Colombia está abocada a enfrentar la guerra en diferentes campos: mientras por un lado las mentiras “informativas” surgen con la apariencia de corresponder a la voz de la mayoría, en los campos continúa el doloroso recorrido de la muerte.
Por un lado, la presión de una mentira retumba con intensidad en los medios de comunicación: El Espectador publicó una noticia sobre la nueva prueba de supervivencia de los diputados del Valle, SECUESTRADOS por las FARC hace cinco años.
La noticia comienza con una exhortación con apariencia mansa: “La firma de un acuerdo humanitario para poner fin al drama del secuestro de 57 políticos y militares en poder de la Farc, quedó una vez más supeditada a la puja entre el Gobierno y la guerrilla, enfrascados en el tema del despeje militar de los municipios de Florida y Pradera, en el Valle.”
Pero el fondo de esas afirmaciones constituye una mentira que, a punta de repetirla, se ha convertido no solo en una verdad incuestionable, sino en el caballito de batalla de muchos sectores políticos del país.
Lo que dice concretamente es que el acuerdo humanitario pondrá fin al secuestro de algunos de los centenares de secuestrados que continúan en poder de las FARC, y que ese acuerdo depende del tema del despeje militar de dos municipios del Valle.
Lo primero que hay que señalar es que el dichoso acuerdo humanitario NO DEPENDE del despeje, pues este solo sería el preámbulo para que el Gobierno y las FARC se sentaran a buscarle salidas a un callejón sin salida. En ese sentido, lo cierto es que las condiciones que imponen las FARC son el cuello de botella, porque el Gobierno podría despejar dos, diez o cien municipios y muchas de las exigencias, que son imposibles de cumplir, impedirían el pretendido acuerdo.
¿Quién va a ir a Estados Unidos a exigir la liberación de ‘Simón Trinidad’ y de ‘Sonia’? Además, porque los mismos que claman por el canje se han encargado de deteriorar la imagen del Gobierno y por lo tanto han debilitado aún más, la endeble posición que podría tener un gobernante colombiano para hacer semejante petición.
Otro aspecto crucial tiene que ver con las actividades que desarrollarían los condenados que sean canjeados por los 57 secuestrados, pues el punto esencial aquí es que mientras el Gobierno propone que esos excarcelados no vuelvan al terrorismo, las FARC quieren recuperar esos hombres para su guerra, sobre todo en estos momentos en que el pie de fuerza terrorista escasea.
El primer obstáculo parece infranqueable, aunque el segundo no es de poca monta si se tiene en cuenta que muchos de los condenados son expertos en explosivos y al reincorporarse a las FARC obviamente volverían a armar y a detonar bombas, carros bomba, cilindros de gas cargados de explosivos y demás artefactos que utilizan las FARC en su accionar terrorista: ¿Colombia está dispuesta a dejar en libertad, y a concederles la impunidad a más de 500 terroristas para que vuelvan al monte, o a las ciudades, a asesinar mediante atentados que luego niegan?
Otro aspecto que llama la atención del primer párrafo (lead) de la noticia es que evidencia el descaro de los que piden a gritos el acuerdo humanitario: son solo 57 secuestrados cuya libertad estaría sobre la mesa, mientras más de tres mil personas (3.166 específicamente) continúan en cautiverio.
Desde 1996 hasta febrero de este año, en Colombia han sido secuestradas 23.264 personas y de este número, 6758 fueron secuestradas por las FARC, lo que significa que el 29% de los raptos con fines económicos son responsabilidad de la organización terrorista.
Ahora bien: si hacemos un comparativo encontramos que el porcentaje de personas que permanecen en el infiero del secuestro es del 13,6%. Entonces, se podría decir, de acuerdo con las cifras, que las FARC tendrían que responder más o menos por 920 personas, y solo están presionando por un acuerdo humanitario de 57 secuestrados, concretamente los que pueden hacer más escándalo y solo les representan un botín político pero una carga económica: ¿Quién les pide a las FARC, desde la bancada de los furibundos simpatizantes del acuerdo humanitario, que entreguen a TODOS los secuestrados? ¿Quién les exige que entreguen información sobre TODAS las personas que permanecen secuestradas por la organización terrorista? Nadie.
De otro lado, en el otro frente de batalla, las FARC continúan atacando a la población civil, asesinando y desplazando colombianos ante la mirada indiferente (¿cómplice?) de los que claman por el chantaje humanitario.
Mientras los medios, algunos sectores políticos y alcaldes presionan sin cesar por el acuerdo humanitario, las FARC prosiguen su narcoguerra contra el ELN: en las últimas horas llegaron a Tame, Arauca, más de 400 desplazados por los combates entre “hermanos”. Los primeros cálculos indican que 96 familias fueron desplazadas, incluidos unos 72 indígenas.
Es que hay cientos de indígenas que al tratarse de una guerra de facciones de extrema izquierda, no merecen ninguna consideración de los alentadores del acuerdo humanitario.
Además, según el alcalde de Tame, Arauca, por lo menos 13 campesinos han sido asesinados por las FARC, sin contar con cinco personas de una misma familia que habrían sido ejecutadas en las últimas horas por los terroristas. La masacre se presentó en la vereda Liberia Uno, de Tame, y se presume que el número de víctimas puede ser mayor.
¿Y las ONGs? Convenientemente no discriminan las causas y solo se limitan a señalar que este año, 15 mil colombianos han sido víctimas de la atrocidad del desplazamiento forzado, pero lo dicen generalizando, en voz baja y con mucho cuidado, para no molestar a los “valientes combatientes” de las FARC y del ELN.
Está claro: para algunos es más 57 que 3.166. Para ellos es mucho más urgente doblegar al Gobierno que preocuparse por unos centenares de desplazados o por 13 campesinos asesinados.