Desempleo

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
Especial para Atrabilioso. myances@msn.com

El empleo (el trabajo, o los ingresos de sus ciudadanos, quedaría mejor dicho) es en última, el tema más importante en un país. Si todos tuvieran trabajo e ingresos para vivir al menos modestamente, muchos de los males del mundo desaparecerían.

El primer paso para lograrlo es crear riqueza (o tenerla en el suelo como los países del medio oriente) para luego distribuirla a través del empleo, cuando el crecimiento vaya acompañado de mas empleo, y no de mayor productividad o automatización, por ejemplo; o apropiándose de ella a través de la tributación, para redistribuirla en forma de asistencia social.

Pero los países se compiten por atraer puestos de trabajo, y para se exitosos en esa lucha hay que crear estímulos y ganar en competitividad: 1) reduciendo la tributación, pero si mucho, ¿qué se reparte entonces?; 2) desarrollando infraestructura de transporte, comunicaciones y de servicios públicos buenos y eficientes, ¿de dónde sale el dinero? y 3) reduciendo los costos laborales y el poder adquisitivo de la moneda, pero ¿qué se puede comprar entonces con lo que se gana?

Esa es la gran disyuntiva, pero no hay otra formula diferente a la de dosificar todo lo anterior. La otra estrategia -el Estado empleador- conlleva exceso de burocracia, ineficiencia y corrupción.

Pero detrás del fenómeno del desempleo se esconde otro mayor: que la gente no quiere emplearse. Primero porque pierde su libertad, tanto en movilidad como en la capacidad de tomar decisiones; y segundo, porque es poco lo que se gana y mucho lo que se pierde en asistencia social.

Eso lo puedo decir sin temor a equivocarme de nuestra gente Caribe, porque aunque rudimentariamente, uno hace sondeos de opinión. No del resto del país porque son otras idiosincrasias, pero podría explicar por qué tantos puestos de trabajo en la ciudad están siendo ocupados por personas de otras regiones.

Recién hablando con un lanchero que tenia en venta su la lancha, le propuse que se la compraba y el podría seguir trabajándola para mi. Según mi perspectiva ese era un buen negocio para él: recibía una buena suma de dinero con el que podría levantar una modesta casa, y continuaba con su trabajo.

Tal vez no iba a ganar lo mismo, pero ese que podría ser el tema a discutir, ni siquiera fue considerado por él. Me respondió que no aceptaba: “mire, compa –me dijo- yo ahora termino mi trabajo (eran las 2 de la tarde y se había ganado 50 mil pesos) y me voy a festejar el día del padre. Si fuera su empleado no podría hacerlo, tendría que cumplirle un horario, o haber logrado una cuota que usted me exigiría.”

El negocio era entonces –supuse- venderme la lancha mas cara y comprarse otra, con lo cual se ganaba unos pesos extras, mantenía el trabajo, los ingresos y la libertad. Nada de eso podría hacer si fuera empleado.

Lo cierto es que hay tareas que son desagradables de realizar, y otras que aunque sean agradables, repetidas “ene veces” se vuelven monótonas y aburridas: son las que quienes pueden, sistematizan y delegan. Entre las pocas que se salvan están las relaciones sociales, y las artes y los deportes, hasta que se comercializan.

También hay gente para todo, me dirán, y eso es cierto. Hay personas que se sienten mas seguras y útiles haciendo cosas monótonas, y hay muchos grados de monotonía, pero nuestra gente es por naturaleza –sostengo que es culpa del mar- alegre, creativa y amante de la libertad, y por lo tanto muy difícil de encasillar.

Además si los pocos puestos de trabajo que se crean en la ciudad son ocupados por personas de otras regiones, no afectan el censo que sirve de base para calcular el desempleo, y el índice no se afectará. En eso, otras regiones son más celosas que la Costa Caribe.

Apuntes sobre el delito político

Por Jaime Ruíz. Columnista invitado al Sistema Atrabilioso.

Todo el que publique algún escrito sabe que lo que más conviene es el halago de los lectores, cuanto más adornado con flores retóricas, mejor. Por eso uno siempre está condenado a despertar un rechazo generalizado en la medida en que lejos del halago busca la verdad, y más si esa verdad consiste en algo tan desagradable como esto: que no hay un problema de violencia o de criminalidad ajeno a los valores predominantes entre los colombianos sino que la guerrilla y el narcotráfico son expresión de esos valores y en cierta medida resultados inevitables.

Pongamos el caso del delito político. ¿Quién no oyó decenas de veces que un acto atroz como la bomba de El Nogal no se podría considerar delito político? Es una opinión corriente y muy difícil de poner en cuestión que las personas que se alzan en armas por sus ideas y por la justicia que conciben merecen respeto y benevolencia penal. Cada vez que uno trata de explicarle a alguien que ir a matar gente para imponer la voluntad propia sobre la de la mayoría es de por sí un crimen que en los países civilizados multiplica las penas que se aplican a los demás crímenes, uno se siente como predicando el canibalismo ante las reacciones de los colombianos. Es una opinión que casi todos los colombianos comparten y que sirve de estímulo a la violencia política, como bien lo explica Eduardo Posada Carbó .

Lo que parece interesante, una vez se admite que las desgracias colombianas surgen del cúmulo de valores comunes, es analizar el significado profundo de esa opinión, que lógicamente no se tiene en Europa ni en Norteamérica ni en ninguna otra parte, salvo en otros países de Latinoamérica, como acertadamente explica Salomón Kalmanovitz.

Hay una relación de mutua dependencia entre las opiniones corrientes y las expresadas en los códigos legales o por los encargados de aplicarlos. Unas y otras proceden del espíritu tradicional y expresan modos de vida arraigados. Es verdad que la gente se acostumbra a lo que le imponen las leyes, pero también que un régimen legal que contrariara las ideas mayoritarias tendría grandes dificultades para aplicarse.

Pensando en eso, ¿qué puede significar un ordenamiento legal que autoriza el asesinato de sus agentes? ¿Qué Estado o que gobierno pueden conceder ventajas a quienes pretenden destruirlo por la fuerza? Basta ese absurdo que casi nadie cuestiona para entender la profunda deformidad de la sociedad colombiana. Y su explicación está en el origen del Estado.

Es decir, las instituciones republicanas crecieron con base en la sociedad colonial y el ordenamiento que se impuso fue el que correspondía a las clases dominantes de ese orden, exceptuados los peninsulares. Durante varias décadas siguió siendo legal la esclavitud y las viejas costumbres, como la de usar los cargos públicos para enriquecerse, se mantienen todavía. Las instituciones democráticas son elementos superficiales y aparentes en ese orden de apartheid y existen en un continuo forcejeo con las realidades sociales previas. Basta un examen superficial a fenómenos endémicos como la tutela o la parafiscalidad para entender la persistencia de ese viejo orden.

De tal modo, el delito político es un fuero que tenían los poderosos del orden tradicional y que pretenden conservar. En realidad todo lo que representa la llamada izquierda democrática, el conjunto de redes comunistas y pro-guerrilleras que conspira por mil medios para destruir las escasas libertades e instituciones democráticas que hay, es la defensa de esos fueros y privilegios de las castas superiores de esa sociedad de siempre. Respecto al delito político, no está mal prestar atención a un par de párrafos de Kalmanovitz:

En la América española los criollos apropiaron el constitucionalismo católico feudal para rehusar lo que consideraban el mal gobierno, o las leyes que les parecían nocivas, e hicieron del desacato y de la ambigüedad una conducta frecuente. Ni el racionalismo del absolutismo francés ni la idea del contrato social se adaptaron en estos lares durante la construcción de las repúblicas durante el siglo XIX. El constitucionalismo de sucesión, mediante el cual los caudillos se atornillaban al poder o cambiaban las reglas de juego existentes por unas exactamente al contrario, o hacían fraude electoral masivo, le restó legitimidad al ejercicio del poder y justificó la rebeldía de los perdedores en la política.

El sistema de justicia que se fue desarrollando mantuvo algunos de los rasgos corporativos y de casta, con regímenes distintos y favorables para los que ostentaban fueros militares, religiosos y comerciales, mientras que las castas aprendieron la dura lección de que la ley era para los pobres. La desidia, la mala educación de los abogados, la mezcla de modelos de justicia importados y la carencia de un centro de gravedad o de jurisprudencia basado en el estudio riguroso de los fallos del pasado, alejaron la ley del derecho. El sistema colombiano mantuvo unos rasgos de independencia en sus cortes superiores que se manifiestan con fuerza en el presente.

Bueno, yo he hablado antes de deformidad moral de la sociedad, pero es algo que se manifiesta en los individuos, en unos con más energía que en otros. ¿Nadie ha leído que todo eso estaría bien en las democracias pero que Colombia no lo es? Yo he vivido muchos años fuera de Colombia y cada vez que pienso en algo que es a un tiempo intolerablemente tosco, perverso, infantil y estúpido se me atraviesa la idea de Colombia. Ese pensamiento de que las FARC pretenden anular las elecciones para corregir la existencia del fraude electoral sólo se le puede ocurrir a un colombiano. Pero es predominante.

Vale la pena volver a pensar en el atentado de El Nogal: ¿cómo que no es un crimen político? ¿Qué otra cosa va a ser? Según un canallesco profesor de la Universidad Nacional (valga la redundancia), Mauricio García Villegas, Los grupos armados ilegales han tenido en Colombia dos motivaciones: la injusticia social y la ineficacia del Estado. Por la primera se han formado las guerrillas; por la segunda han surgido los 'paras'. En esas frases está expresado el punto de vista predominante entre los colombianos: ¡el comunismo es sinónimo de justicia! Andar diciendo que es el mayor crimen de la historia, que la historia de Colombia resulta casi idílica si se la compara con la de cualquier país en que hayan dominado los comunistas... Uf, eso suena a estar peor que loco.

La comprensión de la mayoría, al menos de la mayoría de las clases medias urbanas, hacia la guerrilla es la principal causa del levantamiento armado y de todos los crímenes que se cometen por su causa. Pero al respecto la opinión generalizada sigue siendo la misma, sólo ha cambiado un poco la claridad con que se aplaudía a las FARC hace unos años. Ahora se presentan como un mal necesario. Como decía un asqueroso personaje en una ocasión, algunos de sus miembros cometen infracciones del DIH y merecen ser castigados, con los demás hay que negociar las leyes.

La anécdota de El otoño del patriarca es irresistible: cuando alguien obedece la orden de matar a los niños que conocían el secreto de la lotería, finalmente a ese alguien se le castiga: «hay órdenes que no se deben cumplir». Lo mismo ocurre con la respetabilidad del levantamiento armado por la justicia social, cuando la escalada de violencia conduce a rellenar de excrementos los cilindros para hacerlos más eficaces, aquellos que ordenaron a los niños y rústicos «tomar las armas para combatir la injusticia social» se desentienden y se escandalizan, aunque no es que les hagan muchos ascos a las rentas de las retenciones (que llegan a través de ONG influyentes en otros países, en los mismos en que se invierten los capitales justicieros).

¿De qué modo pueden entenderse que los jueces defiendan por tradición el derecho a matar soldados y policías, que no otra cosa es el «levantamiento armado contra la injusticia social»? Hay que imaginarse la Colombia del siglo xix. Si en una de tantas guerras civiles resulta vencedor un bando lo primero que hará será decretar penas muy altas para toda rebelión, salvo que cuente con no poder evitarla: que aun en el poder su capacidad de imponerse totalmente sobre cualquier insurrecto será limitada. De modo que tiene que convivir con los potenciales insurrectos y sólo asegurarse de que en caso de una nueva guerra civil su persona y su familia y su grupo no vayan a resultar afectados. Ésa es la clave del delito político: los miembros de las castas superiores están a salvo de la violencia y para eso permiten el asesinato de los miembros de las castas inferiores que trabajan defendiéndolos.

Al respecto conviene recordar a Paul Valéry: «en las guerras se matan entre sí personas que no se conocen para beneficio de personas que sí se conocen y no se matan». El tremendo forcejeo entre las formas de vida coloniales y las que pretenden la asimilación al Occidente civilizado es toda la historia de la Colombia independiente. El núcleo de esas formas de vida es la esclavitud. En una situación de orden e imperio de la ley la presión por la igualdad y por el reconocimiento de aquello formalmente aceptado en las bases constitucionales terminaría siendo lesivo para las castas poderosas. En caso de «conflicto» el terror, el asesinato, el despojo, etc. contra los miembros de las castas inferiores, se legitiman y quienes lo cometen tienen garantías de impunidad, al tiempo que la capacidad de gasto estatal se multiplica. Los acuerdos de paz terminan siendo mutuas concesiones entre las facciones de poderosos que mandaban a su ganado a matarse, siempre en provecho propio y a costa de los que no viven de la política sino que trabajan.

El que tenga alguna duda sólo tiene que fijarse en los resultados de la Constitución del 91: expansión del gasto estatal a favor de los abogados, maestros, médicos y demás (con penosos resultados en productividad), imposición de un método de «justicia» que en la práctica es la supresión del derecho en favor de la discrecionalidad del juez, multiplicación de gasto en entidades como la Universidad Nacional, es decir, de rentas para los promotores de la lucha revolucionaria... La «oligarquía» que decían combatir no resultó tan perjudicada.

En últimas el delito político es un despropósito legal y moral que en Colombia se mantiene porque la guerra contra las instituciones democráticas es la guerra contra los pobres y sobre todo contra los que trabajan: la defensa del orden de siempre. Lo que pasa es que los colombianos que leen la prensa y escriben en los blogs mayoritariamente están en lo mismo, y resultarían completamente desvalidos e ineptos en una sociedad competitiva.

Son mayoritariamente miembros de las clases parasitarias, es decir, de la clientela del terrorismo y eso es lo que lleva a hacer que su corazón romántico se sienta atraído por conceptos tan amables como «justicia social», «ideales», etc. Lo mismo ocurre con las papilas gustativas que encuentran «dulce» y envían algo que en alguna instancia del cerebro se traduce en «calorías». El apego de los colombianos instruidos al delito político expresa sobre todo el temor y el rechazo a un mundo en el que tendrían que trabajar. Y las masacres y secuestros son la defensa relativamente eficaz que se opone a ese mundo. Esperar que quieran hacerse responsables de ellos ya es entrar en un terreno de infantilismo que no merece que se le dedique tiempo.

Las fotos: esas pruebas contundentes que no dicen mucho

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Informativo Atrabilioso.

Una foto capta un instante en la vida de un ser humano y cuenta, a su manera, una historia grande o pequeña relacionada con el discurrir de esa persona.

La fotografía de Gustavo Moncayo con ‘Tirofijo’ resulta impactante porque captó un instante en el que el “caminante de la paz” está junto al máximo líder del terrorismo colombiano.

También impacta por el gesto de Moncayo, pues muestra tranquilidad y hasta optimismo, pero también se podría decir que evidencia cierta satisfacción por estar en compañía del jefe de los mayores asesinos en la historia colombiana.

De igual forma, la fotografía nos traslada a la tristemente célebre zona de distensión pastranista, en la que los medios de comunicación llenaban tiempo y páginas con sendas entrevistas a los criminales y a todo el que llegara a la ingrata región.

Así mismo, la fotografía recuerda la “reunionitis” de la zona de distensión y las correspondientes ruedas de prensa, pues el micrófono y el hablador con el nombre o el cargo de alguno de los participantes en una de tantísimas reuniones, muestran que Moncayo se encontró con ‘Tirofijo’ a la vista de todo el mundo.

Ciertamente la fotografía fue captada en la zona de despeje y la presencia de Moncayo en esa región ha sido ratificada varias veces por el profesor. También, la búsqueda de la liberación de su hijo, podría explicar ese instante de la foto Moncayo –‘Tirofijo’.

Hasta ahí la foto confirma un hecho conocido por la mayoría del público colombiano. Lo que no está presente en mi memoria es la contundencia de Moncayo frente a ‘Tirofijo’, ni un discurso airado del profesor frente al cabecilla terrorista. Tampoco recuerdo que Moncayo le haya pedido, frente a propios y extraños, que dejara las armas, abandonara el terrorismo y entregara a los secuestrados sin condiciones. No se si mi memoria es tan frágil que olvidó la exigencia de Moncayo a ‘Tirofijo’ para que este último aceptara las imposiciones del Gobierno.

A todas estas, tampoco recuerdo que Moncayo haya salido a protestar contra las FARC, ni contra el interlocutor de la fotografía, por el fraude y la burla que hicieron los terroristas junto al presidente Pastrana, con el famoso intercambio humanitario: ¿Moncayo le preguntó a ‘Tirofijo’ los motivos que tuvo el grupo terrorista para no liberar a TODOS los secuestrados? ¿Será que vale también en esto la comprensión especial por ser un familiar de secuestrado?

¡Qué mala memoria la mía!

Intimidacion legal

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

myances@msn.com

El colombiano promedio no distingue bien entre vocablos como investigar, llamar a declarar, abrir juicio y condenar.

La explicación a esta simbiosis de significados podría ser un reflejo de la poca confianza que se tiene en la justicia. El solo contacto con la rama judicial en calidad de sospechoso o testigo, divulgado por los medios, deja en la ciudadanía la certeza de culpabilidad, porque también existe la creencia generalizada de que sobre los jueces hay tantas presiones, que no puede esperarse objetividad. En otras palabras, que hay mucha impunidad.

Es un fenómeno extraño, porque la ciudadanía condena a priori, no por una especie de morbo o sadismo nacional, como podrían especular algunos, sino precisamente porque la justicia exonera. Ante tanta impunidad, es mejor suponer que todos los sospechosos son culpables, parece decir el ciudadano.

Uno de los indicadores de éxito de la aplicación de justicia, además de la prontitud, debería ser por ejemplo, lograr que la ciudadanía espere, entienda y acepte los fallos, y no condene a partir de los titulares de prensa.

En un escenario como el descrito, es inevitable que la declaración del Fiscal general de la Nación, en el sentido que “Quien difunda ideas o conductas como el genocidio, o que promuevan la rehabilitación de grupos al margen de la ley que hubiesen incurrido en conductas de lesa humanidad, podrán ser investigados por la Fiscalía”, sea interpretada como intimidación que cercena un derecho fundamental: el de formarse y difundir una opinión.

Para la muestra un botón. Casi simultáneamente la CSJ ha sentenciado que "Aceptar que en lugar de concierto para delinquir, el delito ejecutado por los paramilitares constituye sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas, sino burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia." Concepto que no se podrá controvertir a la luz de lo expresado por el Fiscal, so riesgo de verse enredado en trámites judiciales, y titulares de prensa.

Pero aun así, la sentencia parece dejar claro que los mismos actos de violencia tuvieran diferente clasificación moral, dependiendo de si provienen de la guerrilla o la contraguerrilla, y que en los casos de sedición no se burla el derecho de las victimas, ni se pone en riesgo la aplicación de la justicia. (¿?).

En mi opinión hubiera sido preferible interceptar todos los teléfonos del país (así al menos habría la prueba) que limitar la libertad de expresión mediante la intimidación legal.

Bajo esta perspectiva, imagino que el libro “Guerra civil, terrorismo, y anomia social” escrito por el sociólogo e investigador alemán Peter Waldmann, en el que se hace un concienzudo análisis de la situación colombiana, y se proponen atrevidas y novedosas formulas para acabar con la violencia, será retirado pronto de las librerías; cuando lo que se requiere es creatividad y la libre participación de todas las mentes del planeta.

En el análisis de la situación colombiana los actores –extrema derecha o extrema izquierda- son lo de menos, de nada sirve estigmatizar a unos y glorificar a otros. Se trata de fenómenos sociales incubados durante larguisimos periodos de luchas armadas por el poder, que deben ser desarmados tanto en lo físico como en lo espiritual, al precio que sea: si se pueden derrotar, muy bien, pero si no, es necesario reconocerles en la legalidad al menos parte del poder que ostentan en la ilegalidad.

El inicio de la derrota, que no tiene que ser militar, puede ser desmembrado sus ejércitos desde abajo, con incentivos a la desmovilización sin negociar con los cabecillas, creando oportunidades de empleo en sus regiones de origen, conformando con ellos ejércitos legales, entre otras; mas que pensar en cómo judicializarlos.

¿Solo 45 personas permanecen secuestradas en Colombia?

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Es increíble la capacidad de propaganda que tienen las FARC, y el servilismo de propios y extraños frente a esa propaganda: Álvaro Uribe, Nicolás Sarkozy, Luis Inacio Lula y los participantes en la reunión del G-8 concentraron su atención en la liberación de 56 secuestrados en poder de las FARC. En ese momento eran 56, pues no habían fusilado a los diputados del Valle.

Esto significa que el objetivo de las FARC de concentrar la atención del mundo en el 5% de los secuestrados que mantienen en su poder, se ha cumplido: ahora el mundo habla de esos secuestrados (los que interesan para extorsionar al Estado) pero nadie, absolutamente nadie dice ni una sola palabra sobre las otras 850 personas que padecen en manos de las FARC.

Qué Sarkozy pelee por su “conciudadana” es entendible, aunque podría reclamársele que el poder que tiene le entrega también una responsabilidad con el mundo y por ende, debería por lo menos aparentar que su lucha es por todos los secuestrados, como se lo recordó Lula en Alemania.

Pero, ¿cuántos son los secuestrados en poder de las FARC? ¿Por cuántos se están haciendo gestos unilaterales y presiones internacionales? La respuesta es dolorosa: por solo 45… ese es el número mágico que el mundo ha asumido como único e irrefutable.

¿Y de los otros 3.134 mil qué? Nada. Sus familias están abandonadas a su suerte, como ocurre con los padres de dos menores de edad que fueron secuestradas por las FARC hace un par de años en Pitalito, Huila, y cuya suerte es un misterio para sus seres queridos: reparten volantes, pegan las fotos de las niñas, ruegan por 15 segundos de televisión en un noticiero importante o, de vez en cuando, agradecen una corta entrevista en algún medio regional.

Esos 3.134 secuestrados no existen ni para el Gobierno, ni para Francia, ni mucho menos para las FARC, que tienen en esos plagiados una reserva financiera que les permitirá, tarde o temprano, comprar armas y munición para seguir matando colombianos.

Lo más grave es la actitud del presidente Uribe frente al tema: en su última visita a Washington habló sobre el tema y dijo que “el gesto unilateral de liberar a algunos guerrilleros presos busca la liberación de todos los secuestrados” y a continuación aseguró que “reclama la liberación de los 56 secuestrados y de Emanuel, el hijo de Clara Rojas”: ¿Cómo así Presidente? ¿Es que no tiene tiempo para mirar las estadísticas del secuestro? ¿No le han dicho que son más de 3 mil secuestrados por los que usted debe hablar?

Es infame, por decir lo menos, que desde el Presidente de la República, pasando por los medios de comunicación y llegando hasta los ciudadanos del común, solo se hable de los secuestrados cuyas familias tienen la posibilidad de aparecer constantemente en los medios de comunicación, presionando y haciendo ruido sobre el drama que viven los secuestrados y sus seres queridos… ¿y de los otros quién habla?

Silencio absoluto: mientras Canal Capital hace una campaña por el “acuerdo humanitario” para liberar a los 45 secuestrados que tienen vitrina, y Caracol reencaucha la triste historia del hijo de Clara Rojas, NINGÚN medio dice una palabra sobre los otros 850 secuestrados que tienen las FARC en su poder.

Sus familias lo saben: están solas y a su suerte, fotocopiando volantes porque el dinero no les alcanza para mandarlos a imprimir y mucho menos tienen la posibilidad de pagar una avioneta para lanzarlos en la selva, como hace cada año el esposo de Ingrid Betancur.

Las familias de los 850 secuestrados de las FARC y de los 3.134 secuestrados que no han podido pagar su rescate, han sido abandonadas por el Estado y por el mundo, en una indolencia que no tiene presentación y que demuestra el grado de manipulación mediática y oportunista que se hace con el drama del secuestro en Colombia.

Y ni hablar de los políticos, comenzando por el Alcalde de Bogotá que presiona desde su curubito, pero contrario a lo que proclama en su eslogan, su gestión está basada en una indiferencia TOTAL por 3.089 personas amarradas y torturadas a diario.

Por esos secuestrados, por los 3.089 seres humanos que están encadenados en algún lugar de Colombia… por los cerca de 900 secuestrados en manos de las FARC, dizque ejército del pueblo… por ellos hay que alzar la voz y es por ellos que hay que exigir la liberación inmediata y sin condiciones.

Pero solo enfocar el asunto al 5% de los secuestrados que tienen las FARC, y en un poco más del 1% del total de personas que permanecen en cautiverio es una afrenta a la dignidad de los colombianos y un mensaje aterrador para la ciudadanía: si lo secuestran y no tiene influencias, usted y su familia estarán solos dando la batalla.

Eso, terroristas de las FARC, señores Uribe y Sarkozy, señor Lula… eso da asco.

Calmante

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Muchas veces se podrá hacer el intento, pero nunca se comprenderán, ni siquiera de manera aproximada, los sentimientos y las expectativas de los familiares de los secuestrados.

El profesor Gustavo Moncayo decidió emprender una manifestación solitaria por la libertad de su hijo. Al principio, cuando salió de Sandoná, Nariño, solo lo acompañaba su hija y supongo que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para que los medios de comunicación divulgaran la acción de Moncayo.

Pero en un país que está comenzando a sensibilizarse contra el secuestro, y en el que juegan intereses políticos para apropiarse abusivamente del tema, poco a poco los colombianos fueron despertando, entre otras razones, por la valerosa acción de Moncayo.

Es así de simple: el profesor es un hombre tozudo que se cansó de esperar el retorno de su hijo a casa, y viendo que no avanza la liberación de los secuestrados políticos decidió emprender una caminata de más de mil kilómetros. Desde luego también aprovechó (es un hombre inteligente y más cultivado de lo que muchos se imaginan) la conyuntura política del forcejeo por el canje.

Ciertamente Moncayo quiere (mejor exige) el intercambio humanitario, algo perfectamente lógico y aceptable desde el punto de vista de los familiares de los secuestrados.

Resulta difícil pedirles, en medio de su dolor y angustia, que entiendan que la culpa del secuestro la tienen las FARC y que la liberación de los secuestrados es realmente una decisión exclusiva de los terroristas. Y sería imposible exhortarlos a señalar y encausar sus exigencias contra los criminales que tienen en su poder (para torturarlos, castigarlos o fusilarlos) a sus seres queridos.

Los familiares, y por supuesto Moncayo, no tienen porqué comprender que el asunto del intercambio humanitario es un tema de presión política contra el Estado, pues ellos ya han sacrificado mucho: el dolor de los secuestrados y el sufrimiento de ellos como familia. Total, desde su perspectiva, solo interesa el regreso de los secuestrados y nada más, y no importa cómo, a qué costo o de qué manera se logre ese objetivo.

¡Como no entender la indignación de Moncayo en su encuentro con Uribe! Después de caminar más de mil kilómetros se encontró con la frustración de que su deseo del intercambio humanitario con el despeje de Pradera y Florida en el Valle, no es posible bajo las condiciones que IMPONEN las FARC.

A los familiares de los secuestrados no les importa el ajedrez político y militar que se jugaría en el mencionado despeje, ni mucho menos que en las condiciones impuestas por las FARC, y replicadas por ellos, se pone en riesgo no a centenares sino a miles de colombianos que podrían ser víctimas del secuestro para futuras extorsiones de las FARC al Estado. Tampoco les interesa la opinión de los habitantes de los dos municipios que serían entregados a las FARC: a ellos solo les importa que los suyos vuelvan a casa… y viendo las cosas solo desde la perspectiva del dolor, ellos sienten que tienen la razón.

De Moncayo hay que destacar muchas cosas: su tenacidad, la entereza con la que ha emprendido y defendido su idea, su serenidad y no caer en la tentación de arrendar sus banderas al servicio de intereses politiqueros, más allá de lo que su propias ideas le indican.

Sin embargo, lo que más respeto genera de “el caminante de la paz” es su capacidad de reconocer lo que a su juicio fueron errores: unas horas después del acalorado debate con Uribe, el profesor concedió una rueda de prensa en la que pidió disculpas al Presidente y a los colombianos por su airado enfrentamiento en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Pero no había nada que disculpar, pues una década de martirio le otorga la posibilidad de decir lo que piensa, y de vomitar todo su dolor y frustración, ambos ocasionados SOLO por las FARC.

Obviamente el profesor llegó a Bogotá convencido de lograr una respuesta positiva para el intercambio humanitario, es decir, para el despeje y la liberación sin condiciones de centenares de terroristas de las FARC, pues como él mismo lo dijo, “si no hay un proceso de reinserción no se puede exigir que los guerrilleros se comprometan a abandonar las armas”.

Posiblemente esa es la frase que demuestra claramente la visión de los familiares de los secuestrados políticos: mientras a un amplio sector del país si le importa que los terroristas vuelvan a sus andanzas, a ellos solo les importa que los secuestrados sean liberados al costo que sea.

Más allá de los mensajes ideológicos que ha dado el profesor Gustavo Moncayo; más allá de los intentos corrompidos de sesgar la iniciativa como si fuera un asunto de opositores y uribistas, lo de Moncayo es un esfuerzo SOLITARIO por despertar al país de la apatía frente al secuestro y buscar, desde su perspectiva, una solución rápida al sufrimiento de las familias y de los secuestrados políticos, algo entendible porque ¿quién no busca un calmante cuando siente dolor?

Columna relacionada: El marchante politizado.

La absurda ley

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

myances@msn.com

Los ingenieros y arquitectos están acostumbrados a que ninguna obra humana es perfecta, siempre es factible mejorar los inventos, y las construcciones. También los artistas (escritores, pintores, escultores y compositores entre otros), encuentran aspectos que el común de la gente no percibe, que le permitirían mejorar la creación.

Por lo tanto en la evaluación de tales creaciones, inventos y construcciones, siempre habrá un balance entre el todo y los detalles, que determina finalmente su aceptación o su rechazo.

Con las leyes y su aplicación sucede igual. No son perfectas; los hombres le buscan la “caída” para violarlas. La ley escrita y la correspondiente aplicación de justicia de la que se enorgullecen los países mas civilizados, contrasta con la de los pueblo más atrasados, que sin tenerla (está sobreentendida, o tácitamente pactada entre todos) produce mejores resultados en la cohesión de la organización social.

Algunos autores atribuyen la capacidad de engañar y hacer trampas, no a falencias de las leyes, sino a la mayor evolución del cerebro humano. Según esa teoría, no es que la ley escrita sea menos perfecta que la tácitamente aceptadas por la sociedades menos evolucionadas (pensemos en las tribus, por ejemplo) sino que al ser los hombres de la ciudades mas evolucionados están mejor dotados para burlarla.

Sea como sea, la culpa parece tenerla un principio jurídico que establece que “al ciudadano todo le esta permitido mientas no esté expresamente prohibido por la ley”, principio que excluye la vergüenza y el repudio como reguladores primarios de la conducta; mientras que “al empleado público nada le esta permitido, sino está expresamente permitido en la ley” que limita la iniciativa, que si tienen los particulares.

Esta extraña paradoja (exceso de libertades para unos, prohibición de la iniciativa para otros) encierra una excesiva valoración de lo escrito -que representa lo humano- sobre lo ético y lo moralmente aceptado por la organización social, que es lo divino; y “ahí fue Troya”.

La ley escrita nunca podrá superar la que las organizaciones sociales van creando y aceptando en su cotidianeidad; cuando más se convertirá en un intento de codificarla y registrarla, para enseñarla, difundirla e imponerla. En otras palabras, si bien es necesario escribir las leyes, lo valioso es su espíritu, que es el reflejo de lo que la sociedad considera justo y necesario, y lo que le ha dado origen.

A la luz de estas reflexiones, es incomprensible que quienes violan todas las leyes y los principios que cohesionan la sociedad, sean mejor tratados por la justicia que quienes exponen sus vidas primero, y luego su libertad, en defensa de la de los demás. Son exabruptos que no encajan en la conciencia ciudadana, debilita las instituciones y desestimula a quienes las defienden, aunque se escriba y se acepte que jurídicamente se esté procediendo en derecho.

En la evaluación de las operaciones militares -como lo habíamos dicho para las creaciones, inventos y construcciones- siempre debe haber un balance entre el todo y los detalles, que determine finalmente su aceptación o su rechazo. Seguramente la sociedad toleraría algunos errores, siempre que estén orientados a conseguir el bien común.

En la que recuperó hace 21 años el palacio de Justicia, por ejemplo, muchos fueron asesinados por los guerrilleros, y unos pocos desaparecidos estando en poder de los militares (censurable) pero no tiene sentido que el Estado sea mas benévolo con los asaltantes a quienes se les aplicó el concepto de “perdón y olvido”, que con los militares que están siendo sometidos a juicio. Como tampoco que se indemnice a los familiares de los que murieron en la operación y no a quienes se encuentran desaparecidos.

¿Por qué Harper no esta equivocado cuando insiste en Tratados comerciales con Colombia?

Por Mariela Arango. Columnista invitada al Sistema Informativo Atrabilioso.

NOTA DEL DIRECTOR: Hace algunos días salió publicada una columna en la que se cuestiona al Primer Ministro canadiense por impulsar el comercio con Colombia. Básicamente el editorialista señalaba que Harper está equivocado al buscar esos acercamientos con el gobierno Uribe. Esta fue la respuesta valiente de una colombiana, que fue publicada en las últimas horas en The Gazette.


Las Farc, las mal llamadas guerrillas colombianas y yo, nacimos el mismo año y en el mismo país. Crecí mirando como ésta y otras guerrillas secuestraban, extorsionaban, asesinaban y masacraban a lo largo y ancho del país; luego de algunos años anexaron a su lucrativo negocio del secuestro, la siembra y control de cultivos ilícitos para luego incursionar con éxito en la exportación de cocaína a diferentes países, incluyendo, por supuesto a Canadá.
Para proteger sus cultivos y cuidar su cobarde huída, las FARC se dedicaron a sembrar el territorio colombiano de minas quiebrapatas. Total, hoy las FARC, sus cabecillas concretamente, han amasado enormes fortunas exportando cocaína hacia los EEUU, Canadá y Europa, hasta el punto de que hoy son el mayor grupo exportador de cocaína desde Colombia.

Cada dia en Colombia dos personas mueren o pierden las piernas por las minas que siembra la guerrilla en el país.

Hace aproximadamente 6 años las Farc estaban a punto de tomarse el poder en Colombia, derrocar la democracia y establecer la segunda Cuba de Suramérica y nosotros los colombianos que estábamos viviendo en Colombia y que no somos ni guerrilleros ni tampoco paramilitares, mirábamos aterrados como nuestra democracia se venia abajo y todos los demás países Americanos no hacían nada por evitarlo. Es bueno recordar que las FARC dinamitaron la represa que abastece de agua a Bogotá, la Capital, y con esa acción intentaron borrar del mapa poblaciones y ciudades intermedias como Villavicencio.

Pero ni siquiera los columnistas que ahora escriben para criticar a Harper por querer establecer un tratado comercial con Colombia se dignaban en ese entonces escribir un artículo pidiendo al Primer Ministro ayudar a Colombia ante el desastre que se nos avecinaba y que estábamos viviendo: la guerrilla estadísticamente hablando ya tenia sitiadas todas las ciudades y amplias zonas rurales del país.

Pero la mayoría de los colombianos, aquellos que ya aprendimos que la democracia es para elegir al mejor, elegimos a Álvaro Uribe para defender la democracia mortalmente herida en mi país y lo reelegimos para otro periodo de 4 años porque hasta el momento es el que mejor ha entendido el sentimiento de la inmensa mayoría de los colombianos.

Artículos como los del señor Dan Garner, en donde reúne en una sola historia algunos comentarios sin fundamento jurídico, extraídos de diferentes artículos de prensa poco seria, para presentarlos como evidencia de que el presidente de los colombianos es un narco-creador de paramilitares, amiguísimo de Pablo Escobar, solo demuestra lo desesperadas que están las FARC y como están moviendo toda su maquinaria en el exterior para mal-informar y así desacreditar a nuestro Presidente, al único Presidente que hemos tenido que ha logrado quitarles el país de las manos a los terroristas y devolvérnoslo a los colombianos de bien que estamos trabajando para que la democracia algún día funcione como debe ser.

Lo que mas no duele a los colombianos que vivimos en el exterior es ver la forma como usan a terceras personas para hacer lobby en los gobiernos extranjeros y presionar contra la democracia en Colombia. Nunca vemos en los periódicos extranjeros denuncias contra las barbaries cometidas por las narco-guerrillas colombianas: ¿Dónde estaban las ONG y los sindicatos cuando las Farc cometieron la masacre de la Chinita en donde asesinaron a guerrilleros reinsertados del EPL en Apartado? ¡Por qué no se pronunciaron frente a la masacre de más de 30 personas?. Tampoco hablan de Bojayá, ni del fusilamiento de los 11 diputados del Valle, ni de las siete personas incineradas vivas en febrero del año pasado en Caquetá después de desobedecer un paro armado organizado por las Farc.

No hemos logrado superar la revolución comunista, pues aun sus militantes desde diferentes frentes continúan luchando contra la democracia ya establecida. Los ciudadanos del norte deben saber y entender que el pueblo colombiano gusta de la democracia, no apoya a las guerrillas comunistas o socialistas, ni apoya la lucha armada como recurso para construir equidad social.

Los colombianos no logramos entender porque algunos grupos de derechos humanos y personas de otros países insisten en que aislando económicamente a Colombia es como se va a poder sacar el país adelante: ¿cuándo van a entender que la inmensa mayoría de Colombianos que viven allá no son ni paramilitares ni guerrilleros sembradores de coca y la mejor ayuda que podemos recibir para sacar el país adelante es precisamente abriéndonos la puerta de las oportunidades del mundo globalizado?

Así que si en algo no esta errado el Primer Ministro de Canadá es cuando el envía el mensaje de que sin desarrollo económico, Colombia no puede alcanzar la paz. Aislarlo solo ayudara a la narco-guerrilla y a otros grupos delincuenciales que están desangrando y acabando a Colombia. Para escribir sobre Colombia primero hay que conocer la realidad de todos aquellos que sufren desde ambos lados y no sesgarse para beneficio de los comunistas disfrazados de demócratas que pululan por doquier.

Lucho Garzón al desnudo

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

¡Quién lo diría! Paralizar una ciudad de siete millones de habitantes es muy fácil: basta con bloquear unas cuantas avenidas, gritar arengas, vociferar contra la policía y tener un alcalde pusilánime.

Lo ocurrido el viernes pasado en Bogotá es la muestra palpable de dos de las grandes fallas del gobierno de Luis Eduardo Garzón: la movilidad y la seguridad.

La noche del viernes 27 de julio fue asesinado el taxista Mario Orlando Velásquez González, de 39 años. Este crimen colmó la paciencia del gremio de la mancha amarilla que decidió protestar por la difícil situación de seguridad que vive la ciudad, lo que ha dejado como resultado la muerte de ocho taxistas y por lo menos treinta conductores asaltados en lo que va corrido del año.

Y como ya es sabido, las protestas de la mancha amarilla se traducen en el cierre de las principales vías de la ciudad, violando los derechos de todos los bogotanos: en esta oportunidad bloquearon los portales de Transmilenio y algunas vías principales en todos los puntos cardinales.

Como de costumbre, la policía fue incapaz de enfrentar la situación, pues están maniatados ante la absurda posición de la administración distrital según la cual hay que privilegiar la protesta por encima de los derechos fundamentales de siete millones de ciudadanos. Solo al finalizar la tarde, por fin el Alcalde tomó la decisión de acabar con los bloqueos y hacer respetar los derechos violados a la mayoría de bogotanos.

Ni más faltaba que los taxistas no pudieran manifestarse por la creciente inseguridad de la Capital, pero ese derecho a la protesta no puede estar por encima de las garantías que tienen los demás ciudadanos para movilizarse, producir, trabajar y estudiar.

Ya se volvió un sello distintivo de Garzón el permitir la parálisis de la ciudad: durante el paro que organizó FECODE contra el Plan de desarrollo y contra la modificación del régimen de transferencias, la administración, sin ningún pudor, autorizó la toma de avenidas principales de la ciudad como la autopista sur, la Primero de mayo, la autopista norte y la avenida El dorado. Total: Bogotá quedó paralizada y una semana después, nuevamente el Alcalde le dio el visto bueno al taponamiento de la ciudad.

Es increíble que además de los problemas cotidianos de movilidad generados por el pésimo mantenimiento de la malla vial, la absoluta ineficiencia en la chatarrización de viejos vehículos de transporte, la ausencia de iniciativas y la corrupción de la antigua Secretaría de tránsito que permitió que miles de taxis cedieran el cupo y fueran matriculados como carros particulares; la administración distrital no vea inconveniente alguno en dejar que la ciudad sea bloqueada por manifestaciones y marchas políticas.

Garzón reconoce que una de sus mayores debilidades es el tema de movilidad, pero eso no parece importarle a la hora de alcahuetear el desbordamiento de unas minorías que anuncian protestas y terminan bloqueando y violando los derechos de las mayorías.

Sin embargo, parece que a Lucho Garzón siempre lo sorprenden los paros y las protestas: Hace un año el Alcalde se levantó (quien sabe si después de una de sus acostumbradas noches de parranda) con la ciudad paralizada y solo hasta el medio día tuvo el atino de tomar algunas medidas. Mientras el despertaba y aterrizaba en sus funciones, Bogotá era un caos de pedreas, bloqueos y mareas de caminantes apurados por llegar a sus sitios de trabajo.

El viernes pasado ocurrió lo mismo: los taxistas comenzaron a bloquear las vías desde la media noche y en una muestra de ineficiencia e incapacidad para tomar decisiones, la administración permitió que la mancha amarilla taponara los portales y las vías de Transmilenio, dejando a millones de bogotanos varados y a la ciudad paralizada en todos los aspectos.

Así las cosas, el viernes quedaron al desnudo varios lunares de la administración Garzón: la inseguridad, la movilidad, la permisividad y la incapacidad para elegir bien a su equipo de trabajo.

Es que resulta incomprensible que el Alcalde haya decidido hacer un revolcón en la estructura administrativa de la capital para concentrar varias dependencias en la Secretaría de Movilidad y haya cometido el desatino de nombrar para el cargo a una periodista, buena persona y muy carismática ante los medios, pero sin el menor conocimiento de un tema tan complejo como la movilidad de una ciudad de siete millones de habitantes.

Ese, señor Garzón, es un cargo técnico para el cual hay personas que han estudiado y tienen una amplia experiencia en el tema, y no es un puesto para la improvisación: ella puede manejar muy bien a sus colegas lambones de City Tv y a sus súbditos de Canal Capital… ella puede asesorarlo con acierto en el manejo de la pauta para que no le den tan duro, pero ni Armando Calle (el personaje creado para vender en los medios la mediocre reparación de las vías) lo salva de la crítica situación de movilidad que padece la capital.

De paso, si usted atiza el problema con permisos e indecisiones para que bloqueen la ciudad, pues la situación es negra, tan negra como ha sido su administración.

Jaque a la paz

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena

myances@msn.com.

Una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, negó la condición de sediciosos a los paramilitares, lo cual determinará que sean juzgados como criminales, y hará mas graves las penas que se les impongan, poniendo en Jake el proceso de desmovilización.

Como se recordará el acoso de los paramilitares fue una de las causas –entre otras- del fracaso del proceso de paz con las FARC, durante la administración de Andrés Pastrana, por lo tanto el éxito de este proceso de desmovilización se ha convertido en una condición indispensable para enfrentar otros similares con las guerrillas del ELN y las FARC.

Para aclarar la sentencia el presidente de la Corte, César Julio Valencia Copete explicó que la sentencia no solamente cobija a los integrantes de las autodefensas, sino a todos los miembros de los grupos armados ilegales, incluyendo a los grupos guerrilleros.

Creo que aun queda el recurso de la Tutela, que elevaría la decisión a la Corte Constitucional, y hasta una nueva Ley, o un referéndum que le haga el by pass a la sentencia. Pero lo importante es que este no es un debate jurídico, no tiene porque serlo. La paz de un país que la busca como el mas preciado de sus bienes, desde hace mas de 50 años, y que lo ha intentado todo, no puede dejarse en manos de la jurisprudencia, ni en las de un manojo de expertos que deciden en últimas que es lo correcto y que no.

La paz nos compete a todos, por lo tanto los procesos que nos puedan llevar a ella, desbordan las leyes (se elevan al nivel de lo más conveniente dentro de lo posible) y su único requisito es asegurar que realmente se logre la paz y que perdure.

En un enfrentamiento armado solo hay dos posibles desenlaces: que uno de los dos bandos derrote y extermine (condición indispensable para evitar su posterior levantamiento) al otro, o que se sienten a negociar unas condiciones que les permitan vivir y lograr sus objetivos de vida en paz.

El primero, el exterminio, es el ideal pero solo se logra cuando el enemigo no ha logrado fortalecerse, o ha sido debilitado. En la practica es utópico; requiere también acabar con las causas que lo hicieron posible, que en el caso colombiano son: el abandono del campo, la extrema pobreza, las grandes desigualdades, el tratamiento dado al trafico de droga, el trafico de influencias y la corrupción, entre otras. Además, fortalecer el Estado, tanto en sus instituciones como en la capacidad de defender el orden vigente.

Utópico, primero que todo porque estos siempre serán objetivos a mejorar; segundo, porque los ilegales han puesto también en Jake al país; tercero porque en el tratamiento dado al trafico de drogas confluyen otros actores –a la vista y en la sombra, nacionales y extranjeros- que merman la soberanía; y cuarto porque con derrota parcial, se corre el riesgo de que el enemigo vuelva a surgir, con ánimos de venganza.

Y el segundo, los procesos de paz, solo serán fructíferos en la medida en que en la mesa de negociaciones ambas partes logren mas de lo que pierden (o podrían perder de continuar en la lucha) lo cual dependerá del poder que aun conserven los bandos enfrentados. El que tenga mas poder –de destruir o intranquilizar al otro- obtendrá los mayores beneficios, y en el hipotético caso de igualdad, no queda otra que repartirse equitativamente las pérdidas y las ganancias.

Aquí no caben las leyes existentes, sino que se crean al ritmo de los acuerdos. Como lo mencionaba en la columna del lunes anterior, “…la ley escrita nunca podrá superar la que las organizaciones sociales van creando y aceptando en su cotidianeidad.”

No tiene sentido pues que el Estado sea mas benévolo con los que combaten el régimen, que con quienes lo defienden; y eso es lo que se deduce del pronunciamiento de la Corte, sino para el futuro (ese no se conoce y los magistrados cambian) si cuando se mira con el espejo retrovisor.

Infamia

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

La Iglesia Católica de Los Ángeles tomó la decisión de aceptar su responsabilidad en las acciones depravadas que cometieron algunos de sus miembros en su jurisdicción contra 508 víctimas y anunció la venta de ALGUNOS de sus bienes para cubrir las indemnizaciones por cerca de 660 millones de dólares.

Sin embargo la Iglesia Católica colombiana se ha burlado una vez más de las víctimas de los pederastas y, fortaleciendo el muro de las sotanas, decidió exonerar a Efraín Rozo Rincón por los crímenes que cometió y confesó.

Al anunciar la decisión, el presidente del Tribunal Eclesiástico aseguró, en un insulto a los colombianos, que después de un estudio serio "llegamos a la conclusión de que no hay manera de proceder en el Tribunal, porque no podemos inferir nada y además al hablar de más de 40 años ante la justicia civil y el código de derecho canónico, estos delitos de ser verdaderos o falsos ya prescribieron”.

Posteriormente señaló que el caso “se trata de una persona que habla y otra que desmiente: Los dos videos quedan en la misma circunstancia. Alguien afirma y alguien desmiente. Hubo una manipulación al principio", dijo el presidente del Tribunal.

Otra justificación del Tribunal es que Rozo es inocente porque los denunciantes hablaron después de 40 años y eso los hace pensar que las acusaciones tienen un aparente interés económico.

Indigna, en primer término, que el Tribunal Eclesiástico recurra a la infamia de declarar inocente a Rozo Rincón con el argumento de que los crímenes ya prescribieron: esa es una mentira, una repugnante falsedad que el público no puede admitir.

Es cierto que en los códigos penales colombianos los crímenes de Rozo Rincón ya prescribieron, pero el Tribunal Eclesiástico no está sometido a las leyes penales del país y debe acogerse a las disposiciones de la Iglesia frente a los delitos denunciados.

Esto significa que el Tribunal debió seguir el ejemplo valeroso de sus colegas de Los Ángeles y enfrentar el asunto con dignidad y decencia, algo de lo que evidentemente carecen. Nadie puede entender que un Tribunal, con sus códigos propios y exclusivos, decida apegarse a una legislación que no les corresponde, para prorrogar la impunidad de un pederasta.

Otro aspecto relevante es que el propio vocero del Tribunal anuncie la inocencia de Rozo Rincón, pero más adelante ponga en duda esa misma inocencia cuando afirma que “estos delitos de ser verdaderos o falsos ya prescribieron”… Al fin qué: ¿es inocente y las acusaciones son falsas o es culpable y los delitos son verdaderos? Lo cierto es que esta afirmación deja mucho que desear de las verdaderas motivaciones y sobre todo del rigor con el que fue analizado el caso, pues no de otra manera se puede entender que uno de los jueces manifieste en público semejante duda sobre la decisión tomada.

Así las cosas la determinación del Tribunal Eclesiástico es un insulto para el país y para las víctimas que siguen siendo vapuleadas por las sotanas colombianas. No es comprensible que ante las abrumadoras pruebas, incluida la confesión grabada y escrita del criminal, la Iglesia Católica colombiana se burle de la justicia, demostrando que su supuesta superioridad moral es solo una repugnante confirmación de que la Iglesia Católica colombiana está cínicamente por encima de las normas, de las leyes y de la justicia.

Ojalá, a futuro, el proyecto de cadena perpetua a los violadores, impulsado por los congresistas Simón Gaviria y David Luna, sea aprobado y ponga fin a la impunidad y a la desfachatez de los depravados que incluso se esconden detrás de las sotanas católicas.

Coincidencias esclarecedoras

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Mientras en Colombia los ciudadanos salimos a protestar contra el secuestro y contra las FARC, algunos “hermanos” latinoamericanos parecen desinformados y buscan legitimar a los violentos de nuestro país.

En Ecuador el Movimiento Popular Democrático MPD ratificó el apoyo, el respeto (y diría que la admiración) que sienten por todas las formas de lucha de los pueblos, entre ellas la de los movimientos “insurgentes” de Colombia.

Además de las venias y aplausos a las FARC, el director del MPD Ciro Guzmán indicó que las FARC no son terroristas, muy al estilo de lo que dijo e hizo Carlos Gaviria Díaz en España.

Las declaraciones del ecuatoriano se produjeron después de la realización de un seminario de fuerzas de izquierda latinoamericanas en el que se expidió una declaración de solidaridad con las FARC y con el ELN.

Según Guzmán, la declaración (¿de amor?) no fue firmada por los sindicatos colombianos que participaron en la cita: eso es cierto, pero por ninguna parte se encuentra, por parte de los participantes colombianos, ni una protesta, ni una postura enfática (ni tímida, ni tangencial) de RECHAZO a la declaración a favor de los terroristas.

Los sindicatos nacionales que asistieron al seminario fueron el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones de Bogotá (Sintrateléfono) y de Trabajadores de las Empresas de Cali (Sintraemcali).

Aquí hay una primera coincidencia: el Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Cali fue presidido por el congresista del Polo Democrático Alternativo Alexander López y es de público conocimiento que mantiene una gran influencia en ese movimiento sindical.

Ahora resulta que el Sindicato de López asistió a un seminario CONVOCADO TAMBIÉN POR LAS FARC Y EL ELN (en la página web del MPD está la invitación al seminario entre cuyos citantes se encuentran los dos grupos terroristas) y en cuya síntesis final se hizo una declaración a favor de las FARC y del ELN. ¿Tendrá algo que decir el Senador del PDA al respecto?

De igual forma, el sindicato del Senador del PDA ratificó con su silencio (el mismo de sus colegas sindicales), la postura de simpatía por los asesinos y secuestradores de las FARC: es que si hubieran estado en contra, obviamente su posición hubiese sido determinante para evitar el exabrupto, pero simplemente se limitaron a no firmarla, pero al guardar silencio solo honraron una vieja frase: el que calla otorga. ¿Alguien podrá explicar la relación entre sindicatos y revolución latinoamericana en la que se aplauden las acciones terroristas de las FARC?

La segunda coincidencia es que el evento fue convocado también por el Partido Comunista Colombiano del que Wilson Borja ha dicho y gritado hasta el cansancio que es miembro y representante en el Congreso: ¿Borja tendrá algo que decir para ratificar su simpatía por las FARC? ¿Esto le molestará al Polo o para sus dirigentes será menos grave que la carta de Petro?

Otra coincidencia es que el seminario solidario con el terrorismo se efectuó en la universidad Central del Ecuador, uno de los centros académicos que más han apoyado al presidente ecuatoriano Rafael Correa en su controversia contra Colombia por la fumigación con glifosato. De paso, ese apoyo les ha traído beneficios a los terroristas de las FARC al encontrar una zona problemática para la erradicación y muy propicia para los cultivos ilícitos.

Es más: el gobierno Correa ha basado su campaña contra la aspersión aérea en una supuesta investigación de esa Universidad sobre los daños del glifosato a la salud humana. Ahora los mismos que le ofrecen a Correa el caballito de batalla para protestar por las fumigaciones contra los cultivos de las FARC en la frontera colombo-ecuatoriana, le abren sus puertas a un seminario en el que se firma una declaración de solidaridad a favor de los narcoterroristas de las FARC.

En este sentido también llama la atención un aparte de la declaración del ecuatoriano: “Son terroristas los que andan regando de sangre a Iraq, Afganistán, Colombia (…),diciendo que combaten el narcotráfico”.

Resulta interesante que para Guzmán son terroristas los que dicen que combaten el narcotráfico, es decir, los que fumigan y evitan que lleguen los enormes recursos de la droga a los violentos al tiempo que encabezó un evento en la misma Universidad que ha “investigado” los estragos del glifosato en la salud de los vecinos de los cultivos de las FARC.

De otro lado, Ciro Guzmán aseguró que ningún miembro de las FARC o del ELN estuvo en el encuentro. Eso puede ser cierto, pero no hacía falta si se tiene en cuenta que en el evento se leyeron las ponencias de los grupos terroristas: ¿para qué mandar a un terrorista si hay idiotas útiles que difunden sus ideas en el seminario?

Esto no solo está pasando en Ecuador: en Canadá unos chilenos participaron en un programa radial en el que se dedicaron a elogiar a las FARC y a ocultar las acciones de terror, los crímenes y los abusos que los terroristas han cometido en sus más de cuarenta años de historia, los mismos años que en Chile celebraron con bombos y platillos.

Debate de pancartas

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

myances@msn.com

La toma de decisiones colectivas es uno de los aspectos más complejos de la vida ciudadana. Mientras mayor sea el número de personas afectadas mas difícil es lograr el consenso, y al incrementarse el número de inconformes, crece su capacidad de desestabilización.

Las democracias han resuelto este problema adoptando el querer de las mayorías; pero no siempre es posible consultar a las masas, y las decisiones quedan en un pequeño grupo de personas que representan al conglomerado, y por lo tanto tienen que cuidar que sus decisiones sean entendidas, aceptadas y acatadas por los demás, como única forma de lograr que sean sostenibles y generen un clima de paz ciudadana.

En esta dinámica se mueve la que tiene que ver con la suerte de los secuestrados, el querer de sus familiares y la conveniencia nacional.

En medio de la reciente movilización ciudadana en rechazo al accionar de la guerrilla, además de las pancartas exigiendo la liberación incondicional de los secuestrados, y la entrega de los cuerpos de los que han sido asesinados, que es la posición oficial, también hubo las que exigían un acuerdo que permita el intercambio humanitario, que es la contraria.

Contraria, porque al contrario de las mayoritarias, estas parecían dejar bien establecido que el intercambio humanitario no era haber liberado mas de 150 guerrilleros que estaban en las cárceles y reintegrarlos en la sociedad, sino ceder a todo lo que las FARC propongan, lo cual no deja de ser una posición desesperada de quienes tienen –qué difícil decirlo- familiares secuestrados, y oportunista de quienes hacen demagogia en víspera de elecciones.

Aunque por lo doloroso cueste decirlo, el país tiene que entender y aceptar, que la única manera de evitar que el secuestro siga siendo utilizado como “chantaje”, es precisamente no negociando con los secuestradores, salvo dentro de un proceso más amplio que incluya acuerdos de paz, entrega de armas, desmovilización y aceptación del régimen democrático y de libertades vigentes.

En esto tenemos que estar todos unidos, porque pareciera que los guerrilleros presos no son el objeto de la negociación, sino la obtención de zonas desmilitarizadas. Si el país cede a este chantaje, les reafirma el poder que otorga un secuestrado, y seguirán haciéndolo y exigiendo cada día más; sería preferible seguir excarcelándolos unilateralmente, hasta dejarlos sin argumentos.

Por lo tanto las pancartas exigiendo un acuerdo humanitario, fueron la “contra manifestación” que le restó contundencia al clamor general por la paz y la liberación incondicional de los secuestrados. ¡Necesitábamos una sola voz, no un debate de pancartas! La izquierda nunca lo habría permitido en las manifestaciones que organiza.

Pero a pesar de ello, y del discurso de uno de los huérfanos que -cegado por el dolor- señaló al gobierno como “cómplice” de la muerte de los 11 diputados, la manifestación fue un éxito, y una muestra de civilidad, democracia y tolerancia, que sirve de ejemplo y de presión a quienes quieren aún imponerse por las armas.

Los analistas de estos fenómenos, coinciden en afirmar que el terrorismo y el secuestro son las armas de los grupos que se saben militarmente inferiores y minoritarios, pero una condición imprescindible de quienes aspiran llegar al poder político y gobernar, es el de ganarse la simpatía de las masas: ahí está la contradicción que nos indica que ni siquiera pretenden gobernar.

Aunque otros dicen que buscan provocar en el gobierno reacciones desesperadas, que generen el rechazo popular, con el fin de desprestigiarlo. ¡Qué eso no suceda!

Genealogía de cierta filantropía

Por Jaime Ruíz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

La guerrilla existe en Colombia porque en amplios sectores de las clases altas floreció durante varias décadas el ideal de una sociedad como la cubana, que a la vez es la que más notoriamente encarna valores atávicos del viejo orden colonial: la esclavitud fue abolida varias décadas después que en el resto del continente y la independencia relativa sólo se alcanzó un siglo después. Durante ese siglo la jerarquía racial que subyace al orden social latinoamericano era mucho más marcada: los verdaderos poderosos eran los que tenían que ver con la península y en últimas con la Corte. La sociedad del castrismo mantiene todas esas diferencias sociales y en lugar de la camarilla que mantenía palancas en la Corte reina la de sus descendientes, que mantiene palancas en la nomenklatura y el entorno del tirano.

Esa facción de los ricos colombianos se conoce como "la izquierda" y últimamente como "la izquierda democrática" y su conducta respecto a la guerrilla, por cuyo triunfo trabaja, reproduce esas mismas características de jerarquía social. Resumiendo un poco se podría decir que Madame Lagauche, una dama pretenciosa y grotesca, sintió el anhelo de conjurarse para ganar protagonismo y para eso contrató un servicio doméstico cuya compañía no podía soportar sin maldecir la ordinariez de su medio. Ni siquiera le llamó la atención que las muchachas se llamaran Yersinia y Variola. Años después, ya envejecida y frustrada, en ciertos momentos de tristeza y aburrimiento, Madame Lagauche se preguntaba si era eso lo que había querido.

Pero Madame Lagauche era la heredera del prestigio de las estirpes dueñas de Colombia durante siglos, por eso su voz seguía impresionando y quienes la criticaban no podían ocultar el temor y la secreta admiración. De ahí que no le fuera difícil laborar de consuno con Yersinia y Variola sin que los de abajo se dieran cuenta o se atrevieran a establecer la relación. Esas malas muchachas hacían de las suyas y la gran dama socorría a las víctimas y propugnaba por ideales bellos y sentimientos amables, sin que los súbditos dijeran nada.

Los testimonios eran numerosos: a Yersinia y Variola se les reconocía la nobleza de querer matar a todos y no sólo a unos pocos ricos, según imponía Madame Lagauche por lo que era necesario darles reconocimiento y ceder en lo posible a sus pretensiones, lógicamente gratas para Madame Lagauche, pero sin que los demás establecieran ninguna relación. También se reconocía su poder como medio para imponer la justicia, según un PhD en economía que enseñaba en la universidad de los ricos.

Pero el mejor era el deseo de reducir el sufrimiento de la operación, ideal que siempre acompañó a las proclamas de las muchachas. La infinidad de agentes de Madame Lagauche proponían con la mejor cara de yo no fui el deber de proteger a los desarmados para que Yersinia y Variola sólo afectaran a los armados que los podrían defender, y ese prodigio conceptual (la legalización del asesinato encubierta como ilegalidad de algunos asesinatos) se consideraba la mayor obviedad "humanitaria".

Es que con el tiempo a Madame Lagauche se le olvidó que esa dulce propuesta había corrido primero por cuenta de Yersinia y Variola: cierto escritor muy relacionado con ellas lo declaró en un panegírico de un patricio muy amigo de Madame Lagauche:

En los años 80 otra vez se cruzaron el ex-mandatario y el Eln. Los 'elenos' se habían reorganizado y fortalecido y habían iniciado una campaña por la aplicación del derecho internacional humanitario.
Hablaban de la necesidad de hacer un acuerdo para la humanización de la guerra. En estas lides le enviaron una carta a López. El dirigente liberal no la respondió de manera directa, pero asumió el reto de buscar la aprobación por parte del Estado colombiano del protocolo dos de los Tratados de Ginebra, que contiene estas normas humanitarias.

El hermoso gesto humanitario era, como bien lo dice el escritor, una manifestación de la fuerza de los voladores de oleoductos que pronto dejarían una gran enseñanza en un pueblo de Antioquia. Pero las víctimas seguían mirando para otro lado, convencidas de que Yersinia y Variola eran lo contrario de Madame Lagauche a pesar de que pretendían lo mismo y decían lo mismo. ¿Cómo iban a establecer alguna relación entre lo que ellos querían ser y lo que querían dejar de ser?

En Colombia los asesinatos seguirán mientras no haya un rechazo resuelto a las falacias de los socios de la guerrilla. Pero ese rechazo no es nada fácil porque el fenómeno del comunismo armado y sus proyecciones entre los ricos no es el resultado de una infección exterior sino precisamente la resistencia del orden de siempre, de los doctores en economía y los sacerdotes jesuitas y las familias presidenciales, a la tranformación que llega de fuera.

Y Yersinia y Variola seguirán reinando junto con su patrona porque la infección es inadvertida para quienes no conocen la profilaxis. Y es que ésta implica un cambio de las costumbres bastante difícil de asumir.

(Yersinia y Variola son los nombres de la peste y la viruela)

La niebla se aclara

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Un gesto, una orden y una oleada de secuestros. Tres situaciones que aparentemente no tendrían mayor conexión hoy aparecen enlazadas e interdependientes.

Cuando Uribe tomó la decisión de excarcelar a cerca de 200 guerrilleros, perdón ex guerrilleros según las FARC, unos y otros atacaron la medida por inconveniente y sobre todo, porque no atendía los requerimientos ni respetaba la jerarquía que tienen las FARC y que, según una columnista, se han ganado a pulso en 45 años de violencia.

El gesto unilateral les causó un enorme disgusto a los promotores de las FARC al punto de publicarse unos días más tarde una especie de declaración de guerra en la que Claudia López, la “brillante” investigadora que no sabe usar una calculadora, emite una grave descalificación contra el Presidente y parece dar una orden a los rústicos del monte.

La señora López indica que los terroristas no piensan que el secuestro sea un delito de lesa humanidad y llama la atención (les da moral) partiendo de que esa agrupación terrorista ha “tenido el poder económico y militar para imponer su propio pensamiento.” Además, su arenga destaca una gran mentira que a fuerza de repetirla quiere que sea verdad: “El decidido esfuerzo nacional, y de este gobierno en particular, por exterminar militarmente a las Farc ha fracasado.”

El mensaje es claro: ustedes muchachos tienen el poder económico y militar para IMPONER su propio pensamiento… ya desde este campo de batalla nos encargaremos de repetir hasta el cansancio la mentira de que el exterminio militar ha fracasado a ver si, de repente, eso se convierte en verdad para el público.

Luego la señora López les recuerda a las FARC que “son una organización criminal y mafiosa, pero con pretensiones de poder político y una estructura de mando jerarquizada” y más adelante indica que no se puede permitir que el Gobierno vulnere o pase por encima de esa jerarquía: “Los secuestrados están en poder del secretariado de las Farc, no de sus guerrilleros presos”.

Pero va más allá y emite una exhortación algo disimulada: “Cualquier acto que desconozca al secretariado como instancia de mando y negociación radicalizará su ya intransigente posición frente a los secuestrados y frente a una posible negociación de paz.”

Esto, ni más ni menos, parece una orden para que las FARC emprendan una nueva jornada de secuestros, de sangre y muerte, porque es inadmisible que el Gobierno produzca un acto que desconozca al secretariado. Además la señora López indica que semejante osadía presidencial va a radicalizar la intransigente posición frente a una posible negociación de paz, lo que significa una escalada terrorista que debe producirse como respuesta a semejante bofetada de Uribe.

Y esa orden se cumplió: unas horas después de publicarse la arenga de la señora López fue secuestrado un capitán de la Policía mientras descansaba en una finca ubicada en la vía que conduce de Florida, Valle a Miranda, Cauca. Unos días más tarde, tres policías del Gaula fueron secuestrados en el Caquetá. Antes de esto, dos militares fueron asesinados en Carepa, Antioquia, cuando las FARC intentaron secuestrarlos.

¿Será coincidencia todo esto? No parece. Lo que evidencian estas tres situaciones es que el gesto unilateral del Presidente causó una fuerte indignación en los sectores simpatizantes del movimiento terrorista al punto de expedir una orden pública que las FARC acataron con secuestros de policías desarmados y de civil.

Eso demuestra que si por menos de 200 la respuesta va a ser el secuestro de cuatro o cinco colombianos, los gestos unilaterales, incluso los que cumplan con las exigencias de las FARC, no se pueden volver a repetir, porque se estaría condenando al país a un círculo vicioso de gestos y liberaciones que más tarde se convertirán en nuevos secuestros para tener un instrumento de presión y así IMPONER otras exigencias y conseguir otros gestos de liberación de terroristas de las cárceles colombianas.

La estrategia de Uribe funcionó también en ese plano: dejó en evidencia lo que las FARC piensan realmente sobre los secuestrados y el poco interés que tienen por liberarlos, pues solo les sirven en la medida en que puedan despejar dos municipios para desahogar sus cargamentos de droga y recibir armas como paga por los narcóticos.

Desesperados

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

myances@msn.com

El país se encuentra atónito, consternado, desconcertado y conmovido con la muerte de 11 diputados que permanecían secuestrados por las FARC.

Aunque ellos han tratado habilidosamente de culpar a las fuerzas armadas y al gobierno, hay muchos indicios que hacen pensar que fueron asesinados: entre ellos, el hecho de que no haya habido más bajas en ninguno de los dos bandos, lo cual muestra que fue una acción selectiva y por lo tanto premeditada; y qué solo 10 días después se comuniquen los hechos, que divulgados a tiempo pudieron ser utilizados contra el gobierno.

Pero aun si hubieran muerto en un cruce de fuego, todo indica que habrían sido utilizados como escudos humanos, o expuestos a la guerra (son muchos los grupos armados en combate) sin ninguna posibilidad de huir, esconderse o defenderse, y eso es lo mismo que asesinarlos.

No hay ninguna justificación, ningún atenuante. Matar personas indefensas y en cautiverio, con el propósito de culpar al gobierno y desprestigiarlo, debilitarlo, o chantajearlo, es el acto más cruel e inhumano que uno pueda imaginar. Uno se pregunta si rota esa barrera moral, seguirán matando selectivamente secuestrados, para evitar que el gobierno los siga combatiendo, y si resistirá el gobierno esa presión.

Afortunadamente la opinión internacional, que en este caso si nos sirve, aunque a ellos poco les importe, han creído y aceptado las explicaciones oficiales, y han condenado a las FARC y los asesinatos.

Nunca podremos entender por qué este grupo, a diferencia de todos los demás, no ha querido aceptar un proceso de paz, ni siquiera vigilado por organismos internacionales como se les ha ofrecido. ¿Por qué han desperdiciado tantas oportunidades de dialogo que se les han propuesto durante los últimos 30 años; y por qué ni siquiera fue posible con Pastrana, siendo que estaba dispuesto a todo; poco le importaban las consecuencias de una paz mal negociada con tal de conseguir una postulación al premio Nóbel?

Ya el país perdió la confianza, y comenzaron las especulaciones. Lo que realmente persiguen (dejando de lado el argumento, de que la guerra y el narcotráfico, son su forma de vida) es tomarse el poder por las armas para implantar una dictadura, e imponer un modelo de vida y de gobierno que de antemano saben que por las vías de la democracia no van a lograr, porque el mundo ya no cree en ese tipo de soluciones.

Y si ese es el propósito –seguimos especulando- saben que en la mesa de negociaciones no lo van a lograr. Tendrán que seguir secuestrando, boleteando, extorsionando, matando, y destruyendo la infraestructura económica del país. Y por su lado el gobierno tendrá que seguir combatiéndolos por todos los medios que sea posible, hasta exterminarlos. Yo mas bien creo, que a ellos -y a su modelo de vida y de gobierno- no le sirve la democracia, ni como forma de llegar al poder, ni como forma de gobierno.

Pero también hay indicativos de que tampoco quieren tomarse el poder. Ni siquiera están atentando contra él. La historia ha demostrado (Chile y Cuba, son dos ejemplos a la mano) que el poder se lo tomarán el día que se tomen el Palacio de Nariño, y logren que las fuerzas armadas se les subordinen, y ese día esta muy lejos todavía.

Y la alternativa de tomarse el poder desde los municipios hasta las ciudades, para luego llegar a las capitales y al Palacio de Nariño, les fracasó, porque allí fue donde surgieron las AUC, como un movimiento paramilitar que los derrotó y los expulsó, obligándolos a regresar a las montañas.

La verdad es que lo ocurrido con los 11 diputados, es una muestra del estado de desesperación en que se encuentra el grupo guerrillero, y de que la paz, ya sea exterminándolos o llegando a acuerdos con ellos, está próxima. Pero también es un presagio de que antes de lograr la tan anhelada meta, seguirán recrudeciendo los actos de violencia.

Debemos estar preparados para ello.

El cinismo del 'Rey del despeje'

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Justo en el momento en que los colombianos nos manifestábamos contra el secuestro y contra el asesinato de 11 diputados del Valle del Cauca, Andrés Pastrana, el turista que presidió al país por cuatro largos años, señaló que era posible hacer un acuerdo humanitario con las FARC.

Dijo Pastrana, el rey del despeje, que “en Colombia ya hay una experiencia que fue la que hicimos en nuestro Gobierno cuando logramos el canje de 440 soldados y policías por 15 guerrilleros enfermos (...) con eso quedó demostrado que se puede hacer”. Paradójicamente la “gran” experiencia Pastrana se produjo seis años y un mes exacto de la gran marcha, motivada por el fusilamiento de 11 colombianos plagiados y también por la nueva modalidad de secuestro de las FARC que retienen los cadáveres quién sabe con qué propósito: entre los cadáveres secuestrados está el de Julián Ernesto Guevara.

Claro que Pastrana olvidó mencionar algunos “detalles” de ese acuerdo humanitario del que tanto se ufana. Por ejemplo pasó por alto que en esa experiencia las FARC le hicieron trampa al país anunciando el intercambio de TODOS los militares y policías secuestrados por un grupo de terroristas condenados y recluidos en las cárceles colombianas.

De ese acuerdo humanitario, las FARC (¿y Pastrana?) decidieron excluir a un grupo de uniformados que tenían algún rango como oficiales o suboficiales. El resultado es que después de ese canje, del que saca pecho el 'Rey del despeje', varias decenas de militares y policías continúan secuestrados y algunos han muerto en poder de las FARC.

La historia de ese acuerdo humanitario comenzó el 19 de agosto de 1998, cuando el jefe terrorista 'Manuel Marulanda Vélez', conocido también con el alias de Tirofijo, le envió una carta al Presidente del Congreso en donde oficializaba su deseo de canjear soldados y policías por guerrilleros. Un mes antes las FARC habían secuestrado a 149 soldados y policías en los asaltos a Miraflores en el Guaviare y a Riosucio en el Chocó.

Tres años después, el 2 de junio de 2001, el entonces Comisionado de paz Camilo Gómez le anunció a Marleny Orjuela que el Gobierno acababa de firmar el acuerdo humanitario y que volverían a casa los soldados y policías: el 5 de junio de ese mismo año comenzaron las liberaciones, que las FARC realizaron durante tres semanas y terminaron el 28 de junio.

Lo cierto es que el acuerdo humanitario que firmó el gobierno Pastrana, que se desconoce hasta el momento como tantas cosas que se acordaron en el Caguán, terminó siendo una frustración para el país y para muchos de los familiares de los uniformados secuestrados.

El relato de Marleny Orjuela a los autores de Diario íntimo de un fracaso es contundente:

“Cuando terminaron todas las entregas, el 28 de junio, nos dimos cuenta de que no todos nuestros jóvenes habían sido dejados en libertad. Allá en la selva quedaron 48.”

Pequeño detalle el que olvidó mencionar Pastrana: las FARC no honraron el acuerdo, se deshicieron de los soldados y policías sin rango (toda una carga que no tenía mayor influencia en el chantaje al Estado) y dejaron en cautiverio a los que representaban un mayor botín. ¿Eso es un acuerdo humanitario exitoso? ¿Es el ejemplo que quiere poner el rey del despeje?

La otra posibilidad, todo cabe con Pastrana, es que su gobierno haya acordado el trueque de unos cuantos y a sabiendas de que dejarían en los campos de concentración a casi 50 secuestrados, firmó el acuerdo y engañó al país y a los familiares de esos plagiados.

Detrás de la algarabía nacional por la liberación de cerca de 400 secuestrados, el gobierno Pastrana y las FARC ocultaron su deleznable pacto.

Sería útil que el ex Presidente le explicara al país porqué pactó y dejó a 48 secuestrados en poder de las FARC y ahora tiene el descaro de salir a exigir un nuevo acuerdo humanitario que sería, entre otras cosas, una enmienda a la traición que cometieron él y las FARC contra el país.

De igual forma resultaría interesante que los promotores del acuerdo humanitario explicaran porqué ahora si va a funcionar el canje, cuando en el pasado esos mismos seres humanos que hoy, seis años después, continúan pudriéndose en la selva, fueron valorados como mercancía más fina tanto por el “distinguido” Pastrana como por los terroristas de las FARC. ¿Acaso quieren un nuevo engaño para el país?

Al mismo tiempo sería trascendental que el ex Presidente le explicara a la madre del capitán Julián Ernesto Guevara porqué su hijo no fue canjeado y beneficiado por el acuerdo humanitario versión Pastrana, lo que a la postre significó que muriera (¿fusilado?) en poder de las FARC.

¡Claro! Quedó demostrado que la versión particular de un acuerdo humanitario si se puede hacer, siempre y cuando ganen las FARC y pierda el país.

El si condicional

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Dice la Real Academia que la palabra si, en uno de sus usos, denota condición o suposición en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros. En otras palabras, que un hecho depende específicamente de que ocurra o no otro. A eso lo conocimos hace años (ignoro si ocurre actualmente) como el si condicional.

La carta de Gustavo Petro a Carlos Gaviria puede ser interpretada de muchas maneras, pero hay una parte que merece un análisis por ser una carga de profundidad contra el mismo Polo Democrático Alternativo.

Petro dice al finalizar la carta,: “Las FARC deben entender que ningún militante de la izquierda democrática de Colombia y el mundo les apoya si continúan su marcha de violencia y de muerte.”

El si condicional puede pasar desapercibido después de la andanada del actual Senador contra los violentos, contra el Gobierno e incluso contra el mismo PDA. Sin embargo ahí está, en todo su esplendor, para describir una de las grandes preocupaciones de los colombianos frente al Polo.

Dice Petro que ningún militante de la izquierda democrática apoya a las FARC si (el si condicional) continúan con la violencia en el país. Esto significa que si las FARC decidieran abandonar la violencia y el secuestro, entonces de inmediato recibirían el apoyo de la izquierda democrática colombiana.

Ni más ni menos: el Polo entraría a respaldarlos por dejar de cometer crímenes y seguramente ese apoyo incluiría el acoger las doctrinas antidemocráticas que han promulgado las FARC durante más de cuarenta años. De hecho el Polo recogió, en el programa de gobierno de Carlos Gaviria, los planteamientos de las FARC. Así mismo, en su Congreso programático recibió con los brazos abiertos a Yesid Arteta, terrorista de las FARC que cumplió su condena pero NUNCA se desmovilizó ni renegó de la agrupación terrorista.

Total, al Polo no le queda difícil oficializar “acuerdos programáticos” con las FARC ni mucho menos convertirse en una tribuna para que asesinos que hicieron un receso en sus brutalidades, tengan espacios para sus planteamientos políticos.

Preocupa además la actitud que asumiría el Polo frente a un hipotético abandono por parte de las FARC de la violencia y del terrorismo que han practicado durante décadas, pues que decidan de un momento a otro dejar de cometer crímenes, no implica que el país vaya a borrar de tajo la historia de las atrocidades que el grupo terrorista ha cometido en Colombia.

De igual forma, que las FARC hagan un receso criminal no implica bajo ninguna circunstancia que la justicia colombiana deba suspender sus indagaciones y los procesos que adelanta en contra de los terroristas, pues eso implicaría de inmediato que el Tribunal Penal Internacional abocara el conocimiento de los crímenes de lesa humanidad que han cometido.

Lo evidente es que el si condicional de Petro a las FARC es una autorización tácita para que el grupo terrorista siga delinquiendo, secuestrando, asesinando y torturando, pues finalmente con el solo anuncio de la suspensión de los crímenes podrían hacer parte de una fuerza política y optar por el poder antidemócrático en cuya búsqueda han regado de sangre, destrucción y muerte al país.

Dice Petro en la carta que “la absurda política adelantada por los violentos está a punto de hundir la Constitución”: ¿será que ese apoyo que él promete en caso de que dejen la violencia no es arrasar con la Constitución y con el país?

Posteriormente el senador del PDA señala que “cree que para la opinión pública no es suficientemente clara nuestra posición respecto a las FARC. Pese a que en nuestros estatutos condenamos la violencia como forma de resolver los conflictos sociales y políticos del país, la sociedad colombiana no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las FARC”. Pero el si condicional, y el párrafo que lo incluye, deja más clara la posición respecto a las FARC y distancia al Polo de la supuesta condena a la violencia que tiene en sus estatutos, pues no es solo el discurso de condenar, sino la actitud que se asume en el castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad y evidentemente, por lo menos, esa actitud es complaciente.

Además, ese si condicional ubica al Polo, y a Petro concretamente, en una posición de pasar por alto más de cuarenta años de historia de violencia y terror en que han sumido las FARC al país y deja un sabor de impunidad y de mentira que contrasta con la supuesta búsqueda de la verdad que tanto proclama.

Lo que si hay que reconocerle a Petro es su voluntad de adelantar un debate sobre las relaciones FARC con la clase política del Caquetá: ojalá en ese debate también se incluyan las reuniones que se produjeron en 1998 de algunos políticos con los altos dirigentes de las FARC, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO, para torpedear iniciativas populares que en esa época se estaban ambientando en el país.

Eso también deberá formar parte de la verdad.

El liberal colombiano: ¿Adiós a María Emma?
El hormiguero de Cali: Samaritanos de la calle.

¡Por fin!

Colombia se pronunció: libertad inmediata y SIN CONDICIONES para TODOS los secuestrados. Este es un comienzo, pero despierta la esperanza en medio del dolor.