo de Daniel Samper deshaciéndose en elogios de Piedad Córdoba, modelo de personalidad política que trabaja por los ciudadanos. ¿Nadie la recuerda yendo al comienzo del Caguán a Washington con Amílcar Acosta y Jaime Dussán a pedir al gobierno de Clinton que no diera ayuda militar a Colombia? ¿Y declarando que la visita al Caguán le había cambiado la vida?

Hace muchos años que tengo una opinión nada grata sobre la mayoría de los secuestrados: ¿cuántos de ellos hicieron algo para impedir que en el país reinara el secuestro? Las víctimas del futuro pueden ser muchos cientos de miles, y no estaría de más preguntarles cómo es que no hacen nada para condenar el chantaje y poner en su sitio a los que cobran los secuestros, como hace el alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, que se ha gastado 860 millones de pesos del dinero de los bogotanos en la campaña por el "intercambio humanitario".

Nadie debe olvidarlo: el secuestro sólo es la primera parte del intercambio humanitario. Los raptores son tristes sicarios que sobreviven en medio de la miseria y hacen ese trabajo sucio ocasional y los que retienen a las víctimas son niños y rústicos. Quienes prosperan gracias al secuestro son los impulsores del intercambio humanitario.

lunes, 1 de octubre de 2007

La farsa de un acuerdo humanitario

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Cuando se habla del acuerdo para el intercambio humanitario, pareciera que muchos no entienden, o mejor no quieren entender, las implicaciones de esa expresión.

Viéndolo con detenimiento el acuerdo significa poner en la misma sintonía al Estado legítimo colombiano con las FARC, es decir, obligar al gobierno de turno (cualquiera que sea) a doblegarse hasta poderse ubicar en el mismo nivel de los terroristas para convertirlos en interlocutores.

Esto explica, de alguna manera, los motivos que han tenido el Polo Democrático Alternativo y las FARC para tratar de ensuciar el nombre del país, pues así pueden dejar la impresión de que el acuerdo sería algo como un pacto entre delincuentes: las FARC y la nación colombiana representada en el gobierno de turno. Además, esa asimilación pasa por alto un detalle fundamental: El actual gobierno representa a 7 millones de colombianos y muchos de esos votos, la gran mayoría, son de personas respetuosas de la ley y sin ningún fin distinto a trabajar con honradez y esfuerzo para conseguir un futuro mejor.

De otro lado, el término intercambio ubica a los secuestrados como simple mercancía para el trueque, autorizando el ominoso tratamiento y lo que es peor, premiando la acción criminal de los terroristas secuestradores, no con el castigo que la ley y la sociedad exigimos, sino con la reincorporación de combatientes a la acción terrorista. De paso, el intercambio implica para las FARC que les premien el delito con el despeje de una zona del país que quedaría a su merced.

Ahora, ¿qué tiene de humanitario con más de 40 millones de colombianos que las FARC sean premiadas con el regreso de asesinos y secuestradores a sus filas? ¿Qué tiene de humanitario que los habitantes de dos municipios del país, Pradera y Florida en el Valle, sean expuestos a la acción criminal de las FARC?¿Es humanitario obligar a miles a padecer y a convivir con terroristas por solo 46 personas? ¿Acaso es humanitario poner por encima los intereses de 46 personas por encima de miles?

Como al Polo le gusta tanto hablar de equidad, pues enlacémonos con esa idea frente a los secuestrados. No es equitativo que el Polo, Piedad Córdoba, Hugo Chávez, los norteamericanos y Sarkozy hagan semejante “esfuerzo” para la liberación de 46 colombianos, pues solo este año, según las cifras de Fondelibertad, las FARC han secuestrado a 50 colombianos.

Esos que exigen el acuerdo para el intercambio humanitario son la evidencia de la mayor inequidad y del mayor cinismo que se pueda imaginar: ¿son más 46 que 50? Ampliemos la pregunta: ¿son más 46 que 3.134 secuestrados que hoy por hoy permanecen en cautiverio en Colombia?

Así las cosas, lo de humanitario es una farsa, pues 3.088 secuestrados no son cobijados con las actitudes “humanitarias” de los agitadores a favor de las FARC: de esos, solo en 2007, 50 colombianos están padeciendo la acción criminal sin que nadie se acuerde de ellos. ¿Es humanitario y equitativo con esos colombianos, y con sus familias, que se ejerzan presiones contra el Estado para favorecer a solo 46 personas? ¿Y de los otros quién se acuerda? Nadie. Y la razón es sencilla: son colombianos del común, gente que no tiene vitrina en los medios de comunicación y que carece de canales de interlocución con gobiernos de otros países o no resultan interesantes para las próximas elecciones en los Estados Unidos.

Otra de las mentiras que a fuerza de repetirla muchos la han comprado como verdad es que el acuerdo para el intercambio humanitario es “un paso importante hacia la pacificación de Colombia”. Uno se pregunta: ¿cómo va a influir la liberación de centenares de delincuentes en la paz del país? Parece que les falta añadir que es la paz de los sepulcros la que se puede alcanzar con el tal intercambio, pues en nada beneficia al país el hecho de liberar expertos en explosivos, secuestradores diestros, armadores de minas antipersona y simples asesinos con fusil, salvo si se considera que recrudecer las acciones terroristas y darles oxígeno ,militar y terrorista a las FARC es algo beneficioso para Colombia.

Tampoco resulta importante para la pacificación la inequidad de dejar en el monte a 3.088 colombianos los cuales en su cautiverio padecen la certeza de que sus familias se enfrentan a la indolencia del Polo, del Estado, de Piedad y de Chávez, entre otros. Es más: resulta todo un presagio la sola posición futura de los hijos de los colombianos secuestrados por las FARC.

¿Acaso Colombia olvidó los motivos iniciales que tuvieron los Castaño Gil para iniciar el derramamiento de sangre? ¿Acaso a Uribe no lo acusan de paramilitar basándose en el asesinato, por parte de las FARC, de su padre? Algunos de esos niños, los que yo denomino los hijos del secuestro, crecerán con suficiente sed de venganza contra las FARC y contra el país que les dio la espalda. Entonces, esos abandonados por la indiferencia relacionada con su baja cotización en el mercado mediático y político, serán los abanderados de una nueva escalada de sangre, destrucción y dolor: ¿Esa es la pacificación que buscan afanosamente el Polo Democrático Alternativo y los esbirros del acuerdo humanitario?

Así las cosas, la única posibilidad real que tiene la Nación es exigir la liberación INMEDIATA Y SIN CONDICIONES (ni despejes, ni simones ni sonias, ni intermediarios propagandistas) de todos los secuestrados. Esa sería la única contribución para emprender el camino de la pacificación: que el país entero les exija a las FARC la liberación sin acuerdo distinto a señalar día, hora y lugar de entrega de los cautivos… lo demás es propaganda nacional e internacional a favor de las FARC y en contra de Colombia.