Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
En medio de la política de Seguridad Democrática, cuya eficacia ha sido demostrada y ratificada por las cifras y la percepción de los ciudadanos, surge un lunar que requiere de una pronta intervención por parte del Estado: Buenaventura.
Evidentemente lo que está funcionando en muchas zonas del país no está surtiendo efecto en el principal puerto marítimo colombiano: pese a las medidas que el Gobierno ha tomado y al esfuerzo de las autoridades municipales, Buenaventura sigue siendo el centro de una guerra entre narcotraficantes de diferentes carteles: las FARC, los paramilitares y las estructuras armadas del cartel del norte del Valle libran una guerra sin cuartel en la que, como de costumbre, los más afectados son los ciudadanos indefensos.
Esa guerra que libran con acciones terroristas, pistoleros a sueldo, pandillas armadas al mejor estilo de la mara salvatrucha, está lejos de poderse enfrentar simplemente con la política de Seguridad Democrática, pues ante lo crítica y especial de la situación, las medidas deben tener la misma dimensión y concentrarse específicamente en las características particulares del conflicto que arrasa con Buenaventura y con su gente.
Esto significa que las medidas generales que surten efecto en el país no aplican ni tienen resultados positivos en la problemática violenta del puerto vallecaucano, en el cual se han reunido todas las formas de terrorismo y violencia que están disputando el punto estratégico para el comercio de estupefacientes.
Las características de acceso al mar, la geografía de Buenaventura y sus alrededores, la relativa cercanía con los principales centros de cultivo y producción de cocaína (Putumayo, Nariño, Cauca y Valle), la facilidad para el despacho de narcóticos a Centroamérica (puente de las rutas para llegar a los Estados Unidos) y el enorme tráfico marítimo hacen de ese puerto un lugar cuyo control es fundamental para los intereses de los narcoterroristas.
Todo lo anterior demuestra que el Gobierno nacional debe aplicarse a fondo en contrarrestar la arremetida violenta que padece Buenaventura. Para tal efecto, lo primero es reconocer que efectivamente es una problemática particular y más exigente que la situación de las demás regiones del país.
En medio de la política de Seguridad Democrática, cuya eficacia ha sido demostrada y ratificada por las cifras y la percepción de los ciudadanos, surge un lunar que requiere de una pronta intervención por parte del Estado: Buenaventura.
Evidentemente lo que está funcionando en muchas zonas del país no está surtiendo efecto en el principal puerto marítimo colombiano: pese a las medidas que el Gobierno ha tomado y al esfuerzo de las autoridades municipales, Buenaventura sigue siendo el centro de una guerra entre narcotraficantes de diferentes carteles: las FARC, los paramilitares y las estructuras armadas del cartel del norte del Valle libran una guerra sin cuartel en la que, como de costumbre, los más afectados son los ciudadanos indefensos.
Esa guerra que libran con acciones terroristas, pistoleros a sueldo, pandillas armadas al mejor estilo de la mara salvatrucha, está lejos de poderse enfrentar simplemente con la política de Seguridad Democrática, pues ante lo crítica y especial de la situación, las medidas deben tener la misma dimensión y concentrarse específicamente en las características particulares del conflicto que arrasa con Buenaventura y con su gente.
Esto significa que las medidas generales que surten efecto en el país no aplican ni tienen resultados positivos en la problemática violenta del puerto vallecaucano, en el cual se han reunido todas las formas de terrorismo y violencia que están disputando el punto estratégico para el comercio de estupefacientes.
Las características de acceso al mar, la geografía de Buenaventura y sus alrededores, la relativa cercanía con los principales centros de cultivo y producción de cocaína (Putumayo, Nariño, Cauca y Valle), la facilidad para el despacho de narcóticos a Centroamérica (puente de las rutas para llegar a los Estados Unidos) y el enorme tráfico marítimo hacen de ese puerto un lugar cuyo control es fundamental para los intereses de los narcoterroristas.
Todo lo anterior demuestra que el Gobierno nacional debe aplicarse a fondo en contrarrestar la arremetida violenta que padece Buenaventura. Para tal efecto, lo primero es reconocer que efectivamente es una problemática particular y más exigente que la situación de las demás regiones del país.
Posteriormente el Gobierno debe estructurar y aplicar medidas extremas, acordes con la condición extrema de violencia que sufre el puerto: así las cosas, acudiendo al manejo discrecional de las Fuerzas Armadas, el Presidente o el ministro de Defensa deben ordenar el traslado de TODOS los miembros de los diferentes organismos de seguridad y reemplazarlos con personal de otras guarniciones del país. No se trata de poner en tela de juicio la integridad ni el profesionalismo de los militares y policías que actualmente trabajan en el puerto, pero evidentemente hay situaciones monstruosas que han pasado por alto, en teoría por omisión, que los obligan a dar un paso al costado para que lleguen mentes frescas a pensar soluciones para Buenaventura.
Es que la información sobre un retén PERMANENTE ubicado a la entrada del puerto (con hombres armados que le reportan a un importante personaje local) es alarmante y sabida por todos. En el retén, los camiones CON ALIMENTOS son detenidos y obligados a pagar un “impuesto” para que puedan llegar a la ciudad. Lo peor es que a los camiones, después de pagar, solo se les autoriza a seguir con la condición de que lleguen a las bodegas del capo corrupto que lidera la operación y, desde luego, acapara y cobra lo que se le da la gana por los alimentos, distribuidos por la red del capo en diferentes almacenes de abarrotes de la ciudad.
Paralelamente se hace indispensable la revisión de los esquemas de inteligencia que se están desarrollando en el puerto, pues los actuales no han dado resultados y la función fundamental, la carrera contra el terrorismo, se ha perdido sistemáticamente. Puede que el personal de inteligencia en Buenaventura sea altamente calificado, pero los resultados demuestran que sus estrategias y acciones han fracasado o los sobrepasó por la confluencia de todos los violentos en ese puerto colombiano.
El tema de la inteligencia no solo debe analizarse desde la perspectiva humana, siempre falible sobre todo en una confrontación desigual como es la guerra contra el terrorismo, sino desde la óptica de los recursos y de la tecnología disponibles para atender las necesidades particulares de Buenaventura.
Adicionalmente el Gobierno está en mora de crear una gerencia de seguridad para el puerto que se encargue específicamente de los esquemas de vigilancia, de protección de infraestructura, de analizar los informes de inteligencia y que además asuma la responsabilidad de convertirse en un enlace entre la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, el DAS y los gobiernos central, departamental y local.
Una vez estas medidas se apliquen, y comiencen a dar los primeros resultados, el Gobierno necesitará concentrar sus esfuerzos también en la inversión social y en la infraestructura de Buenaventura, posiblemente mediante una gerencia social que aborde la enorme problemática de los habitantes del puerto.
Esa gerencia deberá enfocarse en la solución de necesidades básicas inmediatas y a mediano plazo, reestructurar o fortalecer (si existen) los programas para atender a niños y jóvenes, establecer puentes que permitan llevar educación e inversión a esa región el país, aplicando con especial preferencia los programas como el banco de las oportunidades y el de familias en acción, pues la consigna debe ser el quitarles a los violentos y corruptos el control social que les permite contratar mano de obra barata para sus propósitos criminales.
No se puede olvidar que Buenaventura es el principal puerto colombiano, y en plena etapa de crecimiento económico y de globalización (con varios tratados de libre comercio en ciernes con Chile y Centroamérica, por ejemplo) no se les puede entregar semejante espacio a los terroristas.
Referencias:
Terrorismo desatado. La Patria.
La violencia y el terrorismo siguen golpeando a Buenaventura. Caracol.
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Pistolero asesinó a un gobernador indígena en Buenaventura. El Tiempo.
930 detenidos, acusados de la violencia en Buenaventura. Caracol.
