Un paso más

La reducción de la tasa de interés para los créditos de vivienda nueva hasta de 167 millones, como lo ofrece el gobierno, subsidiando hasta en un 5% la bancaria, es un esfuerzo positivo para facilitar la adquisición de vivienda a los mas pobres, y en la recuperación de la actividad económica y el empleo; pero requiere un compromiso de la banca de que no la subirán, arrebatando el subsidio a quienes va dirigido.

Se ha hablado por parte del FNA y el Banco Agrario, de tasa del 10% efectivo anual, que al aplicarles el subsidio del 5%, quedaría en 5%, prácticamente la inflación, o sea una tasa real del 0% (dinero gratis).

Sin embargo no basta, en especial para la VIS. Lo digo porque para estimular la construcción de vivienda en estrato bajo, de nada sirven los subsidios, si primero, los candidatos no tienen 5 millones de pesos ahorrados que puedan entregar como cuota inicial, ni posibilidades de pagarlos durante la construcción; y segundo, si el constructor no tiene la certeza de que el negocio se realizará.

Además de reducir el costo del dinero (la tasa), se debería eliminar la cuota inicial que exige el constructor, pues el otro subsidio que otorga el gobiero (hasta 10 millones, según el estrato del aspirante) no alcanza para cubrir la parte que no financia la banca. Y efectuar los desembolsos, no como se acostumbra, a la entrega del inmueble, si no sobre planos y avances de obras, porque el subsidio tampoco alcanza para garantizar el punto de equilibrio del constructor.

También reconsiderar los plazos, porque los candidatos tendrán que asumir el pago de servicios públicos que antes no, por vivir hacinados, o conectados fraudulentamente, además de los otros gastos que origina el sostenimiento familiar. Según los datos a la fecha, una VIS está costando 35 millones de pesos (25 después del subsidio) que financiados a 15 años, genera cuotas de 140 mil pesos mensuales, pero si se financiara a 30 años por ejemplo, solo de 70 mil.

Y el cuarto punto, porque la banca crediticia no querrá asumir el riesgo que rehúsa el constructor, recurrir a un sistema de cobertura, o entidad que asuma el riesgo de no pago de los créditos, a cargo del gobierno, porque de otra manera terminará cargando las cuotas mensuales que amortizan el crédito.

En este punto clave del bienestar –la generación de empleo es imperativa- existen dos ideologías antagónicas: por un lado la que predica que el Estado debe ser el mayor (único) generador de empleo, y por lo tanto apropiarse de los medios de producción, amén de aumentar la burocracia –excusa para otorgar un salario a unos pocos privilegiados que terminan sintiéndose superiores; y los que creen que la función del Estado debe ser la de crear estímulos a la actividad empresarial, valorar y apoyar la iniciativa privada (incluida la popular), y reducir la burocracia.

Si colocáramos en lados opuestos de la balanza, violencia y empleo, en lugar de violencia y represión, se entendería que cada uno de nosotros debería estar pensando en crearlos, en lugar de estar buscando uno; y que va mejor dirigido a la tranquilidad, pagar bien los empleos más humildes, que impuestos, o que apropiarse de la plusvalía que su fuerza de trabajo produce.

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena
myances@msn.com

Falsos positivos: ¿Más o menos sistemáticos?

Lo fundamental de la investigación sobre los falsos positivos debería ser el indagar si la presunta víctima fue ajusticiada o fue abatida en combate y si tenía o no vínculos con las FARC. Lo demás son arandelas políticas tendientes a reducir la operatividad del Ejército y darles oxígeno a los terroristas.

El informe preliminar del Relator Especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias; contiene inexactitudes y propaganda generalizadora de baja laya. Evidentemente Philip Alston desconoce la realidad del país y fue sometido, durante 10 días, al bombardeo de los sectores malquerientes de la Seguridad Democrática.

Dice el Relator que “las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”.

Veamos: ¿Cuáles son las bases para la afirmación de una acción sistemática? La cantidad de denuncias, la ocurrencia de los hechos en diferentes partes del país y como consecuencia de lo segundo, la cantidad de batallones implicados.

El primer elemento es un engaño: ¿cuántas denuncias intentan generarle un problema al Ejército, por la muerte en combate de un terrorista? Que ese criminal tuviera madre, hermanos o esposa que lo extrañen debería ser accesorio, y la manida descripción del niño bueno, o del inocente campesino que fue asesinado por los monstruos militares, no podría influir en las investigaciones sobre el deceso. ¿Cuántos de esos “angelitos”, en el Dermotest, tenían rastros de pólvora en sus manos? Nadie lo sabe, pues se hace mucho ruido con el número de denuncias, pero no se dice nada de los avances en las investigaciones de las presuntas víctimas.

Desde hace décadas, las FARC han recurrido a la práctica de mimetizarse entre los campesinos y así desviar las investigaciones haciendo que otros señalen a sus combatientes, no como terroristas, sino como inocentes campesinos que son víctimas de la demencia militar. Ocurre que ahora esas prácticas han sido reforzadas y tiene escenarios de divulgación y esbirros para difundirlas o hacer montajes probatorios.

En este orden de ideas, la ubicación geográfica de las denuncias por “falsos positivos” en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada, coincide con el mapa de los lugares de mayor presencia terrorista o de vecindad con regímenes afines a las FARC y por ende, de mayor número de combates entre el Ejército y el terrorismo… Debe ser por lo anterior que el Relator habló de acciones más o menos sistemáticas.

Sin embargo esa acusación es inexacta: Según el DRAE, sistemático es algo que sigue o se ajusta a un sistema, es decir, a un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.

Se ha dicho que los “falsos positivos” se dieron para intercambiar cadáveres por vacaciones, permisos e incluso dinero. Para que se dé la condición de sistemático, los que cometieron los falsos positivos de Soacha deberían estar interesados e involucrados con las prebendas que ganarían los militares acusados de “falsos positivos” en Antioquia o Putumayo. ¿Qué ganaban los de Norte de Santander con las acciones en otras jurisdicciones? Nada.

Tampoco podrán demostrar que había una organización clandestina con cobertura nacional, que cometía sus atrocidades a lo largo y ancho del país, para beneficiar a un gran número de unidades militares o ayudarles a cumplir un objetivo criminal determinado y decido por los altos mandos. El mismo relator desestima lo sistemático de los hechos cuando señala que “no encontró pruebas que indiquen que las ejecuciones fueron producto de una política oficial del Gobierno o que se hicieron con conocimiento del presidente o de otros funcionarios… "

No existen los menores combatientes, ni son peligrosos

La desinformación y el sesgo del Relator no paran ahí: en uno de los apartes del informe preliminar dice que “pese a que las autoridades en muchos de los casos argumentaron que esas muertes correspondían a miembros de la guerrilla, las pruebas revelaron que no es así y entre los "peligrosos guerrilleros" había adolescentes de 16 y 17 años”.

Unas pocas horas le hubieran servido al Relator de la ONU para enterarse del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las FARC. Que los caídos en combate tengan 16 o 17 años es apenas lógico, pues son los niños los que han sido utilizados como carne de cañón por los jefes del terrorismo.

A Philip Alston no le contaron que el artículo 54 de los estatutos de las FARC indican que “cualquier joven mayor de 15 años está capacitado cabalmente para empuñar las armas” y que centenares de niños han sido secuestrados por el grupo terrorista (lo llaman reclutamiento forzado) para estructurar su primera línea de combate y para otros menesteres como la satisfacción sexual de los depravados comandantes de las FARC.

Es lógico que a Alston no le hayan contado ese detalle, pues ningún “entusiasta humanitario” se ha quejado, ni le ha escrito a las FARC para que dejen de reclutar menores y devuelvan a sus hogares a los que han incorporado a la fuerza.

Así le parezca una fantasía, la realidad es que los guerrilleros de 16 y 17 años son peligrosos, pues cuentan con el factor psicológico que los hace sentir inmortales y que solo con portar un fusil, están protegidos de la guerra: los menores combatientes son osados y rara vez miden las consecuencias de sus acciones “heroicas”.

Si el informe del Relator va a incluir deducciones ignorantes como la descrita anteriormente, al país le tocará comenzar a responder nacional e internacionalmente por los terroristas caídos en combate, erigirles esculturas y ofrecer disculpas públicas a sus familiares… eran matones y criminales de la peor calaña, pero en medio de un combate, los soldados tenían que dejarse asesinar para no ser inculpados de cometer un falso positivo.

No se puede desconocer que si se han presentado los falsos positivos, pero el sesgo ideológico y los intereses políticos han exagerado la atrocidad hasta convertirla en un gigantesco manto que finalmente perjudicará a las verdaderas víctimas y dejará al país, y a sus Fuerzas Armadas, maniatadas para combatir al terrorismo… ¡Eso es lo que quieren, y lo están logrando!

AL CIERRE: Por el mismo camino se dirigía la Ley de Víctimas: al Estado le tocaba indemnizar, por vía administrativa, a los familiares de terroristas y criminales, pues no importaba lo que estuvieran haciendo, o los delitos cometidos, sino el dolor de sus familiares y que habían caído por acción de las Fuerzas de seguridad del Estado… nada de raro que, siguiendo la doctrina ecuatoriana, tocara reparar a la familia de ‘Raúl Reyes’.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

¿Por qué Chávez está confiscando empresas?

Durante los últimos meses, ha habido ataques muy severos contra la propiedad privada en Venezuela. Estas agresiones tienen diversas modalidades:

La que pasa más desapercibida, por ser aparentemente legal, es el control de precios, que obliga a los empresarios a vender sus productos por debajo del costo de producción. Aunque las empresas grandes pueden palear la medida, compensando las pérdidas con la venta de bienes no controlados, los pequeños empresarios se ven obligados a cerrar. De hecho, durante los diez años que lleva Chávez gobernando, han cerrado el 45 por ciento de las industrias.

El segundo ataque contra la propiedad proviene del crimen organizado, entre los que se destaca la guerrilla colombiana, que opera impunemente en las zonas fronterizas de Apure, Barinas, Táchira y Zulia. Como es sabido, Chávez mantiene una cercanía ideológica con las FARC, e incluso guardó públicamente un minuto de silencio luego de la muerte de Raúl Reyes, por lo que muchos venezolanos aseguran que existe complicidad entre gobierno y guerrilla.

La tercera modalidad es la invasión de tierras productivas e, incluso, de edificios de apartamentos, auspiciadas y amparadas por sectores oficialistas. Los propietarios acuden a la Ley, pero aunque los jueces dictaminen a su favor, los cuerpos de seguridad del Estado no se atreven a desalojar a los invasores. Chávez se ha manifestado públicamente -sobre todo durante las últimas semanas- en contra de la propiedad privada.

El cuarto esquema de agresión consiste en no pagar a las contratistas del Estado, llevándolos a la quiebra. Existe una crisis de pago en el sector petrolero, eléctrico, infraestructura, alimenticio, y en general todas las empresas que requieran de divisas extranjeras para operar. Es vox populi que, con la baja del precio del petróleo y los compromisos políticos internacionales, el gobierno venezolano carece de dólares para enfrentar sus obligaciones.

La quinta forma de atentar contra la propiedad consiste en las expropiaciones y confiscaciones. La diferencia entre una y otra está en que las primeras se pagan y las segundas no. Pero en Venezuela no está clara la diferencia, porque en muchas de las expropiaciones, el pago es tardío, dudoso y, aún en caso positivo, se cancela con papeles estatales devaluados.

El gobierno de Chávez ha confiscado empresas del sector cementero, alimenticio, metalúrgico, comunicacional, por mencionar unos cuantos; pero en las últimas semanas el gobierno se ha ensañado contra las contratistas petroleras, particularmente 76 de ellas, ubicadas en la Zona Oriental del lago de Maracaibo (Cabimas, Ciudad Ojeda, Bachaquero y Mene Grande).

Aunque el gobierno dice que son expropiaciones, la forma militar y agresiva como se tomaron las instalaciones, así como las promesas de pago poco claras, indica que, de hecho, se trata de confiscaciones. Todo lo cual, al momento de escribir estas líneas, está generando una crisis social en la zona, debido que la medida ha producido alrededor de 20 mil nuevos desempleados.

La industria petrolera venezolana sufre una pérdida incalculable con las confiscaciones en el Zulia, porque se trata de empresas que durante 60 años desarrollaron una gran capacidad tecnológica, convirtiéndose en realidad en compañías de ingeniería de punta, capaces de diseñar estaciones petroleras y construir refinerías. El valor principal de estas empresas no son los multimillonarios activos materiales incautados, sino el conocimiento y la experiencia, que ahora han quedado irremediablemente perdidos.

El ataque a la propiedad privada tiene un móvil político. El gobierno de Chávez sabe bien que el desplome del precio del petróleo le origina en el corto plazo una crisis presupuestaria y, como consecuencia, una crisis de gobernabilidad. El oficialismo cree -equivocadamente- que controlando los medios de producción podrá salir adelante, sin percatarse que está echándole leña al fuego, porque las empresas confiscadas no aumentan su producción sino que, por el contrario, se vienen abajo. Este es un claro ejemplo de cómo el socialismo marxista actúa como venda en los ojos, que impide ver los aspectos más simples de la realidad.

Las agresiones contra el empresariado venezolano coinciden con la feroz persecución hacia los adversarios políticos del gobierno. Chávez quiere acabar con toda forma de disidencia para así poder reprimir con mano de hierro -y sin oposición política- las protestas de orden social y económico que se avecinan.

Por Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.

El discurso de la independencia política

Por estos días tuve la oportunidad de ver una entrevista al ex presidente boliviano Carlos Mesa en el programa Conexión América de RCN Noticias 24 horas. Es bueno recordar que Mesa renunció dos veces a la Presidencia: la primera fue un juego político, según reconoció, y la segunda tenía la lapidaria palabra irrevocable.

En la primera renuncia, Mesa dejó contra las cuerdas a Evo Morales, a quien culpaban de la decisión de un presidente que en ese momento gozaba de una altísima popularidad. Incluso contó que a Morales lo agredieron y abuchearon en el aeropuerto de Cochabamba. Con ese juego, Mesa se sostuvo un tiempo, pero el MAS de Morales no tardaría en pasarle la factura y dejarlo sin posibilidades de gobernar.

Mesa explicó que renunció porque Evo Morales y los sectores ultraconservadores bolivianos, lo arrinconaron hasta dejarlo sin salida. Al mismo tiempo indicó que él había querido ser un gobernante independiente y aseguró que “eso suena muy bonito en los discursos, pero en la realidad es una tontería”. Lo que Mesa quiso decir es que él había intentado gobernar sin partidos políticos y eso es una utopía.

Es más: el ex presidente boliviano tenía más del 80% de popularidad y eso no le sirvió de nada a la hora de enfrentar las presiones de los sectores de interés que se disputaban las parcelas del poder boliviano. ¿Cómo es posible que alguien con semejante respaldo popular no pudiera gobernar? Mesa dio la respuesta: no se le ocurrió organizar un partido político.

Viendo lo que ocurre en Colombia con el ruido que se ha hecho en torno a los quíntuples independientes, que gozan de popularidad y podrían incrementarla de llegar a la Presidencia, resulta imposible evitar la pregunta: ¿cuáles partidos los respaldarán?

Los candidatos de los quíntuples efectivamente tienen un registro interesante en las encuestas y son populares en las ciudades más pobladas del país. Pero la bandera de la independencia, que tanto predican junto a otros candidatos agazapados como Mockus, es solo un discurso mendaz, pues saben que sin la maquinaria electoral de los partidos o movimientos políticos, tendrán mínimas opciones de gobernabilidad.

Lo anterior explica la desubicación de Sergio Fajardo, los silencios medrosos de Luis Eduardo Garzón, y el bajo perfil de Antanas Mockus… todavía no saben qué bandera los cobijara, o si será, como resulta evidente en la actual coyuntura, toda una colcha de banderas multicolores con sus respectivos acuerdos políticos –léase burocráticos, clientelistas, de contratos, etc.-.

Ciertamente la Alianza Social Indígena no le alcanzará a Fajardo para llegar a la Presidencia. Él camino para el ex alcalde de Medellín es poner toda la carne en el asador de la primera vuelta para tratar de llegar a la segunda y en ese mes, concretar los acuerdos que le permitan no solo alcanzar la victoria, sino gobernar.

Y no es un asunto fácil. Fajardo ya traicionó al Polo cuando llegó a la alcaldía de Medellín, pues una vez en el cargo, desconoció la coalición de facto que conformó y se acercó al uribismo. Un segundo apoyo, esta vez a la Presidencia, le costaría mucho más y tendría que hacer más concesiones, si quiere contar con el amarillo en la colcha de retazos que lo cobijará.

Por los lados del liberalismo, la cosa tampoco pinta bien, pues rechazó su respaldo durante la campaña a la Alcaldía. Aunque durante la última década los rojos han sido la ramera política de Colombia (se han acostado con todos los partidos por puestos, contratos y poder), ellos no son baratos y cobrarán el rechazo muy caro, pues de lo contrario le harán la vida imposible, como lo han intentado con Uribe.

Pero ese no es el peor escenario: por los pocos anuncios que ha hecho, Fajardo tendría que gobernar con el uribismo en la oposición. Con las mayorías que seguramente mantendrá el uribismo en el Congreso, más la fuerza propia del liderazgo del futuro ex presidente Uribe, se diluirá la gobernabilidad y el inquilino de la Casa de Nariño será un rehén político sin posibilidades de ejercer el poder, pues tarde o temprano tendrá que definir posiciones y eso defraudará a algunos de sus poderosos y entusiastas patrocinadores electorales.

Esa independencia política suena más a promesa de aventura electoral que a realidad pragmática… le pasó a Mesa y seguramente pasará en Colombia si Fajardo insiste en la farsa de la complacencia a todos los públicos: después de las palabras, llegan los hechos.

AL CIERRE: La entrevista fue hecha por Pedro Medellín, quien sostuvo que le parecía curioso que Evo Morales estuviera en contra de las autonomías bolivianas, pues dichas autonomías, dijo, "son importantes para la izquierda, es decir, para la democracia". Medellín Torres insiste en vender a la izquierda como el equivalente a la democracia, y a la derecha como el totalitarismo amenazante… ¿Es que no ve lo que pasa en Venezuela, Ecuador y Nicaragua?

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

Investigación-Acción participativa

Cuando se habla del "conflicto" colombiano suele haber un enorme desinterés por sus causas reales, en buena medida porque la incuria intelectual es un rasgo de la cultura local, pero también porque los especialistas en esas materias son exactamente los mismos generadores del conflicto. De ese modo se impone su versión y todo el mundo cree fácilmente que las FARC son un grupo de traficantes de drogas que reclutan jóvenes abandonados por el Estado o que son campesinos fanatizados que perdieron la noción de la realidad.

Pero no hay tal: basta hurgar un poquito en la historia de las últimas décadas para comprobar que todo lo que hacen las guerrillas estaba claramente resuelto en las consignas de los grupos de la llamada izquierda de las generaciones anteriores. Puede que los detalles más escabrosos no fueran mencionados por los instigadores de la "revolución", pero eso ocurre por una parte porque nadie sabe cómo será el futuro, y por la otra porque fijarse en esos detalles habría conducido al desaliento. Un elemento cómico al respecto es el escándalo que se hace porque el senador Jorge Enrique Robledo aparezca en los computadores de Raúl Reyes como persona vinculada a las FARC siendo que su partido de origen, el MOIR, no aprobaba la lucha guerrillera.

Nadie que conozca la historia de la izquierda podría dejar de distinguir entre "estrategia" y "táctica". Los pro-chinos del MOIR no aceptaban a las FARC por una parte porque las dirigían sus rivales prosoviéticos, y por otra porque no creían que el foco guerrillero fuera la vía eficaz hacia la revolución. No sería por escrúpulos morales por los que unos psicópatas entusiastas de la Revolución cultural china y de su hijo más característico, el regimen del jemer rojo en Camboya, iban a dejar de apoyar unos cuantos asesinatos de soldados y unos cuantos secuestros. Sencillamente al fracasar por completo como vanguardia del movimiento revolucionario y al cesar el conflicto chino-soviético, no encontraron otra salida que sumarse a sus antiguos rivales del PCC en el Polo Democrático. Es decir, aceptar el poder de las FARC significó para el MOIR un cambio de "táctica" para el que estaba plenamente preparado. (Ese poder es la base de poder real del Polo, es decir, del PCC: la base con que los comunistas consiguieron apropiarse de los sindicatos de entidades estatales y disponer de recursos fabulosos para expandir su proyecto político y cooptar a las demás sectas.)

Pero el MOIR es el fruto de una disidencia remota del mismo proyecto comunista, y resulta mucho más interesante evaluar el origen de ese proyecto y su relación con la sociedad colombiana, pues, como ya he señalado, las guerrillas son exactamente la realización de ese viejo proyecto, y sin el poder acumulado por las FARC en las últimas décadas tampoco habría sido posible el ascenso electoral del PDA. Bueno, también porque el poder de las FARC influyó en el ascenso de Chávez, cuyos recursos hicieron mucho por el poder del frente de masas del comunismo colombiano.

Entre los acontecimientos de las últimas semanas destaca la detención de Miguel Beltrán (alias "Jaime Cienfuegos"), profesor de Sociología de la Universidad Nacional encargado de reclutar estudiantes para las FARC. Como era de esperarse, los partidarios del comunismo salieron a defender al citado profesor con el encantador argumento de que no hay ideas criminales en el ámbito académico. Lo que pasó inadvertido para todo el mundo es que esa facultad es uno de los principales centros del movimiento comunista en Colombia y si bien ese profesor tenía correspondencia con Luis Édgar Devia, nadie podrá suponer que los demás no forman parte de ese proyecto. Bien como adoctrinadores, bien como reclutadores, bien como proveedores de estratagemas y falacias con las cuales sacar adelante la revolución.

Basta con fijarse en la historia de esa facultad: la fundó y dirigió casualmente el mismo creador de la revista Alternativa, el mismo creador del Polo Democrático, el mismo autor del libro (La violencia en Colombia) que sirvió durante décadas para presentar a las guerrillas financiadas copiosamente por los soviéticos como autodefensa de campesinos perseguidos por el gobierno: Orlando Fals Borda. Este sociólogo muerto en 2008 es tal vez el principal ideólogo de las FARC, y se le conoce por ser uno de los padres de la "IAP" (Investigación-Acción Participativa).

En este texto que Alfredo Molano escribió a la muerte de la esposa de Fals Borda en 2006 uno puede formarse una idea de la clase de personas que dieron origen al movimiento guerrillero: la señora era descendiente de dos candidatos presidenciales de la primera mitad del siglo, y los demás fundadores de dicha facultad eran el sacerdote y patricio Camilo Torres y el jurista y teórico radical Eduardo Umaña Luna, hijo del poeta y político José Umaña Bernal. Es verdad que las guerrillas ya existían en las décadas anteriores, pero su persistencia y poder habría sido imposible sin el "movimiento estudiantil revolucionario" que crearon esos personajes y sus pupilos explotando el fervor que recorrió el continente tras la Revolución cubana.

Se puede decir sin riesgo de equivocarse que el origen social y las diversas conexiones de esas personas están en la base de la orientación que dieron a la facultad que crearon: la IAP es una ciencia cuyas respuestas no son el resultado de la investigación sino que están antes, ya descritas en la misma formulación del método. Se trata de una ciencia ideológica cuyos ejecutantes llevan a cabo una "praxis" que en buen romance sólo tiene un nombre: política.

El contexto de todo ese invento es en extremo interesante. ¿Nadie se habrá preguntado cómo es que en los países en los que se desarrolló la Sociología a nadie se le ocurrió algo tan lindo como la IAP? Pero ¿qué es la Sociología? Según el diccionario es "Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas". La IAP se aparta por completo de cualquier noción de "ciencia" y termina siendo mero activismo. ¿Alguien se habrá detenido a pensar en qué trabajan los sociólogos? En Colombia, dada la escasez de recursos y el escaso desarrollo de las ciencias, la posibilidad de que la notoria cantidad de profesionales de esta ciencia formadas por esas universidades sea absorbida por las empresas privadas es nula. Los sociólogos, imbuidos de su papel redentor de la sociedad, necesitan los ingresos estatales y con tal fin resultan forzosamente adscritos a la red de poder de la izquierda democrática, gracias a la cual se crean para ellos los puestos que les pueden asegurar sus ingresos (siguiendo una lógica colombiana, según la cual quien haya estudiado es merecedor de por sí de un ingreso, sin que importe la utilidad de su labor).

De ese modo, la irresponsabilidad de los proveedores de recursos públicos ha proporcionado durante muchas décadas a un grupo de patricios conjurados una multitud de agentes dedicados a organizar el movimiento subversivo y dependientes de ese grupo para su sustento. Nada de eso ha cambiado, cosa que no se puede achacar al gobierno de Uribe, pues si un día decidiera cerrar la Universidad Nacional (donde Camilo Torres, Umaña Luna, Fals Borda, Molano y varios miles de ideólogos de las FARC siempre han campado por sus anchas recibiendo ingresos fabulosos que les proveen los demás colombianos para que puedan vivir rodeados de lujos mientras planean asesinatos y secuestros), lo más seguro es que no tendría suficiente apoyo para resistir la rebelión estudiantil y profesoral.

Es decir, si a los colombianos los matan, mutilan, secuestran e intimidan es sobre todo porque no saben o no quieren saber de dónde procede la agresión. Ese poder incrustado en el centro de la sociedad es la garantía de persistencia del orden colonial, en el que el clero y las familias de las que procedía ejercían un dominio absoluto y parasitario sobre toda la sociedad. Pero mientras los demás no se den cuenta de que sus recursos no deben gastarse en cebar a sus verdugos habrá pocas esperanzas de que cese la violencia.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.

Una historia bien contada

Raro encontrar en el cine historias bien contadas. Aunque el medio es más ameno y rico que la literatura, por la incorporación de imágenes y sonido, es más difícil y costoso de manejar. Algunas películas –culpa de sus directores, no lo dudo- se tiran ola historia y el libro; no logran transmitir las emociones y el sentimiento de los personajes, o dejan mucho a la imaginación del espectador.

Ha sucedido con todas las novelas de Gabo llevadas a la pantalla, y con muchas otras más. Se requiere mucha más creatividad y recursos en la producción fílmica que en la concepción de la historia Quien haya leído “Cometas en el Cielo” de Khaled Husseini, y visto después la película, o viceversa, primero la película y después el libro, lo podría corroborar.

No es este el caso de “Interchange” (intercambio), una historia de la vida real ocurrida en Los Ángeles, California, USA, en 1928, que Clint Eastwood llevó a la pantalla con la actuación de Angeline Jolie y Jhon Malkovich.

Esta es la historia de una madre, Jolie, a quien le roban su hijo de unos 7 años de edad. La policía pensando que la angustia y el deseo de encontrar a su hijo, permitirían engañarla, le entrega, al cabo de 6 meses, con toda la parafernalia mediática del acontecimiento, un niño de características parecidas que fue abandonado por su padre mendigo en un restaurante, pero que no era el suyo.

Ante la imposibilidad de lograrlo –las pruebas que la madre le presentaba a la policía, estatura y circuncisión, entre otras, eran irrefutables- y el temor de que el escándalo transcendiera a los medios masivos de comunicación, deciden declararla desquiciada y enviarla a un hospital psiquiátrico dónde el que no está lo vuelven. La recuperación psíquica que le daría de alta, se consigue sólo cuando logre aceptar y firmar un documento reconociendo haber recibido a su hijo.

La intervención de un pastor religioso que tenía un programa radial en el que denunciaba la corrupción política, logró sacarla cuando se procedía a aplicarle choques eléctricos –para reducir la agresividad- como castigo por haber gritado insultos contra el director del hospital, que la presionaba para que firmara la falsa identidad del hijo.

En el transcurso de la trama se descubre que los niños los secuestraba un psicópata que luego los mataba. Se hizo el juicio, y un tribunal de ciudadanos emitió sentencia condenando a la horca al psicópata; retirando del cargo al policía al frente de la investigación y degradando a su jefe inmediato; y exigiendo modificar los procedimientos de reclusión en el psiquiátrico.

Los tecnísimos perfectos: las cámaras estuvieron dónde tenían que estar, mostrando el desarrollo de la trama, los rostros y las emociones de sus personajes. La música imperceptible, y los diálogos cortos y precisos. Sin presunciones ni grandes costos, el espectador se siente trasladado a la época y atrapado en la trama.

Una sentida historia fácilmente extrapolable a la realidad del país, alimentada en ambos casos por el afán de mostrar eficiencia (la policía), y capturar audiencia (los medios), con la diferencia que en el nuestro, no se porqué, parecen puros montajes en los que el único inocente es la victima: se ofrece la recompensa económica y aparecen los resultados.

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

La falsedad de los detractores de la Seguridad Democrática

Ya no sorprende la amnesia y mezquindad que padecen algunos comentaristas de prensa, como Mario Morales, sobre los adelantos que ha tenido el país en materia de seguridad. Eso sí: llama la atención que el mismo Morales hable del fracaso de una política y olvide que solo unos meses antes, en el mismo espacio, reconoció los avances de esa misma política... ¿olvidó lo que significa coherencia?

Algunas cifras sirven para comparar la situación que vivía el país en 2000 y la situación actual. Ese año se registraron 3.706 secuestros, mientras que en 2008 el número de plagios fue de 437. Es más: en mayo pasado se registraron solo cinco secuestros, la cifra más baja en el histórico de las estadísticas que se llevan de ese crimen atroz. Esto significa que de 10 secuestros diarios que se padecían en el año 2000, se ha logrado llegar a solo cinco plagios mensuales… ¿Morales verá alguna diferencia?

De igual forma, en el 2000 el Instituto de Medicina Legal reportó 26.540 homicidios y una tasa de 63 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año pasado, la cifra de homicidios llegó a 16.140 y una tasa de muertes violentas de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes. No obstante, hay otras cifras del 2008, publicadas por Medicina Legal, que hablan de 15.250 homicidios contra 16.318 del año 2007, es decir una reducción del 6,5 por ciento.

Sin embargo no se puede olvidar que las cifras del año 2000 no fueron las más altas: en 2002, por ejemplo, se reportaron 28.837 homicidios, un dato muy cercano a los registros de 1991 (28.280), 1992 (28.225) y 1993 (28.048).

Otro referente estadístico que puede servir para la evaluación de la Seguridad Democrática es el número de víctimas de masacres: en 2002 se registraron 680 muertes, mientras que en 2008 se reportaron 169 víctimas.

Veamos un ejemplo más: En cuanto a la piratería terrestre, encontramos que en el 2001, Colombia tuvo 1.840 casos mientras que en 2008, según el propio detractor de la Seguridad Democrática, la cifra fue de 646.

¿Cuántos municipios del país estaban completamente desprotegidos en 2002? En ese momento, 157 cabeceras municipales carecían de presencia policial e incluso algunos llevaban casi una década sin el servicio. Pero la cosa era más grave: ese año, cerca de 480 alcaldes despachaban fuera de sus municipios. Hoy, salvo algunas amenazas provenientes de las FARC, y algunos intentos político-militares del terrorismo para golpear la gobernabilidad, los alcaldes y concejales permanecen en sus municipios.

Un poco de honestidad les bastaría para reconocer los avances importantes que ha tenido Colombia en materia de seguridad:

Reducción de secuestros: 88% Periodo 2000-2008
Reducción de homicidios: 45% Periodo 2002-2008
Reducción de piratería terrestre: 65% Periodo 2001-2008

Los hechos, más que la propaganda mezquina, demuestran el éxito de la política de Seguridad Democrática. Las cifras hablan por si solas y pese a los esfuerzos desesperados de los comentaristas de El Espectador, resulta sencillo dejar en evidencia la mezquindad y la bajeza a la que pueden llegar para tratar de confundir al público.

Sin embargo, la radicalización desesperada de algunos fanáticos uribofóbicos no puede generar una reacción ciega y proteccionista de dicha política, pues sería una torpeza casi igual a la de Morales, desconocer que una estrategia debe contar con etapas dinámicas que permitan profundizar en ciertos aspectos y atender contingencias que originalmente no estaban previstas.

Los mismos avances de la Seguridad Democrática han planteado nuevos escenarios que deben ser incluidos en la estrategia: el número de desmovilizados es superior a las expectativas que se tenían y eso genera desatención para algunos individuos que no pueden ingresar a los programas de reinserción. Esto implica necesariamente, que un grupo retornará al delito y el Estado debe atender esa grave contingencia criminal.

De igual forma, el Gobierno y la sociedad deben ser conscientes de la particularidad de la coyuntura actual, pues el país vive un conflicto con grupos armados como las FARC, el ELN y las bandas criminales, al tiempo que se está desarrollando una etapa de post-conflicto que implica, además de la reinserción, el incremento de crímenes por cuenta de la reincorporación de algunos individuos a la actividad delincuencial. A medida que se profundice la deserción y se desatienda a combatientes (por temas presupuestales o de otra índole), las cifras de criminalidad marcarán una tendencia al alza, aunque como ya no son estructuras fuertes, ni cuentan con control territorial, son de más fácil neutralización por parte de las autoridades.

Otro hecho evidente es que la impunidad golpea cualquier política de seguridad. Además de la tradicional desidia, fruto de la impotencia y mediocridad del aparato judicial colombiano, la legislación es débil frente a los fenómenos delincuenciales, lo que requiere una revisión profunda para subsanar estas estructuras que dan como resultado la impunidad.

Los candidatos que le apuestan a la Seguridad Democrática deben plantear la nueva generación de esta exitosa política, pues las realidades pueden estarla desbordando en ciertos aspectos que son consecuencia de los buenos resultados. Ahí está el primer reto para los aspirantes: ¿cómo van a mejorar y profundizar la política de Seguridad Democrática?

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

UnoAmérica investiga intromisión chavista en el Perú

Alejandro Peña Esclusa, presidente de la Unión de Organizaciones Democráticas de América llegó al Perú para obtener información sobre los hechos de violencia ocurridos en Bagua, región amazónica de ese país. Según Peña Esclusa existen suficientes indicios para advertir la intervención del Foro de Sao Paulo.

La Revista Caretas publicó un amplió reportaje que describe los factores que estan presentes en el conflicto. Otros personajes coinciden con el venezolano en señalar la intervención extranjera, como el mismo Presidente Alan García y Luis Vásquez Villamar de la Comisión de la Constitución de Bolivia quien ha criticado la intromisión de Evo Morales.

Peña Esclusa informó que Unoamérica adelanta una investigación sobre la intervención extranjera en la Masacre de Bagua, Perú, y a la vez, proporciona en Perú, toda la información como experto en el Foro de Sao Paulo, sobre cómo ha funcionado esta transnacional en el continente, participando en operaciones similares en otros países con la única finalidad de sustituir gobiernos democráticos por gobiernos afectos al modelo socialista que adelanta Hugo Chávez.

Complot para derrocar a Alan García
UnoAmérica denunció que está en marcha un plan para derrocar al Presidente del Perú, Alan García, orquestado por sectores indigenistas pertenecientes al denominado Foro de Sao Paulo.

Según UnoAmérica, la desestabilización y la violencia que actualmente se desarrolla en el Amazonas peruano es idéntica a la maniobra puesta en práctica por el movimiento indígena liderado por Evo Morales en el 2003, para derrocar al presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.

En ese entonces, Morales se aprovechó del descontento popular, suscitado por la intención del gobierno de exportar gas través de puertos chilenos, para provocar la violencia y el caos. Una vez depuesto, Sánchez de Lozada denunció que la operación fue financiada por Hugo Chávez.

En enero de 2001, el presidente ecuatoriano Jamil Mahuad también fue derrocado, a través de un golpe orquestado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), mediante movilizaciones muy similares a las que hoy promueve en el Perú la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), presidida por Alberto Pizango.

La ADISEP forma parte de una red indigenista internacional que no lucha por los derechos de los aborígenes, sino que los manipula y los usa como carne de cañón para alcanzar el poder político. La AIDISEP participó en el Foro Social Mundial realizado en Caracas en enero de 2006, el cual fue financiado por el gobierno de Hugo Chávez.

Llama la atención que Hugo Chávez, Evo Morales, los movimientos indigenistas bolivianos, la CONAIE y el Partido Socialista del Perú, que hace causa común con la AIDESEP, pertenezcan todos al Foro de Sao Paulo.

En resumen: Los actores, los procedimientos, los objetivos y las ideologías que caracterizan los hechos de violencia suscitados en el Amazonas peruano, indican que se trata de la repetición de un libreto diseñado en Cuba, financiado por Venezuela y puesto en práctica por el indigenismo internacional, para tomar el control de otro gobierno latinoamericano.

La génesis de la intentona golpista
Los hechos de violencia suscitados a principio de junio en Bagua (Amazonas peruano), coinciden plenamente con las directrices emanadas de la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, realizada el mes pasado en las orillas del Lago Titicaca.

Según la declaración final de la Cumbre, en la cual participaron 6500 representantes de varias naciones, se acordó “movilizar nuestras organizaciones en defensa de la lucha de los pueblos indígenas de la amazonía peruana contra las normas privatizadoras de sus territorios y bienes naturales y organizar en la primera semana de junio plantones frente a las embajadas del Perú en cada uno de nuestros países.”

La declaración añade que “las organizaciones indígenas y campesinas del Perú acordamos un inmediato Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados por el TLC con Estados Unidos”.

Asimismo, se anuncia el enjuiciamiento del presidente Alan García “por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro TLC para privatizar los territorios indígenas y los mas de mil lideres perseguidos y enjuiciados”. Y luego de hacer una defensa cerrada del gobierno boliviano, condena “los asilos políticos concedidos por el gobierno peruano a los genocidas bolivianos“.

Muchas de las organizaciones que participaron en la Cumbre tienen una clara tendencia ideológica marxista, cercana a los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. Por eso, no es casual que apenas cayeron los primeros muertos en Bagua, altos funcionarios bolivianos y venezolanos condenaron de inmediato a Alan García y apoyaron a los rebeldes.

La Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), agencia oficial de prensa del gobierno venezolano, publicó ayer un editorial, titulado Alan García, el Pizarro criollo masacra impunemente a los hijos de la Amazonía, donde se acusa al presidente peruano de ser un “genocida” y de tener un “prontuario criminal”.

Tras conocerse los enfrentamientos de Bagua, la ministra de Justicia de Bolivia, Celima Torrico, no preguntó por la versión oficial, sino que inmediatamente condenó a Alan García, diciendo "el único responsable de este hecho es el gobierno actual del vecino país (Perú)”.

El fuero de la impunidad

Una patrulla de policía transita por una calle de la ciudad. En un lote, los uniformados observan algo que les llama la atención: un individuo está sujetando a una joven mientras ella, con todas sus fuerzas, intenta liberarse.

Los policías llegan al sitio de los hechos. La mujer grita mientras el agresor intenta huir. Al capturarlo, el sujeto manifiesta que es un alto funcionario judicial y por tal motivo no lo pueden detener, ni procesar, pues él tiene fuero y la policía no tiene competencia para siquiera ponerle las esposas.

La víctima de la agresión instaura la denuncia y lleva los certificados de Medicina Legal que acreditan que las lesiones coinciden con las que se producen en el forcejeo de una violación. ¿Acaso las pruebas y los testimonios pueden ser descartados porque los policías no tienen competencia para investigar al funcionario?

Esto es lo que viene ocurriendo con algunos miembros de las altas cortes: en una investigación por narcotráfico y lavado de activos surgieron los nombres de varios magistrados. Con esas evidencias se decidió profundizar la indagación para establecer si los juristas aparecían accidentalmente o tenían relaciones comerciales con el investigado.

Después de las pesquisas se determinó que existen méritos para que la justicia investigue penalmente al presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont; al magistrado de la Corte Yesid Ramírez; al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo, y al ex magistrado Carlos Isaac Nader.

Un comunicado de la Presidencia informó que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) estudió los Reportes de Operaciones Sospechosas de algunos ciudadanos y sus posibles vínculos con personas relacionadas con actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados.

Más claro: los Reportes de Operaciones Sospechosas se basan en los formularios que se diligencian al abrir una cuenta en un banco, o un CDT, o para adquirir acciones, o seguros, o se va a realizar alguna transacción que supere un monto determinado. Desde el año 2000 esos formularios, más la información que tienen que suministrar los bancos sobre movimientos de altas sumas de dinero; son procesados por la UIAF.

Esa información, que además es cruzada con el Sistema Muisca, permite determinar la procedencia y destinación de activos. Incluso la UIAF ha logrado establecer conexiones financieras entre delincuentes, políticos y empresas pertenecientes a gobiernos extranjeros.

La respuesta al comunicado de la UIAF resulta esclarecedora. El presidente de la Corte Suprema de Justicia habló de competencia y extralimitación de funciones. Ciertamente la Carta del 91 dice que el juez natural de los magistrados es el Congreso. ¿Acaso la UIAF los condenó? No. Al contrario: realizó una investigación en la que salen unos vínculos cruzados y una vez verificó el material, lo puso a disposición de las autoridades competentes.

Resulta absurdo pensar que si un magistrado atropella y mata a un peatón, y Medicina Legal con la Policía de Tránsito hacen la recaudación de pruebas, el funcionario judicial o sus compañeros salgan ante los medios a cuestionar la competencia sobre el acopio de evidencias.

El escándalo que intentan desatar tiene una razón de ser: si las pesquisas de la UIAF son contundentes, los motivos que tenía el DAS para hacer los seguimientos a los magistrados tendrían validez, pues se estaban indagando los nexos de un sospechoso de narcotráfico y lavado de activos con algunos personajes que a pesar del cargo que ostentan, no pueden olvidar que son y serán ciudadanos con derechos y deberes.

No obstante, la evidencia del cinismo judicial queda plasmada en las declaraciones de la presidenta de la Comisión Interinstitucional de Justicia, María Mercedes López, quien aseguró que frente a las denuncias de presuntos actos sospechosos de algunos magistrados, se les debe respetar la presunción de inocencia.

¡Caramba! Ahora, cuando el agua los toca a ellos si salen a dar alaridos por la presunción de inocencia. Sin embargo, cuando en sus fallos han enlodado a terceros con señalamientos que no han sido demostrados en un tribunal, ahí si no opera la cacareada presunción… ¿O es que el ministro Diego Palacio ya fue vencido en juicio?

Es más: la señora López pide diplomacia y prudencia para manejar la información… Intentémoslo: uno de los investigados, el magistrado Yesid Ramírez es el jefe del magistrado auxiliar Iván Velásquez, el intocable de los expedientes fantasma, experimentado buscador de testigos en cantinas y experto en descartar testigos que desmientan sus “investigaciones” o beneficien a su presa. ¿Funciona así la diplomacia pedida por la Magistrada?

A su turno, los magistrados que se escudan en el muro de las togas y muestran una delictiva solidaridad de cuerpo, deberían aceptar que se adelante cualquier investigación y no recurrir a descalificaciones leguleyas para impedir que el país conozca el proceder torcido, corrupto y las intenciones prevaricadoras de algunos de sus compañeros: eso, más que los fueros y privilegios inmerecidos, si beneficia a la democracia.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

El Estado de opinión

Diversos medios han señalado últimamente la manía del presidente Uribe de aludir al "Estado de opinión", una supuesta "fase superior del Estado de Derecho". La primera vez que leí un comentario al respecto no entendí ni remotamente a qué aludía. En lasillavacia.com han reproducido diversos ejemplos de uso de la citada expresión, que permiten formarse una idea del sentido de esa extraña ocurrencia. Y la verdad es que nada bueno pinta.

El mero nombre del hallazgo resulta molesto. Si uno se detiene a pensar lo único que encuentra parecido es el "voto de opinión", expresión que sirve para explicar la anomalía de la democracia colombiana, donde el hecho de que la gente vote según sus ideas y no según los incentivos ilícitos que le ofrecen las "maquinarias" por su voto resulta de lo más honroso. Como si alguien imprimiera "hijo legítimo" en sus tarjetas de visita. Fuera de Colombia, "voto de opinión" es una expresión incomprensible. Como lo sería "biología del carbono". Los votos que no fueran "de opinión" serían considerados fraudulentos.

Para no alargar innecesariamente este post comentaré sólo una frase en la que parece resumirse el espíritu que alienta el nuevo hallazgo del gobierno:

Aquí las leyes no las determina el presidente de turno. Difícilmente las mayorías del Congreso. Todas son sometidas a un riguroso escrutinio popular, y finalmente a un riguroso escrutinio constitucional.

De modo que el Estado de opinión consiste en la aprobación mayoritaria a las políticas del gobierno. Lo primero que asusta es la mentira flagrante: ¿cómo va a ser "riguroso" el escrutinio popular? Se trata de la más patente contradicción en los términos, lo "popular" es casi por definición lo que no es riguroso. ¿Quién evalúa la aprobación popular de cada medida? Pero eso es lo primero que asusta, no lo que más asusta. Lo peor es que si la opinión bastara las leyes sobrarían. Y es lo que parece anunciarse: un régimen plebiscitario que aprovechará el éxito de las artes propagandísticas del presidente para imponer lo que quiera a punta de referendos.

Uno no puede dejar de mirar los regímenes políticos del Tercer Mundo, y el colombiano es uno de ellos, sino como un aula de alumnos díscolos, indisciplinados y conflictivos respecto de los cuales las democracias maduras siempre tienen una mirada recelosa y severa. Puede que muchos reaccionen con emoción nacionalista ante esta idea, pensando que no hay que someterse a ese escrutinio. Pero basta con comparar los resultados de todas las estadísticas para entender que no hay ninguna alternativa a la asimilación a esas democracias.

Y lo que más puede dañar la integración de un estudiante problemático es la resistencia a ceñirse al protocolo: quién sabe qué ocurrencia podrá tener, gracias a la cual empeorará su rendimiento y abrirá para sí las puertas de la correccional, como saben todos los maestros. La idea del escrutinio de la opinión es una ocurrencia vulgar que tienen todas las dictaduras, como los nombres pomposos que encuentran para aludir a esas ocurrencias (imposible no acordarse de la "democracia orgánica" del fascismo).

Lo que más preocupa es la sensación de que el presidente se va encerrando en un círculo de aduladores y va perdiendo la noción de la realidad. La popularidad es algo que se puede perder en cualquier momento y que no asegura el éxito, como le ocurrió a Fujimori (que fue el primer populista que mantuvo un amplio apoyo popular gracias a la televisión). También la continuidad de las políticas del gobierno es una aspiración legítima y que debemos defender, pero las urnas podrían escoger otra cosa. El presidente no es el dueño del puesto, sino quien ha recibido un mandato que expira el 7 de agosto de 2010.

Si Uribe fuera consciente de lo cuestionada que es la democracia colombiana fuera del país y de los enemigos tan poderosos que tiene no cedería a la tentación de promover esas ocurrencias. El hecho de que un medio como la BBC reproduzca la propaganda de alguien como Holman Morris puede servir de ejemplo de las amenazas que acechan al régimen democrático y a la continuidad de las políticas del gobierno. No se podría hacer ningún regalo mejor a los amigos de las FARC y de la llamada izquierda democrática que esa retórica que recuerda a las dictaduras o semidictaduras de los países vecinos, y que les servirá para deslegitimar precisamente la opinión mayoritaria que respaldará la democracia liberal en las urnas.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.

Agresividad

No es sólo el atraco, la violencia física, y en su grado máximo el asesinato; la agresividad se siente por todas partes en un irrespeto permanente y generalizado hacia los demás.

En la vía, todos compiten de manera agresiva y riesgosa por estar un puesto adelante; las motos se cruzan frente a los vehículos en marcha, los adelantan por la izquierda o por la derecha, se filtran entre dos, o entre éstos y el margen de la vía; y los buses –excesivos en cantidad- imponen la “autoridad” que les da el mayor tamaño. En los hogares la agresividad es propiciada por los padres y reproducida por los hijos, en los colegios (ya se conoce un caso en la universidad) por los superiores, es decir por quienes enseñan y multiplican el fenómeno.

Y se perdió del todo la vergüenza de ser descubierto en irregularidades, éticas y/o legales; todo se vale para sacar ventaja –dicen que la competitividad- mientras no queden pruebas judicializables. Los acuerdos se incumplen y la palabra se irrespeta. Los negocios se hacen con la “trampa” preconcebida, y al ser descubierta se usa el arma porque no hay confianza en la justicia.

En general en las relaciones interpersonales se percibe agresividad, manipulación e intolerancia. Los individuos se han convertido en útiles que producen beneficio a los demás, y son “importantes”; daño y son temidos; o inocuos y son pisoteados. El que tiene una posición de poder, lo usa sin ningún recato para ganar respeto (como si no proviniera de su condición humana) y vengarse de los enemigos; el que posee una condición física o intelectual superior, igual; y el que tiene un arma, o dinero con que pagar un sicario, dispara. Es la ley de la selva.

Así no era esta ciudad hace apenas medio siglo Algo la cambió. Muchas cosas la han cambiado: quizás el valor supremo del dinero, que trajo consigo el narcotráfico; el turismo y la globalización, que propicia el intercambio con otras culturas; el mal ejemplo -que ya no es posible ocultar- de los dirigentes; las necesidades crecientes -básicas unas y superfluas otras- que impone el desarrollo, la publicidad y los medios de comunicación; la brecha social; la falta de oportunidades y de empleo bien remunerado; el éxodo del campo a las ciudades, la desmovilización y la reinsersión de individuos enseñados a obtener con las armas; las limitaciones que imponen las autoridades al trabajo honesto -por informal- sin procurar la creación de nuevas fuentes de empleo, y mejor remuneración; y la politiquería y el mal gobierno, entre muchas mas.

La agresividad es propia de la inconformidad frente a la impotencia de lograr con un esfuerzo razonable, mejores condiciones de vida, deseándolo: es una expresión de la desesperación y la infelicidad.

La ciudadanía propone toda clase de medidas: pide la cabeza del director de la policía y pellizca a la máxima autoridad distrital; exige militarizar la ciudad, eliminar los parrilleros de las motos, bajarles el cilindraje, prohibirlas, eliminar la obligación de llevar casco, o de portar armas, entre otras. Pero ni se puede, ni se debe hacer todo lo que se propone, en muchos casos el mal sería peor, y en otros inocuo. La solución en parte es cultural, y la cultura se cambia con adelantos tecnológicos, educación y buen ejemplo: sólo en último caso con represión.

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

El secuestro político masivo: una estrategia vigente para las FARC

La estrategia fue la misma que utilizaron en la Asamblea del Valle: a los concejales de Garzón, Huila, les dijeron que tenían que sacarlos del lugar porque había una amenaza de bomba. Sin embargo algo debió pasar en el último instante, pues los terroristas abandonaron su pretensión de realizar un secuestro político masivo y optaron por plagiar a uno sólo de los concejales.

Lo ocurrido en el Concejo de Garzón es una tragedia anunciada. Las presiones por el intercambio humanitario buscan perpetuar el secuestro para garantizar la vigencia de las FARC en el escenario político y militar. La estrategia terrorista del secuestro no se diferencia mucho de lo que ha pasado en Israel, país que en mal momento, y dejándose llevar por presiones internas y externas, accedió a una especie de legalización del canje de prisioneros que ha demostrado ser un rotundo fracaso.

A eso aspiran las FARC y sus esbirros: a que se legalice el intercambio de “prisioneros”, ahora almibarado con el falaz apellido humanitario. Una vez aceptado el mecanismo, o doblegado el país ante los propósitos criminales, las FARC incrementarán el secuestro político para recuperar a sus más importantes asesinos, expertos en explosivos, ideólogos y reclutadores. De paso, en lo político, mostrarán la imagen mendaz de lo humanitarios que son sus aliados de civil.

La situación es de una sencillez pasmosa: de llegarse a concretar dicho mecanismo, las FARC harían uso indiscriminado del intercambio y el país recuperaría el deshonroso primer lugar en el escalafón del secuestro en el mundo.

Así como Hamas o Hezbolah hacen intercambios de centenares de terroristas por un puñado de cadáveres, las FARC y sus portavoces han anunciado que harán lo propio con los restos del mayor Julián Ernesto Guevara. Mientras tanto, sus voceros viajan al exterior para presionar al Gobierno y conseguir la claudicación con el argumento mentiroso de la acción humanitaria.

En la mitad del asunto están los Colombianos por la paz. Después de una semana del ataque terrorista, la agrupación no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Garzón, Huila. Es que la decisión de Uribe de excluirlos del tema de las liberaciones “humanitarias” pudo llevar a las FARC a presionar a su manera, para que sus jefes de civil recuperen el espacio que el Gobierno les quitó.

La elemental lógica de las FARC es que con un nuevo secuestro político masivo, el Gobierno se verá obligado a buscar la mediación de Colombianos por la paz y por ese camino, recuperar el protagonismo que ha perdido Piedad Córdoba en las últimas semanas. Es que a menos de un año de las elecciones presidenciales, y cuando ya han arrancado algunas campañas, los pantallazos que dejan de otorgarle los medios a la señora Córdoba, y al heredero de Manuel Cepeda, son una pérdida complicada en el juego político de la combinación de todas las formas de lucha.

Sin embargo, la Senadora Córdoba mantiene un 2% en las encuestas, y aparece como la liberal con más apoyo electoral con miras a una consulta popular.

En este sentido, las FARC y Colombianos por la paz han tenido una ayuda importante de los medios y de los encuestadores al mantener a Piedad Córdoba en los sondeos de opinión. Si ella no se inscribió como precandidata del liberalismo, ¿por qué sigue figurando? Parece que no se conocen las verdaderas intenciones de la Senadora y que su permanencia en las encuestas es sostenida para mantenerla con algo de vigencia y así permitirle que dé el zarpazo por cuenta de un movimiento independiente de muchos sectores del país, pero no de las FARC: Colombianos por la paz.

Así las cosas, lo ocurrido en Garzón es una alarma que se enciende sobre lo que pueden hacer las FARC y sus esbirros, para influir en las elecciones de 2010. Al fin y al cabo suponen que los colombianos volverán a ceder a las presiones terroristas haciendo concesiones como ocurrió con Pablo Escobar y la extradición… Ignoran que el país ha cambiado y eso quedó demostrado hace siete años.

AL CIERRE: Uribe regañó a los militares por lo ocurrido en Garzón, Huila. Tiene razón en que no se pueden bajar los brazos, y que varias veces ha dicho que la “culebra está viva”. Sin embargo, el regaño tiene que extenderlo a algunos de sus funcionarios y ex funcionarios, quienes incluso han dicho que las FARC son solo una marca. Hace tiempo advertí sobre la inconveniencia del triunfalismo de algunos sectores uribistas que en Garzón les costó la vida a cuatro personas y terminó con el secuestro de un concejal.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

¡Por favor, no los maten!

Según el virtuoso y bien ponderado Daniel Ortega, sus correligionarios Hugo Chávez y Evo Morales no viajaron a la toma de posesión de Mauricio Funes, porque estaba en marcha un plan para asesinarlos.

Cuando lo escuché, se apoderó de mí eso que los entendidos llaman un deja vu, porque hace apenas unos meses, Chávez dejó de asistir a una cumbre presidencial en El Salvador, justamente por ese mismo motivo. “Podría inventarse otra excusa”, me dije.

Minutos más tarde, el erudito canciller de la Patria, Nicolás Maduro, añadió que entre los sospechosos del "magnicidio" estaría el “ultraderechista” Alejandro Peña Esclusa.

“¿Cómo le explico esto a mis colegas de Academia Brasileña de Filosofía, que me acaban de otorgar el título de miembro de esa organización?” -pensé- “¿Qué irán a decir los compañeros del prestigioso diario argentino La Nueva Provincia, del cual me honro en ser corresponsal?”. En cuanto a mis familiares y amigos, no me preocupo en dar explicaciones; ya están acostumbrados a que los chavistas me endilguen cuanto "golpe" y "conspiración" se desate en América Latina.

“Vaya” -me dije- “ya van dos magnicidios, porque hace apenas un mes me acusaron de orquestar el asesinato de Evo Morales”.

Debo confesar que una sonrisa burlona afloró en mis labios, “tengo aversión a la pólvora” -pensé- “además, con la actividad tan intensa que desempeño ¿En qué momento podría organizar no uno, sino dos magnicidios?”.

Se nota que Maduro jamás ha escrito un artículo, mucho menos un libro, porque de haberlo hecho, sabría que el número de caracteres que escribo por mes no dejan tiempo para aventuras bélicas, sobre todo si tengo que viajar constantemente para fundar capítulos de UnoAmérica en diversas ciudades del mundo.

Decidí descartar el tema, considerándolo otro episodio más de propaganda revolucionaria, pero los chavistas insistían tanto, que terminé sospechando que quizá sí había algo montado.

“¡Qué locura!” -me dije- “¿Habrá alguien tan insensato que pretenda matar a Evo y a Chávez?”. Siento escalofríos ante la sola idea de la muerte de un ser humano; pero en este caso se cometería, además, un grave error histórico y político.

Dentro de pocos meses, Chávez y Morales estarán “muertos“, pero no físicamente, sino políticamente. Basta esperar a que la crisis económica y la pésima gestión administrativa de ambos gobernantes los lance por el foso de la ignominia y del rechazo popular. Asesinarlos significaría, sin duda, añadir nuevos Ché al panteón de la revolución.

Si algún terrorista está preparando magnicidios, ruégoles -queridos lectores- hacerles llegar éstas mis palabras de consejo: “Tengan paciencia, no recurran a la violencia; la revolución está moribunda, no solo en Bolivia y en Venezuela, sino también en la patria de Sandino, y en cualquier otro lugar donde se levane la bandera del Socialismo del Siglo XXI?… Entonces, ¿Para qué gastar pólvora en zamuro?” (1).

(1) Zamuro: Buitre, zopilote, gallinazo.

Por Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.

Con los crespos hechos

El mes de junio arrancó con noticias políticas relevantes: El Tiempo divulgó una encuesta de Datexco en la que Sergio Fajardo supera por cerca de 14 puntos a su inmediato contendor, Juan Manuel Santos. Hasta ahí, todo coincidía con lo que se venía diciendo en los mentideros políticos.

Sin embargo en la noche salió publicada “La gran encuesta” de Ipsos - Napoleón Franco en la que cambió el panorama por completo: Sergio Fajardo no solo perdía el liderazgo, sino que pasaba al tercer lugar de las preferencias electorales, a un año de las elecciones. Para colmo, Fajardo era superado por Juan Manuel Santos, quien sigue indeciso y todavía no arranca (¿lo hará?) con su campaña a la Presidencia; y por Andrés Felipe Arias, quien no solo está en campaña, sino que mantiene viva y con fuerza su candidatura.

El canal RCN organizó un debate con los candidatos o precandidatos que ocuparon los cinco primeros lugares en la encuesta. Desde el principio Juan Manuel Santos dijo no. Mala cosa para alguien que debe trabajar para conseguir alguna sintonía con los votantes y tratar de mostrar algo de carisma.

Otro que dijo no fue Carlos Gaviria Díaz, seguramente porque sabe que sus incongruencias lo harán estallar más temprano que tarde. Él sabe que tiene sus maquinarias al interior del Polo. Pero con eso no alcanza y al intentar seducir o reconquistar votantes, lo único que no necesita es un debate que lo podría dejar en dificultades frente a ese monstruo de la oratoria y de la frialdad que es Gustavo Petro… ¡Qué falta de confianza en el aceite que usa Gaviria para afinar las clientelas de la izquierda radical!

Los que aceptaron la invitación fueron Sergio Fajardo, Andrés Felipe Arias, Gustavo Petro, Antanas Mockus y Germán Vargas Lleras. Incluso enviaron representantes para el sorteo que se realizó unas horas antes del debate. Es más: los Visionarios de Mockus cursaron las respectivas invitaciones para ver al ex alcalde en el debate. Mi ingenuidad me llenaba de entusiasmo por estar a punto de presenciar un enfrentamiento entre Andrés Felipe Arias y Gustavo Petro, quienes no le sacaron el cuerpo al debate… es lo mínimo que los ciudadanos podemos exigirle a un candidato.

Sin embargo algo cambió. Sergio Fajardo informó que no asistiría porque “él era el único de los participantes que llegaría hasta el final”. Los resultados de “La gran encuesta” debieron golpear fuertemente al independiente Fajardo. Tener dos mediciones tan diferentes no debe ser fácil para ningún vanidoso, y menos si, como dicen por ahí, Fajardo bordea el narcisismo.

En su momento cuestioné la decisión del Presidente-candidato de no asistir a los debates por soberbia electoral pues se sentía ganador: en política saberse triunfador puede terminar, después del escrutinio, en reconocerse perdedor.

La justificación de Fajardo huele a temor… ojalá sea eso, porque lo otro sería atroz: que el hedor provenga de un complejo de superioridad frente a sus adversarios por la posición favorable en las encuestas... bueno, hasta ayer.

Sin embargo, a un año de las elecciones, sin candidatos definidos en los otros sectores, la justificación de Sergio Fajardo es una torpeza. Si él va hasta el final y los otros dependen de consultas y decisiones personales de terceros, justamente Fajardo es el llamado a asistir de primero, pues cada aparición, cada debate y cada confrontación con sus posibles contendores, es una oportunidad para mostrar sus ventajas políticas y propositivas, más allá del carisma y la simpatía que despierta.

En este orden de ideas, lo que demostró Fajardo es que su discurso no está estructurado, que no tiene claras sus ideas y que en una confrontación tiene miedo de salir derrotado. Él ha dicho que quiere un debate con altura, pero eso solo es posible en la medida en que se enfrente con sus adversarios y demuestre que es capaz de manejar su temperamento para mantener la confrontación en términos programáticos… claro, si tiene siquiera un borrador de programa para defender, pues de lo contrario lo mejor es huir de los escenarios de debate como lo hizo en las últimas horas.

El otro que a última hora se negó a asistir al debate fue Germán Vargas Lleras. Desconozco los motivos, pero uno puede suponer que eludió la cita por los malos resultados: todo un Lleras, de la misma estirpe del gran Felipe Zuleta, no puede estar en una situación tan calamitosa en las encuestas.

A un año de las elecciones, con toda el agua que debe pasar por debajo del puente, las cosas están así: Juan Manuel Santos no quiere lanzarse al ruedo, esperando los resultados del referendo, cosa que lo va a perjudicar si la consulta no pasa pues quedará como un candidato improvisado. Sergio Fajardo sigue alimentando su imagen enigmática, aunque escurrir el bulto puede desestimular a sus seguidores: al votante independiente le gusta ver y escuchar a su candidato en diferentes escenarios y sobre todo, conocer propuestas, las mismas que han brillado por su ausencia en la campaña Fajardo. Carlos Gaviria tiene miedo de sus maquinarias y teme enfrentarse a Petro. Y Germán Vargas Lleras… ¿Ya regresó de España?

AL CIERRE: La decisión de Gustavo Petro de participar en la consulta del PDA lo deja en una posición importante para las elecciones de 2014. Él sabe que no tiene con qué ganar al interior de la izquierda, pero también es consciente de lo que le ocurrirá al Polo en las próximas elecciones: un número de votos que reducirán al partido a sus justas proporciones. Con la decisión dejará que la culpa de la debacle recaiga en Lucho Garzón y no en él.

Y para rematar, ¿qué pasó con Rafael Pardo Rueda que ni aparece en las encuestas? ¿Así está de mal la cosa?

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

Moral y estrato

Me llamó mucho la atención leer en un artículo de Plinio Apuleyo Mendoza sobre el escándalo de las escuchas ilegales atribuidas al DAS y publicado en el ABC un párrafo como éste:

Gracias a Felipe, conocí escandalosas injusticias presentadas como revelaciones por revistas como «Semana» (de la cual fui su primer director hace 25 años) y «Cambio». Pedí a sus directores, buenos y honestos amigos míos, rectificar lo publicado por ellos, y siempre me escucharon. Sabía dónde estaban los falsos testimonios.

Es una constante en los escritos de Mendoza. ¿De veras podemos creer que los directores de Semana y Cambio son honestos? Lo mismo leí alguna vez sobre los entonces director y editor general de El Tiempo, señores Santos y Pombo. Pero la atribución de miras elevadas a cualquiera que tenga un alto nivel social o intelectual parece una pasión de este autor. Por ejemplo, en un escrito de hace muchos años sobre las causas de la adhesión de los intelectuales hispanoamericanos al comunismo se lee:

Sartre no hizo esta apostasía. Apenas vio petrificarse en una casta burocrática el socialismo a la soviética, optó por apoyar otros desvaríos: el maoísmo y el tercermundismo más agreste. "Me produjo fiebre -recuerda hoy el escritor y periodista francés Jean Daniel, a propósito del prólogo escrito por Sartre al libro Los condenados de la tierra de Frantz Fanon- leer aquello de que un colonizado no podía encontrar su salvación sino en el asesinato de un colono y un negro, en el de un blanco".

Me apresuro a decir que no era el suyo un caso de deshonestidad. Sartre fue un hombre profundamente honesto. También lo era Julio Cortázar, a quien conocí de cerca: cándido y honesto. Simplemente el francés y el argentino, como muchos europeos y muchos intelectuales latinoamericanos, fueron seducidos por una utopía intelectual que parecía condenar a una muerte cierta a la democracia liberal y la economía de mercado y pintaba con trazos luminosos el camino hacia una sociedad sin clases. No veían ellos, pues, la realidad deplorable de un sistema, sino su exaltación ideológica.

Se puede empezar con Sartre, ¿quién va a creer que sea deshonesto? Que el colonizado mate al colono y el negro al blanco, es lo que se dice la reflexión de un hombre honrado, recto, lo que se dice un justo. Y eso por no hablar de la Revolución cultural china, que le produjo un enorme entusiasmo: los jóvenes inspirados por la lectura del Libro rojo persiguiendo a los funcionarios señalados por los representantes del Gran Timonel, ¿cómo iba a ser una imagen semejante resistible para un hombre honesto? Yo no sé si Sartre conoció los logros de la Kampuchea Democrática, pero estoy seguro de que en su honradez los habría aplaudido.

Respecto de Cortázar se puede decir lo mismo: si alentaba el crimen y propalaba las mismas falacias que se oyen y leen hoy en día en los medios de los amigos del terrorismo, no era porque tuviera un cálculo perverso sobre su popularidad y sus regalías, sino porque le entusiasmaba un mundo justo en el que los escritores como él recibían el halago de las multitudes (el mayo de 1968 lo convirtió en una superstar) y eran automáticamente amigos de los nuevos gobernantes. ¿Por qué no iban a ser éstos honestos? Tanto los Castro como los Ortega eran respetuosos y acogedores con Cortázar, y aun lo admiraban.

La última novela de Cortázar, Libro de Manuel trata sobre un grupo de revolucionarios argentinos que preparan el secuestro de un responsable de la represión. La publicación de esa obra en Argentina en 1974, en plena efervescencia de las guerrillas urbanas del ERP y los Montoneros fue un gran acontecimiento, y sin duda tuvo que ver en la oleada de terror y caos que preparó el camino a la dictadura de Videla. La candidez del hombre tuvo mucho que ver en el sacrificio de muchos jóvenes que se afiliaron a las bandas criminales seducidos por una retórica historicista más parecida a la de la Falange de lo que sus promotores quisieran. (Claro que al ser leído esto por colombianos no se entenderá nada: ¿quién va a ocuparse de leer la retórica de la Falange? Si algo es sinónimo de "primitivismo" es "prejuicio".)

Tanto en esa novela como en otros textos Cortázar suscribía lindezas como ésta, atribuida a la esposa de un líder de la guerrilla urbana brasileña:

Es necesario darse cuenta de que la violencia-hambre, la violencia-miseria, la violencia-opresión, la violencia-subdesarrollo, la violencia-tortura, conducen a la violencia-secuestro, a la violencia-terrorismo, a la violencia-guerrilla; y que es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella...

Lo que se dice un modelo de honradez. El genial escritor no era capaz de comprender que dar golpes de Estado para apropiarse de todo y someter a la población no son formas muy correctas de luchar contra la miseria. Para él, en su candidez, bastaba la retórica, el proclamarse enemigos de la miseria y atribuirla a otros. Pero abundan los ejemplos de su adhesión al régimen cubano, para el que escribió los más exaltados ditirambos, incluso mucho después de que se conocieran los campos de concentración y la persecución a los escritores disidentes.

Ante esos ejemplos de honestidad uno se puede quedar pensando ¿quién podrá ser deshonesto? Si esos grandes sabios reconocidos unánimemente y de indiscutible inteligencia se entusiasman con un proyecto histórico que empieza secuestrando y matando gente y termina encarcelando y matando gente en masa, ¿qué responsabilidad podrán tener los que los siguen? Ahí se llega a un viejo tema colombiano: quien termina el bachillerato no presta el servicio militar, quien acaba la universidad no puede delinquir, quien es de buena familia no puede ser inmoral. Esa concepción ciertamente corresponde al origen social de Plinio Apuleyo Mendoza, pero también tiene que ver con su propia trayectoria. Por ejemplo, en una columna reciente en El Tiempo asegura:

Es muy probable, por ello, que quienes defendemos a los militares injustamente acusados apoyamos a Uribe, no creemos en el diálogo ni en la santidad del Polo Democrático o la de Colombianos por la Paz, seamos vistos compasivamente como exponentes de una obstinada derecha. Ideas de viejos o de godos, deben pensar. Pero los entiendo, qué caray. También yo pasé por ahí. Quizás fui aún más lejos. Cuando era dirigente de las Juventudes del MRL envié a Cuba, para adoctrinarlos, a más de cuarenta muchachos. Y varios de ellos, al regresar, crearon el Eln.

Lo primero que uno siente como una prueba de un cinismo inconcebible es que los amigos de Plinio A. Mendoza que dirigen El Tiempo, Semana y Cambio crean en la santidad del PDA. Pero él los comprende, ya que él mismo vivió con los ojos vendados hasta los cuarenta años. Es que al paso que vamos los únicos deshonestos somos los que leemos los escritos de esos filántropos y les encontramos el casi abierto interés en el retorno de las masacres y la recuperación de las FARC.

La verdad es que como persona próxima a la cúspide del poder político en la Colombia de mediados del siglo XX, Mendoza habrá pasado su juventud soñando con las más altas dignidades, como es preceptivo en esas personas. En eso no hay nada de malo, pues la gente en cuanto supera sus necesidades animales tiene como casi únicas metas el reconocimiento y el mando. El problema es el hallazgo de la retórica que le permitiría hacer realidad el sueño de Gaitán, el amigo de su padre: liderar a las masas y asegurarse el poder. La Revolución cubana fue el modelo perfecto. El comunismo era su atajo hacia el poder como lo es para sus amigos que siguen con los ojos vendados.

Si uno piensa en alguien como alias Alfonso Cano le resulta imposible determinar cuándo empieza el jefe de las FARC a ser deshonesto a diferencia de Sartre, Cortázar, Santos, Pombo y Pardo. ¿Acaso por ser más mestizo que el Che Guevara, a quien Cortázar admiraba y elogiaba sin ambages, va a ser menos honesto? Pero eso mismo se podría decir de todos los jefes guerrilleros, salvo los que son puros mercenarios y ambiciosos que tienen que encargarse de ordenar las castraciones y fusilamientos. Es decir, a diferencia de los que son de estratos bajos.

Y mientras no se entienda esa responsabilidad de los que piensan y escriben, de los que pertenecen a grupos sociales privilegiados, sencillamente va a ser tolerable mandar matar gente con retóricas sutiles y elegantes, y los únicos culpables son los que no han leído lo suficiente para manejarlas.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.

Dificultades de la VIS‏

Uno de los tantos problemas que enfrenta el programa nacional de vivienda de interés social (VIS), además de los propios de toda construcción civil (lote, servicios públicos, materiales, organización, subcontratación, entre otros) lo constituye el financiamiento del saldo que queda después de aplicar el subsidio al valor de la vivienda.

Tomando un caso típico, una VIS tiene un precio de 35 millones de pesos, de los cuales 10 son absorbidos por el Gobierno, y los 25 millones restantes por el comprador. Sin embargo las familias mas necesitadas no califican para un préstamo por ese monto; la banca no ve en la VIS un activo que lo garantice, pues no hay un mercado secundario que las demande; y me temo que pocas familias tienen la capacidad económica, la seguridad del ingreso y la disciplina para honrarlo. El seguro de desempleo no apunta a esta necesidad, pues los sujetos en su mayoría son familias que viven en la informalidad.

Conocedor de estas dificultades, el Gobierno reconoce cinco puntos porcentuales en la tasa de interés durante siete años para la compra de vivienda nueva de hasta 167 millones, que hasta donde se entiende, cobija también a la VIS (a mayor valor de la vivienda menor reducción de la tasa), y algunos bancos la mantienen ocho mas, para un total de quince años.

Hasta aquí todo bien. Se espera estimular la demanda de vivienda en estratos medios y bajos; y con ello la construcción, el empleo y la economía. Pero resulta que la venta de vivienda terminada conlleva un enorme riesgo financiero que los constructores no querrán asumir, mayor aún tratándose de ciudadelas que incorporan iglesias, colegios y clínicas, entre otras, pues el inventario nunca se valoriza como lo hace el capital en movimiento, menos tratándose de VIS.

El último boom de construcción de vivienda de estrato alto, se vendió en planos, y no estuvo apalancado por la banca (que no presta sobre planos al comprador) si no por los adquirientes que asumieron el riesgo y aportaron el capital. El momento del inicio de obra coincidía con la firma de contratos de compra venta que aseguraran el punto de equilibrio (cero utilidades, cero pérdidas) y los atrasos en los pagos se cubrían con capital del constructor, o pequeños créditos puentes.

No obstante ese esquema es imposible de adoptar en la construcción de estratos más bajos, y el riesgo económico de construir a partir de estudios demanda es muy alto. Para reducirlo, los inmuebles tendrían que venderse en planos, pero en el caso de la VIS, los desembolsos del gobierno no son suficientes para llegar al punto de equilibrio. A eso hay que sumarle que la selección de aspirantes se hace por meritos económicos inversos (el más necesitado primero).

Por lo tanto para que este programa se desarrolle con celeridad y de manera exitosa, habrá que idear algún sistema de crédito tipo leasing habitacional, que reduce los costos jurídicos de retoma, otorgados sobre planos al comprador; y fórmulas de cubrimiento de riesgos que involucren elementos probabilísticos: por ejemplo, seguros de cumplimientos de la obligación asociados al de vida, y al de desempleo en los casos que aplique, pagados por el gobierno para no cargar el pago mensual de las obligaciones crediticias.

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Un tirano majadero

Dice José Obdulio Gaviria que “mientras Bolívar rezuma grandeza, en sus contradictores afloran la pobreza intelectual y la ambición. ¡Que sospechan de su intención de una usurpación tiránica!”

Más que sospechas, la inclinación de Bolívar a la tiranía puede ser establecida en varios episodios de la vida política del Libertador. Por ejemplo, en todo el escrito, José Obdulio Gaviria evita mencionar la Constitución Boliviana de 1826. Y eludirla tiene su razón de ser: arrasa con la defensa que hace el ex asesor de las intenciones del Simón Bolívar político.

Para comenzar es bueno recordar algunos apartes del discurso del Libertador ante el Congreso Constituyente de Bolivia:

“El presidente de la República viene a ser en nuestra Constitución, como el sol que, firme en su centro, da vida al Universo. Esta suprema Autoridad debe ser perpetua.(…) Dadme un punto fijo, decía un antiguo; y moveré el mundo. Para Bolivia, este punto es el Presidente vitalicio.

Es que la tiranía, en el sentido que se le dio al término en la Grecia antigua, era el régimen de poder absoluto, generalmente unipersonal, que con frecuencia instauraba el tirano, normalmente gracias al apoyo popular. En este sentido, en la Política, Aristóteles dice que “la monarquía o sólo debe tener el nombre sin existir, o necesariamente existe debido a la gran superioridad del que reina; de modo que la tiranía, que es el peor régimen, es el más alejado de una constitución”.

Ni más ni menos: Bolívar aplaude las intenciones tiránicas de la Constitución Boliviana e incluso se adentra en el berenjenal de una forma particular de gobierno monárquico en Bolivia, el que según sus áulicos, se transformaría en el Imperio de los Andes, con Bolívar como emperador:

Siendo la herencia la que perpetúa el régimen monárquico, y lo hace casi general en el mundo: ¿cuanto más útil no es el método que acabo de proponer para la sucesión del Vicepresidente? (…) Considerad, legisladores, que estas grandes ventajas se reúnen en el Presidente vitalicio y Vicepresidente hereditario.

Así las cosas, el Libertador no solo le rinde homenaje a la presidencia vitalicia y a la vicepresidencia hereditaria, sino que prácticamente exhorta a los legisladores a mantener la figura de la tiranía como lo más sano para el país.

Luego Gaviria afirma que “el mensaje a la Convención de Ocaña (febrero de 1828), por ejemplo, sólo tiene parangón en la pluma de algunos de los fundadores de Norteamérica”.

Lo que no dice el ex asesor presidencial es lo que ocurrió después de la disolución de la Convención de Ocaña, cuando Bolívar promulgó el Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828, el cual serviría de Ley constitucional del Estado hasta 1830. Básicamente lo que hace Bolívar es suplantar una Constitución con un decreto y al no lograrse un consenso en la Convención, recibe unas atribuciones que ningún libertador o demócrata podría aceptar, como es la promulgación unipersonal de un remedo de Constitución.

En el Decreto Orgánico, el Libertador afirma que “el pueblo (…) me ha encargado de la suprema magistratura. Después de una detenida y madura deliberación he resuelto encargarme, como desde hoy me encargo, del poder supremo de la República, que ejerceré con las denominaciones de Libertador, Presidente, que me han dado las leyes y los sufragios públicos”.

Dentro de las atribuciones que se adjudica Simón Bolívar está el “nombrar para todos los empleos de la República, y remover o relevar o los empleados cuando lo estime conveniente; expedir los decretos y reglamentos necesarios de cualquiera naturaleza que sean, y alterar, reformar o derogar las leyes establecidas”.

Al final del Decreto Orgánico, Bolívar concreta la tiranía sobre los ciudadanos: “Son deberes de los colombianos vivir sometidos al gobierno, y cumplir con las leyes, decretos, reglamentos e instrucciones del poder supremo”…

Si el Libertador era el poder supremo, gobernando, legislando y ejerciendo la superioridad que le otorgaba el sometimiento que él mismo había consignado en el remedo constitucional, no cabe duda de los deslices tiránicos en los que incurrió.

Al tratar de justificar las acciones tiránicas de Bolívar, José Obdulio Gaviria está abriendo espacios para excusar algunas pretensiones totalitarias a partir de la voluntad popular. Ciertamente se puede ser indigente intelectual pero no desagradecido, pues si Uribe incurre en la tentación, no pasará a la historia como uno de los mejores presidentes, sino como uno más de los tiranos bolivarianos… ¡Qué ingratitud!

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

Urge una alianza entre productores del campo latinoamericanos

Los productores del campo de América Latina están bajo ataque. Las agresiones se manifiestan de diversa manera, pero tienen un mismo origen: el Socialismo del Siglo XXI y sus aliados, aglutinados en torno al Foro de Sao Paulo.

En Venezuela, agricultores y ganaderos son víctimas de cuatro azotes: el control de precios, que los obliga a vender sus productos por debajo del costo de producción; la guerrilla colombiana, que extorsiona y secuestra a los productores, con el beneplácito del gobierno de Chávez, aliado de las FARC; las invasiones de las tierras más productivas, auspiciadas por el partido de gobierno; y la inseguridad jurídica, puesto que el chavismo pretende acabar con la propiedad privada, ya sea a través de las expropiaciones, o a través del desconocimiento de los títulos de propiedad.

En Brasil, el Movimiento Sin Tierra invade terrenos y fincas, con el respaldo del Partido de los Trabajadores (PT) y la mal llamada “teología de liberación”. Si bien Lula dice respetar la propiedad, Joao Pedro Stedile, líder de los Sin Tierra, actúa impunemente en Brasil, con el apoyo de las autoridades.

En Argentina, el aumento desproporcionado a las retenciones (aranceles a las exportaciones) y las prohibiciones a la exportación de ciertos productos, ahogan a los productores, particularmente a los más pequeños, pese a que el gobierno de los Kirchner se ufana de defender a los pobres.

En Bolivia, la propiedad de la tierra está amenazada por la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y una reforma agraria colectivista de corte marxista que, sumada a una concepción racista, despoja prácticamente a los propietarios de raza blanca o mestiza de sus tierras, por no pertenecer a “etnias originarias“. Además, la promulgación de decretos y resoluciones, como el Decreto Supremo No.29480, prohíben ciertas exportaciones y ahogan al productor.

En el resto de las naciones latinoamericanas, los productores del campo sufren amenazas y ataques parecidos, pero el objetivo es el mismo: destruir el sector agropecuario privado y sustituirlo por cooperativas marxistas y revolucionarias, dependientes del oficialismo.

Hasta ahora, los sectores del campo tratan de defenderse de los ataques exclusivamente dentro del territorio nacional, sin percatarse de que se trata de una ofensiva regional que tiene el mismo origen y los mismos actores.

Si los productores agropecuarios de América Latina se juntasen para discutir sus particularidades, descubrirían que las acciones en su contra son casi idénticas; lo cual les permitiría diseñar una estrategia exitosa de defensa continental, frente a un enemigo que también es de carácter continental.

Por Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.