La gran falacia

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

myances@msn.com

Aprendí que una vez que las personas toman partido en una causa, usualmente por consideraciones emotivas u obedeciendo intereses egoístas, es prácticamente imposible por mas contundente que sean los argumentos esgrimidos, hacerle cambiar de posición.

Lo digo porque tratando de presentar ideas y nuevos puntos de vista sobre la problemática nacional, e imaginándome que la izquierda también era democrática, pluralista y tolerante, me tomé el atrevimiento de meterme en un foro de correos electrónicos que replica columnas de opinión que controvierten y atacan al gobierno, y que invadían el mío con mas de 20 correos al día.

La reacción fue inmediata, “que ese era un órgano de oposición y no le daban cabida a mis opiniones”. Ni más ni menos que la información, y la opinión, tomadas como un arma para obtener un fin, y por lo tanto carente de objetividad. Seguí haciéndolo, hasta que el director cayó en cólera y me sacó de su lista de correo (deje de recibir spams) y bloqueó del todo mis opiniones.

Por la beligerancia del director, no me queda ninguna duda que es menos peligroso atacar al gobierno que defenderlo, y mucho menos peligroso que atacar a la izquierda. Esa de por si podría ser una explicación –además del morbo nacional- de que sean más los que a través de la columnas de opinión atacan al gobierno; y de ahí también el temor de nosotros, de que la izquierda beligerante e intolerante –no toda lo es- llegue al poder.

Ha sido una experiencia interesante que me permitió entender que precisamente quienes mas se quejan de la democracia, la falta de pluralismo y la libertad de expresión, sean quienes menos respetan esos principios; y eso denota simplemente que sus posiciones ideológicas son tan frágiles, que tienen que convertirlas en actos de fe.

Lo que ningún jurista podrá explicar (ese era el tema) y nadie podrá entender, es que un mismo hecho delictivo resulte menos grave cuando se usa para derrocar un Estado (delito político) que cuando se hace para defenderlo. Es como si fuera más grave defender la propia vida, la honra y los bienes, que tratar de quitárselo a los demás; o como si fuera menos grave invadir países, que la defensa que de él hagan sus nacionales.

En su columna del sábado 18 de agosto en EL TIEMPO, Carlos Gaviria intenta explicarlo en los siguientes términos: “Esa tradición occidental que tiene en la revolución francesa un hito inocultable -se refiere al delito político- contradijo la mentalidad prevalerte hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave hecho pensable. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.” Lo que a mi entender significa, que acabar con el delito político es volver a la divinidad de los gobernantes.

Absurda tesis en esta época. Más razonable es, que quienes quieran tumbar al gobierno por la vía de las armas, se expongan al riesgo de ser derrotados y juzgados, si no por la rebelión en sí, por los crímenes que cometan. Eso desestimularía los levantamientos armados, mientras que los beneficios del delito político, los está estimulando.

Si los alzados en armas logran tumbar el gobierno, en la práctica ellos serán la nueva ley, pero si ni lo tumban, ni son derrotados, entonces en los diálogos de paz se tienen que crear las nuevas leyes que surgen de los acuerdos.

La rebelión en sí, es consecuencia del derecho a disentir y puede ser tratado con benevolencia, Un buen ejemplo de esta teoría de la rebelión, son los movimientos que fundamentan su accionar en acciones populares de gran espectacularidad, tipo Robin Hood, El Zorro, o el M19 en sus inicios. Pero la lucha armada involucra acciones de guerra en las que inevitablemente, se lesionan el DIH.

Retrospectiva de las Convivir

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Resulta fácil, hoy por hoy, ver las consecuencias de un paquete de medidas tendientes a recuperar la seguridad en decenas de regiones en el país.Es que mirar la normativa para la creación de las Convivir y sus consecuencias, 13 años después de su conformación, es sumamente conveniente y sencillo, pero resulta descontextualizado frente a lo que se vivía en aquella época.

13 años después sabemos que muchas Convivir se aliaron con el paramilitarismo, emprendieron los mismos caminos criminales y optaron por la misma financiación mafiosa que han tenido las Autodefensas a lo largo de buena parte de su existencia.

Y, como no, 13 años después sabemos que una de esas Convivir era la fachada de un sector de los paramilitares para recibir las “contribuciones” de una multinacional que apoyó financieramente las actividades criminales de las Autodefensas.

Han pasado 13 años desde la promulgación del decreto reglamentario 356 de 1994 y ahora, a la luz de los hechos y de la historia, se pueden sacar conclusiones sobre la inconveniencia de esa norma, particularmente sobre la creación ambigua y poco controlada de las Convivir.

Pero ese 11 de febrero de 1994 la lectura de la situación de orden público que hacía el Gobierno de César Gaviria Trujillo era compleja. De un lado, las FARC realizaban una fuerte campaña militar en diferentes regiones del país, entre las que se encontraba el Urabá antioqueño, en donde la extorsión, el secuestro y las masacres eran el pan de cada día. Basta con recordar la masacre perpetrada por las FARC en el barrio La Chinita en Apartadó, en donde fueron asesinadas 35 personas en 1994.

Así mismo, el Estado era incapaz de hacer presencia real y efectiva, menos en seguridad, en gran parte del territorio nacional, dejando indefensos a los ciudadanos frente a las atrocidades de las FARC.

Tanto así que en 1997, la justificación de la Corte Constitucional para las Convivir señala que “la finalidad de todos los servicios de vigilancia y seguridad privada, no es otra que evitar la comisión de delitos como el secuestro, la extorsión, el asesinato, los actos terroristas y, en general, los hechos delictuosos que atentan contra la seguridad de la comunidad y de todos y cada uno de sus miembros. Así se vela por la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Y, además, se les reconoce expresamente su derecho a asociarse para la defensa de estos derechos fundamentales”.

Todo lo anterior se conjugó para que el gobierno Gaviria decidiera crear las Convivir, con un plan para establecer “servicios de Vigilancia y Seguridad Privada”, llamados más tarde CONVIVIR. Esas agrupaciones estaban destinadas a las zonas de combate, donde el gobierno dijo que no podía garantizar totalmente la seguridad pública.

El decreto permitía que las Convivir participaran en actividades de auto-defensa y recopilación de información de inteligencia. Hoy se sabe, 13 años más tarde, que dentro de las actividades de las Convivir se incluía la identificación de individuos que se creía apoyaban a la guerrilla para después ser atacados por los militares o por los grupos paramilitares.

El 27 de abril de 1995 el gobierno Samper, a través de la Superintendencia de Vigilancia, expidió una resolución que establecía que los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se denominarían Convivir.

Pero el decreto 356 fue demandado y la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre el tema. El 7 de noviembre de 1997, en la sentencia C-572 del 97, la Corte decidió a favor de la constitucionalidad de las Convivir.

De esta decisión salvaron su voto en puntos específicos los magistrados Vladimiro Naranjo, José Gregorio Hernández, Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes.

Pero ese salvamento no alertaba sobre la posibilidad, 13 años después comprobada, de alianzas criminales y financieras entre Convivir y paramilitares. Es más: en el salvamento de voto de los cuatro magistrados sobre el punto de las Convivir se analiza la inconveniencia de que el Estado delegue atribuciones exclusivas de porte de armamento y de investigación, pero no se hace mención a la posibilidad de que dichas cooperativas degeneren en grupos paramilitares.

Dice el salvamento de voto sobre las Convivir: “Sólo el Estado está legitimado para adelantar labores de inteligencia(…) y ello bajo ciertas circunstancias que así lo ameriten, y no de manera arbitraria o indiscriminada que pueda llevar a la violación de derechos constitucionales fundamentales, tales como la intimidad personal y familiar, la honra, el buen nombre, etc. Estos derechos quedarían seriamente comprometidos si grupos de particulares se arrogaran la facultad de adelantar labores de inteligencia o de investigación sobre la vida y las actividades de sus conciudadanos”. En ningún momento hace mención a la posibilidad del concierto para delinquir que se podría generar por la operación conjunta entre Convivir, Fuerzas Armadas y paramilitares.

Posteriormente indica el salvamento que esas labores pondrían en riesgo la vida y la integridad física de las personas, cuando los particulares tengan la posibilidad de acusarlos infundadamente de actos o intenciones delictivas o cuando basados en esas acusaciones, se proceda de hecho contra los inocentes.

Sin embargo, históricamente la información de inteligencia es obtenida de particulares y evidentemente se corre el riesgo de un falso señalamiento que puede desembocar en lo que señalan los magistrados que salvaron su voto. Pero ahí no existe una presunción de la vinculación de las Convivir con los paramilitares ni mucho menos de la posibilidad de aliarse criminal y financieramente.

Ciertamente esta es una advertencia sobre la posibilidad, hoy comprobada, de la violación de derechos humanos que podría generar la medida. Sin embargo, el salvamento de voto no profundiza en la situación y se limita a dejar una constancia sobre lo que presumían podía ocurrir con aquellos que fueran señalados injustamente por esos aparatos paraestatales de investigación.

El punto sustantivo no era la delación y acusación de inocentes, sino que las Convivir aunarían esfuerzos contrainsurgentes con agentes del Estado y con los paramilitares y por supuesto, compartirían la financiación para alcanzar tales objetivos: simplemente, visto desde hoy, la advertencia era la expansión de la guerra sucia financiada por el narcotráfico.

Se calcula que en 1997 existían 414 asociaciones de Convivir y se creía que esas cooperativas tenían más de 120 mil miembros.

Son muchos los que por acción u omisión, visto el asunto 13 años después, tienen responsabilidad en la creación y difusión de las Convivir en todo el país.
Comenzando por César Gaviria, en cuyo gobierno se promulgó la creación de las cooperativas, y siguiendo con Ernesto Samper Pizano y su séquito de colaboradores, que no solo impulsaron la conformación de las Convivir, sino que les dieron un marco normativo que obviamente no se cumplió.

Aquí también hay que preguntarse si el asunto de las Convivir se discutió en el Consejo de Ministros de Samper, cosa que sería perfectamente lógica si se tiene en cuenta la presión de ONGs y de funcionarios locales como Gloria Cuartas, que hablaba no de desmanes, sino de dificultades para gobernar. ¿Quién en el gobierno Samper tenía la vocería ante las ONG? La Canciller María Emma Mejía.

En este mismo sentido hay que mirar la actuación de la Corte Constitucional, pues la Sala Plena declaró la constitucionalidad del decreto: Aunque Carlos Gaviria Díaz hizo salvamento de voto no dijo nada sobre verdadero peligro que representaba una posible alianza (en ese momento posible, hoy comprobada en muchos casos) entre los paramilitares y las Convivir y solo insinuó algunas graves violaciones de derechos constitucionales, pero el salvamento de voto demuestra, más allá de la advertencia, que hasta quienes salvaron su voto estaban contagiados de alguna manera por la idea de que las Convivir eran la respuesta a la ofensiva de las FARC contra el país.

Y claro, los que aplicaron a pie juntillas las normas para la creación de las Convivir, desde los altos mandos militares hasta Álvaro Uribe Vélez, tienen también, a la luz de los hechos, una cuota de responsabilidad que vale la pena examinar para no repetir la historia, pues lo cierto es que la misma retrospectiva muestra que hace 13 años era aceptada y generalizada la idea de establecer mecanismos para llevar algún tipo de vigilancia a centenares de regiones a las que el Estado no podía garantizarles ni la seguridad ni la defensa contra las FARC… pero si vamos a buscar culpables y no a corregir errores, muy pocos tendrán la autoridad moral para exigir la responsabilidad política de los hechos... y los que pueden, porque sus advertencias fueron concretas, son ciudadanos de otros países.