Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
La pregunta que ronda por corredores y corrillos políticos en todo el país tiene que ver con la permanencia del actual ministro de Defensa en ese cargo. Es de suponer que hasta se deben estar pactando apuestas sobre el tema.
Resulta curioso, por decir lo menos, que la figura de la moción de censura haya sido utilizada en dos oportunidades contra dos ministros de defensa del actual Gobierno: eso muestra una intención clara de golpear no solo al Presidente sino a la política de seguridad democrática, pero no desde la perspectiva militar, sino desde el campo político, “coincidiendo” con las propuestas de las FARC.
Además, no es un despropósito que Cambio Radical, el movimiento de Germán Vargas Lleras, sea uno de los firmantes de la solicitud de moción de censura, pues es de todos conocida la rencilla que existe entre Vargas Lleras y Santos y en la moción se observa un componente oportunista de sacar del camino a un posible candidato a la Presidencia que puede aglutinar a algunos sectores de lo que se conoce como uribismo: Vargas Lleras quiere todo el uribismo para él, y si le queda fácil también a buena parte del liberalismo, asegurándose de derribar a todo el que pueda disputarle esos votos.
Otro hecho es que las FARC, muy creídos de su poder (por algo será), han pedido la renuncia del Presidente: "Si Uribe no tiene la ética de renunciar para aclarar su entorno paramilitar y el origen fraudulento de buena parte de su votación, tenemos que exigírselo con la ampliación e intensificación de la lucha popular", señaló un comunicado del grupo terrorista.
La moción de censura, que se estudiará esta semana en el Congreso, tiene cuatro motivaciones: Las interceptaciones telefónicas ilegales, incapacidad para crear clima de confianza en las elecciones, la ausencia de convicción en los valores democráticos y las relaciones con los vecinos.
Llama la atención que las interceptaciones telefónicas hayan sido explicadas y descritas con detalle no solo por el ministro Santos, sino también por el nuevo Director de la Policía en incluso por la Fiscalía. Así las cosas, parece que al Congreso le molesta profundamente que se haya vulnerado el derecho a la privacidad de los cabecillas paramilitares, siendo que es la misma oposición la que ha señalado que desde la cárcel siguen delinquiendo… ¿cómo detectar la continuidad de las acciones delictivas y criminales de los paramilitares?
Ciertamente, según Semana, hay grabaciones que tienen en su poder que no corresponden a las zonas que el Ministro y el General Naranjo aseguraron que habían sido monitoreadas, pero esas interceptaciones, como lo dice la misma revista, pertenecen a conversaciones de funcionarios del Gobierno. El asunto es relevante y merece explicaciones, pero ojalá de quién ordenó las grabaciones y no de alguien que no tuvo nada que ver en el asunto.
Lo que no piden los promotores de la moción es que se sepa con exactitud cómo llegó esa información a la revista Semana, si le pagaron o no a la Sargento de la DIPOL por las grabaciones, y sobre todo, quién permitió que esa suboficial permaneciera en la central de inteligencia, después de que su hermano, otro suboficial de la institución, fuera expulsado de la Policía. Lo cierto es que en eso se presentó una falla grave en el control y manejo de personal por parte de los altos mandos de la DIPOL.
En cuanto al clima de confianza para las elecciones, las explicaciones del general Naranjo sobre la forma como fue obtenida la información resultan esclarecedoras para entender que esas grabaciones del espectro electromagnético son importantes para el clima de confianza con miras a las elecciones de octubre, pues el objetivo era el monitoreo de las comunicaciones de los paramilitares, primero en Ralito, luego en la Ceja, y finalmente en Itagüí.
Ese control no discrimina líneas específicas, sino que graba todo lo que ocurre en la zona monitoreada, como lo demuestra la grabación insulsa de Claudia Gurissati con Carlos Gaviria. ¿Monitorear a los delincuentes y los alrededores del sitio de reclusión no es un importante aporte para el clima de confianza en las elecciones, sobre todo cuando la misma oposición insiste en que los paramilitares siguen con el control político de algunas regiones del país?
El otro asunto, el de los valores democráticos, resulta interesante a la luz de los “valores democráticos” particulares que Santos atacó en su momento: son, ni más ni menos, los que representaba la institucionalidad samperista con narcotráfico, delitos electorales, fraude y la falta de claridad en varios asesinatos. Pero resulta curioso que la posición y las acciones de Santos fueron conocidas por todo el país y solo ahora, cuando los perros de Miraflores ladran, los lacayos del dictador (entre otros) se lanzan a cazar la presa y a llevarle la cabeza de un ministro colombiano para presentarla en algún standup comedy de Aló Presidente.
Sin embargo, todos estos son motivos que efectivamente se deben debatir para bien del país, pero ¿los cuestionamientos de los vecinos? Es que ese motivo equivale a aceptar que Venezuela quiera imponer una agenda interna, que Chávez intervenga en la política doméstica y que sus alfiles en el Congreso enfilen baterías vengadoras contra un personaje que es antipático para Chávez.
Antes que prestarle atención a las pataletas chavistas, que caza peleas con todo el mundo incluido el Papa, los congresistas deberían analizar el tema primario: la injerencia de Chávez en esta decisión.
Pero además, la motivación es un vistazo al totalitarismo que quiere imponer la oposición colombiana: “No se puede permitir que el conocido antichavismo del Ministro de Defensa obstaculice la normalización de las relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con Venezuela”.
Esto significa, ni más ni menos, que en el Gobierno COLOMBIANO no pueden estar personas que sientan una profunda antipatía por el chavismo, pues lo ideal, dicen los proponentes, es que todos en Colombia, como ocurre en Venezuela, simpaticen con Chávez y sus políticas dictatoriales, pues es inconveniente que los funcionarios piensen distinto al paracaidista venezolano.
Así las cosas, tres motivos son relevantes y se pueden convertir en talones de Aquiles para Santos, pero el último no solo es una aceptación sumisa de la injerencia chavista en Colombia, sino un acatamiento a las órdenes del tirano venezolano.
La pregunta que ronda por corredores y corrillos políticos en todo el país tiene que ver con la permanencia del actual ministro de Defensa en ese cargo. Es de suponer que hasta se deben estar pactando apuestas sobre el tema.
Resulta curioso, por decir lo menos, que la figura de la moción de censura haya sido utilizada en dos oportunidades contra dos ministros de defensa del actual Gobierno: eso muestra una intención clara de golpear no solo al Presidente sino a la política de seguridad democrática, pero no desde la perspectiva militar, sino desde el campo político, “coincidiendo” con las propuestas de las FARC.
Además, no es un despropósito que Cambio Radical, el movimiento de Germán Vargas Lleras, sea uno de los firmantes de la solicitud de moción de censura, pues es de todos conocida la rencilla que existe entre Vargas Lleras y Santos y en la moción se observa un componente oportunista de sacar del camino a un posible candidato a la Presidencia que puede aglutinar a algunos sectores de lo que se conoce como uribismo: Vargas Lleras quiere todo el uribismo para él, y si le queda fácil también a buena parte del liberalismo, asegurándose de derribar a todo el que pueda disputarle esos votos.
Otro hecho es que las FARC, muy creídos de su poder (por algo será), han pedido la renuncia del Presidente: "Si Uribe no tiene la ética de renunciar para aclarar su entorno paramilitar y el origen fraudulento de buena parte de su votación, tenemos que exigírselo con la ampliación e intensificación de la lucha popular", señaló un comunicado del grupo terrorista.
La moción de censura, que se estudiará esta semana en el Congreso, tiene cuatro motivaciones: Las interceptaciones telefónicas ilegales, incapacidad para crear clima de confianza en las elecciones, la ausencia de convicción en los valores democráticos y las relaciones con los vecinos.
Llama la atención que las interceptaciones telefónicas hayan sido explicadas y descritas con detalle no solo por el ministro Santos, sino también por el nuevo Director de la Policía en incluso por la Fiscalía. Así las cosas, parece que al Congreso le molesta profundamente que se haya vulnerado el derecho a la privacidad de los cabecillas paramilitares, siendo que es la misma oposición la que ha señalado que desde la cárcel siguen delinquiendo… ¿cómo detectar la continuidad de las acciones delictivas y criminales de los paramilitares?
Ciertamente, según Semana, hay grabaciones que tienen en su poder que no corresponden a las zonas que el Ministro y el General Naranjo aseguraron que habían sido monitoreadas, pero esas interceptaciones, como lo dice la misma revista, pertenecen a conversaciones de funcionarios del Gobierno. El asunto es relevante y merece explicaciones, pero ojalá de quién ordenó las grabaciones y no de alguien que no tuvo nada que ver en el asunto.
Lo que no piden los promotores de la moción es que se sepa con exactitud cómo llegó esa información a la revista Semana, si le pagaron o no a la Sargento de la DIPOL por las grabaciones, y sobre todo, quién permitió que esa suboficial permaneciera en la central de inteligencia, después de que su hermano, otro suboficial de la institución, fuera expulsado de la Policía. Lo cierto es que en eso se presentó una falla grave en el control y manejo de personal por parte de los altos mandos de la DIPOL.
En cuanto al clima de confianza para las elecciones, las explicaciones del general Naranjo sobre la forma como fue obtenida la información resultan esclarecedoras para entender que esas grabaciones del espectro electromagnético son importantes para el clima de confianza con miras a las elecciones de octubre, pues el objetivo era el monitoreo de las comunicaciones de los paramilitares, primero en Ralito, luego en la Ceja, y finalmente en Itagüí.
Ese control no discrimina líneas específicas, sino que graba todo lo que ocurre en la zona monitoreada, como lo demuestra la grabación insulsa de Claudia Gurissati con Carlos Gaviria. ¿Monitorear a los delincuentes y los alrededores del sitio de reclusión no es un importante aporte para el clima de confianza en las elecciones, sobre todo cuando la misma oposición insiste en que los paramilitares siguen con el control político de algunas regiones del país?
El otro asunto, el de los valores democráticos, resulta interesante a la luz de los “valores democráticos” particulares que Santos atacó en su momento: son, ni más ni menos, los que representaba la institucionalidad samperista con narcotráfico, delitos electorales, fraude y la falta de claridad en varios asesinatos. Pero resulta curioso que la posición y las acciones de Santos fueron conocidas por todo el país y solo ahora, cuando los perros de Miraflores ladran, los lacayos del dictador (entre otros) se lanzan a cazar la presa y a llevarle la cabeza de un ministro colombiano para presentarla en algún standup comedy de Aló Presidente.
Sin embargo, todos estos son motivos que efectivamente se deben debatir para bien del país, pero ¿los cuestionamientos de los vecinos? Es que ese motivo equivale a aceptar que Venezuela quiera imponer una agenda interna, que Chávez intervenga en la política doméstica y que sus alfiles en el Congreso enfilen baterías vengadoras contra un personaje que es antipático para Chávez.
Antes que prestarle atención a las pataletas chavistas, que caza peleas con todo el mundo incluido el Papa, los congresistas deberían analizar el tema primario: la injerencia de Chávez en esta decisión.
Pero además, la motivación es un vistazo al totalitarismo que quiere imponer la oposición colombiana: “No se puede permitir que el conocido antichavismo del Ministro de Defensa obstaculice la normalización de las relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con Venezuela”.
Esto significa, ni más ni menos, que en el Gobierno COLOMBIANO no pueden estar personas que sientan una profunda antipatía por el chavismo, pues lo ideal, dicen los proponentes, es que todos en Colombia, como ocurre en Venezuela, simpaticen con Chávez y sus políticas dictatoriales, pues es inconveniente que los funcionarios piensen distinto al paracaidista venezolano.
Así las cosas, tres motivos son relevantes y se pueden convertir en talones de Aquiles para Santos, pero el último no solo es una aceptación sumisa de la injerencia chavista en Colombia, sino un acatamiento a las órdenes del tirano venezolano.
