El ministro de Defensa no ha creído la versión y ordenó una investigación para determinar la situación en que esos 21 colombianos fallecieron. No es para menos: el fenómeno de desapariciones y de reclutamiento forzado está creciendo peligrosamente en Colombia, como si los bandos enfrentados estuvieran preparando el asalto final y esto hace necesario que se aclare si hay participación de uniformados en estos delitos de lesa humanidad.
Es innegable que algunos militares tienen la manía facilista de obtener resultados a como dé lugar y calculan el éxito operativo por el número de bajas enemigas en su jurisdicción. Ciertamente ese es uno de los indicadores de eficacia militar en una guerra, pero incurrir en delitos gravísimos para mostrar resultados no tiene nada que ver con la confrontación y sí con la mediocridad de tomar un atajo para alcanzar los objetivos.
Esa actitud de algunos mandos se convierte en un peligro inminente para todo el país, pues en el afán del positivo, no importa lo que tengan que hacer para mostrar unos cadáveres, envueltos en bolsas negras, para adjudicarles un alias y un prontuario delictivo. La monstruosa ecuación un muerto, un positivo; no puede pasarse por alto y mucho menos dejar tranquila a la ciudadanía.
En el caso de los 21 desaparecidos de Soacha es necesario preguntar cómo llegaron al sitio, quién los llevó a la cita con la muerte y qué actividad estaban desarrollando.
Hay que exigir respuestas y no tragar enteras las justificaciones inaceptables que algunos pretenden dar al señalar que cuatro de los desaparecidos tenían antecedentes penales. No señores: uno de los desaparecidos en Soacha registraba una condena por inasistencia alimentaria. El hombre pudo ser un irresponsable, un criminal que abandonó a su hijo y todos los calificativos que se le quieran dar. Pero de ahí a entrar en combate, sin ninguna experiencia en el manejo de armas, hay una enorme distancia que difícilmente pudo recorrer en tan corto tiempo.
Sin embargo esa justificación obliga a plantear algunas preguntas: ¿Acaso la situación de los reclutadores es tan desesperada como para recibir a los novatos y, sin ninguna instrucción, entregarles un fusil para mandarlos directamente al combate? ¿Cómo hicieron los reclutadores para conocer los antecedentes de los reclutas? ¿Cuáles fueron los “méritos” para incorporarlos a las filas criminales? Mucho me temo que las respuestas a estos interrogantes podrían enfrentarnos a una aterradora realidad: una sofisticada forma de limpieza social en la que estarían participando miembros de las Fuerzas Militares y personas con poder dentro de sus núcleos sociales.
No se puede pasar por alto que todos los jóvenes cuyos cadáveres fueron encontrados en una fosa común del cementerio de Ocaña, Norte de Santander, salieron del municipio de Soacha, Cundinamarca y que algunos fueron reportados como bajas en combate dos o tres días después de su desaparición. De repente a alguien en Soacha le resultaban incómodos estos muchachos y por eso elaboraron una complicada trama de engaños, traslado y ejecución que tendría el “bono adicional” de beneficiar a algún militar con el resultado del supuesto combate.
En la investigación que viene adelantando la Fiscalía General no se puede descartar ninguna hipótesis y así como se considera la posibilidad del reclutamiento por parte de bandas emergentes, es necesario dejar claro ante el país el recto proceder de las Fuerzas Militares colombianas o en su defecto, dar la cara y señalar a los culpables de esta macabra situación.
No obstante, si efectivamente son las bandas emergentes las que sedujeron a estos jóvenes con promesas económicas y paraísos futuros, resulta también muy grave que puedan seguir operando y reclutando gente como si estuviera cocinándose una vertiginosa escalada de guerra.
Como es tradición en Colombia, son jóvenes humildes los que sirven de carne de cañón. Aquellos a quienes no les importan estos desaparecidos simplemente por ser pobres, deberían ver que la máquina de violencia cada vez es más voraz y poco a poco necesitará más y más sangre, ya no solo de albañiles sino de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales del común, pues lo cierto es que aquellos que promueven la violencia protegen a sus hijos con residencia y estudios en el exterior… para que no los toque la barbarie que sus progenitores han esparcido por todo el país.
AL CIERRE: En las últimas horas se conocieron las denuncias sobre una práctica infame que están adelantando algunas unidades militares. Se trata del reclutamiento de jóvenes por parte del Ejército. Los soldados se ubican en sitios estratégicos, hacen las ingratas batidas (requisa, presentación de documentos y al camión), se llevan incluso a los menores de edad y muchas horas después aparecen en un cuartel en Boyacá.
Retener a menores de edad, incomunicarlos y trasladarlos de ciudad sin que sus padres tengan la menor noticia de lo que ocurre no parece ético ni legal, pues la ley es clara sobre la tutoría de los menores de edad por parte de los padres. Es más: el Estado no puede atribuirse la potestad de decidir por los menores, subirlos en un camión y llevarlos a otra ciudad.
En este sentido es inexplicable que se condene el reclutamiento forzado de menores por parte de las Farc y de las bandas emergentes, pero se minimice dicho reclutamiento en las Fuerzas Militares con el argumento de que legalmente es permitida la incorporación de jóvenes de 17 años ya que algunos terminan la secundaria a los 16… ¡Eso es una justificación peregrina! Si se necesita incrementar el pie de fuerza, que hagan las batidas y recojan a los adultos que no tienen libreta militar para que porten el uniforme y le laven el carro al coronel.
Además, ese reclutamiento de menores resulta incoherente con la modernización que se viene adelantando en las Fuerzas Militares y sobre todo con la profesionalización del Ejército que implica la paulatina reducción de soldados bachilleres y regulares, para darles paso a aquellos que optan por la milicia como forma de vida.
Se sabe que un ejército profesional es mucho más efectivo que uno conformado por soldados que permanecen 18 meses en las filas y luego regresan a la vida civil. De hecho en ese propósito se han invertido importantes recursos, pues los resultados operacionales y la reducción en el número de bajas se debe, en buena parte a dicha profesionalización, a la permanencia de esos soldados en el Ejército y por consiguiente, a la posibilidad de reentrenamiento para las unidades de combate. Todo lo anterior no es posible con los reclutas bachilleres o con los soldados regulares, que además generan un desgaste innecesario en los cuadros de mando de las Fuerzas Militares.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
