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lunes, 6 de agosto de 2007

Calmante

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Muchas veces se podrá hacer el intento, pero nunca se comprenderán, ni siquiera de manera aproximada, los sentimientos y las expectativas de los familiares de los secuestrados.

El profesor Gustavo Moncayo decidió emprender una manifestación solitaria por la libertad de su hijo. Al principio, cuando salió de Sandoná, Nariño, solo lo acompañaba su hija y supongo que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para que los medios de comunicación divulgaran la acción de Moncayo.

Pero en un país que está comenzando a sensibilizarse contra el secuestro, y en el que juegan intereses políticos para apropiarse abusivamente del tema, poco a poco los colombianos fueron despertando, entre otras razones, por la valerosa acción de Moncayo.

Es así de simple: el profesor es un hombre tozudo que se cansó de esperar el retorno de su hijo a casa, y viendo que no avanza la liberación de los secuestrados políticos decidió emprender una caminata de más de mil kilómetros. Desde luego también aprovechó (es un hombre inteligente y más cultivado de lo que muchos se imaginan) la conyuntura política del forcejeo por el canje.

Ciertamente Moncayo quiere (mejor exige) el intercambio humanitario, algo perfectamente lógico y aceptable desde el punto de vista de los familiares de los secuestrados.

Resulta difícil pedirles, en medio de su dolor y angustia, que entiendan que la culpa del secuestro la tienen las FARC y que la liberación de los secuestrados es realmente una decisión exclusiva de los terroristas. Y sería imposible exhortarlos a señalar y encausar sus exigencias contra los criminales que tienen en su poder (para torturarlos, castigarlos o fusilarlos) a sus seres queridos.

Los familiares, y por supuesto Moncayo, no tienen porqué comprender que el asunto del intercambio humanitario es un tema de presión política contra el Estado, pues ellos ya han sacrificado mucho: el dolor de los secuestrados y el sufrimiento de ellos como familia. Total, desde su perspectiva, solo interesa el regreso de los secuestrados y nada más, y no importa cómo, a qué costo o de qué manera se logre ese objetivo.

¡Como no entender la indignación de Moncayo en su encuentro con Uribe! Después de caminar más de mil kilómetros se encontró con la frustración de que su deseo del intercambio humanitario con el despeje de Pradera y Florida en el Valle, no es posible bajo las condiciones que IMPONEN las FARC.

A los familiares de los secuestrados no les importa el ajedrez político y militar que se jugaría en el mencionado despeje, ni mucho menos que en las condiciones impuestas por las FARC, y replicadas por ellos, se pone en riesgo no a centenares sino a miles de colombianos que podrían ser víctimas del secuestro para futuras extorsiones de las FARC al Estado. Tampoco les interesa la opinión de los habitantes de los dos municipios que serían entregados a las FARC: a ellos solo les importa que los suyos vuelvan a casa… y viendo las cosas solo desde la perspectiva del dolor, ellos sienten que tienen la razón.

De Moncayo hay que destacar muchas cosas: su tenacidad, la entereza con la que ha emprendido y defendido su idea, su serenidad y no caer en la tentación de arrendar sus banderas al servicio de intereses politiqueros, más allá de lo que su propias ideas le indican.

Sin embargo, lo que más respeto genera de “el caminante de la paz” es su capacidad de reconocer lo que a su juicio fueron errores: unas horas después del acalorado debate con Uribe, el profesor concedió una rueda de prensa en la que pidió disculpas al Presidente y a los colombianos por su airado enfrentamiento en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Pero no había nada que disculpar, pues una década de martirio le otorga la posibilidad de decir lo que piensa, y de vomitar todo su dolor y frustración, ambos ocasionados SOLO por las FARC.

Obviamente el profesor llegó a Bogotá convencido de lograr una respuesta positiva para el intercambio humanitario, es decir, para el despeje y la liberación sin condiciones de centenares de terroristas de las FARC, pues como él mismo lo dijo, “si no hay un proceso de reinserción no se puede exigir que los guerrilleros se comprometan a abandonar las armas”.

Posiblemente esa es la frase que demuestra claramente la visión de los familiares de los secuestrados políticos: mientras a un amplio sector del país si le importa que los terroristas vuelvan a sus andanzas, a ellos solo les importa que los secuestrados sean liberados al costo que sea.

Más allá de los mensajes ideológicos que ha dado el profesor Gustavo Moncayo; más allá de los intentos corrompidos de sesgar la iniciativa como si fuera un asunto de opositores y uribistas, lo de Moncayo es un esfuerzo SOLITARIO por despertar al país de la apatía frente al secuestro y buscar, desde su perspectiva, una solución rápida al sufrimiento de las familias y de los secuestrados políticos, algo entendible porque ¿quién no busca un calmante cuando siente dolor?

Columna relacionada: El marchante politizado.

lunes, 30 de abril de 2007

Los contrastes de la guerra

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Colombia está abocada a enfrentar la guerra en diferentes campos: mientras por un lado las mentiras “informativas” surgen con la apariencia de corresponder a la voz de la mayoría, en los campos continúa el doloroso recorrido de la muerte.

Por un lado, la presión de una mentira retumba con intensidad en los medios de comunicación: El Espectador publicó una noticia sobre la nueva prueba de supervivencia de los diputados del Valle, SECUESTRADOS por las FARC hace cinco años.

La noticia comienza con una exhortación con apariencia mansa: “La firma de un acuerdo humanitario para poner fin al drama del secuestro de 57 políticos y militares en poder de la Farc, quedó una vez más supeditada a la puja entre el Gobierno y la guerrilla, enfrascados en el tema del despeje militar de los municipios de Florida y Pradera, en el Valle.”

Pero el fondo de esas afirmaciones constituye una mentira que, a punta de repetirla, se ha convertido no solo en una verdad incuestionable, sino en el caballito de batalla de muchos sectores políticos del país.

Lo que dice concretamente es que el acuerdo humanitario pondrá fin al secuestro de algunos de los centenares de secuestrados que continúan en poder de las FARC, y que ese acuerdo depende del tema del despeje militar de dos municipios del Valle.

Lo primero que hay que señalar es que el dichoso acuerdo humanitario NO DEPENDE del despeje, pues este solo sería el preámbulo para que el Gobierno y las FARC se sentaran a buscarle salidas a un callejón sin salida. En ese sentido, lo cierto es que las condiciones que imponen las FARC son el cuello de botella, porque el Gobierno podría despejar dos, diez o cien municipios y muchas de las exigencias, que son imposibles de cumplir, impedirían el pretendido acuerdo.

¿Quién va a ir a Estados Unidos a exigir la liberación de ‘Simón Trinidad’ y de ‘Sonia’? Además, porque los mismos que claman por el canje se han encargado de deteriorar la imagen del Gobierno y por lo tanto han debilitado aún más, la endeble posición que podría tener un gobernante colombiano para hacer semejante petición.

Otro aspecto crucial tiene que ver con las actividades que desarrollarían los condenados que sean canjeados por los 57 secuestrados, pues el punto esencial aquí es que mientras el Gobierno propone que esos excarcelados no vuelvan al terrorismo, las FARC quieren recuperar esos hombres para su guerra, sobre todo en estos momentos en que el pie de fuerza terrorista escasea.

El primer obstáculo parece infranqueable, aunque el segundo no es de poca monta si se tiene en cuenta que muchos de los condenados son expertos en explosivos y al reincorporarse a las FARC obviamente volverían a armar y a detonar bombas, carros bomba, cilindros de gas cargados de explosivos y demás artefactos que utilizan las FARC en su accionar terrorista: ¿Colombia está dispuesta a dejar en libertad, y a concederles la impunidad a más de 500 terroristas para que vuelvan al monte, o a las ciudades, a asesinar mediante atentados que luego niegan?

Otro aspecto que llama la atención del primer párrafo (lead) de la noticia es que evidencia el descaro de los que piden a gritos el acuerdo humanitario: son solo 57 secuestrados cuya libertad estaría sobre la mesa, mientras más de tres mil personas (3.166 específicamente) continúan en cautiverio.

Desde 1996 hasta febrero de este año, en Colombia han sido secuestradas 23.264 personas y de este número, 6758 fueron secuestradas por las FARC, lo que significa que el 29% de los raptos con fines económicos son responsabilidad de la organización terrorista.

Ahora bien: si hacemos un comparativo encontramos que el porcentaje de personas que permanecen en el infiero del secuestro es del 13,6%. Entonces, se podría decir, de acuerdo con las cifras, que las FARC tendrían que responder más o menos por 920 personas, y solo están presionando por un acuerdo humanitario de 57 secuestrados, concretamente los que pueden hacer más escándalo y solo les representan un botín político pero una carga económica: ¿Quién les pide a las FARC, desde la bancada de los furibundos simpatizantes del acuerdo humanitario, que entreguen a TODOS los secuestrados? ¿Quién les exige que entreguen información sobre TODAS las personas que permanecen secuestradas por la organización terrorista? Nadie.

De otro lado, en el otro frente de batalla, las FARC continúan atacando a la población civil, asesinando y desplazando colombianos ante la mirada indiferente (¿cómplice?) de los que claman por el chantaje humanitario.

Mientras los medios, algunos sectores políticos y alcaldes presionan sin cesar por el acuerdo humanitario, las FARC prosiguen su narcoguerra contra el ELN: en las últimas horas llegaron a Tame, Arauca, más de 400 desplazados por los combates entre “hermanos”. Los primeros cálculos indican que 96 familias fueron desplazadas, incluidos unos 72 indígenas.

Es que hay cientos de indígenas que al tratarse de una guerra de facciones de extrema izquierda, no merecen ninguna consideración de los alentadores del acuerdo humanitario.

Además, según el alcalde de Tame, Arauca, por lo menos 13 campesinos han sido asesinados por las FARC, sin contar con cinco personas de una misma familia que habrían sido ejecutadas en las últimas horas por los terroristas. La masacre se presentó en la vereda Liberia Uno, de Tame, y se presume que el número de víctimas puede ser mayor.

¿Y las ONGs? Convenientemente no discriminan las causas y solo se limitan a señalar que este año, 15 mil colombianos han sido víctimas de la atrocidad del desplazamiento forzado, pero lo dicen generalizando, en voz baja y con mucho cuidado, para no molestar a los “valientes combatientes” de las FARC y del ELN.

Está claro: para algunos es más 57 que 3.166. Para ellos es mucho más urgente doblegar al Gobierno que preocuparse por unos centenares de desplazados o por 13 campesinos asesinados.