jueves, 31 de mayo de 2007

Los errores del pasado

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Un Ministro citado por el caso de las interceptaciones telefónicas terminó respondiendo por conspiraciones, por la para-política e incluso por las relaciones internacionales.

La semana pasada, el representante del Polo Democrático Wilson Borja citó un debate de control político (uno más) sobre el reciente escándalo de las interceptaciones. Pero el propio Borja hizo de su presentación una verdadera colcha de retazos: habló de la responsabilidad del Presidente y del ministro de la Defensa en las interceptaciones, exigió que en ese debate se dieran a conocer los nombres de los responsables, se informara quién o quiénes habían dado la orden y sobre todo, que se les informara a los 8 mil monitoreados que habían sido víctimas del espionaje. Hoy se sabe que fueron menos de 100 los personajes cuyas comunicaciones fueron interceptadas.

Pero además incluyó en su presentación el tema de la conspiración contra Samper, la caída de la cúpula de la Policía (evidentemente les duele mucho que se haya desarticulado la infiltración del Polo en las altas esferas de la Institución) e incluso intentó que Juan Manuel Santos intentara explicar publicaciones recientes de El Tiempo. En resumen: fue un completo desorden, sin metodología ni objetivos concretos.

Luego, cuando Santos se proponía iniciar la intervención, dos mujeres que fueron llevadas por el representante Borja se acercaron al Ministro y le arrojaron unos cuantos huevos, como señal de protesta. Mientras el Ministro limpiaba su ropa, algún representante pidió que se cancelara el debate por falta de garantías, y otros se quejaron de la grosería y del irrespeto al “sacro” recinto del Congreso: ese fue un verdadero chiste, y de mal gusto por supuesto, si se tiene en cuenta que en el Congreso se han lanzado mucho más que huevos: calumnias, improperios, injurias y acusaciones sin ningún fundamento han sido el menú de las “sagradas” plenarias tanto del Senado como de la Cámara.

Borja además señaló al Ministro como delincuente por intentar, según el Representante, “dar un golpe de Estado y afectar la institucionalidad que ellos tanto defienden”: ¿Significará eso que el Polo defiende las actuaciones de Ernesto Samper y que les parece lícito que semejante personaje haya manipulado el juicio en su contra y hubiera permanecido en el poder?

Es que la conspiración de Juan Manuel Santos contra el gobierno de Samper fue conocida por todos, y es bueno recordar que muchos hacíamos votos para que la conspiración funcionara y llevara a Samper a abandonar el poder. Los que vivimos esos tiempos aciagos recordamos los esfuerzos de Santos de exigirle la renuncia, por todos los medios posibles, a Ernesto Samper.

Sin embargo, Santos explicó que las reuniones con los diferentes sectores violentos tenía la intención de buscar aproximaciones de paz y no de derrocar a Samper. Cada quien puede creer o no en las palabras de Santos, pero un hecho ratificó en parte las palabras del ahora Ministro: en plena exposición llegó una carta del gobernador del Valle, Angelino Garzón, RATIFICANDO el propósito de Santos, y de otros tantos, de buscar acercamientos con los violentos para intentar alcanzar la paz.

Así las cosas, el asunto de la conspiración queda planteado como las denuncias de Pablo Beltrán del ELN y de Salvatore Mancuso de las AUC, frente a las afirmaciones de Angelino Garzón y de Juan Manuel Santos. Pero es de suponer que esas gestiones de paz (tan aplaudidas y anheladas en aquellos tiempos) incluyeran la salida del gobierno Samper, algo que en su momento se convirtió prácticamente en un propósito nacional.

Pero ahora ese mismo deseo, liderado por Juan Manuel Santos, es un ataque a la institucionalidad del país y por ende, quien encausaba el anhelo de diferentes sectores de Colombia, es hoy un delincuente por su lucha de buscar que Samper abandonara el poder.

Aquí el asunto tiene que ver con el fin y sobre todo con los medios: si el objetivo era derrocar a Samper (lo que aplaudían la mayoría de colombianos) y los medios pasaban por convocar un acuerdo de diferentes sectores del país, incluyendo a los violentos (lo que también vitoreaba la mayoría porque todavía no se había presentado la farsa del Caguán), no parece válido que se quiera ahora juzgar a quien aglutinó los medios y el fin que muchos querían.

Que Santos renuncie o lo obliguen a renunciar es accesorio, porque buena parte de los problemas que hoy enfrentamos en Colombia se los debemos a que Samper y su combo se sostuvieron en el poder, gracias al dinero que rodó por el Capitolio Nacional para comprar su inocencia. Lo importante aquí es que la doble moral nuevamente aparece y muchos están dispuestos a pedir en sacrificio a Santos, perdiendo de vista sus propias actuaciones, o las de quien representaba la institucionalidad en ese momento.

Es que resulta cínica la actitud del partido Liberal que señala a Santos como artífice de una campaña que terminaría con la caída del distinguido Samper, mientras ese mismo Partido, en la anterior campaña a la Presidencia, nunca incluyó en sus comerciales de antiguos presidentes a Samper. Es más: Recientemente César Gaviria se quejaba porque al liberalismo le querían cargar el lastre histórico del Proceso 8.000 y pretendió dejarle ese costo político a quienes fueron sus protagonistas.

En este sentido, serán relevantes las pruebas que puedan entregar Pablo Beltrán y Salvatore Mancuso sobre la convocatoria para conspirar contra Samper, pues ciertamente si utilizó la paz como caballito de batalla con miras a cohesionar a tirios y troyanos con el propósito de derrocar a Samper, la situación amerita que Juan Manuel Santos salga del Ministerio y rinda sus explicaciones ante la justicia.

Pero no es bueno que el país se mienta por falta de memoria: Si Santos hubiese conseguido ese objetivo, millones de colombianos habrían aplaudido esa acción a rabiar y Santos sería un héroe por ese simple hecho; pero no pudo, y ahora, como cualquier derrotado, es conducido al cadalso.

En esta perspectiva, los que se sientan identificados con la “institucionalidad” que representaba Samper, que señalen y cuestionen, pero eso sí, asumiendo la responsabilidad que implica el hecho de defender la institucionalidad samperista, sin importar el personaje que gobernaba y los delitos que se le imputaban. Pero deben tener cuidado, porque lo que hoy defienden con ahínco, pegados de cualquier situación para atacar al Gobierno, será materia de análisis futuro por el electorado.

Esto significa que a los ojos de los votantes, el PDA podrá ser presentado como defensor de la institucionalidad que representaba Samper y el liberalismo tendrá que asumir la responsabilidad histórica y política del 8 mil, pues Samper y el proceso por los dineros del narcotráfico en la campaña son dos temas que ante los colombianos, es uno solo.

De paso, en ese afán de “defender la institucionalidad” (presentación semántica que significa atacar a Uribe), olvidan que Samper volvió pedazos la institucionalidad que tanto dicen defender: Heine Mogollón en la Comisión de Acusaciones de la Cámara moviendo los hilos para precluir el asunto mientras la aplanadora liberal en la plenaria sobre las acusaciones contra Samper, sepultó las pruebas contundentes y sólidas que presentó Ingrid Betancur en esa oportunidad.

Así las cosas, lo que está haciendo la oposición es defender la institucionalidad particular samperista, que además terminó con el desbarajuste del Estado y con un grave déficit fiscal por los pagos que realizó a los congresistas que votaron a favor de su exculpación. ¿Eso es lo que quieren defender?

miércoles, 30 de mayo de 2007

Amanecederos

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. myances@msn.com

En la medida en que se levantan nuevos edificios a orillas de la bahía de Cartagena, aumenta el número de personas afectadas por quienes han convertido en amanecedero, los muelles y bahías de estacionamientos, construidos a lo largo de sus paseos peatonales.

No se puede desconocer que es agradable ver amanecer a orillas del mar o de la bahía, y hasta se podría argumentar que tienen tanto derecho los particulares como quienes reclaman privacidad y tranquilidad, porque pueden disfrutarlo desde los balcones en los edificios que se han construido a sus orillas.

Argumento difícil de controvertir porque estando estas construcciones en sitios tan apetecidos por los demás, es difícil concederles la razón -se trata de espacio público, y como tal, nadie podría prohibir su sano disfrute- si no fuera porque al estar bajo el efecto del licor, estos amanecidos se desinhiben y convierten el sano placer de ver el amanecer cartagenero, en un asunto de escándalo publico. Y ahí si, violan normas establecidas, y ya no solo los privilegios, sino el “derecho” a dormir tranquilos, de los vecinos del sector.

Las personas a pesar de estar ebrias, usualmente se inhiben en presencia de quienes están sobrios (los vecinos y madrugadores caminantes). No obstante en este caso ese regulador natural no surte efecto.

Cuando la policía atendiendo las quejas del vecindario acude al sitio, dialoga con quienes alteran la tranquilidad, pero nadie sabe a que acuerdos llegan, porque cuando se retira, vuelven a las mismas. En otras palabras: involucrar a la policía, igual que el esperar que se inhiban en presencia de otros, no funciona.

En la avenida Miramar del barrio de Manga, la situación es realmente crítica, y por falta de autoridad, el asunto ha venido subiendo de tono: ya se llegó al extremo de desenfundar pistolas y hacer tiros, por ahora al aire.

Al menos tres violaciones a la ley se estarían presentando en estos casos: el manejar embriagados (bastaría hacer la prueba de alcoholemia); escándalo en la vía publica, y porte ilegal de armas, pero podría haber hasta consumo de drogas, suficientes razones para inmovilizar el vehiculo o ponerlos un rato tras las rejas.

Si se colocaran cámaras de TV estratégicamente distribuidas, se podría controlar estos desmanes e identificar a los agentes de la policía que transan con los violadores de la ley. Los vecinos del sector las reclaman. También servirían para dejar registros fílmicos de otros violadores de la ley, y cuidar el amoblamiento urbano instalado en los paseos peatonales: bancas, muelles, arborización, y el recién instalado sistema de iluminación. Y como valor agregado, controlar el comportamiento de las parejas que hacen al aire libre lo que forma parte de la intimidad.

En la pagina Web de la Alcaldía, el día 2 de febrero, se publicó una noticia en la que el Alcalde prometió “… recuperar este sector, tradicional para muchos cartageneros, de importancia dentro de la vida del barrio, de interés turístico y además de gran utilidad para el disfrute de actividades de esparcimiento y recreación” ya es hora de cumplirlo.

Algunos vecinos han propuesto patrullaje en la avenida Miramar los días viernes, sábado, y los previos a los festivos, entre las 10 PM y las 6 AM para empezar. Otros que se terminen los puentecitos –según se comenta recuperados por iniciativa privada- que al no tener barandas sirven de asiento para los amanecidos.

En fin ideas hay varias, y lo mejor sería combinarlas, porque no son excluyentes, ni redundantes, sino complementarias.

Afortunadamente Cartagena esta rodeada de mar, y esos amanecederos pueden crearse en otras zonas de la ciudad menos pobladas, siempre y cuando el Distrito les diera ese uso, las desarrollara y las mantuviera vigilada para evitar los desmanes.

martes, 29 de mayo de 2007

Unas preguntas sobre la vara para medir

Por Jaime Restrepo. Director del Sistema Atrabilioso.

¿Es inmoral excarcelar terroristas? La respuesta es si. Sin embargo, ¿será igual de inmoral excarcelarlos en medio o como resultado de un proceso de paz?

Lo cierto en este tema es que de llevarse a cabo un acuerdo humanitario, el resultado sería el mismo, entonces ¿son inmorales los que piden un acuerdo humanitario a sabiendas que eso permitirá la libertad de criminales, secuestradores, violadores y asesinos?

Parece que en ese punto, lo inmoral es que se haya pasado por encima de las FARC y de aquellos que promueven el chantaje humanitario como bandera política, es decir, que se les haya quitado el control de una parte sustantiva del tema.

Pero entonces ¿Si a los sectores que cuestionan la liberación de combatientes de las FARC les parece una vergüenza el asunto, por qué están pidiendo que se haga un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados a cambio de la excarcelación de terroristas?

Esa respuesta tiene que ver con los intereses políticos que tienen algunos que son afectos a las FARC y otros que son enemigos acérrimos de cualquier intento de acercamiento o de decisiones que permitan emprender un camino de acuerdos para llegar, algún día, a detener el conflicto.

Algunos son partidarios del acuerdo, con liberación de detenidos y todo, pero cediendo a las exigencias de las FARC, es decir, la condición indispensable es que el Estado ceda a los caprichos de los panzones oligarcas y para eso utilizan toda la presión política nacional e internacional. ¿Eso no será inmoral y vergonzoso?

Otros, más radicales, aseguran que están contra la impunidad y en tal sentido les parece un despropósito que se liberen a los criminales de las FARC que están en prisión. Sin embargo, en este grupo se encuentran seguidores de Gustavo Petro, reconocido miembro del M-19, grupo que recibió indulto y reindulto, con tal de que ellos se reincorporaran a la vida civil. ¿Será que en el proceso del M-19 no hubo impunidad? Sin embargo, el país aceptó esa TOTAL impunidad a cambio de un poco de tranquilidad: no hubo verdad, ni justicia ni reparación, pero ahora los seguidores de algunos de sus cabecillas, se rasgan las vestiduras por la porción de impunidad que traería la medida de Uribe.

Pero a esos cabe preguntarles: ¿Cuál es la vía para lograr la reconciliación en Colombia? Si es por negociaciones, inevitablemente estará presente la impunidad, mientras que si es por el camino del sometimiento militar, el país deberá aceptar que ese sistema tiene consecuencias directas en el incremento de crímenes y de delitos comunes y por ese lado no se consigue ni reparación, ni justicia, ni mucho menos verdad. Entonces ¿cuál es el camino?

En este sentido uno se pregunta: ¿Si el Gobierno se hubiera sentado a negociar con las FARC y se llegara al acuerdo de la excarcelación, el tema dejaría de ser inmoral? La respuesta es no. Es más: ¿Si el Gobierno hubiese logrado una negociación con la misma dosis de impunidad que se les otorgó a los paramilitares, entonces también sería una vergüenza y una inmoralidad?

Es obvio: lo aparentemente vergonzoso es que los tipos se acojan a una ley y a unas condiciones para desautorizar a las FARC y dejarlas expuestas como un grupo narcoterrorista que quiere presionar, no la liberación de sus miembros que están en prisión, sino el despeje de dos municipios para desatorar el envío de drogas al exterior y recibir armas que son forma de pago en el negocio del narcotráfico.

Otras preguntas surgen:¿Será que el país no está dispuesto a ninguna impunidad y por lo tanto los procesos de acercamiento y paz con los violentos no tienen futuro alguno, pues TODOS, en TODO EL MUNDO, tienen cierto grado de impunidad?

Si así son las cosas, Colombia debe prepararse para 50 o 100 años de confrontación, pues de todos los sectores llueven críticas a la propuesta y parece que no entendieran que así, de plano, cierran puertas futuras para un posible sometimiento a la justicia de los actores del conflicto. Aquí la cosa será: si cualquier iniciativa de buena fe que busque generar confianza entre las partes es atacada por provenir de Uribe, lo mismo ocurrirá con cualquier otro gobernante a quien se le exigirán los mismos imposibles que ahora le piden a Uribe: haga un acuerdo humanitario, pero sometido a las exigencias de las FARC, por que de otra manera no es válida ninguna iniciativa diferente a las exigencias terroristas.

En esto será bueno recordar esa frase bíblica:“Con la vara que midas, serás medido”.

lunes, 28 de mayo de 2007

¿Y por qué?

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

La que terminó podríamos bautizarla como la semana de las propuestas: liberación para los terroristas detenidos de las FARC (sindicados y condenados) y excarcelación de los políticos vinculados con los paramilitares.

En cuanto a los terroristas que quedarán en libertad el 7 de junio, el Gobierno se juega una carta bien importante: dejar sin argumentos de CANJE a las FARC y de paso demostrar que es posible que militantes de las FARC (esa base combatiente que pone la sangre para que otros engorden sus panzas oligarcas con buen licor) se acojan a la ley de Justicia y Paz. ¿Cómo podrán explicar los críticos de la ley de Justicia y Paz que centenares de miembros de las FARC se declararon como disidencia y le apostaron a la reincorporación a la vida civil?

Es que mientras en las “montañas de Colombia” (¿o de Ecuador o desde las llanuras de Venezuela?) los cabecillas terroristas solo quieren, de manera prepotente y estúpida, doblegar al Estado ante sus intereses mafiosos y despejar el más importante corredor para el narcotráfico al sur del país (Pradera y Florida en el Valle para llegar al Pacífico), en las cárceles los combatientes han visto una gran posibilidad de libertad y reinserción al negociar con el Gobierno su incorporación a la ley de Justicia y Paz.

Entonces, la osada propuesta de Uribe deja a las FARC como un cartel de narcoterroristas con ejército privado (conformado por niños reclutados a la fuerza) pues los “canjeables” de esa organización prefirieron demostrar que era posible negociar con el Estado y que la ley de Justicia y Paz a ellos si les conviene y funciona.

Lo que también demuestra Uribe con esta acción es que las bases combatientes están muy, pero muy lejos de los intereses y objetivos de los panzones oligarcas que comandan esas estructuras criminales, pues los cabecillas solo quieren puntos de honor desde la perspectiva política y mafiosa.

Así las cosas la discusión quedará circunscrita a los verdaderos propósitos de las FARC: el acuerdo “humanitario” solo es un chantaje de entregar a unos secuestrados por el despeje temporal de dos municipios, lo que, ante el mundo, deja en evidencia a las FARC que hablaban mentirosamente de su disponibilidad para “negociar la reconciliación” y otra cantidad de palabrería (que suena a improperio en boca de esos terroristas) cuando lo cierto es que necesitan que retiren las tropas del Estado por un tiempo, para sacar su mercancía mortal, represada al sur del país. Es decir, simplemente una extorsión terrorista de un cartel de la droga y nada más.

Los políticos del paramilitarismo

Otra propuesta que lanzó Uribe fue la excarcelación y la muerte política para todos aquellos que resulten vinculados con los violentos, es decir con los paramilitares en la coyuntura actual.

La propuesta incluye algunos niveles, pues no es lo mismo alguien que se reunió con los violentos ante una presión insuperable, que un político que se favoreció por la intimidación de las armas.

En este país muchos han tenido que reunirse con los violentos, ya sea para lograr el rescate de un familiar, o para entender y tratar de debatir las razones por las cuales está declarado objetivo militar o quizás para reducir la cuota que en muchas partes de Colombia tenían o tienen que pagar a los violentos.

Ese es un vacío jurídico que en buena hora el Gobierno quiere que se aclare, porque hoy se están conociendo las reuniones con los paramilitares, pero hay que recordar las procesiones a la Zona de Distensión para atender los mismos asuntos con las FARC. Es que el 25 de abril de 2000, por ejemplo, los terroristas del Caguán decidieron anunciar la Ley Tributaria 002 según la cual, las personas que no quisieran ser secuestradas y que tuvieran un patrimonio superior al millón de dólares deberían presentarse en la zona de distensión a pagar un “impuesto de paz” equivalente al 10% de su fortuna, como efectivamente ocurrió hasta que terminó la siniestra zona de despeje.

A esa misma región viajaron familiares de secuestrados que se reunieron con los cabecillas de las FARC e incluso algunos pudieron hablar con los secuestrados o verlos a lo lejos, recluidos en campos de concentración iguales o más atroces que los campos de Hitler.

Esas reuniones con las FARC y con paramilitares tienen un origen común: la ausencia de Estado, las enormes fallas estructurales de los diferentes gobiernos que permitieron que el secuestro y la extorsión florecieran y financiaran a los violentos, permitiendo incluso el descaro de que las FARC promulgaran leyes como si fueran un Estado paralelo dentro del país.

No obstante, hay otros que no merecen ningún beneficio: los políticos que conjugaron el poder de las armas con el poder de las urnas para intimidar y sacar provecho de tal forma que ambos poderes se fusionaron para hacerse al control de varias regiones.

Por donde se le mire eso es un conjunto de delitos atroces, pues además de las muertes y de la violencia, también asumieron el control de los presupuestos para favorecer sus finanzas personales y buscar aumentar su poder ya no solo en las regiones sino en la vida nacional.

Esos no solo merecen la muerte política: debería plantearse que fueran castigados con el máximo tiempo permitido de prisión (40 años), que podría reducirse en una cuarta parte o en la mitad –a lo sumo- si confiesan TODA la verdad, pues cometieron o permitieron la comisión de crímenes de lesa humanidad y terminaron por convertir en una caricatura la democracia colombiana: traición a la patria, falsedad ideológica, adoctrinamiento para subvertir la institucionalidad, asesinatos, reclutamiento forzado de menores, terrorismo, desapariciones, masacres, conciertos para delinquir, todos los delitos electorales, intimidación y decenas de crímenes más, no pueden terminar con un simple llamado de atención o con beneficios excluyentes por contar sus historias.

Y la muerte política debe cobijar también a sus familiares cercanos y a sus socios comerciales, además de incluir un aspecto fundamental en este proceso: la extinción de dominio de bienes y tierras para que sean una parte de la retribución que le hagan a la sociedad por los crímenes promovidos e ideados.

Los políticos deben recibir lecciones ejemplarizantes y acciones de justicia acordes con sus delitos, pues la impunidad siempre ha sido y será un combustible poderoso para generar violencia y terror.

viernes, 25 de mayo de 2007

Los generales escriben

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

La tradición fue vulnerada. El honor policial fue mancillado. De repente un cualquiera que fue elegido como Presidente decidió pasar por encima de la tradición y del “honor” de unos consagrados servidores de la patria.

Después de la publicación de las interceptaciones, Álvaro Uribe y su ministro de la Defensa decidieron hacer un revolcón en la Policia, para darle paso a un General que lleva poco menos de 18 meses como oficial de insignia.

Para nombrar a Oscar Naranjo, el Gobierno tenía que desconocer la antigüedad y la tradición de la fuerza, las que indican que al renunciar el Director, asume ese cargo el oficial de insignia (así se denomina a los generales) con más antigüedad en la fuerza.

Así las cosas, contrario a lo que algunos han venido informando, nueve generales salieron de la Policía porque no soportaron que un oficial con menos antigüedad asumiera el mando e incluso que tuviera la potestad de darles órdenes. A eso se refieren cuando hablan del honor, es decir, la imposibilidad de reconocer que alguien más novato tenga mayores méritos y muchos más éxito y por lo tanto pueda quedar, en la línea de mando, por encima de unos más antiguos.

En cuanto a la tradición, es sabido que en las Fuerzas Armadas de Colombia la gente asciende por tiempo y por tener la hoja de vida limpia, sin importar si su trabajo fue bien realizado o si obtuvo resultados en la lucha contra el delito.

Lo mismo ocurre con todos los grados, salvo que los de general (brigadier general, mayor general y general) requieren además de una gran influencia política para que no los descabecen cuando se estudian los ascensos de coroneles a generales.

La tradición y la promoción casi automática por tiempo de servicio (antigüedad) son los mayores obstáculos para un proceso de meritocracia en las Fuerzas Armadas, pues son los lineamientos para elegir a los que operan las políticas de seguridad del Estado.

¿Alguien quiere que, por tradición o antigüedad, las Fuerzas Armadas sigan quedando muchas veces en manos de incompetentes, cuyas órdenes son recibidas por algunos que tienen los méritos y el talento para desarrollar mucho mejor el delicado encargo?

Lo cierto es que el retiro de los 11 generales, dos por asumir la responsabilidad de las interceptaciones y 9 por “honor” policial, causó una verdadera conmoción en los generales retirados de la Policía.

Es más: esos “guardianes de la antimeritocracia” enviaron una carta al Presidente en la que plasman su molestia por el absurdo de seleccionar al mejor como Director y dejar en el camino a varios que estaban convencidos de ocupar ese cargo, no por méritos, sino por tiempo, tradición y antigüedad.

La carta dice: “Somos respetuosos de las decisiones tomadas por usted, en especial en la designación del señor Brigadier General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, como nuevo Director General de la Policía Nacional, dadas sus brillantes calidades y cualidades profesionales”.

Esto significa que no tienen ninguna observación sobre las calidades y cualidades profesionales de Naranjo Trujillo. Es más: las destacan, por lo que se puede inferir que coinciden en que la decisión fue correcta.

Sin embargo, más adelante los generales retirados de la Policía, incluidos por supuesto los que fueron a defender a Santofimio Botero, dicen: “(…)disentimos de la forma en que, haciendo uso de su poder discrecional, viene quebrantando las jerarquías institucionales, no respetando las antigüedades adquiridas por el tiempo de servicio de oficiales, a quienes la nación les ha reconocido sus meritorias hojas de servicio con el título de Generales de la República.”

He ahí la afrenta: Uribe desconoció las jerarquías y la tradición de heredar el mando al más antiguo y no al mejor. Lo anterior es una muestra de mezquindad pues por encima de las jerarquías y de las antigüedades deben estar las calidades, las capacidades y el brillo de una carrera exitosa: estas deberían ser las únicas consideraciones para cualquier ascenso, y no los argumentos mediocres del colegio de generales de la Policía Nacional.

Posteriormente los generales explican que “al vulnerar las jerarquías y la antigüedad, se truncan las carreras profesionales de meritorios y brillantes jefes de larga trayectoria y experiencia de más de 30 años.” Lo que deberían exigir es que la escogencia de los generales se base en los méritos y no en las influencias políticas o en la vinculación a una de las roscas que existen en la cúpula de la Policía… pero no, hay que ayudar a los mediocres a que lleguen a los mejores cargos y puedan coronar con honores y medallas, no solo su carrera sino su pensión de jubilación.

Lo que tampoco les quedó claro a los firmantes es que los generales no salieron por cometer algún delito (salvo que alguno decida hablar de la politización de la cúpula) sino porque había un novato mejor que los antiguos.

Finalmente los generales dicen: “nos preocupa sobremanera, las repercusiones que sus acciones se deriven en el quebrantamiento de la moral del personal en todas sus jerarquías”… ¿Qué puede quebrar más la moral de una persona que ver ascender a alguien que no lo merece y que tiene menos operaciones exitosas, menos resultados para mostrar y solo puede presentar unos calendarios como único testimonio de méritos?

Eso si desmoraliza, y además genera desmotivación, pues sin ser osado, sin poner en peligro el pellejo (todo lo contrario a la actividad policial) y siendo honrado, esa persona puede ascender en un tiempo determinado: Si la gente sabe que su trabajo le dará el ascenso (como en cualquier empresa) se esforzará por hacerlo bien, por arriesgar un poco, por entregar resultados positivos y por cumplir con las metas planteadas.

Mientras eso no ocurra, mientras el Colegio de Generales de la Policía se indigne porque se rompan esas tradiciones, seguiremos viendo en las calles y en los campos, a muchos oficiales que tienen que combatir, pero no mucho, para no desgastarse y poder llegar completos al siguiente ascenso… al fin y al cabo solo es cuestión de tiempo para que le pongan una barrita o una estrella más en su hombro.

jueves, 24 de mayo de 2007

Tras el país de los escándalos

Por Wilfredo Moreno. Columnista del Sistema Atrabilioso.

Después de los últimos escándalos no faltará quien se pregunte hasta cuándo aguantara este gobierno. No creo que la estrategia de la oposición sea ésa, fabricar escándalos que luego sacan para ver si alguno tumba a Uribe. Están convencidos de los atributos políticos del presidente y de su capacidad para lidiar con las adversidades, eso hace que el objetivo no sea buscar toros más bravos para tumbarlo pero sí una gran cantidad que mine la continuación de las políticas de que Uribe dejará sentadas las bases.

Me explico. Los escándalos cada vez llegan mas en fila pero de la misma forma son menos sustantivos. Tal fue el caso en la intervención de Petro en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia, antecedido por otros menos ruidosos que promovieron otros miembros del PDA sobre el mismo tema. Mejor dicho, la fuerza del toro no importa tanto como la constancia en que ataque, pues el objetivo es claro: hacer creer que Colombia es el país de los escándalos desde que llegó Uribe al poder, y que eso justifica la necesidad de un cambio político en las nuevas elecciones para acabar con esa problemática.

La oposición no se reduce al PDA, también hay que tener en cuenta al Partido Liberal, la prensa, algunos militares y policías de alto rango, todos ellos apoyados por el poder de la clase intelectual, que los llena de argumentos. Con esa gran cantidad de factores unidos es muy difícil que los escándalos den tregua. Por eso, tras el desgaste a que se expuso el PDA, le toco el turno a la prensa, que publicó grabaciones temerarias por la forma en que se consiguieron (en un país en el que se respeten las leyes se estaría juzgando al director y al editor de Semana, así como a los periodistas que tuvieron relación con el articulo de las grabaciones).

Hoy en día nadie sabe qué resulta más escandaloso, si le hecho de que los paramilitares siguieran delinquiendo desde la cárcel o que los organismos de seguridad estuvieran al servicio de la prensa. Pero la prensa es tan hábil como cínica o que lo diga Uribe que le tocó aguantarle de todo a Darío Arismendi en una entrevista. Para Darío el culpable del escándalo es el gobierno, mientras que los periodistas que “destapan ollas podridas” son héroes. Pero resulta que el gobierno se entero por la prensa, porque los miembros de inteligencia del Estado no le llevan esa información ni tampoco a la Fiscalía ni a otra institución, sino que corren a entregársela a la prensa. ¡Eso es lo que debería aterrar a Arizmendi! Y no que se “chuce” los teléfonos de todo el mundo porque los que lo mandan hacer son colegas suyos.

Como si lo anterior fuera poco, la oposición no sólo tiene una estrategia clara (como ya dije, hacer creer que éste es el país de los escándalos desde que llegó Uribe al poder) sino que también tiene aliados internacionales de peso, como el gobierno venezolano. De peso por todo lo que significa Chávez con sus petrodólares y la capacidad para lavar dólares de las FARC procedentes del narcotráfico, así como la constante amenaza bélica que ata de manos a cualquier gobierno colombiano.

Chávez tiene recursos para apoyar, tanto financiera como políticamente, cualquier iniciativa de la oposición, sea para engrasar sus maquinarias electorales o para contar con los votos de la numerosa colonia colombiana en Venezuela, de la misma forma que puede darse el lujo de eliminar infiltrados del ejercito colombiano en la guerrilla sin que Bogotá chiste, todo por miedo a que Chávez ponga en funcionamiento su aparato bélico contra Colombia.

La oposición la tiene clara, la pregunta es si el gobierno también, pero pareciera que no por que hasta ahora el gobierno baila la música que le ponen los opositores y al parecer está dejándose acorralar, hasta tal punto que analistas económicos como Juan Carlos Echeverri le dicen que la única carta que le queda para dejar su legado mas allá del 2010 serán los resultados económicos y por lo tanto les ruega que no los descuide.

Referencia:
Juan Carlos Echeverry

miércoles, 23 de mayo de 2007

Interceptaciones: una orden de lo alto

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Hay actividades que en Colombia implican que en cualquier momento las conversaciones telefónicas sean escuchadas: políticos, funcionarios, periodistas y miembros de las Fuerzas Armadas son, entre muchos otros, los sectores más apetecidos por los que realizan esas interceptaciones.

A los periodistas, porque para el Estado resulta importante saber quién les está brindando la información que publican, lo que reduce las posibilidades de encontrar una fuente confiable que quiera hablar y arriesgar su nombre o su carrera en aras de contar una historia. Claro que ahora parece que las fuentes se compran con todo incluido: promociones de casetes y videos.

Los políticos, sobre todo en la actual coyuntura, porque evidentemente hay sospechas sobre la relación de unos con los paramilitares y de otros con las FARC y con el ELN. Además, la intención exclusiva y que ha convocado a varios sectores en torno al objetivo de derrocar a Uribe, el convocado y vigente Toconur, enciende las alarmas y en un juego político y de poderes hay que dominar la consecución de la información para neutralizar al adversario.

Tampoco los funcionarios escapan a estos monitoreos, pues las filtraciones sobre el seguimiento realizado a lo que está negociando el Gobierno con un sector violento (la interceptación de las llamadas de Luis Carlos Restrepo) o el monitoreo a la ex Canciller María Consuelo Araújo, además de motivos diferentes como la corrupción y el trabajo a dos bandas (les paga el Estado pero trabajan para otros) hacen que la paranoia produzca este tipo de situaciones.

Y ni hablar de las Fuerzas Armadas, la primera línea para enfrentar a los violentos, quienes de uno y otro lado los tientan para la adquisición de armas y para obtener información que permita realizar una operación exitosa.

Muchos se preguntan, ¿quién pudo ordenar las interceptaciones? La respuesta la pudo dar, en parte, el comentarista de El Espectador Ramiro Bejarano:El sombrío y nada confiable mayor general Alonso Arango –él y su superior, el general Jorge Daniel Castro, saben por qué lo digo–…”

Pero hay otro indicio que vale la pena explorar: el control de la cúpula de la Policía, incluidos pagos procedentes de las arcas de la DEA, así como muchos de los modernos equipos que poseen y una lealtad muy fuerte por el apoyo recibido, hacen mirar a la embajada de los Estados Unidos, interesada en monitorear a todos los sectores claves de la sociedad colombiana, por lo cual, desde la avenida El Dorado pudo provenir la orden a través de la oficina de enlace de la Dirección General con la Embajada, para que se hiciera el trabajo de interceptación y seguimiento.

Si la orden proviniera del Gobierno, algunos de sus altos funcionarios (la entonces Canciller y el Comisionado de paz, por lo pronto) no habrían sido monitoreados, pues es de suponer que en un Gobierno que supuestamente es controlado al milímetro por el Presidente, se sabe en qué anda cada alto dignatario.

Ciertamente algunos miembros de la Policía podrían tener motivos para esos monitoreos, sobre todo por la información que les podría servir para sus carreras y para el futuro de la Institución: pero entonces la división política que existía en la cúpula hubiese evitado esta situación, por lo menos en el campo de la política, fueran gobiernistas u opositores los monitoreados.

Si todo esto resultara cierto, no sabremos en el corto plazo quién dio la orden, pues el entramado es tan complejo que los reportes de actividad aparecen sin destinatario y esa es una de las características que tienen los informes de inteligencia que ordenan y llegan a la Embajada de los Estados Unidos.

E independientemente de lo legal o lo ilegal que sean, lo cierto es que el gobierno norteamericano tiene serios intereses en conocer las andanzas de los funcionarios gubernamentales, de los políticos de la oposición y sobre todo, de los militares y policías que reciben los recursos provenientes de ese país.

De cualquier manera, los límites entre las labores de inteligencia y la ilegalidad son bien delgados, e incluso para muchos la inteligencia la tienen que hacer personas del más alto valor y honradez, pues la línea entre lo legal y lo ilegal la tienen que cruzar con frecuencia.


Artículo relacionado
Sin horizonte de solución.

martes, 22 de mayo de 2007

¿Extradición, impunidad, beneficios?

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Es injustificada la demora del Gobierno Uribe en tomar una decisión frente a las grabaciones de los jefes paramilitares que continúan delinquiendo desde la cárcel de Itagüí.

El país no puede esperar por mucho tiempo que se decida que esas grabaciones, al margen de que son inaceptables jurídicamente, sean consideradas desde la óptica política, pues es desde esa misma óptica que se viene adelantando un proceso de paz con los paramilitares.

Así las cosas, no es aceptable la excusa de lo inadmisibles que pueden resultar esas pruebas, obtenidas en teoría de manera ilegal, porque lo importante es el contenido de esas grabaciones que muestran a varios jefes paramilitares como autores intelectuales de diferentes delitos que van desde asesinatos, torturas y tráfico de estupefacientes.

Lo urgente es que se diga de una buena vez si el país tendrá que tragarse otro sapo de los paramilitares, o si por el contrario, el Gobierno tomará la decisión valiente de retirar los beneficios de la ley de Justicia y paz para todos los implicados y también, anular la suspensión de las órdenes de extradición.

Es bueno mencionar que las llamadas delictivas, por lo menos dentro de las filtradas, son realizadas por gente de confianza de Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy alias Cuco Vanoy y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’.

Una de las llamadas difundidas por Semana es de alias ‘El Flaco’, cercano comandante de Mancuso, quien ordenaba la compra y venta de cargamentos de cocaína. También está ‘Goyo’, del frente dirigido por Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’ quien pide desenterrar los fusiles para continuar con el control territorial que no están dispuestos a perder, incluyendo la vacuna a la gente pudiente.

Dice Semana:”lo más aterrador es que, tranquilamente, por celulares, hablan de los asesinatos y las torturas que siguen cometiendo, como en la conversación de ‘El Mosco’, del desmovilizado Bloque Mineros, liderado por Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’, a quien le reportan el crimen de un hombre.”

Como el proceso de paz es político, a esa misma luz se deben tomar decisiones: la pérdida de los beneficios y la extradición de quienes estén como autores intelectuales o les hayan ordenado a sus subalternos, que ahora comparten patio en la cárcel de Itagüí, la comisión de esos delitos.

Sin embargo, el país perderá en la decisión radical de cancelar beneficios y extraditar a los implicados, pues la verdad, esa que por lo menos nos están contando los paramilitares, viajará rumbo a Estados Unidos y de allí no regresará jamás para que sea de conocimiento de la nación: a lo sumo serán piezas que utilizará el gobierno norteamericano de turno, para presionar al nuestro en diferentes aspectos estratégicos, económicos y políticos.

Así las cosas, el Gobierno está en mora de decidir el desmantelamiento de la cúpula de las AUC que sigue concentrada en un solo sitio, y desagruparlos para que cumplan con las condiciones del régimen penitenciario colombiano.

No se puede esperar más, ni mucho menos seguir con el simple debate (que no llegará a ninguna parte) de quién ordenó las interceptaciones telefónicas, pues esa investigación puede tener un margen de tiempo más amplio, advirtiendo que tampoco el país está dispuesto a olvidarla.

Pero la nación también debe tener claras sus expectativas frente a este nuevo hecho: si se quiere el retiro completo de beneficios, de inmediato se silenciarían los paramilitares y el “incumplimiento” de lo pactado abriría nuevos frentes de guerra conformados por las bandas emergentes cuyos intereses son exclusivamente el narcotráfico y el control territorial de unas regiones.

Además, si se quiere la extradición, pues habría que preguntarse a quién o a quiénes les convendría ese silenciamiento en el exterior, pues por lo declarado por Mancuso la semana pasada, lo cierto es que ya muchos altos dignatarios del Gobierno salieron salpicados y esa extradición solo serviría para ocultar los nombres y los hechos que aún no se han develado.

De igual forma, las dos anteriores alternativas serían una bofetada a las miles de familias de los desaparecidos por el paramilitarismo, que seguramente se quedarían sin conocer las circunstancias y el lugar en donde fueron asesinados y enterrados sus seres queridos.

La disyuntiva es compleja, puesto que las grabaciones son elementos contundentes que conoce una gran parte del país y cuyo contenido exige respuestas y acciones: si el Gobierno se hace el de la vista gorda, como hasta ahora, los paramilitares seguirán contando su verdad, sus declaraciones servirán para llevar algo de tranquilidad a miles de familias y podrán recibir una reparación económica por el dolor y la incertidumbre.

Por el contrario, si el Gobierno asume las riendas y retira los beneficios, la carga probatoria recaerá en la Fiscalía General de la Nación, la misma entidad que anda buscando afanosamente 80 millones de dólares para desenterrar las fosas que ya han sido señaladas por los beneficiados de la ley de Justicia y paz. Sin embargo, esa entidad tendría que asumir también la búsqueda de pruebas y terminaría negociando las sentencias por la ayuda eficaz a la justicia, cuando un acusado tenga a bien señalar el sitio en donde está la prueba física de la barbarie paramilitar.

Y ni hablar de los extraditados, que dejarían la historia a medias, muy a medias y a los familiares de sus 11 mil víctimas sin la posibilidad de encontrar a sus seres queridos y ser reparados con alguna suma de dinero.

Así las cosas, el Gobierno debe buscar un camino intermedio en el que se acoja a la versión de que las pruebas no se pueden judicializar, para después ordenar que sean separados los jefes paramilitares, enviándolos a diferentes cárceles y retirando los privilegios de comunicación de los que gozan actualmente. Eso si: que no los envíen a la Picota…

viernes, 18 de mayo de 2007

Encrucijada

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Los colombianos observan atónitos la paradoja de una moneda que se reevalúa en el exterior (cada vez se pueden comprar mas cosas importadas) pero se devalúa en el mercado domestico: cada vez compra menos, las producidas en el país. Eso equivale, ni más ni menos, que a abrir importaciones, y cerrar las exportaciones.

Si el fenómeno se llevara hasta el extremo, podría suceder que un salario mínimo colombiano pudiera comprar muchas cosas en el exterior (hasta carros y casas) pero no alcanzar para las necesidades básicas. Como lo explicaba en una columna anterior, eso podría suceder si el dólar alcanza la paridad con el peso; y se agravaría si la inflación continúa con el ritmo que lleva.

En solo cuatro meses la inflación casi supera la meta anual del Banco de la Republica, y dudo que se den inflaciones negativas que permitan cumplirla al finalizar el año. Esto además de aumentar el desempleo y la pobreza, colocará en serios problemas la actividad económica en general, y la constructora y crediticia en particular (no todos los que compran son extranjeros o colombianos en el exterior, ni compran en efectivo), y en aprietos a quienes confiando en que la tendencia de baja inflación observada durante los últimos años, continuaría hasta el 2010, adquirieron créditos en la modalidad de UVR.

Y por el lado del dólar, es raro que el tipo de cambio oficial (TRM) esté tan cerca al precio del dólar en el mercado extra bancario, pues usualmente ha estado bastante por encima. Y mas raro aun, que la inflación esté disparada, porque lo esperado es que –en un país como Colombia- la reevaluación y la proximidad del TLC, abaraten el costo de la vida.

Los economistas deben estar locos buscando explicaciones que les permita entender y controlar el fenómeno, porque la acción de los mercados debería generar las fuerzas que revierten las tendencias, y lograr rápidamente al equilibrio en el que las volatilidades son reducidas (una abundancia de dólares, por ejemplo, abarata las importaciones, que a su vez generan la escasez de la divisa, que las encarece, y viceversa) pero eso no esta sucediendo.

Más bien parece la acción de fuerzas exógenas que trataran de neutralizar -en vísperas del TLC- las ventajas competitivas que nos otorga la moneda, o hasta de propiciar una dolarización de la economía, para acabar definitivamente con ellas.

En este supuesto, se correrá el riesgo de dejar al país sin circulante, lo que entrabaría no solo el comercio exterior (un freno natural según las leyes del mercado) sino el intercambio domestico, y habría que regresar al trueque: un mundo peor.

Si tan solo se eliminarán las imperfecciones del mercado, la libre flotación de la moneda debería garantizar esa transparencia, dejando en manos del país la autonomía monetaria necesaria para aplicar el freno de emergencia en las situaciones criticas.

No dudo que el comercio internacional sería mas transparente si los países renunciaran a sus monedas, y adoptaran una única -como el euro en la UE. No obstante la transparencia y la justicia, son dos conceptos muy diferentes, y los países no desarrollados reclaman las dos. Gran Bretaña, por ejemplo, una de las potencias de la UE, no ha renunciado a la Libra esterlina, como moneda nacional.

Pero ya el Banco tiró la toalla, porque son más los dólares que se ofrecen en el mercado, que los que está dispuestos a comprar para estabilizar la divisa. La estrategia fracasó y ahora ensaya medidas restrictivas.

Creo que dividir por mil la moneda (como hacen las empresas cuando sus acciones están muy valorizadas) es cada día más imperativo. Y si, el NYSE se detuvo tres días después de S11, y cuando una acción en la bolsa se va en picada se suspende su transacción, no veo porque no puedan utilizarse ese tipo de mecanismos en el mercado nacional de divisas.



Toasted Bread: Colombia's situation (I): US Dems, FARC and the paramilitaries

jueves, 17 de mayo de 2007

Comenzó a hablar Mancuso

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Muchos esperábamos que las declaraciones del jefe paramilitar fueran, como las llamó uno de los usuarios de Atrabilioso, un chorro de babas.

Pero en solo unas cuantas horas Mancuso salpicó al vicepresidente Francisco Santos, al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, al general Martín Orlando Carreño, ex comandante del Ejército y candidato a la gobernación de Santander; al ex director de la Policía el general Rosso José Serrano y al ex candidato Álvaro Leyva Durán. Además, Mancuso ratificó los vínculos del ahora detenido senador Miguel de la Espriella, al que llamó en repetidas oportunidades como “nuestro congresista”, y también al senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe.

Además mencionó a Zulema Jattin, a Julio Manzur y a Armando Benedetti, congresistas de las entrañas del uribismo.

También habló de César Gaviria y ratificó la explicación del senador Gustavo Petro según la cual, Gaviria creó las Convivir como un premio para los que participaron en las operaciones que permitieron dar de baja a Pablo Escobar.
De inmediato, Gaviria salió a explicar que él no promulgó el decreto 356 del 11 de febrero de 1994 y que las Convivir surgieron después, en el gobierno de Samper: curioso que Ernesto hubiese comenzado a ejercer la Presidencia sin haberla siquiera ganado ni mucho menos haberse posesionado en el cargo.

Para un par de jornadas de declaración no está mal el ventilador y genera satisfacción que a partir de la ley de Justicia y paz se conozcan nombres que antes no se mencionaban en esa telaraña que eran y en cierto sentido son las relaciones de los paramilitares con la sociedad colombiana.

Aunque las acusaciones a los Santos dejan inicialmente un tufillo a retaliación por el caso Araújo, lo cierto es que estas declaraciones, de alguien que no tiene nada que perder, no pueden ser pasadas por alto ni mucho menos enviadas al olvido: esto se debe investigar, y con toda la entereza posible, pues las revelaciones de Mancuso plantean serias sombras éticas y jurídicas sobre el actual vicepresidente, quien en su calidad de socio de la empresa de comunicaciones más grande del país habría intentado conformar un grupo paramilitar en Cundinamarca, para evitar, según Mancuso, la arremetida de las FARC contra la capital del país.

El vicepresidente envió una carta al Fiscal General en la que pide que se investiguen las denuncias hechas por el jefe paramilitar en Medellín: He sido un defensor del proceso de desmovilización y del marco jurídico que lo rige; creo firmemente que este proceso debe contribuir a la verdad, a fortalecer las instituciones y a la reparación como acmino a la reconciliación.Como periodista, como promotor de causas ciudadanas y como Vicepresidente ha intentado lograr un país mejor informado, más justo, solidario, seguro, democrático; esto lo he hecho con honestidad y de cara a sus conciudadanos.Una de las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz ha puesto en tela de juicio mi comportamiento en el día de ayer; tal como lo he hecho en todos los casos, le ruego de la manera más comedida, adelante la investigación prevista en el artículo 235 de la Constitución Nacional sobre esos señalamientos, para lo cual me pongo a su entera disposición (...)".

De otro lado, Juan Manuel Santos fue señalado por el jefe paramilitar de buscar una alianza para un golpe de Estado contra Ernesto Samper. Es bueno recordar que incluso, con una publicación del escándalo de la campaña Samper Presidente, Juan Manuel apostó su barba a que esa noche el entonces Presidente renunciaba.

El ministro de Defensa expidió un comunicado en el que acepta que se reunió con Carlos Castaño en dos ocasiones para discutir la posibilidad de un proceso de paz integral que cobijara también a las FARC y al ELN. En el comunicado, Santos también reconoce que se reunió con reconocidos cabecillas de las FARC y del ELN.

Me gustan los dos primeros días de testimonio de Salvatore Mancuso. Y si esa fue la entrada, hay buenos augurios sobre el plato fuerte, pues uno de los mayores criminales de las Autodefensas está dispuesto a contar su historia, ya sea como un acto de venganza o por cumplir con el compromiso de contar una parte de la verdad: de alguna manera la motivación es accesoria, pues lo importante es que se conozcan los intrincados lazos de los violentos con la sociedad colombiana y que estos sean evaluados por la justicia, cosa difícil, o por la historia.

Lo que desde ya el país tendrá que comenzar a pensar es en la ruta que se va a seguir después de los miles de procesos judiciales y políticos que se avecinan por la caja de Pandora que se abrió con la ley de Justicia y paz.

Por el momento no hay fórmulas consecuentes, pero lo cierto es que la cantidad de información que poseen los jefes paramilitares es una avalancha que inundará con tal cantidad de información los despachos judiciales, que de repente solo va a alcanzar para cambiar (si siguen así) el mapa político colombiano, pues NINGÚN sector se salva de las declaraciones de narcotraficantes y paramilitares y eso que hasta ahora comienza el enorme ventilador.

Por lo pronto hay que estar satisfechos con el despertar y tener confianza en que a lo largo de los procesos no disminuya el impulso de los jefes paramilitares para contar su historia y sus verdades: eso lo necesita Colombia.

miércoles, 16 de mayo de 2007

Otro caballo de Troya.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Hasta dónde ha llegado la ingenuidad de los colombianos, especialmente de quienes se oponen per se, a todo lo que proviene de este gobierno. Ahora se les ha dado por creer y difundir, que los demócratas estadounidenses, están a favor del proyecto político del PDA, de las medidas ambientalistas, del DIH y de los trabajadores colombianos en el TLC; y en contra de los propios intereses norteamericanos.

Ese cuento se lo comen solo los que quieren.

En últimas lo que podrían estar buscando con el tema de la renegociación del TLC, son excusas para levantar nuevas barreras (ahora coyunturales) al libre comercio, porque a pesar de ser nuestra producción insignificante para el tamaño del mercado estadounidense, temen que la maquila y otras actividades económicas intensivas en mano de obra, se desplacen hacia Colombia, donde es mucho mas barata.

La reevaluación del peso también apunta en esa dirección (levantar barreras coyunturales) y uno hasta se pregunta si no estarán manipulado subrepticiamente el tipo de cambio.

Por lo tanto la tal renegociación (aquí en Colombia se nos había dicho que era un asunto terminado, de “si o no”) trae, igual que el caballo que los Espartacos regalaron a los Troyanos, mas cosas de las que preocuparse que de las que alegrarse.

Solo que algunos sectores de la oposición están dispuestos a hacer alianzas, hasta con quienes representan todo lo contrario de lo que ellos predican con tal de tirarse al gobierno: eso de ver a los mas radicales de la oposición intrigando en los EUA contra el gobierno (amigo estratégico del imperio) es como tratar de que los padres le tomen odio a sus hijos, por las intrigas de sus enemigos. Amigos lectores, para creer, primero hay que ver de donde provienen las noticias y quienes se benefician con ellas.

La renegociación del TLC propuesta por los demócratas estadounidenses, no puede obedecer a otra razón distinta de la de sacar mayor provecho para los estadounidenses de esos acuerdos, y desde ese punto de vista ninguno que se sienta realmente colombiano, debería celebrarlo. A menos que sea la actitud solapada de quienes aspiran a hundirlo en la renegociación, sin tener una propuesta alternativa.

Dirán ellos: si los Estados Unidos proponen nuevos puntos, Colombia también esta en el derecho de hacerlo, y entre propuesta y propuesta se empantana el acuerdo. Para mi que eso de la renegociación propuesta por los demócratas no es mas que politiquería interna, porque no concibo que sean tan torpes como los nuestros.

Mucho se ha escrito sobre las ventajas y desventajas de un acuerdo bilateral con los EUA, no voy ahondar mas en eso, solo quiero decir que a estas alturas no solo es indispensable, sino irreversible. Si ellos promueven la renegociación, terminaremos aceptando las nuevas condiciones, porque el peor de los mundos es tirarlo al cesto de l a basura.

Todos sabemos y en el pasado lo dejé consignado en una columna (Plan B, El Universal, agosto 25 del 2003) que los TLC son la salida alternativa del fracasado ALCA, y que mas pronto que tarde, se acercarán todos los países que se dicen de izquierda (en bloque, o desunidos) a buscar el suyo, con excepción tal vez, de Venezuela. Chile, uno de los países que la izquierda catalogan como de los suyos, fue el primero en Suramérica en firmar uno.

Entonces dejémonos de tanta hipocresía. Los países que primero firmen sus TLC con los Estados Unidos, llevaran la ventaja competitiva, y Colombia uno de los mas privilegiados geográficamente en Suramérica, no puede hechar a la basura tres o cuatro años de trabajo.

martes, 15 de mayo de 2007

¡Qué buena decisión!

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

El remezón en la cúpula de la Policía Nacional era una situación anunciada, pues diferentes factores habían enrarecido el ambiente entre un sector del generalato policial y el Gobierno nacional.

Con el nombramiento del Brigadier General Oscar Naranjo como nuevo Director de la Policía, y el llamado a calificar servicios a 11 generales, incluyendo al excelente general Jorge Daniel Castro, se conjuran de plano una serie de hechos que estaban deteriorando a la institución por dentro y por fuera.

La primera alarma se encendió en enero pasado, cuando sorpresivamente fue llamado a calificar servicios (un término prudente para decir que lo echaron) al general Luis Alberto Gómez Heredia, quien se desempeñaba como Director Operativo de la Policía Nacional.

Los motivos para ese retiro se concentran en la amistad política que hizo como Comandante de la policía Bogotá con varios dirigentes del Polo Democrático Alternativo, violando el principio fundamental de no ser deliberante, ni inmiscuirse en discursos o tendencias políticas.

Pero lo que rebosó la copa es que, una vez llegó a la Dirección Operativa, comenzó a utilizar los servicios de contrainteligencia para seguir a los miembros de la inteligencia del Ejército. El resultado de ese seguimiento: los falsos positivos que hasta el momento no han sido juzgados por la justicia.

Para agravar aún más la situación, Gómez Heredia entregaba la información de los procesos en curso al PDA, violando la reserva de investigaciones de inteligencia. Incluso se comprobó que de sus despacho salieron las filtraciones sobre los “falsos positivos” que terminaron en manos de la prensa.

Con la filtración e infiltración descubierta y aceptada por Gómez Heredia, la situación en la cúpula de la Policía comenzó a ser cada vez más tirante.

Sin embargo, lo que en las últimas horas decidió el Gobierno Uribe fue cortar por lo sano las filtraciones de casos en proceso de evaluación, como la que fue publicada por la revista Semana en torno a la deleznable continuidad en la organización de crímenes desde la cárcel de Itagüí.

Esa filtración, obtenida según las primeras pesquisas por la periodista Gloria Congote, salió de la propia Dirección de Inteligencia de la Policía, es decir, que en el asunto puede estar inmiscuido el general Guillermo Chávez, hasta hoy director de la DIPOL.

La excusa presentada por el ministro de Defensa es una joya de la versión oficial de los hechos: “Infortunadamente, se pudo comprobar que quien realizó las grabaciones y la filtración, fue personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol). También, que personal de la Dipol venía haciendo grabaciones desde hacía más de dos años a personas que no estaban siendo objeto de investigación alguna, entre quienes se encuentran miembros del gobierno, de la oposición y periodistas.”

Esta es la versión oficial, muy democrática y complaciente, cuando lo cierto es que todos los gobiernos del mundo hacen inteligencia a algunos de sus funcionarios (de los que tienen alguna sospecha) y de elementos de la oposición, máxime si existen dudas sobre sus posibles vínculos con el terrorismo, aunque esos “interceptados” no tengan ni investigaciones ni procesos en curso: la función de la inteligencia es prevenir, monitorear y rendir informes para que sean evaluados y después se decida si son procesados o archivados.

Pero aquí lo grave, además de las interceptaciones que no fueron ordenadas por el Gobierno, no es solo que se hayan hecho sino que terminaron en manos de la prensa, pues en un delicado proceso como el de los paramilitares, es necesario que la información que surja se maneje con pinzas, no para ocultar las verdad, sino para ejecutar acciones que permitan la configuración de una investigación que recaude pruebas y permita la judicialización de los hechos: si esta era o no la intención del Gobierno, NUNCA lo vamos a saber, no por culpa de la revista que hizo la publicación y que estaba en todo su derecho (y su deber) de sacarla a la luz, sino por la irresponsabilidad de uno o varios altos mandos de la Policía Nacional.

Pero hay otro motivo para la división en la cúpula que el Gobierno terminó por conjurarla con una barrida casi total de los oficiales de Insignia (generales) de la Policía: desde hace algunos meses se viene ambientando un proyecto de ley para entregarle el mando de las unidades de policía a cada alcalde municipal y a sus respectivos gobernadores, lo que terminaría en la conformación de organizaciones armadas dependientes exclusivamente de las órdenes de los gobernantes local y departamental, quienes tendrían a sus órdenes, para fines no solo de seguridad sino de otras especies, a un aparato armado que está bajo su control y acata sus órdenes.

En la práctica esa propuesta, promovida por Luis Eduardo Garzón y cabildeada de a pocos por el PDA en el Congreso, permitiría que un alcalde afecto a las FARC (Ovejas, Sucre o Planadas, Tolima, por ejemplo) tendrían el control del orden público para adaptarlo a las necesidades operativas de las FARC.

Esa propuesta tenía ya algunos simpatizantes al interior de la cúpula de la Policía, mientras que otro grupo veía con preocupación las catastróficas consecuencias de esa decisión.

Ciertamente el anterior Director, Castro Castro, intentó limar estas situaciones, pues cada día la cúpula de la Policía estaba más politizada y algunos afirman que los generales parecían ruedas sueltas que solo respondían a intereses políticos.

Las posiciones eran tres: los generales gobiernistas, los afines al Polo Democrático y otro sector, aunque menos influyente, simpatizante y muy cercano a Rafael Pardo Rueda, quien tiene ingerencia en la cúpula de la Policía toda vez que tiene el apoyo de antiguos directores de la policía como Miguel Antonio Gómez Padilla. Todo esto significa que en las altas esferas de la Institución había más una batalla política que un equipo dedicado a enfrentar las diferentes y múltiples formas de criminalidad en el país.

Con la llegada del general Naranjo, además de la salida de once generales, la Institución puede tomar un rumbo más claro en cuanto a la investigación y a la inteligencia, pues Naranjo es uno de los oficiales con más trayectoria académica y operacional de la Policía.

Además, la corrupción al interior de la Institución tendrá en Naranjo a un poderoso enemigo, pues él diseñó el aparato de contrainteligencia de la Policía que tiene como misión descubrir a los corruptos y entregar las pruebas para procesarlos ante la justicia.

Y ni hablar de su hoja de vida, colmada de enormes aciertos que le han permitido al país respirar en diferentes épocas de la violencia y del narcotráfico: Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, el cartel de Cali, las caletas del cartel del norte del Valle y otros triunfos en su carrera, hacen pensar en una reorientación profunda y necesaria en la Policía Nacional.

Fue una buena decisión.

lunes, 14 de mayo de 2007

Las fosas comunes sin anestesia

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Vergüenza, mucha vergüenza se siente al contemplar el panorama desolador de los hallazgos de las fosas comunes en diferentes partes de la geografía nacional.

Centenares de seres humanos descuartizados y enterrados en cualquier potrero son desenterrados, mientras algunos de sus victimarios cuentan sin inmutarse, las historias más espeluznantes sobre el modo en que torturaban y destazaban vivas a sus víctimas.

Los peores relatos de horror que se conocen de la humanidad ya no son historias de bárbaros de otras latitudes. Ni siquiera las dramáticas narraciones de padres y abuelos sobre el salvajismo de la época de la violencia se pueden comparar con lo poco que se conoce hasta ahora del recorrido monstruoso y atroz de los paramilitares en diferentes regiones del país.

Según las autoridades, los desaparecidos atribuidos a los paramilitares son cerca de 10 mil, quienes estarían enterrados en más de 3 mil fosas comunes. Se calcula que para hallar y procesar esas fosas se necesitan, por lo menos, 80 millones de dólares.

Al parecer hay un principio de acuerdo en el número de desaparecidos en la sangrienta historia reciente de Colombia: 31 mil sería la cifra, esa que esconde 31 mil dramas, que desgarra día a día a 31 mil familias que esperan tener noticias de sus seres queridos.

¡Qué vergüenza! Un enfrentamiento de ambiciones egoístas, de atajismo y de lucha siniestra por el poder ha terminado por enterrar en parajes solitarios a 31 mil colombianos (sin incluir a un buen número de extranjeros) cuyas familias solo quieren saber que los suyos descansan en paz.

Esas familias quieren una verdad: la ubicación de los cadáveres de su gente, situación entendible que debe ser apoyada por toda la sociedad. Pero esas fosas comunes, esos miles de cadáveres cuya identificación tardará años, no servirán para esclarecer la verdad que requiere el país. Como máximo permitirá confirmar el salvajismo de los paramilitares, pero no irá al fondo del asunto.

Si bien es cierto que los deudos de los desaparecidos obtendrán una dolorosa satisfacción, la sociedad podría quedar en las mismas, pues faltan muchos más hitos para configurar un mapa que se aproxime a la verdad anhelada.

En ese mapa faltan todavía por ubicar las fosas de los miles de desaparecidos que han dejado las FARC y el ELN en su recorrido de sangre y muerte: Esas fosas, que están en las selvas del Yarí, en La Julia, Meta; en un amplio sector de los Llanos Orientales, en el Tolima, en el Urabá, en la región del páramo de Sumapaz en Cundinamarca; en Antioquia, en el Cauca y en el Huila (para solo mencionar algunos puntos geográficos) no serán develadas rápidamente, pues no hay a quién le interese indicar el sitio en donde está la prueba física de la barbarie de la guerrilla.

Además, porque si los paramilitares han tenido reticencias a la hora de señalar los lugares, estando enfrentados a la ley de Justicia y paz que los beneficia con un máximo de ocho años de prisión por todos sus crímenes; a las FARC y al ELN no les interesa nada distinto que el indulto y la amnistía completa y como eso es imposible, a la luz de las leyes nacionales e internacionales, difícilmente confesarán y colaborarán para desenterrar a sus víctimas.

Es que las cifras de desaparecidos, aceptando ese número de 31 mil víctimas, indican que los paramilitares enterraron en el olvido a 10 mil seres humanos, lo que indica que queda pendiente el descubrimiento de las fosas comunes con 21 mil desaparecidos. Por supuesto en esa cifra deben estar incluidos los miles de guerrilleros de las FARC y del ELN que han muerto en combate y sus comandantes, para no dejarle positivos al enemigo (positivos que se miden con cadáveres), ordenan que sean cargados y enterrados por sus “camaradas” en sitios relativamente lejanos al lugar del combate.

Sin embargo, encontrando los restos de los otros 21 mil desaparecidos, la verdad seguirá siendo incompleta, aunque las familias de esos miles de seres humanos también podrán tener algo de paz.

Aunque hoy el dolor es espeso al enfrentar las fosas de los paramilitares, y lo será también al destapar las fosas de las FARC y del ELN, lo cierto es que la sociedad colombiana tendrá que hacer una pregunta cuyas respuestas serán un martirio sin igual: ¿Porqué?

A los familiares les basta con recibir los restos de sus allegados, pero a la sociedad colombiana no: es fundamental negarse a recibir la anestesia e ir más allá, profundizar en los motivos, en el porqué de semejante barbarie, en las razones que impulsaron a unos y a otros a regar la sangre de sus compatriotas, pues esa será la única posibilidad de entender las situaciones (no justificarlas) para que no se repita la historia.

Así nos duela como la picadura de un alacrán, mientras no reclamemos que nos cuenten los motivos por los que torturaron, violaron, destazaron y asesinaron a sus víctimas, el país no podrá comenzar el proceso de cicatrización, pues el mal de fondo, las bacterias que infectan la herida, seguirán latentes y en cualquier momento volverá a supurar la herida.

Aquí hay que conocer las razones que tuvieron los comandantes paramilitares (y más adelante los de la guerrilla) para ordenar tal o cual asesinato, pues eso servirá para aproximarnos, como sociedad, al conocimiento del factor detonante que produjo la masacre: no se trata de juzgar a las víctimas de alguno de los bandos, sino de entender que hay elementos mucho más de fondo como la sospecha, la complicidad, la inquina de un vecino o la codicia por una tierra agradecida.

Pero eso se debe entender no como una narración sociológica, sino como una vivencia padecida por miles de víctimas inmersas en la indefensión, sujetas a la intimidación de las armas o enfrentadas a la ambición de poderosos que mediante los fusiles codiciaron y obtuvieron tierras para engordar sus propios capitales.

Mientras estas verdades no salgan a flote, mientras la Nación no las socialice, las enmiende y entienda que ese no es el camino y que los factores que detonaron esa barbarie deben ser despreciados y condenados al ostracismo, son muy altas las posibilidades de repetir o escalar la barbarie a niveles inimaginables.

viernes, 11 de mayo de 2007

¡Qué rabia!

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Imagínese que está construyendo un edificio, y en la medida que avanza y va tomando forma, viene otro con una cuadrilla demoliendo lo que ha construido.

Más o menos eso es lo que está sucediendo en el país con la imagen internacional.

Después de la demolida que le dio al país un vanidoso candidato derrotado -que originó, no que viniera un arbitro angelical a arreglar esas desavenencias, (en la tierra no hay de esos) sino que los inversionistas miraran hacia otro países, y los que ya estaban aquí se pusieran a rezar, listos para salir- llega a la presidencia un candidato elegido con el voto de opinión de los colombianos y contra la maquinaria política, que se dedica a trabajar en todos los flancos: el interno y el externo, la economía en lo macro y lo micro, la reingeniería estatal y la administración publica, la educación y la salud, la cultura y el deporte, y el clima de negocios y la equidad, sin olvidar la asistencia social.

El país aprendió en solo cuatro años con el ejemplo, lo que es un gobernante cerca del pueblo, que escucha sus quejas en concejos comunales; que toma decisiones objetivas con miras a producir resultados, y no como antes para mantener tranquilo a los perturbadores; que promete y cumple, que cambia la manera de hacer política, que acaba con las crisis ministeriales que en el pasado servían para que todos pudieran entrar a la fiesta y darle su mordisquito al presupuesto nacional, y que poco a poco comienza a construir un país, con la misma gente, pero con un alma renovada llena de esperanzas.

Y el país toma altura, y desde el exterior ven el edificio que se está levantando, y todos quieren venir a invertir en él, y los turistas a conocerlo, y los colombianos empiezan a sentirse orgullosos después de muchos años de humillaciones internacionales, y el nombre de Colombia en el exterior, que antes era asociado a café, y luego a coca, empieza a adoptar el nombre de sus figuras deportivas, de sus artistas, de sus escritores, y hasta de su presidente.

Tanto trabajar para conseguir al menos eso: elevarnos un poco del suelo, para que vengan otros, que se hacen llamar también colombianos, simplemente porque nacieron aquí, pero no porque lo sean, con martillos y cinceles, monas y buldózeres a derrumbar lo que se ha levantado.

¡Qué rabia!

Imagínense un enorme rompecabezas, de esos que tienen todas las fichas de igual forma, y que representan un monótono paisaje otoñal, y que estando ya a punto de terminarlo venga el hermanito que ve que usted pudo y él no, y se lo desordene. O una partida de ajedrez que su contrincante desbarata cuando usted tiene armada la estrategia que le dará la victoria. O el saboteo de un debate cuando el opositor se queda sin argumentos.

Afortunadamente, como la hormiguita que se cae casi llegando al techo, y como lo harían muchos de ustedes ante los tropezones de la vida, el gobierno en pleno, inicia la maratónica tarea para levantar lo que sus paisanos derrumbaron.

No se necesita mucha inteligencia para entender que los colombianos, que son los que eligen el gobierno con sus votos, se pondrán del lado de la hormiguita indefensa y trabajadora, y contra los destructores de los buldózeres. Así es la vida, sino, miren el repuntazo en la imagen presidencial.

La gran paradoja que muchos colombianos ya descubrieron, es que al buscar amigos en el imperio para derrumbar nuestra obra, ellos mismos se han convertido en arrodillados del imperio. Como si el imperio fuera buen aliado para el mal, pero malo, para el bien; y las armas buenas para derrocar gobiernos, pero malas para defenderlos

No hay nada que atente más contra la credibilidad que la falta de coherencia.

jueves, 10 de mayo de 2007

Buenaventura clama por soluciones estructurales

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

En medio de la política de Seguridad Democrática, cuya eficacia ha sido demostrada y ratificada por las cifras y la percepción de los ciudadanos, surge un lunar que requiere de una pronta intervención por parte del Estado: Buenaventura.

Evidentemente lo que está funcionando en muchas zonas del país no está surtiendo efecto en el principal puerto marítimo colombiano: pese a las medidas que el Gobierno ha tomado y al esfuerzo de las autoridades municipales, Buenaventura sigue siendo el centro de una guerra entre narcotraficantes de diferentes carteles: las FARC, los paramilitares y las estructuras armadas del cartel del norte del Valle libran una guerra sin cuartel en la que, como de costumbre, los más afectados son los ciudadanos indefensos.

Esa guerra que libran con acciones terroristas, pistoleros a sueldo, pandillas armadas al mejor estilo de la mara salvatrucha, está lejos de poderse enfrentar simplemente con la política de Seguridad Democrática, pues ante lo crítica y especial de la situación, las medidas deben tener la misma dimensión y concentrarse específicamente en las características particulares del conflicto que arrasa con Buenaventura y con su gente.

Esto significa que las medidas generales que surten efecto en el país no aplican ni tienen resultados positivos en la problemática violenta del puerto vallecaucano, en el cual se han reunido todas las formas de terrorismo y violencia que están disputando el punto estratégico para el comercio de estupefacientes.

Las características de acceso al mar, la geografía de Buenaventura y sus alrededores, la relativa cercanía con los principales centros de cultivo y producción de cocaína (Putumayo, Nariño, Cauca y Valle), la facilidad para el despacho de narcóticos a Centroamérica (puente de las rutas para llegar a los Estados Unidos) y el enorme tráfico marítimo hacen de ese puerto un lugar cuyo control es fundamental para los intereses de los narcoterroristas.

Todo lo anterior demuestra que el Gobierno nacional debe aplicarse a fondo en contrarrestar la arremetida violenta que padece Buenaventura. Para tal efecto, lo primero es reconocer que efectivamente es una problemática particular y más exigente que la situación de las demás regiones del país.
Posteriormente el Gobierno debe estructurar y aplicar medidas extremas, acordes con la condición extrema de violencia que sufre el puerto: así las cosas, acudiendo al manejo discrecional de las Fuerzas Armadas, el Presidente o el ministro de Defensa deben ordenar el traslado de TODOS los miembros de los diferentes organismos de seguridad y reemplazarlos con personal de otras guarniciones del país.

No se trata de poner en tela de juicio la integridad ni el profesionalismo de los militares y policías que actualmente trabajan en el puerto, pero evidentemente hay situaciones monstruosas que han pasado por alto, en teoría por omisión, que los obligan a dar un paso al costado para que lleguen mentes frescas a pensar soluciones para Buenaventura.

Es que la información sobre un retén PERMANENTE ubicado a la entrada del puerto (con hombres armados que le reportan a un importante personaje local) es alarmante y sabida por todos. En el retén, los camiones CON ALIMENTOS son detenidos y obligados a pagar un “impuesto” para que puedan llegar a la ciudad. Lo peor es que a los camiones, después de pagar, solo se les autoriza a seguir con la condición de que lleguen a las bodegas del capo corrupto que lidera la operación y, desde luego, acapara y cobra lo que se le da la gana por los alimentos, distribuidos por la red del capo en diferentes almacenes de abarrotes de la ciudad.

Paralelamente se hace indispensable la revisión de los esquemas de inteligencia que se están desarrollando en el puerto, pues los actuales no han dado resultados y la función fundamental, la carrera contra el terrorismo, se ha perdido sistemáticamente. Puede que el personal de inteligencia en Buenaventura sea altamente calificado, pero los resultados demuestran que sus estrategias y acciones han fracasado o los sobrepasó por la confluencia de todos los violentos en ese puerto colombiano.

El tema de la inteligencia no solo debe analizarse desde la perspectiva humana, siempre falible sobre todo en una confrontación desigual como es la guerra contra el terrorismo, sino desde la óptica de los recursos y de la tecnología disponibles para atender las necesidades particulares de Buenaventura.

Adicionalmente el Gobierno está en mora de crear una gerencia de seguridad para el puerto que se encargue específicamente de los esquemas de vigilancia, de protección de infraestructura, de analizar los informes de inteligencia y que además asuma la responsabilidad de convertirse en un enlace entre la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, el DAS y los gobiernos central, departamental y local.

Una vez estas medidas se apliquen, y comiencen a dar los primeros resultados, el Gobierno necesitará concentrar sus esfuerzos también en la inversión social y en la infraestructura de Buenaventura, posiblemente mediante una gerencia social que aborde la enorme problemática de los habitantes del puerto.

Esa gerencia deberá enfocarse en la solución de necesidades básicas inmediatas y a mediano plazo, reestructurar o fortalecer (si existen) los programas para atender a niños y jóvenes, establecer puentes que permitan llevar educación e inversión a esa región el país, aplicando con especial preferencia los programas como el banco de las oportunidades y el de familias en acción, pues la consigna debe ser el quitarles a los violentos y corruptos el control social que les permite contratar mano de obra barata para sus propósitos criminales.

No se puede olvidar que Buenaventura es el principal puerto colombiano, y en plena etapa de crecimiento económico y de globalización (con varios tratados de libre comercio en ciernes con Chile y Centroamérica, por ejemplo) no se les puede entregar semejante espacio a los terroristas.

Referencias:
Terrorismo desatado. La Patria.
La violencia y el terrorismo siguen golpeando a Buenaventura. Caracol.

Noticias relacionadas:

50% de niños heridos a bala en el Valle, son de Buenaventura. Caracol.
Ataque de las FARC en Buenaventura deja un muerto y dos heridos. CM&
Neutralizado ataque en Buenaventura. Institucional Armada Nacional.
Pistolero asesinó a un gobernador indígena en Buenaventura. El Tiempo.
930 detenidos, acusados de la violencia en Buenaventura. Caracol.

miércoles, 9 de mayo de 2007

Garantías de seguridad

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

El esquema de seguridad del senador Gustavo Petro detectó movimientos sospechosos de dos sujetos, en cercanías a la casa de la señora madre del Senador, casa en la que además vive una ex-compañera romántica del político del PDA.

Cuando los agentes del DAS indagaron a los dos sujetos, estos primero se identificaron como miembros de ese Departamento y posteriormente indicaron que eran del Ejército y trabajaban en contrainteligencia.

En las últimas horas se supo que efectivamente los dos sub oficiales estaban investigando la presencia de círculos bolivarianos en Colombia(los paramilitares de Chávez que son muy cercanos a las FARC). Además, los suboficiales venían adelantando el seguimiento de una mujer llamada ‘Andrea’ quien supuestamente es el enlace, procedimiento que los llevó prácticamente a la puerta de la familia de Gustavo Petro.

No se si esto sea una justificación muy acomodada para explicar la presencia de los dos militares en el área, pero la presencia de la ex compañera sentimental de Petro en la casa de su ex suegra y a donde seguramente el político va con su esposa, pues despierta la curiosidad por lo menos en la particular y civilizada conformación de la familia del Senador.

Paralelamente, en la plenaria del Senado, Petro denunció que el actual director del DAS, Andrés Peñate, le informó que ya estaban en Bogotá 10 hombres altamente entrenados, dotados con armamento de alta tecnología y con la orden de cometer un atentado contra el senador opositor.

Sin embargo, estas informaciones surgen pocas horas después de conocerse la encuesta de Gallup Poll en la que Gustavo Petro registra una imagen desfavorable de 43 puntos, la más alta desde el año 2005 cuando se comenzó a medir la favorabilidad de Petro (tenía 19 puntos de imagen desfavorable y 15 de favorable). Mientras tanto, su imagen favorable viene en descenso desde diciembre de 2006 (cuando tuvo 26 puntos que es el máximo puntaje obtenido por el Senador) y se ubicó en 21 puntos, que es prácticamente la cifra constante en la favorabilidad de Gustavo Petro.

La oposición, como ha ocurrido en este Gobierno, debe contar con todas las garantías y aquellos que muestran su animadversión apasionada contra el Presidente, deben tener una protección particular que implica un esquema de seguridad que no deje ningún elemento al azar: no tendría NINGUNA explicación, ni justificación, ni sería aceptable bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA; que a Petro, o a cualquier miembro de la oposición le ocurriera un atentado ni mucho menos que perdiera la vida en aras de difundir y expresar su propia verdad.

Además, un atentado contra el Senador solo perjudicaría al Presidente y a Colombia, y ciertamente beneficiaría, por réditos políticos de una desgracia (recordemos a Gaviria Cesar) a quienes se acogerían al amparo de un mártir de la izquierda democrática.

Petro sabe que el no tener a Uribe fuera del poder será algo que le va a costar, porque hay sectores que no perdonan los errores políticos y los malos cálculos en una estrategia: si la promesa era tumbar al Presidente o debilitarlo (dejarlo a punto), pues evidentemente el tiro salió por la culata y esos errores los cobran caros.

Basta con recordar al representante de las FARC en las negociaciones con Belisario Betancur, un guerrillero parecido a Alfonso Cano que se hacía llamar Braulio Herrera, quien después del fracaso de ese proceso pasó al ostracismo y no se volvió a saber de él: incluso algunos esperábamos que hiciera su reaparición en la zona de distensión, pero nunca ocurrió. Sin embargo, para afectar al Presidente cualquiera es sacrificable (a la luz de la combinación de todas las formas de lucha) con tal de propinar un fuerte golpe al Presidente que los tiene debilitados y en declive.

Así las cosas, la sucesión de hechos tiene varios ingredientes que vale la pena tener en cuenta: una ex compañera sentimental que vive con la suegra y que recibe a su antigua pareja con su nueva familia; una investigación sobre los acercamientos o vínculos con los círculos bolivarianos que llevó a las puertas de la familia del Senador, una encuesta que de momento desinfla cualquier aspiración de Petro en el 2010 y una amenaza contra la vida del parlamentario del PDA.

Todo es muy serio, pero lo primordial es que a Gustavo Petro se le debe garantizar la vida en Colombia, pues muchos no estamos dispuestos a aceptar que sea asesinado uno de los máximos exponentes de la oposición, ya sea por parte de fuerzas oscuras o por parte de los terroristas de las FARC.

Tampoco parece sano que unidades militares de inteligencia o contra inteligencia estén merodeando las propiedades de la familia de un opositor, porque ese es un acto de intimidación INACEPTABLE en la democracia que queremos, más aún si su imagen ante los ciudadanos está tan debilitada, salvo si existen elementos investigativos que permitan afirmar que existe una relación directa entre el Senador y una organización criminal. Pero eso merece un manejo mucho más prudente y contundente: confrontación rápida de pruebas y procesamiento de las mismas para entregarlas ante la Corte Suprema de Justicia que es la institución encargada de determinar si el investigado es culpable o inocente de alguna conducta punible.

martes, 8 de mayo de 2007

Los niños son el blanco preferido de los secuestradores

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Las cifras del secuestro en Colombia muestran dos realidades: la positiva es que este flagelo se ha reducido ostensiblemente e indican que la lucha contra el secuestro va por buen camino.

Pero la negativa, la que arruga el corazón, es que los criminales de la industria del secuestro, han tomado como blanco de su delito a los más débiles: los menores de edad.

Según el último informe sobre el perfil de las víctimas, publicado por Fondelibertad, en lo corrido de este año han sido secuestrados 27 niños, lo que significa que el 22% de los secuestros reportados este año han sido cometidos contra menores de edad.

Lo más grave es que, de acuerdo al perfil de las víctimas, los niños son el blanco favorito de los criminales, incluso muy por encima de los comerciantes, que hasta hace poco eran los más afectados por este delito.

La inquietante tendencia de escoger a los menores de edad como sus víctimas se vislumbró con más claridad desde el 2006, cuando fueron secuestrados 110 niños, por encima de comerciantes (95), empleados (57) y funcionarios públicos (6).

Otro asunto que debe asumirse desde ya, es que en los últimos años, el mayor porcentaje de secuestros los realiza la delincuencia común: desde el año 2004, la delincuencia común ha secuestrado a 974 personas, lo que significa que el 32% de los plagios son cometidos por bandas organizadas de secuestradores, algunas de las cuales venden a las FARC a sus víctimas.

Después de la delincuencia común, las FARC tienen el deplorable segundo lugar en la industria del secuestro: desde el año 2004 han secuestrado a 661 colombianos, lo que representa una participación de las FARC del 22% en la criminal acción que es una política financiera de la organización terrorista.

Es que las FARC, además, ocupan el primer lugar en el número de secuestros desde 1996 hasta febrero de 2007: en total han perpetrado 6758 plagios, lo que significa que el 29,1% de los secuestros en Colombia han sido cometidos por los terroristas, seguidos por el ELN con 5379 plagios (23,1%) y por la delincuencia común con 3732 secuestros, es decir, una participación del 16% del total de los plagios registrados en Colombia en los últimos 122 meses.

Así mismo las Autodefensas han cometido, en el mismo periodo de tiempo, 1164 secuestros (el 5% en 122 meses), aunque la participación en la industria del secuestro de este sector violento y criminal se reduce desde el año 2003, registrando 348 plagios en el periodo 2003 – febrero 2007, con una participación del 6,7% del total de secuestros en el país.

Este año, las Autodefensas secuestraron a un colombiano, mientras que el año pasado lo hicieron con 10 personas indefensas: indudablemente esta abominable situación debe ser esclarecida, porque si hay de por medio un proceso de paz, no se entiende cómo un grupo desmovilizado continúa con la monstruosa práctica del secuestro.

Las buenas noticias

En 1996, Colombia padeció 1038 secuestros. Sin embargo, la mayor cantidad de secuestros se produjo en los años 1999 (3204) y 2000 (3572): en esos años se produjeron en total 6776 plagios, lo que corresponde al 29,1% del total de secuestros ocurridos en Colombia desde 1996 hasta febrero de 2007.

A partir del año 2001, la cifra comenzó a decrecer: ese año se registraron 2917 plagios y un año después fueron reportados 2882 secuestros. Posteriormente, en 2003 se presentaron 2121 secuestros y en el año 2004 fueron reportados 1440.

Sin embargo, a partir del año 2005, la curva de las estadísticas comenzó a mostrar un declive decisivo al reportarse 800 secuestros. Ya para el año 2006, Colombia padeció el secuestro de 687 personas. En cuanto a lo que ha ocurrido este año, las autoridades han registrado 120 secuestros hasta el 28 de febrero, lo que indica un promedio de 60 plagios mensuales.