Catastro o catástrofe en Bogotá

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Muchos están dando alaridos por el incremento en el avalúo catastral de casi un millón de predios en Bogotá. Ese avalúo es la base para liquidar el impuesto predial de cada propiedad.

Escuchaba a una propietaria furiosa porque el avalúo de su apartamento pasó de 126 a 150 millones de pesos. Según la ciudadana, ese incremento es inaudito. Sin embargo, a la hora de vender ese mismo apartamento, seguramente la señora no bajará el valor de su propiedad de 200 millones de pesos, por lo que se hace evidente que el avalúo catastral sigue bien distante del comercial y por lo tanto, hay una disciplina generalizada de evadir impuestos.

Y así se presentan muchos casos de propietarios que están disgustados por el incremento en los tributos, en especial, porque el avalúo se acerca al 80% del precio comercial del inmueble.

Es decir, a muchos bogotanos les parece perfectamente válida la evasión de impuestos, pues lo cierto es que si una propiedad tiene un valor comercial, eso se debería ver reflejado en el pago de tributos para el Distrito o para la Nación, pues generalmente para la transacción de una propiedad se utiliza el avalúo catastral y pocas veces se reporta el precio real de adquisición del inmueble.

Los ciudadanos quieren que los gobiernos hagan milagros sin pagar sus impuestos y eso solo se da en el mundo de los sueños. Un gobierno necesita dinero para trabajar y los proyectos que emprende, escogidos por la mayoría en las elecciones, buscan beneficiar tanto a los ciudadanos como a sus bienes.

Así las cosas, la decisión del Alcalde Luis Eduardo Garzón de revisar los avalúos catastrales de casi un millón de predios es no solo válida sino importante para sostener el crecimiento de la ciudad y realizar el respectivo mantenimiento de lo que ya está funcionando.

Sin embargo, parece que la intención del Alcalde fue, según palabras del Contralor Distrital, improvisada y desembocó en un detrimento para el erario capitalino.

Pues bien: la actualización catastral no fue realizada en su totalidad por la entidad encargada (Catastro Distrital). Resulta que, ante la incapacidad de la entidad (incapacidad que rechaza la Contraloría), decidieron contratar con varias empresas privadas la actualización de 452.564 predios.

Sobre el tema, un completo informe de la Contraloría Distrital señala que la Licitación fue finalmente adjudicada al Consorcio Actualización Catastral 2006, por un valor total de $3.459.510.000 (incluido IVA). A la fecha se han cancelado en virtud de los dos contratos el 90%, equivalente a $3.113.059.000

Pero ese Consorcio incurrió en suplantación de personas, modificó la información elaborada por los reconocedores, sin su consentimiento, para ser entregada a otro personal que culminaba dichas labores, situación ésta que evidencia la falta de controles en el cambio de información inicialmente reportada por este personal al proceso de reconocimiento predial. Así mismo, el Consorcio usurpó el nombre de varios ciudadanos que aparecieron como responsables de sectores de revisión, cuando NUNCA tuvieron vinculación alguna con los contratistas ni mucho menos tuvieron conocimiento de los procedimientos.

Se calcula que hay elementos fraudulentos en la revisión del avalúo catastral de 107.687 predios. Dice la Contraloría que “Se evidencian indicios de delitos y un posible fraude por presunta Falsedad personal en cuanto a la supervisión y el reconocimiento predial efectuado a más de 100 mil predios que equivalen al 23% del total de predios a cargo del Consorcio Actualización 2006.

Además la Contraloría señala que el Consorcio no contrató gente idónea para realizar las tareas, situación que pone en duda la probidad y confiabilidad del levantamiento catastral de aproximadamente 176.459 predios.

El informe resume estas irregularidades señalando que “estos hechos ponen de presente no solamente situaciones de presunto fraude tipificadas en el Código Penal, sino también involucran serios indicios de corrupción que pueden estar dándose en la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, en la que podrían estar seriamente implicados funcionarios vinculados a esa entidad”.

Seguramente esta situación llevará al Alcalde a reversar la medida y la ciudad habrá perdido más de 3 mil millones de pesos, que es el valor del contrato entre el Distrito y el Consorcio.

Es importante anotar que esa empresa, que es un consorcio de dos compañías, no aparece en los registros de la Cámara de Comercio, y de las dos empresas socias, una no existe y la otra no renueva el registro mercantil desde 1994.

¿Cómo se hace un contrato con una empresa que prácticamente no existe? ¿Porqué no se pidió que utilizaran tecnología de punta para el registro de los datos en línea?

El Contralor indica que la decisión fue apresurada y burda, pues la revisión de avalúos, dice él, es un proceso complejo que la actual administración distrital quiso hacer a las patadas en solo seis meses.

Al respecto el informe de la Contraloría Distrital concluye: "un proceso de tanta complejidad(…), que comprende la actualización de aproximadamente el 38% del inventario predial de la ciudad, no puede ser adelantado en tan corto período de tiempo y en las condiciones de contratación que se dieron por parte del Consorcio privado”.

Y remata: “El reconocimiento predial se llevó a cabo justo en el segundo semestre de 2006, y las demoras permanentes en la entrega de información por parte de la firma contratista, dieron lugar a traumatismos en la puesta en vigencia de este proceso para el año fiscal 2007”.

Evidentemente la intención es saludable para la ciudad, pero la operación y la gerencia de una iniciativa de semejante envergadura, fue una chambonada de incalculables repercusiones para los afectados y para la administración distrital.

¿Qué va a pasar con aquellos ciudadanos que ya pagaron su impuesto predial con el nuevo avalúo? Nada. Porque el Distrito es tan “eficiente” en materia de recaudación de impuestos, que hay casos en que se ha pagado dos veces en un mismo año el tributo de un predio en disputa de sucesión, y el Distrito cobra al año siguiente el impuesto normal, desconociendo el doble pago efectuado el año anterior.

¿Quién responde?

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Se supone que cuando alguien convocar una marcha de protesta, debe solicitar una autorización ante las autoridades competentes.
Esto, porque se presume que la persona o la entidad que convoca, debe asumir la responsabilidad de la marcha y adoptar unas mínimas normas que le permitan el control de la manifestación.
Nadie puede prohibir que los ciudadanos se manifiesten a favor o en contra de una medida, o en el caso concreto que nos ocupa, de la visita del presidente de los Estados Unidos: exhibir carteles, gritar arengas, hacer representaciones teatrales o vociferar son derechos que todos los ciudadanos debemos respetar, estemos o no de acuerdo con la protesta.
Pero de ahí al vandalismo y a la asonada hay un gran trecho: atacar a los uniformados que tenían la orden de cerrar un perímetro para garantizar la seguridad de Bush, apuñalarlos, destrozar el mobiliario de la ciudad (faroles, sillas, paraderos, etc.) y acabar con establecimientos comerciales y bancarios no se constituyen en simples acciones de protesta, sino en desmanes que atentan contra la seguridad de los ciudadanos.
¿Quién va a responder por los cuantiosos daños causados a la ciudad y a decenas de establecimientos comerciales por cuenta de los bándalos que participaron en la protesta? ¿Acaso serán los mismos que llamaron a exigir que dejaran libres a los capturados, es decir, Petro, Borja y Robledo?
Por supuesto que no. En una breve declaración, el vocero del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo, aseguró que las responsabilidades penales eran individuales y excusó la situación con la más burda salida: “es que eso pasa en cualquier parte del mundo”.
A continuación, el ahora iracundo presidente del Polo, Carlos Gaviria Díaz, pidió que le demostraran que habían sido los del PDA los que habían cometido la asonada. Al periodista le faltó preguntarle si también escurriría el bulto de ser la organización responsable de la convocatoria de la protesta-asonada.
No es claro tampoco porqué, si el Polo, como anfitrión de la revuelta, no tiene responsabilidad por los hechos, algunos de sus altos dignatarios hayan insistido en la liberación de los agitadores y vándalos… al fin qué ¿tienen o no tienen velas en el entierro?
Evidentemente el primero que tendría que asumir la responsabilidad es quien convocó la marcha, pues no es solo la organización de arengas, gritos y quema de banderas, sino la previsión que debe tomarse para evitar que los manifestantes, motivados por unos cuantos agitadores, no entren en esa especie de espíritu de grupo (muy masificados los protestantes) en el que ese colectivo no piensa sino que actúa como manada obediente a unas cuantas voces líderes.
Pero también debe asumir su parte la administración distrital, pues no previó que la situación podía salirse de curso y de una protesta legal y para algunos válida, se pasó a un caos que afectó varias zonas aledañas al centro internacional de Bogotá.
Seguramente el Alcalde creyó en las buenas intenciones y en la capacidad organizativa de sus copartidarios (PT y Polo) que convocaron la marcha-asonada, aunque a última hora se supo que los manifestantes no pidieron siquiera autorización para su protesta. Sin embargo, esa ingenuidad del Alcalde lo llevó a descuidar el control de un perímetro más amplio y por ende, a dejar DESPROTEGIDAS las zonas que padecieron el saqueo y la destrucción de los bándalos encapuchados que solo son futuros terroristas citadinos, pues además la ley les permite a estos pequeños monstruos (pichones de terrorista entre 14 y 16 años), hacer lo que se les de la gana y que solo los reprendan para entregárselos a sus padres.
Así mismo el director de la policía Bogotá debe dar la cara y explicar los motivos para que no haya previsto una situación que evidentemente se iba a presentar. ¿Se necesita ser adivino para suponer que una manifestación puede desembocar en asonada? No. Es solo cuestión de profesionalismo (el que le faltó al general Castiblanco) para saber que esto puede pasar.
Es que la situación fue crítica: durante más de dos horas, los manifestantes lanzaron cuanto objeto tenían a mano, destrozaron el mobiliario urbano (los impuestos de los bogotanos al servicio de los agitadores y de sus borregos) para atacar a los policías ubicados para cerrar el paso e intentar herirlos con lanzas en cuyas puntas introdujeron brocas para taladrar. Luego decidieron “jugar” con fuego y atacar a los policías con objetos incendiarios.
Entonces la policía contraatacó, pues si bien es cierto que están acostumbrados a los improperios y a las provocaciones de los desbordados manifestantes; también es lógico que cualquier ciudadano, con o sin uniforme, tiene derecho a defenderse y a salvaguardar su integridad personal.
Lo importante es que sea rápidamente esclarecida la responsabilidad de que una marcha se haya convertido en una asonada. También es fundamental que cuanto antes los pequeños propietarios cuyos establecimientos fueron saqueados y destruidos reciban la indemnización respectiva y que el Alcalde y el general Castiblanco informen los motivos que tuvieron para suponer que una marcha cargada de creencias casi religiosas (el antiimperialismo, el odio por Bush y supuestamente por todo lo que representa lo norteamericano, etc.) terminara en los desmanes y en la destrucción que padeció el centro de Bogotá.
¿Será que los 325 detenidos no deben pagar los daños? ¿Será que quienes convocaron con su liderazgo la marcha, no deben salir con sus chequeras a cubrir los daños de sus invitados?
Los restaurantes de la zona, destruidos y saqueados, perdieron cerca de 500 millones de pesos por cuenta de la marcha convocada por el Polo.
Sería bueno que Bogotá sin indiferencia también se manifestara con la ayuda que necesitan esos comerciantes que perdieron buena parte de sus negocios… ¿o será que la indolencia y la irresponsabilidad siguen incubadas en los adalides que suplican una Bogotá sin indiferencia?