Los Diez Mitos de PIedad Córdoba vs. la Realidad

Piedad Córdoba (o 'Teodora de Bolívar', como quieran llamarla) está haciendo un periplo, universidad por universidad y aprovecha cualquier evento con masiva asistencia de universitarios para exponer su "verdad", su "cosmovisión" y justificando sus actos apátridas. Hay que ver cuántos ingenuos caen en su logorréica telaraña.

Generalmente doña Piedad tiene por fundamento estos 10 argumentos o "mitos" los cuales procederé a destruir uno por uno:

• MITO 1: Según Piedad, las FARC no son el problema de Colombia y los grupos armados ilegales son ''consecuencia de un modelo de desarrollo injusto y excluyente''.

•REALIDAD: Las FARC las creó el Partido Comunista (el "papá" del POLO también) y el ELN fue auspiciado por la revolución cubana. Surgen para conseguir el poder por las armas y no son resultado de las desigualdades que caracterizan a cualquier nación en vía de desarrollo. Por su parte, los paramilitares fueron más instrumentos del narcotráfico.

• MITO 2: ''El conflicto colombiano lleva 60 años''.

• REALIDAD: es el falso mito fundacional de las FARC. La muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 acentuó la violencia entre los partidos políticos la cual se desató en 1930, pero es equivocado creer que sea el origen de las actuales guerrillas. Estas surgen de la mano de ideologías foráneas que utilizan la problemática social para legitimar crímenes y disfrazarlos de causa política. No es el apoyo popular, ni la existencia de un ''conflicto'', es el narcotráfico el que impide que hayan desaparecido.

• MITO 3: Raúl Reyes y Manuel Marulanda tenían ''buena voluntad y la intención [de liberar] a los rehenes por parte de las FARC''. Además, Piedad cree que se necesitan más Marulandas ''para que Colombia pueda salir de todo este hoyo profundo en que está''.

• REALIDAD: ¿Cuál buena voluntad? Nunca debieron secuestrarlos, tampoco someterlos a tratos crueles e inhumanos y, mucho menos, mantenerlos en la selva por tantos años. La ''buena intención'', que exalta la camarada, se traduce en la orden de asesinarlos en caso de rescate y en querer institucionalizar el secuestro bajo el disfraz de ''acuerdos humanitarios''. ¡Por Dios! ¡Colombia no merece más terroristas!

• MITO 4: Señaló que el gobierno colombiano prometió 100 millones de dólares por información que condujera al rescate de Ingrid Betancourt ''en un operativo similar al que hicieron cuando invadieron territorio ecuatoriano''.

• REALIDAD: Esa opción estaba descartada. Por el contrario, la decisión era realizar un ''cerco humanitario'' e informar a la comunidad internacional la ubicación de los secuestrados, para evitar su asesinato por las FARC. Al igual que pagar recompensas a los guerrilleros a cambio de que los liberaran. La magnífica acción de inteligencia con la que las fuerzas militares consiguieron el regreso de Ingrid y 14 cautivos más lo demuestra.

• MITO 5: el ''principal obstáculo'' para el acuerdo humanitario es Álvaro Uribe Vélez, cuyo gobierno es un ''régimen mafioso''.

• REALIDAD: La senadora omite que Colombia es una democracia donde a pesar de dificultades y altibajos el estado de derecho funciona. La mejor prueba son las actuales investigaciones y condenas a políticos de la coalición de gobierno y de la oposición por relaciones con grupos narcoparamilitares. Entre otras cosas, algunos de ellos avalados por la propia Piedad en las elecciones de 2003.

Olvida que la administración Uribe llegó al absurdo de ofrecer la excarcelación de todos los farianos a cambio de la libertad de Ingrid y de pedirle junto a Chávez ayuda. Ambos terminaron asumiendo la condición de cancilleres de la guerrilla. Para colmo de males, el semanario francés París Match reveló que de acuerdo a comunicaciones entre cabecillas de las FARC, en diciembre, Córdoba les recomendó no liberarla. ¡Aberrante!

• MITO 6: Las computadoras incautadas a las FARC son ''un montaje'' y ''una mentira''.

• REALIDAD: Obvia afirmación de quien enfrenta dificultades jurídicas por presunta complicidad con esa organización. Hace unos días el Comité Ejecutivo de Interpol ''respaldó íntegramente'' el informe del secretario general y ''todas sus conclusiones''. La agencia ya había ratificado que las laptops no fueron alteradas por las autoridades colombianas.

• MITO 7: Miembros de las FARC no se refugian en Venezuela y lo que existe es una estrategia diseñada por el gobierno colombiano y el Departamento de Estado norteamericano.

• REALIDAD: ¡La misma excusa de Chávez! La verdad es que no sólo están en Venezuela, también su gobierno les ofreció financiación, armas y protección. Testimonios de desmovilizados de la guerrilla, ex secuestrados y múltiples decomisos de armamento y munición lo comprueban, para no hablar de los correos electrónicos de Iván Márquez, ni de comunicaciones interceptadas.

•MITO 8: Uribe juega a ''la salida de guerra'' y no a ''un proceso de paz''.

• REALIDAD: quienes pretenden hacer la guerra al estado colombiano son el narcotráfico y las guerrillas. La Política de Seguridad Democrática ha pacificado la casi totalidad del país y el ejercicio legítimo de la autoridad ha sido el más exitoso proceso de paz.

• MITO 9: en Colombia se ''quiere matar a todo el que piense distinto''.

• REALIDAD: tampoco es cierto. La oposición tiene garantías democráticas a pesar de que subsisten problemas de seguridad. En 2007 fueron asesinados 30 candidatos, la mayoría de partidos uribistas y algunos del liberalismo. Ninguno de izquierda. Casi todos por balas de las FARC.

• MITO 10: finalmente, reconoce que no ''puede aspirar a la presidencia de Colombia'' por ''el desgaste'' político que ha ''sufrido''.

• REALIDAD: Eso no piensan ella, Chávez y las FARC que, de acuerdo a los emails de la cúpula terrorista, apoyan su candidatura.

¿Qué está detrás de ese discurso? La legitimación de la existencia y accionar de las guerrillas y la correlativa deslegitimación del gobierno, dos elementos indispensables para la ''epopeya revolucionaria''.

Es evidente que debajo del turbante de la camarada Piedad no hay precisamente una cabeza llena de ideas.

Por Édgar Francisco Bermúdez. Columnista de Atrabilioso.

Armas de avestruz

Todo el mundo ha oído hablar de lo que hacen los avestruces cuando se ven en peligro y no ven una forma de huir: esconder la cabeza, tal vez no tanto porque “crean” que lo que no ven no ocurre cuanto por evitar un colapso de su organismo a causa de la angustia. Pero hay muchos casos en que ese arte de no ver se aplica como recurso de adaptación, y no propiamente por quienes se sienten amenazados.

En realidad, más que “no ver” se encuentra la conducta de callar, la omertà siciliana, algo propio de ambientes sometidos a poderes criminales o perversos. Tal es el caso de la sociedad colombiana en lo que concierne a su “superestructura” (concepto este que manejaba la ideóloga marxista Martha Harnecker y que corresponde a la parte de la sociedad que se encarga de las ideas, los valores, el gusto, etc.). Tanto en la universidad como en la prensa conviene no ver o fingir que no se ve para no resultar expuesto a la intimidación, a la exclusión o a un protagonismo peligroso, como el que afrontan Plinio A. Mendoza, José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño y últimamente Ernesto Yamhure.

La vigente campaña de descalificación del gobierno a causa de la inclinación del presidente a responder a las calumnias y bajezas de sus enemigos permite detectar en quienes participan en ella, que son mayoría entre los columnistas de la gran prensa, esa actitud de no ver, o de no querer ver, o de no querer reconocer lo que se ve. Para hacer frente a esa forma “tácita” de la mentira, que por desgracia encuentra poca respuesta entre los colombianos, haré una lista de asertos que cada lector podrá evaluar con las opciones Verdadero o Falso.

1. La ideología comunista y la admiración por la Revolución cubana han sido profesadas por la mayoría de las personas que han pasado por las universidades públicas colombianas en el último medio siglo. ¿Verdadero o falso?

La actitud más o menos unánime de los periodistas es de “distracción” respecto a ese hecho. NUNCA se recuerda, y cuando no hay más remedio que admitirlo se muestra ante él una sonrisa indulgente. Debido a esa presión del engaño es casi un suicidio explicar que las guerrillas SÓLO aplican lo que se vociferaba en la mayoría de las universidades hace treinta años.

2. Las guerrillas del ELN y las FARC, aparte de más de media docena de bandas menores, han estado formadas sobre todo por estudiantes de esas universidades, siendo por lo general los individuos de origen rural reclutados en la infancia simple carne de cañón. ¿Verdadero o falso?

También es un hecho que la prensa soslaya, siendo frecuente la insistencia en las guerrillas como meros fenómenos agrarios o rurales.

3. Las organizaciones políticas llamadas de “izquierda”, señaladamente el Partido Comunista de Colombia, pero también las demás, han sido históricamente afines a las guerrillas, cuyas actividades justifican y a las que NUNCA les han pedido que se desmovilicen renunciando a sus objetivos. ¿Verdadero o falso?

Decir eso en Colombia es causar el escándalo y aun peligroso para la vida de quien lo hace. ¿Recuerda alguna vez alguien alguna mención en la prensa a ese hecho? Prácticamente todas las alusiones a esos grupos insisten en la idea de que buscan la paz y son por completo ajenos a las guerrillas.

4. Durante el gobierno de Andrés Pastrana y el proceso de negociación con las FARC menos del 5 % de los editoriales y artículos de opinión aparecidos en El Tiempo, El Espectador, Semana, Cambio, El Nuevo Siglo y Cromos ponían en duda que fuera lícito para el gobierno negociar las leyes y el futuro de las instituciones con los autores de innumerables atrocidades. ¿Verdadero o falso?

Últimamente el fervor en torno a esas negociaciones de paz y a ese acuerdo que libraría al país de la violencia es menos notorio, pero por supuesto no hay ningún rechazo a esa idea en la prensa: todo consiste en que la gente no quiere admitir que los principales interesados en esa negociación eran los dueños de esos medios y que probablemente las atrocidades fueran simples encargos de esos personajes.

5. El partido conocido como Polo Democrático Alternativo ha sido siempre abiertamente solidario con los actuales gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, los cuales a su vez son abiertamente solidarios con las guerrillas de las FARC y el ELN. ¿Verdadero o falso?

Hace falta una mente criminal o algún daño neurológico grave para no darse cuenta de que la gran prensa colombiana NUNCA reseña ese hecho. Se trata de una potente maquinaria dedicada a propagar mentiras, particularmente “mentiras por omisión”, como las que atañen a esa organización.

6. Todas las medidas tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para impedir los secuestros y asesinatos que cometen las guerrillas comunistas han sido contestados por ese partido, así como por otras organizaciones de oposición, como el llamado Partido Liberal. ¿Verdadero o falso?

Día tras día la máquina de propaganda de los empresarios del terror oculta ese hecho, de lo que resulta la extraña percepción de que el gobierno y el presidente son una causa de la violencia y obran de forma ilegítima al procurar proveer seguridad a la ciudadanía.

7. En las grandes ciudades, la militancia de las mencionadas organizaciones afines a las guerrillas comunistas, si se excluyen los menores de veinticinco años, está formada mayoritariamente por personas que cuentan con servicio doméstico. ¿Verdadero o falso?

Ese aspecto retrógrado y clasista de la llamada “izquierda” también lo oculta siempre la prensa: se clama contra la desigualdad, como si las rentas mensuales superiores a tres millones de pesos de las personas socialmente afines al terrorismo, completamente improductivas y casi siempre con cargos estatales no fueran inicuas respecto a los ingresos de la gente que hace trabajos pesados. NUNCA aumentó tanto la desigualdad en Colombia como cuando el gobierno mafioso de Ernesto Samper se prestó a premiar “generosamente” el sindicalismo afiliado al Partido Comunista y eficiente gracias a la presión de las guerrillas.

8. La animosidad de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente corresponde rigurosamente a los intereses de esa facción política, con la que la mayoría de los magistrados tienen notorias afinidades ideológicas que en absoluto ocultan. ¿Verdadero o falso?

Un incauto que lea la prensa podría llegar a pensar que se trata de unos jueces que defienden alguna noción de justicia contra un gobierno que la amenaza, cuando la defensa de los principios de la actividad de las guerrillas comunistas es parte del discurso habitual de esos magistrados.

9. En los enredos judiciales del último año ha sido evidente la parcialidad de los jueces, obstinados en encarcelar a cualquier líder político afín al gobierno y misteriosamente indulgente con personas como Piedad Córdoba y muchos otros que alientan a las guerrillas comunistas. ¿Verdadero o falso?

Es tan asombrosa la relación entre esas iniquidades y la popularidad del presidente que uno se queda boquiabierto ante el cinismo de uno de esos pseudoavestruces que proclama que el problema es que los jueces quieren ser populares. Los señores de la Corte Suprema de Justicia obran movidos por una resuelta hostilidad contra el gobierno y parcialidad a favor de los terroristas, su cinismo hace que la gente los desprecie, los hace muy impopulares, pero es el único recurso que le queda a esa facción.

10. Ese “polo” de oposición que constituyen los medios, la CSJ, las FARC, el ELN, el Polo Democrático y el profesorado de las universidades está cada vez más agrupado en sus fines, concentra el viejo “país político”, cuenta con la perpetuación del tráfico de cocaína y basa sus esperanzas en la solidaridad del régimen venezolano y ahora en la presencia militar rusa en la región. ¿Verdadero o falso?

Según la prensa colombiana todo el problema es que el presidente es “buscapleitos”: no importa que se sobornen testigos para tratar de calumniar al presidente, que se violen las leyes de forma flagrante (como manteniendo unas diligencias previas perpetuas, de las que salen sumarios cada vez que hay algún pretexto para encarcelar a alguien, o bien reuniéndose con criminales para ofrecerles beneficios sin dejar acta de la reunión), que se encarcele a decenas de personas con base en testimonios de condenados que OBVIAMENTE reciben incentivos por sus denuncias (como en el caso de Rocío Arias y la presidenta del Senado)...

En comparación con esos magistrados y esos columnistas, los guerrilleros son otras víctimas: sólo un medio podrido y dominado por psicópatas puede convivir con tantos mentirosos, los cuales en su descaro muestran lo dispuestos que están a encargar asesinatos y a prosperar gracias a ellos. ¿Se escribirá alguna vez la historia del crimen en Colombia teniendo en cuenta a los verdaderos responsables?

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso

Es urgente conformar la comisión de la verdad para los computadores de ‘Raúl Reyes’: Alejandro Peña Esclusa

“Al pueblo colombiano en desagravio por todos los males ocasionados por Hugo Chávez”.

Esta es la dedicatoria del último libro de Alejandro Peña Esclusa titulado El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe, que fue presentado en Bogotá el miércoles pasado en la universidad Sergio Arboleda.

Sobre el libro de Peña Esclusa, Plinio Apuleyo Mendoza, quien hizo un breve recuento del texto, destacó al autor como un luchador que desde hace 18 años viene encendiendo las alarmas sobre las implicaciones del Foro de Sao Paulo en el futuro de la región.

Mendoza señaló que al principio muchos consideraban que Peña Esclusa estaba exagerando la influencia de esa organización y admitió que la persistencia y los hechos han terminado por darle la razón.

Así mismo, Plinio Apuleyo Mendoza sostuvo que el documento es revelador y recordó que en el libro El perfecto idiota lationamericano, que escribió junto a Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner, trataron de proteger un tanto a Lula Da Silva y deslindarlo de la izquierda carnívora. Sin embargo, dijo Mendoza, a raíz de la lectura del texto de Alejandro Peña Esclusa reconsideró el asunto y encontró que Lula es uno más de esa organización y como tal, apoya decididamente a sus colegas y sobre todo, al proyecto –que el calificó de populista- que han estructurado desde finales del siglo pasado.

Posteriormente Alejandro Peña Esclusa hizo un recuento de los hechos que han ocurrido después del 1 de marzo, cuando en la operación en la que fue dado de baja alias ‘Raúl Reyes’ se encontraron los computadores del cabecilla terrorista y recordó que las primeras filtraciones del contenido de los aparatos no fueron nuevas para él.

Citó el tema de la financiación de Hugo Chávez a las Farc e indicó que esa situación ya se conocía desde el año 2000, cuando él mismo interpuso una denuncia contra Chávez Frías por traición a la patria, basado, entre otras situaciones, en la renuncia del director de la DISIP, Jesús Urdaneta Hernández después de recibir la orden del gobierno de Chávez de entregarle a la guerrilla colombiana la suma de 300 mil dólares.

Sin embargo, que los hechos denunciados durante tanto tiempo tengan ya una prueba reina como los computadores del segundo comandante de las Farc, es una situación que a juicio de Peña Esclusa no se puede desaprovechar para impedir el expansionismo que lidera Hugo Chávez, pero que representa la intención de todos los miembros del Foro de Sao Paulo.

Indicó además que un solo país no puede hacerle frente a una mafia criminal internacional que tiene tentáculos en los más altos círculos de poder en casi todos los países de Latinoamérica, con excepción de México, El Salvador y Colombia.

Peña Esclusa insistió en la urgencia de crear una comisión de la verdad para que avoquen el conocimiento de todos los documentos que estaban en los computadores de ‘Reyes’ y emprendan la tarea de solicitar las investigaciones contra los colaboradores de las Farc en cada país, no solo con reuniones con las autoridades judiciales sino con la difusión de los hallazgos para generar un movimiento de opinión que evite que los miembros del Foro de Sao Paulo se escondan detrás de cortinas de humo como persecuciones políticas o hagan uso de su investidura para defenderse de los delitos cometidos.

Para el autor de El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe es más importante el juicio de la opinión pública que el propio procesamiento judicial, pues esa es la única manera de debilitar el poder de la organización y conjurar el peligro que representa el socialismo del Siglo XXI.

La Corte, Gaviria y J.F. Cristo: tres sectores distintos, una sola estrategia

Las peleas, como las guerras, son intimidantes y dolorosas, pero hay que darlas. Hace algunos meses, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia aseguró que “la Corte solo se pronuncia a través de sentencias”. Parece que eso cambió y ahora los magistrados ejercen su labor desde los micrófonos y no desde los estrados judiciales.

Eso no es malo. Los magistrados, como cualquier ciudadano, tienen derecho a debatir, a exponer su defensa y a no guardar silencio frente a los delicados hechos cuyas explicaciones evaden o minimizan en el mejor de los casos. ¿Acaso esos cuestionamientos son irrespeto a la independencia de poderes? Por supuesto que no: Los señalamientos contra el poder judicial son graves y el país está esperando aclaraciones y, porqué no, procesos en las instancias competentes.

Sin embargo, que esos pronunciamientos tengan la intención de ocasionar un perjuicio internacional al poder ejecutivo sí deja a la luz una maniobra desesperada de ataque y muestra a la Corte como el último bastión de aquellos cuyos feudos, privilegios y vagabundería están amenazados por el gobierno Uribe. Semejante respuesta es la exhibición de una maniobra que intenta llevar la confrontación al escenario internacional para que puedan entrometerse, de lleno, los patrocinadores y aliados latinoamericanos y europeos de las Farc.

Además, la actuación de la Corte es netamente política y siembra más dudas sobre la legitimidad de un organismo que se muestra, desesperado, sesgado e intocable.

Mientras algunos piden sacar bandera blanca, mensaje que la maliciosa oposición esquivó completamente para que solo le llegara al Presidente, lo cierto es que hoy en Colombia ninguno de los representantes de los poderes públicos está dispuesto siquiera a considerar la posibilidad de acomodar la bandera blanca en el bolsillo en el que la tienen escondida, si es que en realidad la portan.

Generalmente en el punto en que estamos, de las acciones que se emprendan y de las respuestas que se den, depende el futuro de un conflicto. Estamos acercándonos al punto culminante en el que ya el totalitarismo se ha jugado sus restos y han planteado una conjugación de acciones tendientes a acorralar al Presidente. Todos, como en Fuenteovejuna, están unidos para triturar a Uribe y sacarlo de la presidencia, pues es la única esperanza que tienen para recuperar lo perdido… ¿Colombia permitirá eso?

Cronología de la última embestida
La oposición maneja tiempos y amaña situaciones para su propia conveniencia. A raíz del escándalo del hermano del ministro del Interior, el partido Liberal, a través de sus voceros Juan Fernando Cristo y Héctor Elí Rojas, señaló que el gobierno “no tiene autoridad moral” para tramitar la reforma a la justicia en el Congreso. Ese fue el primer ataque, fue el primer cañonazo de la guerra verbal que se ha desatado en el país.

La respuesta no se hizo esperar: Uribe convocó a una rueda de prensa en la que dijo que “la autoridad moral no la han tenido gobiernos liberales que en el pasado hicieron alianzas con grupos criminales como los ‘Pepes’ para combatir a Pablo Escobar”.

Esa declaración despertó la ira santa del jefe único del liberalismo, quien en un tono demasiado airado para sus particulares modales, anunció: “Voy a contestar lo que él quiera; vamos hasta el fondo de esos debates, y veamos esos personajes (los ‘Pepes') a quienes son allegados y a quien no”.

Posteriormente el gobierno respondió los señalamientos y ratificó que “este Gobierno nunca se ha aliado con delincuentes para combatir a otros delincuentes, nunca se ha aliado con terroristas para combatir a otros terroristas.”

Pero el tema no paró ahí. Además de César Gaviria, el gobierno tuvo tiempo para emprenderla contra el senador Juan Fernando Cristo, pidiéndole explicaciones sobre la financiación de campañas en las que Cristo ha participado. El vocero del liberalismo pidió entonces una comisión de la verdad en la que se investiguen los recursos para las campañas de él al senado y de Álvaro Uribe a la gobernación, al senado y a la presidencia. ¿Por qué Cristo no incluyó la campaña de Samper Presidente en la que él trabajó activamente?

Mientras tanto, el insigne presidente de la Corte Suprema de Justicia salió a defender su feudo asegurando que “el presidente Álvaro Uribe es una amenaza para la independencia judicial cuando dirige críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que nos tilda de prevaricadores, de golpistas, de tener un sesgo ideológico, de comparar nuestras decisiones con pescas milagrosas y de señalarnos de cohonestadores del terrorismo y de calificar nuestras actuaciones como un coletazo agónico del terrorismo”.

Aunque Ricaurte recoge el guante de las acusaciones de golpistas, lo cierto es que hay magistrados que han plasmado en sus decisiones una clara invitación a propinar un golpe de Estado. De hecho Jaime Araujo, de la Corte Constitucional, dijo: “el deber de obediencia de todos los ciudadanos se rompe y cesa la obligación de acatar sus actos y sus personas. A partir de la sentencia de la Corte Suprema, los títulos de Presidente, Vicepresidente o Ministro han fenecido y si son usados, están siendo usurpados. Ya los ciudadanos no están obligados a pagar impuestos a un Gobierno ilegitimo, ni los militares a acatar sus órdenes”. ¿Por qué será que Ricaurte guarda silencio cómplice con las palabras de su colega de la Constitucional? ¿Será injusto, por ejemplo, el trato de golpistas?

No hay que llamarse a engaños: estamos viviendo un momento crucial en el que los sectores retardatarios congregados en la oposición y en la justicia están enfrentando con todo su arsenal a un gobierno que representa la disminución de los privilegios que los sectores opositores tuvieron durante décadas.

Por lo pronto no veremos banderas blancas y por el contrario, las críticas y ataques arreciarán, pues al fin de cuentas, es la disputa por el poder la que está en juego: son las Farc (léase Foro de Sao Paulo con Chávez, el Polo y Daniel Ortega entre muchos otros) contra el país que se opone a un modelo que demostró su fracaso en el pasado y que ahora es la ruina para aquellos países que en un mal momento decidieron elegir a los representantes de esa corriente internacional.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

La PCTV

Si la Internet se mete con la televisión, entonces la televisión también se mete con la Internet; e invadiéndose mutuamente sus campos, terminarán siendo lo mismo lo uno que lo otro.

Desde hace ya algún tiempo, se pueden ver en Internet, sin el amarre de la hora, y sin tener que grabarlos previamente en un medio magnético u óptico, algunos de los programas de la televisión nacional: programas de opinión como el de Yamid Amad, o entrevistas radiales de La W, discursos de los altos dignatarios del gobierno, entre otras, pueden ser vistos o escuchados en cualquier momento por Internet; repetirlos y hasta distribuirlos por correo a nuestros amigos. También hay oferta con cientos de canales de TV internacional, a precios tan bajo como 45 USD al año.

La gran diferencia está en la interactividad (en la Internet el cibernauta, pide y obtiene toda una variedad de opciones) y en la personalización (el PC es un equipo personal). Esa revolución tecnológica, y el aumento del ancho de banda de nuestras conexiones estimuladas por la competencia, están apartando a los televidentes con mayor capacidad adquisitiva de los televisores y la publicidad.

La selección del nuevo estándar de TV, que al ser digital la acerca al mundo de la Internet, promete (ya estará en manos de la competencia desarrollarla) un mundo tan rico, pero tan individual como el de Internet.

Por mencionar uno solo, la interactividad que será posible en ese nuevo marco tecnológico, como ya sucede con los PC y en parte con los celulares (se encuentra uno más compenetrado con quien está al otro lado de la línea, o del PC, que con quien comparte el mismo espacio físico) acabará con la TV en familia.

Miren no más. Cuando había pocos canales era muy fácil poner de acuerdo a la familia; se acostumbraba el televisor en la sala, y las reuniones para ver TV. Cuando el número de canales empezó a aumentar, se volvió tan difícil consensuar, que no es raro encontrar uno en cada cuarto. Ahora con la interactividad y la intemporalidad de la información, será imposible poner de acuerdo, aún a quienes comparten la misma habitación; y estos aparatos necesitaran de cuartos especiales y audífonos para que puedan estar varios en el mismo sitio, pero muy distante unos de otros: como en las salas de Internet.

Para ser sinceros, a futuro, yo no alcanzo a ver la diferencia entre televisión e Internet, Ni en el equipo, ni en el medio de difusión utilizado, ni en el contenido, porque ya hay Internet inalámbrica (WiFi), el dominio inicial de la TV, y televisión por cable, el de la Internet. Todo tendrá que confluir a lo mismo (PCTV); igual que la convergencia digital fusionó TV, Internet y telefonía fija (los ya famosos combos, o triple plays) en un solo operador y en solo medio de distribución.

Otra cosa que deberían, pero han omitido los legisladores, es el aspecto contaminado visualmente de las ciudades por cuenta de tantos operadores de telecomunicaciones.

Estamos en mora de definir si queremos una red única (de fibra óptica y subterránea) que soporte muchos operadores; una canalización única (tipo red de alcantarillado: qué oportunidad perdimos con la nueva) que de cabida a redes de muchos operadores; o si privilegiar los sistemas inalámbricos, para desmontar toda esa maraña de cables que afean las ciudades.

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. myances@msn.com

Primeros síntomas de justicia ciudadana

Una sociedad que confía en su sistema judicial no recurre al castigo por mano propia. De hecho cuando un ciudadano sabe que si alguien comete un delito, las autoridades serán eficientes y eficaces para capturar al criminal y procesarlo, ese ciudadano no tomará la decisión de perseguir al victimario y vengarse.

Sin embargo, para que la ciudadanía llegue a la decisión de auto defenderse se necesita recorrer un largo camino de abusos, amedrentamiento, ineptitud y dolor que sirven de caldo de cultivo para que surja la decisión de castigar al victimario. También la ciudadanía llega al punto en que se siente abandonada por la justicia y decide dar lecciones, pero ejemplares, para que los delincuentes lo piensen dos veces antes de cometer sus fechorías.

Ese proceso tiene un punto de quiebre: cuando la sociedad sobrepasa el temor y enfrenta al criminal ante la certeza de que los beneficios judiciales evitarán el castigo justo por el delito cometido.

La semana pasada ocurrieron tres casos que evidencian el cansancio de la sociedad frente a la impunidad y al abandono. Un grupo de taxistas linchó a dos ladrones que habían asaltado a uno de sus compañeros. Cuando la policía llegó al sitio, a unos pocos metros del Concejo de Bogotá, encontró muerto a uno de los delincuentes, mientras que el otro fue rescatado antes de morir como consecuencia de la paliza que le estaban propinando los enfurecidos ciudadanos.

Otro caso de sobrepasar el temor y defenderse se registró en Cúcuta. Dos hombres en moto asaltaron a una mujer y la despojaron de sus pertenencias. La señora decidió perseguirlos en su vehículo y unos kilómetros más adelante los delincuentes se estrellaron contra una torre de luz: uno murió y el otro se recupera en algún hospital de la capital de Norte de Santander.

El tercer caso se registró en un municipio de Cundinamarca. Un hombre ingresó a un centro asistencial después de violar a su hija de cuatro meses de nacida. La niña falleció durante la violación y el depravado no pudo deshacerse del cuerpo. Cuando el individuo llegó al centro asistencial, el celador, al ver la indescriptible monstruosidad, desenfundó su arma y disparó contra el pederasta.

Son tres situaciones que tienen dos elementos en común: la convicción de la impunidad para los delincuentes, es decir, la certeza de que no se hará justicia y el hastío de los ciudadanos ante la delincuencia, lo que genera, después del sentimiento de impotencia, una respuesta rabiosa y contundente contra el criminal.

Puede resultar sencillo señalar a los culpables: algunos dirán que eso se debe a la ineficiencia de la Policía, pero esa sería una justificación facilista que no explica por qué, en la mayoría de ocasiones, los delincuentes son reincidentes que tienen un prontuario largo y tenebroso.

Un poco más allá se podría decir que la culpa es de los jueces que deciden dejar en libertad a los delincuentes, pero hay que considerar que los jueces disponen de unas herramientas y un marco jurídico específico del que no pueden salirse.

Entonces se podría señalar que la ley es laxa y que parece diseñada para favorecer a los criminales y dejar sin reparación a la víctima. Seguramente esa es una de las explicaciones para que el delito se convierta en una profesión en la que se toman algunos cursos intensivos en los centros penitenciarios colombianos.

¿Quién hace esas leyes? ¿Quiénes dictan la jurisprudencia? Es a esos sectores a los que hay que señalar, porque se han dedicado a otros asuntos y no a optimizar la legislación en materia penal. En el Congreso de la República ocurre que a su ilegitimidad se suma la inoperancia y ausencia de compromiso para combatir el crimen desde la posición encomendada. Tampoco el aparato judicial, específicamente los magistrados que dictan jurisprudencia, han aportado mayor cosa para evitar la impunidad de los delitos de poca monta pero de alto impacto. Las cortes se rasgan las vestiduras por los derechos de los victimarios, pero pasan indolentes por encima de la justicia a la que tienen derecho las víctimas.

También el Gobierno tiene una cuota de responsabilidad al no impulsar proyectos de ley que sean realmente ejemplarizantes para los criminales, aunque es necesario admitir que hay un trabajo significativo para mejorar el pie de fuerza de la Policía, lo que disuade a los delincuentes y permite algún grado de prevención en cuanto a la seguridad ciudadana. Y es un gran esfuerzo fiscal que por supuesto enardece a los que protegen a los delincuentes.

Pero tener un pie de fuerza enorme sin una justicia pronta y eficaz es un contrasentido: de nada sirve que un policía atrape a un delincuente, si a las pocas horas un juez, basado en la legislación existente, lo deja en libertad o peor aún, pese al grado de crimen, le otorga la casa por cárcel: ¿cómo es posible que un violador en Valle haya recibido la detención domiciliaria porque el juez consideró que el depravado no era un peligro para la sociedad? ¿Cómo va a aceptar la sociedad que una persona acusada de secuestro y de tener vínculos con una organización terrorista “altruista”, sea considerada por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público como alguien que no representa ningún peligro para la sociedad?

Todo suma en el caso de la percepción de seguridad y lo cierto es que la ciudadanía se siente cada vez más desprotegida, con sus derechos cada vez más vulnerables frente a la delincuencia y sin un Estado que le garantice un mínimo de seguridad y de justicia. Cuando eso ocurre, ya lo hemos visto en Colombia muchas veces y a un costo muy alto, la gente opta por la defensa propia y por cobrar los crímenes de manera sumaria, pues existe la convicción generalizada de que al delincuente no le pasará nada y que después de unas pocas semanas en la cárcel, estará nuevamente en las calles.

Las decisiones ciudadanas no se pueden tomar como casos aislados: son alarmas que muestran una realidad más allá de las encuestas, del sesgo judicial y de las arengas de “no más plata para la guerra”… los ciudadanos nos sentimos vulnerables y sin confianza en las instituciones que deben garantizarnos el acceso a la justicia y eso conduce, inevitablemente, a la defensa propia y a la venganza desbordada que desprestigia aún más a la justicia colombiana.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

¿Faltan doctores?

El principal factor que sin duda determinará en este siglo la prosperidad de las naciones será la aplicación de conocimientos avanzados a todos los procesos productivos y de organización y relación de la sociedad. Esta verdad de Perogrullo vale para empezar porque no es concebible contestar negativamente a la pregunta del título. Lo que pasa es que una economía boyante puede atraer a los “doctores” formados en otra parte mientras que un esfuerzo de formación que no se corresponda con la oferta de empleos del país puede servir simplemente para permitir a los beneficiarios de esa inversión emigrar con ventaja y a los países receptores ahorrarse enormes gastos en selección y formación de personas aptas para el estudio.

Beneficios concentrados y costos dispersos
Todo eso resulta interesante para evaluar lo que ocurre realmente con la educación superior en Colombia, en particular con las universidades públicas, en las que se va una proporción gigantesca del presupuesto en una tarea que ofrece, en el mejor de los casos, beneficios concentrados y costos dispersos, para usar una expresión con que Alejandro Gaviria alude a los subsidios agrícolas (respecto de los cuales la analogía es increíblemente elocuente, así como el doble rasero con que el gremio profesoral juzga los subsidios que lo benefician). El pretexto de esa inversión es por una parte que el país necesita profesionales con amplios conocimientos para su desarrollo, y que aquellos que no pueden pagarse una carrera universitaria pueden tener gracias a esa inversión una oportunidad. En la realidad, tal como se dice de los subsidios agrícolas, la subvención sólo tiene lugar en desmedro de la productividad, y al corresponder a la estructura atávica de la sociedad termina siendo un factor que en lugar de favorecer el desarrollo del conocimiento lo obstruye.

La Contrarreforma y las castas coloniales
Pocos años después del descubrimiento de América un monje alemán se rebeló contra Roma a causa de la corrupción del alto clero de la metrópoli y atrajo a la mayoría de los creyentes de su región y algunas otras, como Escandinavia. Como reacción, la Iglesia se encerró en su ortodoxia y reforzó todos los elementos de persecución de la disidencia en un proceso que tuvo lugar al mismo tiempo que la corona española, la mayor potencia de la época, se hacía la principal aliada del papado. Las colonias americanas sufrieron al mismo tiempo el saqueo, el exterminio de sus habitantes, la esclavitud y la imposición de esa doctrina retrógrada. Los peores defectos de los españoles de la época, como el desprecio del trabajo y el apego a las rentas improductivas ligadas al poder estatal o eclesiástico, se agravaron en los descendientes de españoles en América. El tremendo estancamiento cultural que experimentaría España en los siglos siguientes fue aún más acusado allí donde no había ninguna tradición de investigación ni crítica. Pero al mismo tiempo la asimilación de la cultura peninsular-mediterránea era una marca que definía a las clases superiores. Las familias influyentes siempre tenían miembros en la Iglesia y en el Ejército, y la primera creó el núcleo de la educación superior, de la universidad. La posesión de un diploma se convirtió en lo que hacía reconocible a un miembro de las castas superiores, y esos diplomas poco tenían que ver con conocimientos reales: si en 1650 no había en Salamanca ningún alumno matriculado en matemáticas, ya se puede uno figurar cuántos habría en los centros de la región andina.

Un poder incuestionable
En cuanto espacio de los de arriba, la universidad jamás ha tenido ninguna necesidad de responder a los demás por lo que se invierte en ella. Propiamente, la idea de que hay un país que es de todos los ciudadanos es novedosa: hace pocas generaciones se habría sobreentendido que no era por igual de los indios y negros que de los descendientes de los españoles. La supuesta apertura a las personas de bajos ingresos encubre que siempre ha habido personas que no son de bajos ingresos y que disfrutan de una educación muy barata gracias a esas instituciones, por no hablar del elemento que más delata a la universidad pública como refugio de esas castas atávicas: el profesorado, formado por el mismo tipo de personas que en la época colonial constituían el clero y dotados de rentas formidables (en comparación con las de la mayoría de los colombianos) sin ninguna evaluación externa. El encaje perfecto del profesorado en el nicho que ocupaba el clero del periodo anterior es tan evidente que a nadie se le ocurre que al profesorado se lo pueda evaluar con criterios externos, que es como si el sacerdote tuviera que responder por el efecto de sus rezos.

Un poder con aspiraciones
Por esos caminos la universidad se ha constituido en Colombia en el principal centro de resistencia del viejo orden contra la sociedad liberal. Las guerrillas, al igual que las asonadas de vándalos, son sólo la materialización de esa función. Es difícil saber qué proporción de los profesores de las universidades públicas tienen por única tarea divulgar la propaganda del Partido Comunista de Colombia, pero al menos en las llamadas “Ciencias Sociales” son la mayoría. Escribir esto siempre tiene el problema de que la mayoría de los lectores no lo sabe y los que lo saben intentan acallarlo. Yo conozco a esos profesores, cualquiera puede averiguar qué ocupación tienen los miembros del Comité Ejecutivo Central de ese partido y de dónde proceden sus rentas. Sencillamente, en cuanto poder intocable por la misma sacralidad que antes tenía el clero (y que otorgan los políticos a uno de los principales pretextos del poder estatal), los profesores se dedican a asegurarse rentas y a aspirar a puestos de mayor poder gracias a la protesta incesante y a la presión de todo tipo en favor de un orden totalitario: de una teocracia en la que el dominio estuviera en sus manos, más o menos como han sido todos los regímenes comunistas.

Que dejen de robarnos para matarnos
De tal modo, la sociedad colombiana se gasta una enorme fortuna en rodear de lujos a sus verdugos, lo cual sólo corresponde a la concepción del esclavismo, en la que la persona de las castas inferiores era parte de las posesiones de los de arriba, de los criollos. Nadie se sorprendería de que con su trabajo contribuyera a financiar la compra del látigo con que se la trataba. Y si algo es un crimen en toda regla, una muestra de bajeza, indignidad, servilismo y estrechez de miras es la pasividad con que la sociedad colombiana tolera eso. En realidad es sólo la manifestación del orden real, de la persistencia del esclavismo. No hay una rebelión contra esa infamia porque los seres humanos degradados a bestias de carga no tienen todavía conciencia de sus derechos ni de que el país es de ellos como de cualquier otro, de modo que la opinión está en manos de los dueños del orden de siempre. Esa profunda resistencia a la modernidad se manifiesta también en instituciones como la “acción de tutela”, gracias a las cuales los contratos dejan de tener valor ante el capricho de los titulares de los juzgados. Bueno, no el capricho sino el negocio específico de proveer favores a sus clientelas. La relación entre la universidad y los jueces, por otra parte, es expresiva del tipo de mundo cuya expresión política es el chavismo. Un triste futuro espera a los colombianos si no dejan de financiar su propio asesinato a través de esas instituciones.

Equidad y educación
La inversión en educación superior es inversamente proporcional a la promoción de la equidad en la sociedad. ¿No sería más equitativo ampliar al máximo la oferta y la calidad de la educación básica, por ejemplo ofreciendo atención a todos los niños desde los tres años, extendiendo la primaria hasta los 15 años, creando opciones de Formación Profesional a partir de esa edad y concentrando esfuerzos e inversiones en promocionar la lectura? Se dirá que la formación de profesionales de alto nivel es prioritaria, pero ya expliqué en el primer párrafo que en caso de no encontrarlos y existir el puesto llegarían de otros países. Pero más sencillo sería simplemente cerrar las universidades públicas, ofrecer créditos y otras ayudas para la expansión de las privadas y proveer créditos blandos a todo el que quiera y pueda hacer una carrera: si emigra a otro país los colombianos le habrían ayudado a mejorar su vida sin necesidad de perder sus propios recursos, mientras que sin duda estudiará con mayor aplicación pues el costo de la educación no sale del despojo de los hambrientos y harapientos. Naturalmente eso suena a herejía en un país en el que la gente va con la cara desfigurada por una pedrada contra un bus que lanzó un asesino que obraba como títere de Molano y la caterva de canallas como él, a ver si con eso pueden hacerse ministros o embajadores vitalicios, y esa persona sólo agacha la cabeza porque sospecha que los doctores tendrán sus razones que ella no entiende.

La enfermedad es el remedio
Esto también lo dice Alejandro Gaviria de los subsidios agrícolas. Es lo mismo que ocurre con la inversión en las universidades públicas: minorías organizadas que obtienen rentas fabulosas con un pretexto al que no corresponden en absoluto, o en todo caso al que responden con niveles de productividad bajísimos, de ahí que haya tantos estudiantes que se quedan varias décadas haciendo su carrera y tantos profesores que no tienen mejor función que preparar su carrera política. Por mucho que un escrito como éste soliviante a los miles de asesinos que sacan provecho de ese despojo, me parece que tarde o temprano la sociedad colombiana tendrá que hacer algo respecto a esa herida sangrante, de la que surge la mayor tragedia de toda su historia, la guerra de las bandas de asesinos comunistas por imponer a punta de terror el mandarinato perpetuo del gremio de profesores. Tal vez no haya ninguna cuestión más importante en la agenda del país en las próximas décadas; incluso puede que los escandalizados de hoy lleguen a comprender la urgencia de una reforma de ese tipo.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.

La Tormenta Perfecta

La tormenta perfecta es el nombre de una película norteamericana producida en año 2000, basada en una novela homónima de Sebastián Junger. La historia está basada en un hecho real y trata de unos pescadores de Massachussets, que en octubre de 1991 fueron atrapados dos tormentas, una de origen frío en el continente y otra de origen caliente en las cercanías de la isla Sable. La fusión de ambas anomalías atmosféricas desencadena una monstruosa tormenta; la más aterradora, violenta y destructiva de la historia moderna; que por supuesto acaba con el barco pesquero y con todos sus tripulantes.

La situación política venezolana se asemeja al relato de la película, pero se diferencia en que no se están formando dos frentes, sino siete –imposición de un modelo totalitario, división de los venezolanos en dos bandos, descontento militar, anarquía desbordada, inseguridad, hiperinflación y desabastecimiento–, que amenazan con conjugarse para producir la tormenta social más poderosa de nuestra historia.

Frente a la tormenta que se avecina, Venezuela se encuentra en el peor de los escenarios: por un lado, un gobierno ciego y sordo, que sólo le interesa mantenerse el poder y dilapidar nuestros recursos en el exterior, mientras el pueblo se hunde; y por el otro, amplios sectores de la oposición, incapaces de visualizar la realidad, y cuyo único objetivo es ponerle la mano a algún cargo público, para provecho propio. En otras palabras, no hay capitán que guíe al barco durante el huracán.

Ya no es posible impedir la “tormenta perfecta”, porque los siete frentes que la conforman están desatados de manera irreversible. Cuando llegue, arrasará con gobierno y oposición por igual. No dejará títere con cabeza. Lo que sí es posible es contener sus efectos destructivos, para que no acabe con todo el país, tomando cuatro sencillas medidas.

La primera consiste en implementar un plan de reconstrucción económica, basado en dos aspectos: el apoyo irrestricto a la empresa privada, particularmente a los sectores productivos, como lo son la agricultura, la ganadería y la industria; y, paralelamente, la construcción y reparación de las grandes obras de infraestructura, especialmente las relacionadas con el transporte y el suministro de agua y electricidad. Un plan como éste solucionaría los problemas de inflación, desabastecimiento y desempleo.

La segunda consiste en depurar y reestructurar las fuerzas militares y policiales, a fin de devolverles su espíritu de cuerpo y su condición profesional, quitándoles todo tinte político e ideológico. Esto permitirá llevar a cabo una guerra eficiente contra el hampa y la inseguridad.

La tercera consiste en rescatar las instituciones democráticas, particularmente los poderes públicos, devolviéndoles su razón de ser, su autonomía y su independencia; a fin de que sirvan a todo el colectivo, y no solamente a una parcialidad política.

Y la cuarta consiste en crear un nuevo liderazgo nacional, elegido democráticamente por la base de los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, las asociaciones civiles y demás agrupaciones sociales; cuyo norte sea atender las necesidades del pueblo y no los intereses particulares.

Se aproxima la “tormenta perfecta”. Esperemos que sus estragos hagan reflexionar a los venezolanos, para emprender un nuevo rumbo, basado en el amor a la patria, la solidaridad y la justicia social; requisito indispensable para que más nunca vivamos esta terrible experiencia.

Por: Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.

El absurdo de los cobardes

Un ejército va ganando la guerra. Sus soldados están inspirados y con la moral en alto. El enemigo está en desbandada, tratando de lanzar ataques desesperados que milagrosamente convenzan al adversario de que está acorralado. No lo logran. Se saben sitiados y la última esperanza de conseguir una victoria está desvaneciéndose.

De repente, como un infiltrado del enemigo, el segundo comandante del ejército ganador sale al campo de batalla y pide que se enarbolen las banderas blancas, símbolo inequívoco de rendición. Mientras sus tropas se miran desconcertadas, los líderes adversarios se frotan las manos, pues el milagro de la desmoralización puede ocurrir por cuenta del mando del ejército victorioso.

¿Cómo así? Se preguntan algunos de los que van ganando la guerra, ¿por qué nos vamos a rendir? En el enemigo alicaído y desvencijado, los líderes no se dan por aludidos y acostumbrados como están a ganar las guerras con deshonra para imponer los intereses de las minorías, sienten que se ha dado un paso muy importante para conquistar y arrasar al enemigo… los perdedores han recibido un nuevo aire.

Viene entonces a la memoria el álgido debate sobre la figura del segundo comandante, cuando se discutían las normas que conformarían lo que se conoce como la Constitución del 91, muchas de las cuales fueron aprobadas gracias a las dádivas que recibieron los que hoy representan al ejército en fuga. También llega a la mente la imagen de épocas remotas, cuando también un segundo comandante decidió anunciar que renegaba de su linaje y se pasaría al bando contrario: ese hizo lo correcto, lo que la dignidad y la decencia exigían, pero el actual es solo la patética exposición de la mezquindad y la deshonra.

Ahora el segundo comandante de los victoriosos hace una señal de rendición. Pide que el alto mando de su ejército, e incluso que el mismo comandante en jefe, saquen bandera blanca y sin más ni más, depongan las armas y se sometan a la voluntad de la minoría enemiga… solo está pidiendo que los miembros del ejército vencedor se conviertan en prisioneros de guerra, con todo y capitulaciones.

También dice ese segundo comandante que la dignidad está en claudicar a favor del vencido y sugiere que dicha dignidad consiste en permitir que el adversario ataque y desequilibre a las tropas ganadoras para que los derrotados se apropien del botín y arrasen con la mayoría.

El segundo comandante recuerda que las guerras pasadas comenzaron por las pugnacidades y por las ambiciones de poder de los que lideraban las facciones enquistadas en el control de su nación y basado en eso, pide que se rinda su ejército para evitar una tragedia.

Lástima que el abuelo del segundo comandante de los vencedores no haya hecho mayor cosa por evitar la tragedia, y que él mismo, ante la ferocidad de los ataques, no haya salido a pedirles a los líderes del ejército en retirada que guardaran la compostura o mejor aún, que arriaran las banderas de guerra y se desmovilizaran en aras de no causar una desgracia.

Da grima ver al segundo comandante en una actitud pusilánime y cobarde, dirigida a conquistar un espacio que le permita, de repente, convertirse en el comandante en jefe del ejército. Aunque no desconcierta el cálculo de la traición, si deja ver la gravedad de las disputas de poder que se viven en la cúpula del ejército victorioso… es que resulta más fácil unirse al extraordinario ruido que producen las minorías, que mantener una posición coherente y la mirada concentrada en el objetivo: para él resulta más fácil entregar la victoria al derrotado que terminar la tarea que le fue encomendada. Al fin de cuentas es lo mismo que hicieron muchos comandantes en jefe, durante varias décadas, en una nación que estaba derrumbándose y quedando a merced de lo que decidieran unas insignificantes minorías.

Según el traidor, es más “digno” conceder el triunfo al vencido y permitirle que lleve a algunos a la deserción, que enfrentar al enemigo y dejarlo expuesto en todas sus vergüenzas. “Dignidad”, grita el acobardado, es renunciar a la batalla, dejando que los vencidos corroan al ejército victorioso desde adentro y, por pura “dignidad”, es mejor no denunciar a los infiltrados y permitirles que avancen en su tarea destructora.

Por simple dignidad, esta sí sin comillas, el traidor debería abandonar las filas del ejército ganador y pasar a la “selecta” lista de los cabecillas del bando vencido.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

Trabas a la ley

En los días de recolección de basuras es usual -y desagradable- encontrar personas con carretillas rompiendo bolsas, y derramando su contenido, tras material que pueda ser vendido a las empresas recicladoras.

En los días de recolección de basuras es usual -y desagradable- encontrar personas con carretillas rompiendo bolsas, y derramando su contenido, tras material que pueda ser vendido a las empresas recicladoras.

Y uno se pregunta ¿cómo hay personas capaces de llevarse parte de nuestros desechos sin cobrar nada, mientras las empresas de recolección de basura se enriquecen por botarlas? ¿Por qué para los primeros los desechos son útiles, y para las segundas no? ¿Por qué no facilitarles el trabajo separándolos en tanques? y ¿cómo no se les ha ocurrido a los gobernantes (alcaldías en todo el país) organizarlos en cooperativas, capacitarlos y trasladarles a ellos una parte significativa de los dineros con que remuneramos a las empresas de aseo?

Por tomar un ejemplo, en sólo dos edificios contiguos (26 y 30 apartamentos) se le paga a la empresa de aseo (incluido el componente redistributivo pero excluyendo el barrido de calles) casi dos millones de pesos mensuales. El carro sólo tiene que hacer dos paradas y vaciar en cada una, 3 ó 4 tanques semivacíos, porque cuando llegan, los recicladores ya se han llevado una gran parte sin cobrar nada.

Aquí hay una doble injusticia. La primera con los recicladores cuyo trabajo es más pesado y no se les remunera; y la segunda con los edificios que pagan por la recolección en un solo punto.

La ley que pretende remediar la segunda (de la primera nadie se ocupa) la complican tanto en su aplicación que resulta inoperante. Pero si se atendieran todos los requisitos exigidos por las empresas (uno de ellos la separación de los desechos en el origen) resultaría que lo que les correspondería recoger -porque no se lo han llevado antes los recicladores- puede ser triturado en los apartamentos y vaciados a la alcantarilla.

La exigencia se percibe como trabas a la ley, porque por mucho que nosotros separemos los desechos, sin los recicladores, terminarán mezclándolos nuevamente en el camión y en el relleno sanitario.

En otras palabras, la empresa ha colocado unos requisitos inadmisibles para burlar la ley y así proteger sus ingresos. Tan absurdos que si se pudieran cumplir, ya no serian necesarias: con los recicladores bastaría, y a ellos deberíamos pagarles (imaginémonos lo que valorarán un ingreso por un trabajo que hoy en día no es remunerado). Una curiosa forma de auto exterminio empresarial.

Separar los desechos en el origen, es transferir parte del proceso a las familias, que esperarían alguna remuneración o incentivo por hacerlo. No basta -si la plusvalía se la apropia otro- saber que es para facilitar el trabajo de los recicladores, más necesitados. Recoger todos los desechos en un solo punto es otra cosa, y es lo que origina por Ley el descuento. No enredemos.

La verdad es que casi todo lo que desecharnos es útil, tiene valor, puede ser procesado y transformado nuevamente en bienes de consumo: tanto el material inorgánico que es la mayor parte (papel, cartón, botellas, bolsas, latas, entre otras), como el orgánico (frutas, verduras, granos, etc.), con el que se producen abonos, más saludables y mejor pagados que los químicos. En su buen aprovechamiento debería estar la verdadera rentabilidad de los operadores.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. Especial para Atrabilioso.
myances@msn.com

La batalla verbal

Sería apresurado decir que estamos viviendo la batalla final entre los sectores totalitarios y el uribismo. Sin embargo, no se puede pasar por alto que se revive con más fuerza la coalición del Toconur (todos contra Uribe), con un ingrediente adicional que quedó en evidencia: el sesgo de la Corte Suprema de Justicia. Las frases que se lanzaron en esta batalla, cuan si fueran el último mortero de un feroz combate, resultan esclarecedoras para aproximarse a las intenciones de uno y otro bando.

Primera escaramuza: La rueda de prensa del Presidente

Contra el partido Liberal y su jefe único

"Yo le pregunto a los gobiernos del oficialismo liberal ¿qué responsabilidad han asumido ellos ante el país por el crecimiento de la guerrilla y los paramilitares?".

"Un gobierno del oficialismo liberal que hoy se atreve a decir que este gobierno no tiene autoridad moral, se alío con los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) para perseguir a Pablo Escobar”.

"Me van a decir a mí que no tengo autoridad moral para presentar la reforma política y la reforma a la justicia cuando en el gobierno se han desmontado los paramilitares y se ha debilitado la guerrilla. Me van a decir a mí eso quienes de verdad no tienen autoridad moral ".

Arremetida contra el magistrado Iván Velásquez y Gustavo Petro

"Lo que hay es una reacción contra el tráfico de testigos. A mi lo que me preocupa es que pareciera que pasa inadvertido que un magistrado de la Corte haga tráfico con testigos y se emborrache con ellos. Dónde en el mundo democrático se ve que los juristas de una Corte se emborrachen con los testigos; no se puede quedar el país tranquilo con esto"..

"Este Gobierno con la política de seguridad democrática ha dado confianza para que se señale a los delincuentes, pero de allí al tráfico de testigos no podemos pasar".

Artillería contra las pretensiones de llevar a Uribe ante la CPI

"Van a denunciar al Gobierno que puso en práctica la política de seguridad democrática, al Gobierno que ha desmontado el patramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere".

Segunda escaramuza: Uribe vs Cristo

Casa de Nariño expidió un comunicado en el que se destaca lo siguiente:

"El Senador del Partido liberal, Juan Fernando Cristo, debe decir con claridad si entregó o no dineros a campañas políticas para las elecciones parlamentarias de 1991. El sabe porque se le pregunta".

Juan Fernando Cristo respondió con internacionalizar el “conflicto”:

“He solicitado audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos, la Unión Interparlamentaria Mundial, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, el Parlamento Europeo, la Internacional Socialista, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino y organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos y Europa".

Tercera escaramuza: Liberales con César Gaviria como mariscal de campo.

“Las temerarias acusaciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que como lo señala el ex presidente, constituyen más un mecanismo de distracción.”

“Rechaza también los calumniosos señalamientos que el señor Presidente hizo en contra del senador Juan Fernando Cristo, y entiende esta actitud como un intento de callar un partido.”

“Desde la propia Presidencia de la República, y desde hace varios meses, se teje un siniestro complot contra la Corte”.

Gaviria defiende lo indefendible: la transparencia de la Constituyente del 91

“Si la Constituyente votó en contra de la tesis del gobierno no fue por influencia del narcotráfico, sino porque la mayoría ciudadana compró la tesis de que el terrorismo era igual a extradición”. “La Constitución del 91 tiene un origen limpio en sus decisiones, el Presidente no lo va enlodar con sus rabietas.”

Cuarta escaramuza: Iván Velásquez, el juez que prejuzga

“Lo que se pretende es sembrar un manto de dudas sobre los testigos”.

Medio siglo no es casi nada

Me levanto un día por la mañana y miro la prensa, aparece anunciada una columna de Eduardo Posada Carbó: ¿Por qué no conmemoramos, como se debería, el regreso a la democracia?. No tengo tiempo de leerla. Sólo me queda el interrogante: ¿de qué hablará este tipo? Pasan muchas horas, por fin puedo dedicar un rato a la prensa, abro de nuevo El Tiempo y me encuentro el titular, que ya se me había olvidado. ¿De qué hablará este tipo?

Cierto escritor decía, palabras más, palabras menos, que a cada persona la define una sola idea, alrededor de la cual se construye su vida. En el caso de ese autor esa idea se puede resumir en esto: "No debemos considerar nuestra sociedad ni nuestras instituciones como de por sí dañadas y viciadas sino como parte de una tradición respetable". En ese afán de encontrar una mirada ni agónica ni trágica sobre la vida colombiana, la posesión de Alberto Lleras hace cincuenta años es descriptible como un retorno a la democracia.

¿Por qué no lo conmemoramos? ¿Por qué no se me ocurre que su artículo puede tratar de eso? Mejor dicho, ¿por qué ese retorno a la democracia no resulta interesante para nadie más? El wishful thinking, que yo llamo "razón deseante", que es el fondo de la idea central del pensamiento de Posada Carbó, conduce a forzar la realidad: ¿qué retorno a la democracia era ése?

Durante la primera mitad del siglo se habían formado unas elites de poder encarnadas en los dos grandes partidos; el enfrentamiento larvado y reducido a las zonas rurales estalló tras la elección de Ospina Pérez gracias a la división liberal, la cual a su vez era expresión del descontento de las mayorías con la elite gobernante. En medio del caos sangriento de las presidencias de Laureano Gómez y Urdaneta algunos sectores de esas elites encargaron a un militar el control de la situación: tras los acuerdos entre quienes habían llevado al país a la violencia se consideró que se podía prescindir del dictador y se agitó un poco a las bases urbanas. Ése fue todo el retorno a la democracia: las elites renunciaron al enfrentamiento sanguinario al precio de repartirse los puestos.

Tampoco es que se pueda despachar a la ligera el Frente Nacional: la violencia entre liberales y conservadores cesó, las libertades se garantizaron y hubo muchos progresos. A fin de cuentas la democracia son las formas, y el país en 1960 estaba mucho mejor que una década antes. En apariencia el experimento era bueno, y mienten quienes aseguran que se excluía a quienes no pertenecieran a los grandes partidos: Alfonso López obtuvo muchísimos votos llevando como compañero a la cámara al líder agrario comunista Juan de la Cruz Varela. La queja por la exclusión de otros partidos, típico argumento de propaganda de la izquierda comunista, pasa por alto que más del 95 por ciento de los que participaron en el plebiscito de diciembre de 1957 aprobaron el nuevo régimen, a pesar de la oposición de los comunistas y de la derecha radical, como se explica en este escrito de Eduardo Pizarro.

Lo que le daba legitimidad democrática al Frente Nacional era que no se perseguía a la oposición política, la cual se mantuvo activa durante todo el período: primero en el Movimiento Revolucionario Liberal de López Michelsen, después en el Frente Unido de Camilo Torres y al final en la Anapo. Pero una cosa es que la democracia son las formas y otra que se las pueda reemplazar por una ilusión óptica, por un trampantojo. Las formas democráticas implican que quien gana las elecciones gobierna, si eso no ocurre, no hay democracia. Esa falsedad del sistema, la nula disponibilidad de las elites de poder a entregarlo a un bando de oposición que ganara las elecciones, fue denunciada por Camilo Torres con la famosa frase "el que escruta elige". Peor, en las elecciones de 1970 se confirmaron los temores del sacerdote. (Es muy curioso que Pizarro, miembro en su día de la guerrilla cuyo pretexto fue ese fraude, no lo mencione en su balance del Frente Nacional.)

Es muy curioso enterarse de que la guerrilla del ELN surgiera del activismo de las juventudes del ELN, según nos cuenta Plinio Apuleyo Mendoza: quien a la postre heredaría el Frente Nacional, con el resuelto apoyo del presidente que se hizo responsable del fraude de 1970, fue López Michelsen. La cadena de descontento que encarnaba en el gaitanismo y veinte años después, con bastantes matices, en la Anapo, pasó por el activismo del cura, cuya inmolación sirvió para reforzar a una guerrilla surgida del movimiento de López Michelsen, y cuya destrucción frustraría ese mismo personaje, como nos cuenta el general Valencia Tovar. Con suficiente astucia, el más típico representante de las elites de la primera mitad del siglo, si acaso emulado por los Santos, explota el descontento en su favor y sacrifica el mismo Estado con tal de tener una fuerza que le puede ser útil en cualquier momento.

También llama la atención que la contestación al Frente Nacional la encarnara alguien como Rojas Pinilla: es verdad que la base social de su partido estaba formada por antiguos policías y militares que habían prosperado durante su gobierno, pero al final arrastró a todos quienes se veían excluidos socialmente por las prácticas clientelistas y desfalcadoras de la elite gobernante. Muy probablemente su gobierno habría sido un desastre, pero no uno comparable al falseamiento de la democracia.

Tras el fraude se abre una segunda etapa de la "democracia" nacida en 1958: el descontento por la ilegitimidad del régimen lo canalizan por completo los partidarios de la revolución a la cubana, y ese sueño de prescindir de la democracia (a menudo basado en la denuncia del fraude, como si alguien odiara la moneda de un país porque le dieron un billete falso) terminó, previsiblemente, atrayendo a los herederos de esas elites. A partir de entonces todo fue construir la trama del clientelismo armado que tantas pensiones tempranas y tantas carreras espléndidas ha provisto a los que se dedican a las ciencias sociales y consiguen gracias a esas redes empleos estatales.

Esa carrera concluyó en la Constitución del 91, la cual garantiza un volumen de gasto público que significa provisión para la nueva generación de las elites a costa de las mayorías y de quienes trabajan. De todo eso se llega al actual conflicto con las cortes, corporaciones cuyos miembros se formaron en las universidades en que era unánime el culto al Che y se sienten amparados por ese marco legal para dedicarse a delinquir para salvar a la facción esclavista-totalitaria, tan claramente una minoría hoy como en el plebiscito de 1957. Pero ahora reforzada por todo el poder que el clientelismo armado ha dado a sus "fichas" en diversas entidades públicas.

En lugar de conmemorar el retorno de la democracia deberíamos pensar en barajar de nuevo corrigiendo todos los desvaríos totalitarios de esa Constitución, de modo que se pueda decir que vivimos en un Estado de derecho y no sometidos a la tiranía del hampa.

Lecciones de Bolivia

Semanas antes del referendo del 10 de agosto, los aliados internacionales de Evo Morales lanzaron una intensa campaña para defender a su pupilo.

El 30 de junio, Chávez viajó a Tucumán, Argentina, para asistir a la XXXV Cumbre del Mercosur, donde propuso a los países miembros de esa organización un plan para apoyar a Morales.

El 18 de julio, Chávez y el presidente Lula viajaron a Riberalta, Bolivia, para respaldar a Evo Morales. En un gesto claramente propagandístico, Lula firmó un protocolo para el financiamiento de 230 millones de dólares, para construir una carretera de 508 kilómetros que conectará a Bolivia con Brasil.

Poco antes del 10 de agosto, dirigentes del Foro de Sao Paulo viajaron a La Paz para “manifestar su apoyo al proceso político que vive Bolivia y a la gestión del presidente Evo Morales”. Según la nota de Mundo Posible, entre otros asistentes “estuvieron presentes el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, el Frente Sandinista de Nicaragua, el Polo Democrático Alternativo de Colombia y el Frente Amplio de Uruguay”. El Foro de Sao Paulo fue creado por Lula y Fidel Castro en 1990. Chávez es miembro desde 1995 y es el principal financista de esa organización.

Tal como lo reseñó el 11 de agosto una nota en el portal de noticias de Mercosur, “En la campaña del referendo revocatorio en el cual estuvo en juego el mandato de Evo Morales, su aliado estratégico Hugo Chávez fue la espada, y el presidente brasilero Lula da Silva, el escudo”.

En contraste, las fuerzas democráticas de Iberoamérica poco o nada hicieron durante la campaña electoral. Excepto por algunos artículos de opinión, se limitaron a esperar los resultados del referendo. Dejaron absolutamente solos a los opositores bolivianos.

Cada vez que uno de los miembros del Foro de Sao Paulo se encuentra en dificultades, el resto de los integrantes acude en su apoyo, pasando por encima de las nacionalidades. En cambio, los demócratas de la región actúan única y exclusivamente dentro de su propio territorio.

La lección es ésta: urge crear una contrapartida al Foro de Sao Paulo; una organización democrática iberoamericana, capaz de combatir internacionalmente a esa mafia de alcance mundial. Pero para lograrlo, primero se requiere ampliar la visión de la política. O los demócratas de Iberoamérica luchamos conjuntamente, o nos derrotarán uno a uno.

OJO CON ESTO: Chávez remata el país para salvarse El computador de Raúl Reyes –incautado el 1 de marzo pasado durante la Operación Fénix– marcó el fin del gobierno de Chávez. Evidentemente, un hombre tan estrechamente vinculado al narcoterrorismo colombiano no puede seguir ejerciendo la Presidencia. Chávez lo sabe y se siente acorralado. Por eso, se comporta como el mayordomo corrupto de la Biblia, quien –al verse descubierto– buscó a todos los deudores de su amo, rematando la deuda a la mitad de su valor, a fin de salvar el pellejo (Lucas16: 1-8 ).

En efecto, Chávez está pidiendo perdón a quienes ha ofendido –Uribe, el Rey Juan Carlos, el gobierno norteamericano– y está regalando dinero a manos llenas, con tal de que olviden sus nexos con las FARC. Los escandalosos ofrecimientos a Rusia muestran su desesperación. El problema es que el dinero no es suyo, sino de todos los venezolanos. Cuando nos demos cuenta, Venezuela estará quebrada e irremediablemente endeudada, a pesar de haber recibido los ingresos más altos en la historia de nuestra nación. Para impedir esta tragedia, es necesario constituir una gran alianza nacional, que represente a todos los sectores del país, cuyo objetivo sea lograr un cambio de gobierno este mismo año.

Teóricamente, el gobierno de Chávez debe durar hasta el año 2012; sin embargo, eso es una quimera. El Régimen caerá mucho antes –producto de su propia incompetencia– en medio de una gran anarquía, que devorará buena parte del país. Por eso, es preferible adelantarse a los acontecimientos, buscando una salida razonable y consensuada, que evite males mayores a los venezolanos. El tiempo se agota. Espero que la campaña electoral no impida a los dirigentes darse cuenta de la realidad.

Por: Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.

Las bombas amigas

Esta vez las cargas de profundidad no provienen de la oposición, ni siquiera de alguien distanciado del gobierno Uribe: la bomba fue instalada y detonada por Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro del Interior, por cuenta de sus posibles nexos con alias ‘Don Mario’, señalado como uno de los principales capos del narcotráfico a quien el Presidente pidió, hace unas semanas, que lo capturaran a como diera lugar.

Colombia conoce ya las conversaciones entre Guillermo León Valencia Cossio y varias personas cercanas al narcotraficante. Lo mínimo que podía hacer el hermano del Ministro era renunciar y enfrentar semejante escándalo sin enlodar aún más a la Fiscalía. Sin embargo, según el Fiscal General, tuvo que declararlo insubsistente pues Valencia Cossio se sentía atornillado a su cargo.

La situación es muy grave, pues no tiene presentación que el Ministro del Interior tenga a su hermano sumergido en una investigación de semejante calibre por presuntos vínculos con uno de los criminales más buscados del país. Por simple solidaridad con el Gobierno el Ministro debería renunciar e impedir que el escándalo complique en un futuro el desarrollo de los debates sobre las reformas política y de la justicia.

Es que la oposición tendrá una ocasión sin igual para obstruir el trámite de los proyectos por cuenta del debate sobre la legitimidad de un Ministro que tiene a su hermano en semejante problema judicial y con las pruebas ventiladas ante el público en cuanto a su cercanía con un criminal que además del narcotráfico, suma en su prontuario masacres, secuestros, asesinatos y otros graves delitos. Guillermo León Valencia no es el joven confundido que se prestó para transportar unos cuantos gramos de droga, sino un hombre hecho y derecho que sabe perfectamente quién es alias ‘Don Mario’ y el tenebroso mundo en el que se desenvuelve su supuesto benefactor.

El Presidente debería replantear el asunto de permitir que los problemas de algunos funcionarios sean absorbidos por todo el gobierno, pues además del desgaste, resulta frustrante que las armas para la oposición las entreguen personas cercanas a la Casa de Nariño.

En el mismo orden de ideas, el Presidente debió reflexionar en cuanto a la solicitud de investigación contra Daniel Coronell. Que un Presidente, quien en teoría aspira a un tercer periodo presidencial, pida que se emprendan acciones judiciales contra un periodista que es uno de sus más enconados opositores, deja un tufillo alarmante sobre las tentaciones de aplicar algunas medidas de tipo dictatorial contra algunos sectores de oposición.

Además, esa petición se presta para la manipulación como lo están haciendo, además del propio Coronell, comentaristas menores como Felipe Zuleta, quienes sostienen que pareciera que el propio Presidente hubiese admitido el cohecho, pues dicen que Uribe le pidió a la Comisión de Acusaciones que remitiera copias del expediente a la Fiscalía para investigar a Coronell por omitir la denuncia judicial de presuntos delitos cometidos por Yidis Medina y confesados en una entrevista.

Evidentemente Uribe pide que se investigue a Coronell por el cohecho que Yidis Medina confesó y por el cual ya fue condenada por la “implacable” Corte Suprema de Justicia, que le dio la casa por cárcel. Pero ya se presentó la primera tergiversación de Coronell quien dice que si el Presidente se dice inocente del cohecho, pues entonces no tendría nada de qué ser investigado.

La solicitud presidencial aparece como una retaliación contra un detractor implacable y abusivo. Sin embargo, para mal de la intención presidencial, es un periodista que generará la solidaridad de la prensa, cuya mayoría mantiene en la boca y en sus escritos, el credo antiuribista y lo recitan en cada ocasión. ¿Para qué dar la oportunidad de señalar al gobierno Uribe como si tuviera visos de dictadura en una situación tan compleja como el Yidiscohecho?

Es cierto que Daniel Coronell no tiene la ventaja de la protección a la fuente, pues esta figura solo incluye a aquellos informantes que, en aras de su seguridad, piden específicamente no ser mencionados. En el caso Yidis, Coronell recibió la información y fue depositario de una entrevista, un género periodístico que por obvias razones no cuenta con la protección de la fuente, salvo que Coronell hubiese ocultado la identidad de la entrevistada, cosa que nunca ocurrió.

Entonces, Coronell no obró de acuerdo al principio de la reserva sino como cajilla de seguridad para guardar un documento que implicaba la confesión de un delito: en el oficio no está contemplado el privilegio de la inmunidad por ocultar un material que incrimina a la fuente y la obligación fundamental del periodista es darlo a conocer ante el público. El punto central debería ser el esclarecer la motivación que tuvo el director de Noticias Uno para ocultar la información durante varios años y de repente sacarla a la luz pública, en un tiempo específico, a solo unos cuantos días de la divulgación de los resultados del peritaje de Interpol a los computadores de 'Raúl Reyes'.

El acuerdo Yidis-Coronell era una especie de seguro de vida que tenía la política en su paranoia de ser perseguida por algunos sectores, incluido el gobierno. Pero ahí está lo grave, pues Coronell no cuenta con el privilegio de ser el depositario temporal de una autoincriminación como la de Yidis Medina y es una prostitución del oficio el emitir el documento solo cuando les conviene al periodista y al entrevistado.

A pesar de ser complicado el asunto para el director de Noticias Uno, que sea el Presidente quien solicita compulsar copias sobre el caso a la Fiscalía parece una revancha contra un sujeto cuyas frustradas ambiciones lo han llevado a la enceguecida persecución contra Uribe.

Entonces, al ver el panorama completo es necesario preguntarse si es bueno seguir acumulando funcionarios en fase defensiva y desconcentrados en parte de sus tareas. Un gobernante debe marcar los límites de la lealtad, sopesar cada caso en particular, analizar qué situación es manejable, cuál es producto de la persecución política y quitarse de encima, en la medida de lo posible, las cargas y desgastes que implican las investigaciones y los escándalos.

Además, un gobernante debe ser astuto, aparentar que se hace el de los oídos sordos frente a las habladurías de sus enconados detractores y proceder con sagacidad para llevar a los criminales de la honra a la cárcel, sin ser el denunciante directo del delito. Es más: si efectivamente Coronell cometió un delito, como todo parece indicarlo, que sea el Presidente quien solicitó la investigación penal llevará a que no sea considerado un criminal sino un prisionero político y eso es echarle más leña al fuego.

Presidente: mantenga la compostura. Defiéndase bien de la infamia del cohecho y destape la extorsión, muestre las contradicciones de la señora Medina -ahora dice que usted miente, mientras que hace un par de meses declaraba que a usted le mintieron- y deje a Coronell rumiando la derrota que su gobierno le propinó en la demanda que estaba a punto de ganar contra el Estado. Su gestión, señor Presidente, evitó que Coronell se ganara, por inescrupuloso, 11 mil 500 millones de pesos que saldrían del erario público para enriquecer también a su abogado Ramiro Bejarano, uno más de sus pasionales contradictores.

Lo peor es que las bombas más destructivas contra su gestión no están viniendo de la oposición, ni de Venezuela, ni de Nicaragua: están lanzándolas desde el mismo gobierno.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

La pauta en Tv, un mercado restringido

La publicidad financia muchos de los servicios que consumimos y todo hace pensar que hacia el futuro ese porcentaje aumentará. La Internet, los espectáculos públicos, los medios masivos de comunicación, en especial la radio y casi toda la TV, viven o cubren parte de sus costos, y nos llegan a los consumidores gratis, o al menos más baratos, gracias a la publicidad.

Es un fenómeno típicamente capitalista en el que pocas veces nos datemos a pensar. Nos creemos con el derecho a recibirlos gratis, sin sospechar que en parte los estamos pagando indirectamente a través de los bienes que consumimos. Es como un impuesto al consumo (una especie de IVA) que va a parar a manos de estos empresarios, y que aumenta de valor en la medida en que aumente el costo de la pauta.

Afortunadamente en la mayoría de los servicios que venden pautas, y cada día aparecen nuevos, están en libre competencia y el mercado puede regular los precios.

Sin embargo el fenómeno en la TV es sui géneris. Aunque hay muchísimos canales de TV nacional e internacional disponibles en la TV por suscripción que le permiten al televidente escoger, una norma de la CNTV en mi criterio absurda, el Art. 14 del acuerdo No. 10 del 2006, impide que quienes pautan tengan igual libertad.

Absurda porque es imposible de aplicar: prohíbe colocar en los canales extranjeros, publicidad “dirigida exclusivamente al consumidor colombiano”, a sabiendas que en un mercado global, y con la señal puesta en el satélite, es muy difícil -sino imposible- determinarlo. Es una prohibición puesta ahí como para darle contentillo a alguien, o para intimidar a las agencias de publicidad.

Absurda, también porque le permite a los competidores extranjeros pautar en canales internacionales de alto rating, por ejemplo, CNN, ESPN, FOX, entre otros, y a los colombianos no. Y es absurda también, porque a la hora de imponer sanciones, no se sabe a quien sancionar, si a la agencia de publicidad o las empresas que ellos representan, que no están sometidas a los acuerdos de la CNTV; a los cableros que no hacen sino colocar en el cable la señal que bajan del satélite, o a los operadores y canales extranjeros.

¿Por qué tanto absurdo? nos preguntamos. La respuesta es fácil. Si las agencias de publicidad pautan en esos canales, le restan medios de financiación (utilidades) a los canales nacionales. Pero no tendría que ser así si los canales nacionales lograran atrapar –compitiendo- las preferencias del televidente, o al menos que quienes miden el rating, lo dijeran: las agencias de publicidad se guían por las mediciones de rating para colocar su pauta publicitaria, y los canales de TV para fijar sus tarifas, de manera que es clave lo que digan esas mediciones.

Aunque desde hace años se percibe una creciente preferencia por la TV internacional (la gente paga tarifas estratificadas por verla) solo recientemente se le ha dado el peso que le corresponde en los estudios de medición de rating, ¡y ahí fue Troya!

El ataque se vino en todas direcciones contra quienes miden el rating: primero el desprestigio basado en desinformación y acusaciones no probadas; segundo las amenazas de desfinanciarlas; tercero el acuerdo 10 de la CNTV, y por último el interés nacional. La Ministra terció a favor de este último argumento.

La verdad es que los canales privados poseen publicidad cautiva (se habla de subsidios cruzados entre las empresas de sus respectivos grupos) y conforman una especie de oligopolio solo amenazado ahora con el tercer canal, de manera que la competencia extranjera no le hace ni cosquillas. No obstante tarifas altas en la pauta publicitaria, le resta competitividad al país -inhibe el empresarismo y la creatividad- de manera que, o se permite que los anunciantes colombianos coloquen su publicidad donde les plazca y los canales nacionales compiten por atraerla, lo cual bajará las tarifas, o se prohíbe toda la publicidad en los canales extranjeros y se regulan los precios en el país.

La consecuencia lógica de tal medida, es que se reduzcan las tarifas de la pauta en TV, se racionalicen los costos de la producción de audiovisuales, y se estimule el acceso a la TV de empresas que no lo hacen porque sus costos son prohibitivos.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. Especial para Atrabilioso.
myances@msn.com

No aprenden

Alguien decía que la inmadurez de la oposición es una de las grandes falencias de la democracia colombiana. Los hechos así lo confirman. En el Congreso de la República, algunos sectores decidieron citar al Alcalde Mayor de Bogotá a un debate de control político para que explique la grave situación de inseguridad que se vive en la capital del país. En la Cámara la citación fue hecha por algunos sectores uribistas, mientras que en el Senado fue la oposición liberal la que convocó al burgomaestre.

Sin embargo, ¡oh sorpresa!, la bancada del Polo Democrático Alternativo se opuso a la citación y según el senador liberal Héctor Elí Rojas, le impidió al Alcalde que se presentara ante el Congreso a rendir cuentas. Finalmente Moreno Rojas admitió que no asistiría, confirmando la cobardía del nieto del dictador para poner la cara como un gobernante de verdad.

Es bueno recordar que hace un año, el senador del Polo Jaime Duzán informaba que su partido no presentaría ninguna propuesta y se concentraría en el control político. Sin embargo, parece que dicho control se ejerce solo con criterio partidista y tiene como propósito golpear al gobierno nacional, mientras que los gobernantes pertenecientes a la oposición se resguardan debajo de las enaguas de sus copartidarios.

Mientras el gobierno nacional ha puesto la cara en todos los debates de control político, asistiendo y deliberando sobre las múltiples acusaciones que brotan de la oposición, la bancada del Polo Democrático Alternativo esconde a su gobernante y trata de impedir el ejercicio legal del control político.

Es de las cosas más antidemocráticas que puede hacer un partido político, pues el Congreso, con legitimidad o sin ella, tiene el derecho constitucional de adelantar los debates que crea pertinentes para conocer las diferentes situaciones de la vida nacional y, como no, de la capital del país.

Samuel Moreno Rojas no tiene licencia de impunidad por su desgobierno, y debe darle la cara al país y concretamente a los congresistas que lo citaron, para explicar la crisis de seguridad que vive la ciudad y no mandar a la secretaria de Gobierno, Clara Eugenia López, pues ella es una funcionaria seleccionada con la dedocracia -o debo decir la apellidocracia- y no fue elegida por los bogotanos.

El asunto es grave. Además de un creciente problema de pandillas, en Bogotá, cada dos días es asesinada una persona por la acción de sicarios. Un estudio del Centro de Estudios de Violencia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno considera que en el primer semestre se presentaron 235 homicidios cometidos por pistoleros, por encargo o por ajuste de cuentas. Para la administración todos esos casos se deben a riñas y celos, cuando basta con repasar la historia reciente del país y especialmente el accionar de los carteles de la droga y del brazo armado del totalitarismo para darse cuenta de que la situación no es solo de problemas de convivencia, sino de la escenificación de enfrentamientos entre bandas del narcotráfico y del narcoterrorismo.

Pero las cosas no paran ahí. Este año han estallado 13 artefactos explosivos en la ciudad, sin contar los 5 buses que fueron quemados en forma simultánea hace algunas semanas. Uno de los últimos atentados terroristas, ocurrido en el barrio Cedritos, dejó un saldo de ocho personas heridas. Según la policía, el atentado fue perpetrado por las Farc, por la negativa de los propietarios de una empresa a pagar una extorsión del grupo terrorista.

Es más: desde hacía varios meses, los cuerpos de inteligencia venían señalando que la columna Teófilo Forero de las Farc estaban intentando ejecutar una escalada terrorista en la ciudad. Las informaciones daban cuenta de la presencia de miembros de esa facción terrorista en Bogotá quienes buscaban generar un fuerte golpe de opinión con un ataque que tuviera amplia difusión en los medios de comunicación. Además, las Farc habían enviado a alias ‘Alberto’ con 13 terroristas del frente 49 para atentar contra la caravana presidencial y el Hospital Militar.

No se sabe si es cuestión de ineptitud, ignorancia o ceguera producto de las simpatías ideológicas, pero Clara López, secretaria de Gobierno de Bogotá informó que “en Bogotá no hay cuadrillas de las Farc”. La funcionaria se enredó en su intención y explicó que “el Distrito no tiene conocimiento oficial que en Bogotá existan grupos al margen de la ley totalmente(??) conformados”. Luego aceptó que hay infiltración de algunos de ellos.

Seguramente la señora López pretende “oficializar” la presencia de las Farc después de un desfile terrorista al mejor estilo de la zona de distención, o de repente está esperando una carta de ‘Alfonso Cano’ para aceptar que en Bogotá operan reductos de las Farc. Ni lo uno ni lo otro ocurrirá, pues el modus operandi del grupo terrorista en la actualidad es el movimiento de pocas unidades entrenadas específicamente para cometer acciones de terror y para eso es fundamental el bajo perfil y el manejo excluyente de la información relacionada con los objetivos y los mecanismos para los atentados. Esto lo demuestra el gravísimo ataque terrorista contra dos sedes de Carrefour en la capital del país.

Los citantes al debate son más benévolos con la desadministración de Bogotá. Uno de ellos, el representante Nicolás Uribe señaló que “falta que la administración Distrital reconozca el problema porque la alcaldía sigue insistiendo en que hay peleas por problemas de celos y riñas y no se admite que hay bandas organizadas que están actuando en la capital.”

A su turno el representante Simón Gaviria resaltó que “hasta tanto no se reconozca el problema, no habrá una política que sirva para combatir lo que verdaderamente está sucediendo.”

En este sentido, es tan grande el error en el diagnóstico de la problemática de seguridad en Bogotá que el alcalde Moreno invertirá 600 mil millones de pesos en el tema de seguridad y la misma cantidad para los temas de convivencia, lo que demuestra que para la administración distrital el factor decisivo en la inseguridad está en la convivencia y no se tiene en cuenta, ni se admite, la enorme influencia que tienen las Farc y los demás actores violentos en la crisis que afecta a la capital del país.

Es que el Polo Democrático Alternativo no aprende. Una situación idéntica ocurrió en la pasada administración de Luis Eduardo Garzón, cuando el testarudo mandatario se negaba a admitir que en Bogotá estaban operando milicias de las Farc en algunos sectores y se centraba exclusivamente en la criminalidad producida por los paramilitares. Consecuencia de semejante estupidez, las estrategias de seguridad de la capital se estructuraron basadas en un mal diagnóstico que repercutió en los indicadores de seguridad hasta que finalmente la situación quedó al descubierto y el “gran” Lucho tuvo que retractarse y tomar medidas para enfrentar al brazo armado del totalitarismo en Bogotá.

Sin embargo la tozudez de Garzón terminó en desgracia para varias familias y algunos ciudadanos perdieron la vida por la miopía de la administración del Polo Democrático Alternativo. Pero, consecuente con lo que representa, Samuel Moreno no vio, ni escuchó ni aprendió la lección de sangre que tuvo que enfrentar su antecesor y ahora su flamante Secretaria de Gobierno comete el mismo error que dejará más víctimas de la escasa comprensión de la realidad que infecta al grupo político que representa.

Es tan profundo el sesgo que tienen las administraciones del PDA para analizar los problemas de seguridad, que incurren incluso en mentiras para justificar sus posturas, como ocurrió con el manejo de las cifras de muertes violentas en Bogotá. Según la desastrosa administración Garzón, en la capital habían disminuido el número de homicidios el año pasado. Sin embargo la realidad es que las muertes violentas aumentaron en un 4,8% con respecto al año 2006.

La mentira se produjo porque la Alcaldía Mayor de Bogotá dejó de utilizar los datos de Medicina Legal desde el momento en que las cifras no le fueron favorables. Es más: la Alcaldía señaló que dejaban de lado esas cifras porque Medicina Legal incluía los abortos, cosa que es otra flagrante mentira del veleidoso Garzón y de su combo.

Pero el maquillaje no paro ahí. Los datos relacionados con los demás delitos también fueron manipulados, pues se dejaron de incluir los delitos que por su monto o por la gravedad de las lesiones personales, pasaron a ser contravenciones: robo de celulares, lesiones con incapacidad menor de 30 días, robo de menos de cuatro millones de pesos, etc, fueron excluidos de la estadísticas, como si no influyeran en la percepción de inseguridad que hoy siguen viviendo los habitantes de Bogotá.

Mientras la ciudadanía padece la inseguridad, Samuel Moreno solo vocifera exigencias, críticas al sistema penal y presiones por resultados; todo con tal de evitar asumir las responsabilidades que le corresponden y ejercer, de verdad, las funciones que le fueron encomendadas por la mayoría de electores de Bogotá.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.