viernes, 3 de abril de 2009

UnoAmérica responsabiliza al Gobierno de Morales por la masacre de Pando

La Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), en una investigación sobre los sucesos de Pando encontró suficientes elementos de juicio y probatorios que involucran directamente al Gobierno de Evo Morales en la planificación y ejecución de homicidios, secuestros, lesiones personales y demás violaciones a los derechos humanos ocurridos en la localidad de El Porvenir y otros sitios.

La Comisión se reunió en días pasados con pobladores de Porvenir y Cobija, con exiliados en las ciudades brasileñas de Brasilea y Epitaciolandia, el prefecto Lepoldo Fernández y otros presos políticos detenidos en la cárcel de San Pedro, así como con integrantes de la denominada marcha campesina.

Los delegados indicaron que estas violaciones a los derechos humanos se produjeron en el marco de una agresión propiciada con premeditación y alevosía desde esferas gubernamentales, que generó una legítima defensa de parte de los pobladores de Porvenir y Cobija.

"Si bien la investigación todavía no ha finalizado, se han recabado suficientes elementos de juicio que exoneran de toda culpa al prefecto Leopoldo Fernández y a los habitantes de las poblaciones de Cobija y El Porvenir, y que involucran directamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y a otros funcionarios y aliados del Gobierno, en la planificación y ejecución de los hechos de violencia que se suscitaron en Pando", señaló Alejandro Peña Esclusa, presidente de UnoAmérica.

Entre los funcionarios y aliados del Gobierno estarían implicados el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la delegada presidencial, Nancy Teixeira, el alcalde de Filadelfia, Antonio Aguilera, el jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, Miguel Becerra Suárez y el senador suplente Abraham Cuéllar.
Según UnoAmérica, esto permite adelantar que los informes de la Cámara de Diputados, Unasur y Naciones Unidas presentan graves falencias y hacen un manejo sesgado y selectivo de la información.

Durante su investigación, la Comisión constató la crisis humanitaria surgida a consecuencia de la militarización de Pando, que incluye acciones de amedrentamiento y abusos contra la población civil. Ante el temor de un agravamiento de la situación, la Comisión de Derechos Humanos de UnoAmérica reclamará medidas cautelares internacionales para la protección de los pobladores, así como para los numerosos exiliados en localidades fronterizas del Brasil.

Se conoció que la investigación será presentada en un informe técnico a distintos organismos nacionales e internacionales, y será la base para realizar denuncias en contra del Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

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