Hace unos días expresaba que, a menos que asumiéramos que los más altos dignatarios del Estado fueran títeres que se entregaran a quien los postula, no podríamos concluir que un tercer periodo presidencial consecutivo acabaría con la democracia y se conformaría una dictadura como lo afirma la oposición. Y en tal caso sería una dictadura popular, porque el mecanismo recurre al referéndum y a un proceso electoral.
No consideré en esa oportunidad que podría haber sesgo en la función pública por amiguismo, filiación política, o simpatía de estos dignatarios con el gobernante, porque si fuera eso lo que permitiera al ejecutivo controlar todas las ramas del poder público, tendríamos que aceptar con mas razón, que cuando un partido permanece en el poder más de cuatro u ocho años, (el liberal estuvo doce) se configura una dictadura de partido como el PRI en México, o el Bolchevique en la Rusia comunista.
La falacia está en que tienen más posibilidades de controlar las instituciones los partidos políticos, más disciplinados, mejor organizados y contra los que no dice nada la Constitución en relación con su permanencia en el poder, que los independientes.
El que la Constitución no le haya puesto límite al tiempo que permanece un partido en el poder, podría obedecer a dos razones: la primera, la confianza en que la libertad debería producir que el partido en el poder terminaría desgastándose ante la imposibilidad de resolver los graves problemas que padece la nación, y el pueblo buscando alternativas en las urnas. En otras palabras, que el ejercicio del poder sin límites, en una democracia, lleva implícita la alternancia de los partidos (así pasó con el liberal después de Samper, y con el conservador cuando Pastrana). Igual debería suceder con las personas.
Y la segunda, que veníamos de un esquema antidemocrático y desgastado –el Frente Nacional- que limitaba a cuatro años la permanencia de un partido en el poder, e impedía el ingreso de nuevos en la política.
Sin embargo, por alguna razón no suficientemente explicada por los constituyentes del 91, el periodo presidencial (y el de los gobiernos territoriales) se limitó a cuatro años y se excluyó la reelección; soslayando que los países más desarrollados –y en parte por eso lo son- tienen más estabilidad política y en consecuencia mayor bienestar económico. De no haber sido por el tan criticado Acto Legislativo que modificó el artículo, hoy seriamos con cuatro años y sin reelección, un caso único en América, y minoritario en el mundo. ¡Las ideas retrogradas que defiende la oposición!
Algo que deberían entender los partidos políticos democráticos es que la amenaza real de una dictadura está en el monte, y con sus infiltrados en las ciudades. Y que mientras esté en peligro la democracia, habrá que limitar algunas libertades y derechos. No obstante están garantizados más de los que la situación amerita.
En lo de las chuzadas –por ejemplo- ni se sabe si es la demanda de quienes compran escándalos lo que las estimula, o la necesidad de ir cerrando el círculo a los infiltrados de la guerrilla en las instituciones del Estado. Ahí se aplicaría que el que no la debe no la teme; y por supuesto que los que la temen buscarán otros medios de planear fechorías.
No consideré en esa oportunidad que podría haber sesgo en la función pública por amiguismo, filiación política, o simpatía de estos dignatarios con el gobernante, porque si fuera eso lo que permitiera al ejecutivo controlar todas las ramas del poder público, tendríamos que aceptar con mas razón, que cuando un partido permanece en el poder más de cuatro u ocho años, (el liberal estuvo doce) se configura una dictadura de partido como el PRI en México, o el Bolchevique en la Rusia comunista.
La falacia está en que tienen más posibilidades de controlar las instituciones los partidos políticos, más disciplinados, mejor organizados y contra los que no dice nada la Constitución en relación con su permanencia en el poder, que los independientes.
El que la Constitución no le haya puesto límite al tiempo que permanece un partido en el poder, podría obedecer a dos razones: la primera, la confianza en que la libertad debería producir que el partido en el poder terminaría desgastándose ante la imposibilidad de resolver los graves problemas que padece la nación, y el pueblo buscando alternativas en las urnas. En otras palabras, que el ejercicio del poder sin límites, en una democracia, lleva implícita la alternancia de los partidos (así pasó con el liberal después de Samper, y con el conservador cuando Pastrana). Igual debería suceder con las personas.
Y la segunda, que veníamos de un esquema antidemocrático y desgastado –el Frente Nacional- que limitaba a cuatro años la permanencia de un partido en el poder, e impedía el ingreso de nuevos en la política.
Sin embargo, por alguna razón no suficientemente explicada por los constituyentes del 91, el periodo presidencial (y el de los gobiernos territoriales) se limitó a cuatro años y se excluyó la reelección; soslayando que los países más desarrollados –y en parte por eso lo son- tienen más estabilidad política y en consecuencia mayor bienestar económico. De no haber sido por el tan criticado Acto Legislativo que modificó el artículo, hoy seriamos con cuatro años y sin reelección, un caso único en América, y minoritario en el mundo. ¡Las ideas retrogradas que defiende la oposición!
Algo que deberían entender los partidos políticos democráticos es que la amenaza real de una dictadura está en el monte, y con sus infiltrados en las ciudades. Y que mientras esté en peligro la democracia, habrá que limitar algunas libertades y derechos. No obstante están garantizados más de los que la situación amerita.
En lo de las chuzadas –por ejemplo- ni se sabe si es la demanda de quienes compran escándalos lo que las estimula, o la necesidad de ir cerrando el círculo a los infiltrados de la guerrilla en las instituciones del Estado. Ahí se aplicaría que el que no la debe no la teme; y por supuesto que los que la temen buscarán otros medios de planear fechorías.
Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
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