Víctimas a negociar con victimarios

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Impotencia. En esta palabra se puede resumir la decisión del presidente Uribe de autorizar a los familiares de los secuestrados políticos, para que adelanten contactos con las FARC.
La decisión es la admisión pública de la imposibilidad del Estado para lograr la liberación de ese grupo de secuestrados por la vía negociada. Y no es para menos. De hecho, las FARC tienen un pliego de exigencias que resulta IMPOSIBLE de cumplir para cualquier gobierno.
Comenzando por el despeje de dos municipios del Valle (Florida y Pradera), situación que resulta inconveniente para la estrategia militar y antidrogas, para los habitantes de esa zona del país y también para los ciudadanos que residen en Cali y Palmira.
Pero, en aras de hacer un ejercicio complaciente con las exigencias de los terroristas, supongamos que el Gobierno decide el despeje: ¿qué se va a negociar? Pues el intercambio de más de 500 terroristas por menos de 60 colombianos, pues lo hemos dicho hasta el cansancio, LAS FARC NO HABLAN DE LOS CERCA DE 3 MIL SECUESTRADOS, sino de los que fueron plagiados por interés político.
Lo grave, además, es que en la lista de “canjeables” están alias ‘Sonia’ (condenada a 30 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico) y alias ‘Simón Trinidad’, que espera en una celda (su espacio natural) un nuevo juicio en el país del norte.
Esos dos son un obstáculo infranqueable, pues nadie se imagina a Estados Unidos autorizando el despegue de un avión con destino a Colombia, en el que los dos terroristas viajen cómodamente.
A las FARC no les importa pedir imposibles, pues la intención de los secuestros políticos es tener un instrumento de presión contra el Estado (es decir contra usted y contra mi) para lograr sus propósitos y oxigenarse políticamente.
Entonces, mandar a la boca del lobo a los familiares de los secuestrados político, puede ser una decisión que funcionará en el corto plazo, pero a futuro esos familiares se convertirán en un factor de presión de enormes dimensiones, manipulados por las FARC que los utilizarán como mecanismo para difundir sus arengas y chantajeados con el trato que les darán a los secuestrados en caso de que los familiares no digan lo que a los terroristas les convenga.
Además, NINGÚN familiar tendrá la posibilidad de ofrecer algo a cambio, ni tiene la facultad de determinar una zona de despeje, ni de exigirle al gobierno de los Estados Unidos que devuelvan a los “muchachos injustamente procesados” en ese país.
¿Qué se pretende en teoría? Qué los familiares vean, de primera mano, la intransigencia de las FARC, la indiferencia de los terroristas frente al futuro de los secuestrados y la utopía que significa una negociación de chantaje humanitario.
Sin embargo, lo cierto es que ellos saben todo esto, pero la amenaza de lo que puedan sufrir los secuestrados si los familiares se rebelan ante la intención de las FARC, cambia el discurso, desvía y sesga las posiciones mediáticas y solo se logra que sean cajas de resonancia para las arengas de las FARC.
Es lógico que los familiares de los secuestrados hagan lo que los victimarios decidan, pues justamente por eso están en cautiverio sus seres queridos y para eso las FARC secuestran: para obtener dividendos (políticos y económicos), pero el Gobierno no puede perder de vista que les está poniendo a las FARC en la mano, las herramientas de tortura y de presión que servirán para difundir sus siniestros mensajes.
A esto se suma que el mensaje de fondo del Estado es sumamente crítico: no fuimos capaces y dejamos a los secuestrados y a las familias que son víctimas secundarias, en manos de sus victimarios y, por ahí derecho, al país escuchando los clamores, súplicas y discursos sesgados de las FARC y de los que presionan el acuerdo humanitario (como las FARC) por oportunismo político.
Así no funciona el asunto.

La responsabilidad política

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

El resurgimiento del proceso 8000 ha puesto a los restos del partido liberal en pie de lucha: mientras Gaviria pide deslindar de culpas al Partido que dirige, Serpa se sintió traicionado y tuvo el valor de renunciar a la prescripción del proceso ante la Fiscalía.
El ex presidente Gaviria no quiere que el liberalismo cargue más con el lastre histórico del Proceso 8.000 y pretende dejarle ese costo político a quienes fueron sus protagonistas.
Ahora, lo que queda del liberalismo, se trenza en una pelea de imprevisibles consecuencias, sobre todo a menos de ocho meses de la elección de gobernadores y alcaldes.
En primer término, llama la atención la intención del Jefe único (e irrepetible) del liberalismo, cuando intenta desconocer los fallos proferidos por la justicia y pretende deslindar al liberalismo de la responsabilidad política en el 8000: "Con la responsabilidad política del 8.000 no pueden cargar sino los protagonistas de entonces".
Eso es imposible: Ernesto Samper fue candidato del partido Liberal, elegido por la poderosa maquinaria de ese partido, y EXHONERADO en el Congreso por cuenta de las cuotas y pagos que hizo el entonces Presidente a sus jueces.
Pero es el Partido al que representaba Samper lo grueso del asunto: no es posible salir ahora a decir que los liberales no tienen porqué asumir la responsabilidad política, pues fue el mismo Partido, el de la antigua y eterna sede de la avenida Caracas en Bogotá, el que avaló y promovió a Samper a la Presidencia.
Además, resulta curioso, por decir lo menos, que Gaviria haya respaldado a Serpa como candidato a la Presidencia, y ahora pretenda dar un paso al costado y lavarse las manos para que no lo salpique la resurrección del 8000.
Hay que ser consecuentes: la responsabilidad política del proceso por la relación entre el Cartel de Cali y la campaña LIBERAL a la Presidencia es del partido de marras, pues no tiene sentido que Samper haya llegado a la Primera Magistratura a nombre de ese partido, se haya defendido con la maquinaria de ese partido, sea contado como lo que es, un ex presidente liberal, y ahora los liberales quieran salir impólutos de esa situación.
La posición de Gaviria es una evasión inexcusable: "hay millones de colombianos, muchos de ellos con simpatías por el liberalismo, que no sienten culpa ni responsabilidad alguna con esos episodios, y que no aceptarían pertenecer a un partido que duda sobre su actitud frente a ese hecho ominoso de nuestra historia".
Es cierto que los electores no tienen por qué asumir una responsabilidad más allá de haber votado bien o mal, o sentirse traicionados por el elegido que no cumplió el encargo que le fue encomendado. Unos pocos electores sencillamente proyectan la culpa y señalan a los demás por el error cometido. Sin embargo, algo de razón tienen esos electores cuando han votado por un candidato que prometía el cielo y la tierra, y termina entregando lodo y estiércol.
Pero un partido, y sobre todo sus dirigentes, no pueden deslindarse de esa responsabilidad y mucho menos cuando decidieron irse del país para desligarse por completo de la situación política que dejaron. Porque lo cierto es que algunos de los triunfos policiales de Gaviria se debieron, en buena medida, a la información suministrada por el cartel de Cali, el mismo que patrocinó la campaña Samper Presidente del partido Liberal.
Así las cosas, todo partido que respalde o avale a un candidato que finalmente termine implicado en hechos delictivos (narcotráfico, relación o vínculos con paramilitares o terroristas) debe asumir su responsabilidad política, partiendo de la premisa esencial de abandonar la soberbia y acercarse a otros sectores con el propósito de aproximarse a un acuerdo nacional.
Ni el liberalismo, ni los conservadores, ni la izquierda democrática, ni los movimientos como la U, o Cambio Radical; pueden eludir los errores politiqueros que cometieron al apoyar a ciudadanos comprometidos con oscuros intereses.
Es que la responsabilidad política es inherente al ejercicio de la política, y no se entiende cómo un partido, o un movimiento, o un Presidente, pueden eludir esa responsabilidad ante los ciudadanos.
De hecho, el ejercicio de la política implica asumir errores y aciertos, disfrutar las pocas mieles de las decisiones positivas y recibir, con entereza, la avalancha por las decisiones equivocadas.
Así las cosas, la autoridad moral de la que tanto se habla, necesita que los partidos asuman su historia, con toda la carga que eso implica, pues uno de los grandes problemas del país es el desconocimiento y evasión de la historia, señalando que todo ocurrió en otra generación y que esa carga fue heredada.
Pero en el caso de Samper, es bueno recordar que Gaviria despreciaba a su ministro de Desarrollo (las palabras que empleaba Gaviria, para referirse a Samper las ha dicho Mauricio Vargas en varias ocasiones) y fue después de ser Ministro que se lanzó a la Presidencia, después del gobierno Gaviria.
Entonces, resulta difícil que el partido Liberal salga con la fábula de evadir su responsabilidad política en el 8.000, teniendo en cuenta además, que la gran mayoría de los políticos vinculados y condenados en ese proceso, eran liberales.
Y aunque al liberalismo le moleste, los orígenes de muchos de los que ahora están en problemas por el tema de la para-política están en el liberalismo y el propio Presidente proviene de ese partido y fue Gobernador de Antioquia en representación de la colectividad roja.
Entonces, no es hora de rasgarse las vestiduras por cuenta de las reflexiones de un embajador entrometido, sino asumir con seriedad la sentencia que el funcionario venezolano emitió, pues más allá de pasiones nacionalistas, de diatribas sobre la soberanía y de los mitos en cuanto a la no intervención de los diplomáticos en asuntos internos del país; las palabras del Embajador deberían motivar una reflexión inmediata en ese partido y dejar de mirar a los que pueden salvarlo en las altas esferas de esa colectividad: de repente la juventud, la inteligencia y el entusiasmo de liberales como Juan Manuel Galán, o Carlos Julio González, o Rafael Pardo Rueda, sean los líderes que necesitan para dejar atrás ese pasado bochornoso que surge, de vez en cuando, cobrando una cuenta pendiente con la historia y con el país.

Nada de Mundiales… todo en la diplomacia

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Confieso que no sabía cómo titular este artículo, pero palabras como estupidez, idiotez y pendejada rondaron por varias horas mi cabeza. Sin embargo, decidí titularlo sin aspavientos, aunque el fondo de todo este asunto sigue siendo descrito perfectamente por las palabras anteriormente mencionadas.
En junio del año pasado el Vicepresidente Francisco Santos anunció que Colombia se candidatizaría para ser sede del Mundial de fútbol.
En su momento, el asunto no dejó de parecer una jugada politiquera para dar por lo menos circo a los ciudadanos fanáticos de ese deporte, es decir, una rotunda pendejada que no se la creía nadie, salvo de repente, Pachito y su jefe.
Pero no sonaba bien: si los directivos del fútbol colombiano ya habían comprometido su voto con Brasil, la propuesta de Santos parecía solo un saludo a la bandera sin ningún fondo, pues el argumento de vender la imagen positiva de Colombia es más una intención que una realidad posible en estos momentos.
Qué bueno que se intente promover la imagen positiva de Colombia en el exterior, pero que lo hagan los que tienen esa responsabilidad: para eso el país gasta miles de millones de pesos en los diplomáticos cuya efectividad es todo un misterio, pues históricamente han permitido que la imagen de Colombia sea distorsionada, pisoteada y maltratada sin que se presente un solo pronunciamiento de los funcionarios que reciben sueldo, viáticos y otras prebendas para que trabajen en beneficio del país, de su imagen y de su gente.
El asunto estaba congelado y pocos recordaban la disparatada propuesta hasta que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, señaló que la postulación de nuestro país era una campaña de relaciones públicas para mostrar que Colombia está vigente no solo en las noticias sino también futbolísticamente.
Y ahí fue Troya, pues una situación que era completamente previsible por los acuerdos que ya se habían dado, resultó ser una “ofensa” para el país y así lo asumieron el Presidente y el Vicepresidente.
De inmediato el Gobierno atacó feroz al “irreverente” dirigente de la FIFA, le recordó la presencia de mafias en el fútbol y pidió claridad sobre los acuerdos por debajo de la mesa.
No se sabe si Santos y Uribe creen honradamente que alguien esperaba la realización del Mundial en Colombia, pero eso sería una muestra de absurda ingenuidad que en nada beneficia al país. Y si fue por intenciones populistas (que es la mejor explicación para la estúpida propuesta), pues solo hicieron gala de la peor chabacanería demagógica.
Es que, siendo serios, siempre se ha dado la polémica sobre la conveniencia de ser la sede de un Mundial de fútbol, pues los enormes gastos que eso genera, no se compadecen con los resultados económicos. Se sabe que México 86 fue un fracaso económico para el país organizador. Antes, Argentina 78 generó problemas macroeconómicos que terminaron pagando los ciudadanos durante muchos años.
De hecho, la promesa que en 1974 le hicieran a Alfonso Senior para que Colombia fuera sede del mundial de 1986 se rompió en parte por la presión de los patrocinadores y en parte porque las exigencias eran tan grandes y tan costosas que resultaba imposible asumir el compromiso.
Suponiendo que Colombia tuviera el dinero para emprender la avalancha de construcciones que se requieren para el evento Mundial, muy pocos colombianos estaríamos dispuestos a que el dinero se desperdiciara de semejante manera.
En lugar de estadios e infraestructura para un evento de esa envergadura, Colombia necesita invertir esa monumental cantidad de recursos en obras públicas, en vías de comunicación, en ampliación de puertos, en investigación científica, en educación, en saneamiento básico, en salud y en miles de necesidades urgentes como para darnos el lujo de botar el dinero a la basura en la realización de un Mundial. Eso sería una idiotez.
Ni hablar de los dispositivos de seguridad que se necesitarían para atender adecuadamente el evento, pues si Argentina (la gran “potencia” en seguridad que padece el secuestro diario de decenas de ciudadanos) no quiso venir a una simple Copa América, la misma reacción podría esperarse de otros países que fueran convocados a un Mundial en Colombia y como nuestro servicio diplomático está lleno de cuotas políticas al mejor estilo de Claudia Rodríguez de Castellanos, pues en lugar de hacer su trabajo, de repente aplaudirán a los que eviten el viaje por mostrar “sensatez” ante la “amenaza interplanetaria” que es Colombia.
Muchos dirán que la propuesta fue lanzada como una cortina de humo y eso no coincide con las fechas, pues en junio de 2006 el Gobierno estaba tranquilo, ganador, sin cuestionamientos ni nada por el estilo.
Lo que si parece una cortina de humo, enorme, es la vociferante respuesta del Gobierno a las palabras de Blatter, como si las declaraciones del Presidente y del Vicepresidente fueran a cambiar una decisión que ya está tomada desde hace mucho tiempo, y sobre todo, fueran a afectar las determinaciones de una de las más grandes multinacionales del mundo: la FIFA. Es que a esa multinacional del fútbol le debe importar muy poco lo que diga un rabioso mandatario de un país del “tercer” mundo cuya selección, en el mejor de los casos, hace decorosos papelones en las citas mundialistas.
El país tiene mucho en qué pensar, muchísimas necesidades que atender, enormes ausencias del Estado que deben ser suplidas de manera urgente, como para que el Gobierno pierda el tiempo desviando la atención hacia el fútbol e ilusionando a unos cuantos ingenuos.
Tampoco se percibe irrespeto en las declaraciones de Blatter, pues efectivamente el propósito es de limpieza internacional de fachada ya que sería irresponsable creer que el Estado va a preferir hacer estadios a atender las necesidades de, por ejemplo, dos millones de desplazados.
En lugar de tan estúpida pelea, sería mejor que el Vice y Uribe exijan resultados a los funcionarios de la Cancillería, que revisen sus realizaciones y su trabajo en favor del país, y aquello que van a invertir en una campaña para ser la sede del Mundial se destine a promover una investigación sobre las ejecutorias de los funcionarios diplomáticos que desde hace más de 10 años permitieron la entrada de la propaganda de las FARC a Europa, al punto que hoy los consideran los inermes paladines justicieros que son cruelmente asesinados por el régimen.
Es el momento de conocer los nombres de esos funcionarios que desde la época de Ernesto Samper se hicieron los de la vista gorda frente a la campaña propagandística de las FARC.
A la hora de la verdad esa investigación sale más barata que la tal campaña seguramente puede arrojar mejores resultados, pues de paso, pellizca a los actuales funcionarios para que asuman sus funciones y justifiquen el gasto que hace el país al tenerlos en el exterior.

Tres libros

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

myances@msn.com

Con frecuencia me pasa que no encuentro que leer, primero, y esto hay que decirlo, por el alto costo de los libros, y segundo por falta de un criterio orientador en la búsqueda, ante el tamaño de la oferta, que me evite malgastar el dinero. Esa falencia, que no debe ser propia, la quiero compensar recomendándoles a quienes acostumbran leer mis columnas, tres libros.

El primero, Coleccionista de polvos raros, de Pilar Quintana. Pilar es caleña y comunicadora social de la Universidad Javeriana, y en esta novela nos muestra una gran capacidad de comprensión de alma y la naturaleza humana, en la excelente caracterización psicología que hace de los personajes.

Es un libro de un lenguaje fuerte, tal vez no propio para las damas, pero ameno de leer, y en partes gracioso, que encierra la gran realidad de nuestra sociedad penetrada por el narcotráfico y el afán del dinero fácil. Los personajes son unos maestros del engaño sutil, que a su vez luchan por descubrir lo que ocultan los otros, que se mueven en un mundo de apariencias y poses,

El segundo, Guerra civil, Terrorismo y anomia social, de Peter Waldman. Waldman nació en Meiningen, Alemania. Es licenciado en derecho y ciencias sociales, y catedrático emérito de sociología en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Augsburgo.

Este interesante libro se divide en tres partes: en la primera se esbozan conceptos básicos -que tienen la categoría de verdades empíricas y por lo tanto históricas y universales- en relación con el tema de la guerra, el terrorismo y la anomia social.

En la segunda parte presenta el autor dos ensayos: uno sobre lo que el llama la asimetría estructural entre la dinámicas de la guerra, que tiene sus propios ganadores –los señores de la guerra- que alimentan el conflicto, y la de la paz, que no posee su equivalente, los señores de la paz. Y el otro sobre el papel del derecho y la cultura, en el comportamiento social, y su deformación en los países suramericanos.

En la tercera parte, aterriza los conceptos desarrollados en las dos anteriores, haciendo un breve recuento y análisis histórico de la violencia en Colombia, que nos lleva a lugares comunes, y hechos conocidos por nuestra generación, con explicaciones económicas de los fenómenos de la violencia, y sus causas y consecuencias que le dan una gran objetividad. Este es un libro de obligatoria lectura para entender la génesis y la etiología de la guerra, y comprender las imperfecciones propias de los procesos de paz.
El tercer libro, escrito por Jeffrey Sach, es El Fin de la pobreza, Sach nació en Detroit, en 1954 y es una de las principales autoridades mundiales en economía y política sanitaria.

Igual que el anterior, en este libro se pueden distinguir tres partes. En la primera Sach define conceptos como el de la extrema pobreza, pobreza moderada y pobreza relativa (la que esta por debajo del ingreso promedio) al tiempo que recurre al PIB como medida del grado de desarrollo de un país, y al PIB per capita como medida del bienestar. Estos, aunque son indicadores universalmente aceptados, en mi opinión imperfectos, pues no muestran la realidad de cómo esta distribuida esa riqueza, por un lado, y por el otro, los bienes y servicios no tienen el mismo precio en dólares, en todas partes.

En la segunda, narra su participación y experiencias personales en los cambios económicos que tuvieron lugar en Bolivia, Polonia, Rusia, China e India, e introduce el concepto –tomado de la medicina- de economía clínica, para desentrañar las causas que hacen que unas mismas medidas económicas tengan diferentes consecuencias, en diferentes partes del mundo.

La tercera parte, son propuestas y metas a alcanzar. Es un libro de mucha actualidad, escrito sin fanatismos ideológicos, obligado para quienes realmente se interesan en el tema del desarrollo.

La semántica de la guerra

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Desde diciembre del año pasado, los pobladores de varios municipios de Arauca, de Samaniego, en el departamento de Nariño, y de Huisitó en el Cauca, viven el calvario de la narcoguerra entre las FARC y el ELN.
Centenares de campesinos, entre 400 y 1500, han tenido que huir de esas regiones debido al furor de los combates.
Además, las FARC han comenzado a ejecutar su tradicional guerra sucia en la que asesinan a civiles en la frontera. El fin de semana pasado, los terroristas asesinaron a Manuel Fueltala, maestro de la escuela de Tallambí, en Nariño.
El asesinato generó el desplazamiento de otros 315 colombianos que llegaron en las últimas horas a Ecuador, después de una penosa travesía.
Según el Gobierno, en los combates que se registran en Arauca, el ELN ha sufrido cerca de 500 bajas en este nuevo capítulo de la narcoguerra entre los que “luchan por el pueblo”. El vicepresidente calificó esta situación como “una campaña sistémica de exterminio por parte de las FARC contra el ELN”.
Otras fuentes indican que son 300 los caídos en la “disputa militar” entre las FARC y el ELN.
Dicha narcoguerra se debe a la intención de las FARC de conquistar militarmente algunos territorios fronterizos para hacerse al control de los cultivos de coca.
En los territorios que padecen los combates y la violencia narcoguerrillera abundan los cultivos ilícitos: en Nariño, entre los años 2001 y 2002, se incrementaron en 7.600 las hectáreas con cultivos de coca y actualmente es el segundo departamento en área sembrada, con el 16% del total del país. También en Cauca el cultivo de coca aumentó en 1.420 hectáreas. De igual forma en Putumayo, en 2005, los sembrados de coca crecieron en 105%.
Así mismo, la intención de las FARC es asumir el control de un importante corredor estratégico para el narcotráfico: La ubicación geográfica de los departamentos en los que se vive esta narcoguerra y su cercanía de la cordillera occidental con el mar, permite que sea apropiado para los cultivos ilícitos y la producción de la droga.
De tiempo atrás las tensiones por el negocio del narcotráfico eran evidentes entre los dos grupos narcoterroristas. Incluso se sabe que habían pactos de no agresión que se rompieron en diciembre pasado, cuando las FARC atacaron al ELN en la zona rural de Tumaco.
Sin embargo, los cabecillas terroristas hablan de la narcoguerra como “peleas de hermanos” que esperan superar en el futuro y niegan que se hayan registrado 500 muertos.
Particular “pelea de hermanos” la que tienen los terroristas, quienes se ven a si mismos como un grupo de niños, disputando con palmadas, alaridos y puños un dulce que todos anhelan. “Son riñas filiales”, dijo Antonio García, alto mando del ELN.
¿Será que los campesinos víctimas de la “pelea de niños”, ven como un juego inocente su desplazamiento? ¿Será que 500, o 300, o 50 muertos pueden ser tratados como una simple pelea de hermanos?
Es que el cinismo llega a tal extremo que los centenares de campesinos desplazados y el alto número de muertos, son justificados por los jefes terroristas como el resultado de “no saber resolver con madurez” las diferencias entre los mandos regionales y las direcciones nacionales.
Pero las FARC intentan ocultar la narcoguerra detrás de su discurso político. En un comunicado publicado en Internet, lamentan que el ELN se apreste a incorporarse “al sistema político vigente, a la lucha institucional, electoral” y, según las creíbles palabras de las FARC, los elenos se han dejado utilizar por la Inteligencia Militar contra las FARC.
Es que la “honorabilidad” de las FARC ha llegado al punto (¡tan considerados!) de buscar un entendimiento “fraternal” para terminar con la instalación de minas antipersona (termina la consideración y llega el oportunismo) en los corredores y trochas que los guerrilleros utilizan para llevar la muerte por la geografía nacional.
Pero claro, es que ahora el ELN ataca a las FARC por colaborar con el Gobierno y con los paramilitares, lo que evidentemente ubica a todos los que condenamos a los terroristas de las FARC como auxiliadores del paramilitarismo.
El colmo del cinismo de las FARC se encuentra en la siguiente frase: “La buena voluntad del COCE son como palabras que se lleva el viento, porque algunos de sus mandos medios hacen lo que les da la gana (…), secuestran y extorsionan a nombre de las FARC en la frontera”.
¡Por Dios!, es que las FARC NUNCA han secuestrado y mucho menos en la frontera, y ahora, en un acto de absoluta desfachatez no solo niegan la autoría del crimen, sino que se lo achacan a sus enemigos en el narcocampo de batalla.
Y rematan los narcoterroristas de las FARC: “No tenemos ningún inconveniente en trabajar con quienes estén por la construcción de una nueva patria democrática, bolivariana y socialista”... ¿quiénes serán esos socios ideales para trabajar con las FARC?
Vaya uno a saber.

Y en esta esquina, kid Arias y en la otra Rocky Robledo

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

El Congreso fue todo un cuadrilátero de boxeo en el que el vocero del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo, arremetió feroz contra el Gobierno.
El primer asalto se presentó en la Comisión Segunda conjunta, en la que Robledo comenzó a hablar del parauribismo y señaló que el PDA defendería a capa y espada al senador Guillermo Jaramillo Martínez de los ataques, según él, orquestados por el Gobierno.
Pero a Robledo hay que recordarle que es tan dudoso el testimonio de Saldaña como el de Rafael García y que la obligación de la Fiscalía, y pronto de la Corte, será procesar esa información para tomar una decisión judicial.
Curiosamente el escándalo, que está en indagación preliminar en la unidad de terrorismo de la Fiscalía, lo detonó no un miembro del Gobierno, ni un vocero de algún sector uribista, sino un correligionario de Robledo: el gobernador del Tolima Fernando Osorio.
Ya después de las declaraciones de Osorio en Mariquita, el ministro del Interior indicó que efectivamente habían procesos en curso, o exageró el asunto para mostrarlo como una investigación formal.
Pero también es bueno recordar que los primeros brotes de esas indagaciones, los informó el propio Fiscal General en la entrevista que concedió a El Espectador.
Sin embargo, después de lanzar las acusaciones, el ministro de Agricultura la emprendió contra Robledo para que escuchara la respuesta a sus acusaciones y tuviera el valor de quedarse en el recinto. Pero Robledo y su bancada se retiraron en una clara muestra de sus pretensiones: lanzar acusaciones pero no tener la gallardía para enfrentar las respuestas y dar, de cara al país, el debate sobre esas acusaciones tan usuales y aburridas que se están convirtiendo en lugares comunes: de tanto repetirlas se pueden volver verdad o, de repente, tanta cantaleta sin sustento llevará al desprestigio de esa colectividad.
Lo grave es que en esa comisión se estaba estudiando la ley de Agro: ingreso seguro, que pretende incrementar en 500 mil millones de pesos los aportes del Estado para mejorar las condiciones de vida de los campesinos: ¿no era más importante que el PDA permaneciera para debatir algo que busca mejorar el futuro de los campesinos (de los pobres a los que tanto dicen defender) que salir con peleas ridículas que se originaron al interior de su propia colectividad?
En la tarde, el segundo asalto fue por cuenta de Robledo (parecía lleno de tigre), quien aseguró que el ex ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, negoció mal el TLC para recibir un puesto en el Banco Mundial. Ese ataque fue respondido por el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien aseguró que tales afirmaciones, además de ser una infamia, constituían una falta de ética y de profesionalismo.
Ese segundo asalto fue la nota fastidiosa y politiquera de la jornada, que resultó enaltecida por los importantes cuestionamientos que hizo la bancada liberal en la discusión del TLC, aunque quedó claro que en el Congreso, salvo de repente Cecilia López Montaño y otros liberales, NADIE se ha tomado el trabajo de leer el texto final del TLC.
Aunque las preguntas fueron importantes, lo cierto es que comprobaron el poco interés que tienen las bancadas en el tema (o la pereza de leer, o la ignorancia en la materia), pues las preguntas de Juan Manuel Galán, por ejemplo, aunque bien formuladas, comenzaban todas con: se dice que, algunos piensa que, no se si en el texto está, etc. Muy buenas preguntas periodísticas, pero pésimas manifestaciones de alguien que debe estar empapado del tema y saber exactamente el motivo de su pregunta, sin dejar la sensación de estar haciendo un cuestionario que le han soplado como a un alumno desaplicado. De cualquier forma, las preguntas son importantes y por ahora seguimos sin respuesta.
Deben ser pocos los colombianos que se han tomado el trabajo de leer las más de 700 páginas del TLC, pero por lo visto en la sesión de hoy, en el Congreso muy pocos han siquiera hojeado el documento.
Entonces, lo que debe ser un debate de fondo sobre un tema vital para el país (si o no al TLC), resulta en peleas politiqueras que no se relacionan con el asunto esencial: Si el TLC es bueno para el país (no lo se), ¿qué importancia podría tener que Botero esté en el Banco Mundial?
Esas discusiones baratas pretenden ocultar algo mucho más grave: que en torno a los debates del TLC se está dando la confrontación de intereses politiqueros y que unos y otros carecen de argumentos PROFUNDOS para defender o atacar la propuesta.
Eso si: de todas las bancadas, la del liberalismo muestra mayor seriedad e interés por profundizar en los temas y salvo la chabacanería de Héctor Elí Rojas, que consideró que el hecho de que los ministros defiendan al Presidente es un insulto; los demás miembros le dieron una gran altura al debate.
Es que la discusión del TLC, más allá del cacareado antiimperialismo polístico, debe enmarcarse en las conveniencias para el país, en los sectores que se verían beneficiados o perjudicados con el Tratado y en la letra menuda que muy acertadamente describió un senador liberal. De hecho uno de los retos más importantes de los últimos años para el Congreso es estudiar y debatir el TLC: los liberales lo saben, pero ¿y los demás?
Si el Congreso se va a convertir en el centro de los ataques y en el punto de las respuestas airadas sobre el mismo asunto que DEBE DEJARSE EN MANOS DE LA JUSTICIA, pues parece que lo mejor es cerrar el cuadrilátero y buscar un mecanismo que permita que la gente que quiere trabajar, y que sabe del tema, lo pueda hacer para que la bajeza de atacantes y defensores no sea el titular y los colombianos podamos enterarnos de los pormenores del Tratado, expuestos por personas estudiosas que estén a favor o en contra del TLC.
En la noche llegó el tercer asalto. Lo protagonizó nuevamente Robledo, quien fue encarado otra vez por el ministro de la Protección Social, quien le dijo que era inaceptable que hablara de parauribismo, cobijando a todos los 7 millones de votantes, a todos los congresistas uribistas y a todos los funcionarios del Gobierno.
Y luego salió el senador liberal Mauricio Jaramillo a demostrar con cifras que a su hermano Guillermo no lo habían beneficiado las FARC. ¿Y cómo lo demostró? Diciendo que en los municipios de presencia guerrillera en el Tolima, el Polo había perdido, es decir, relacionó de plano al Polo con las FARC.
¿Y cómo lo justificó? Aseguró que las AUC querían unas cuantas curules y unos cargos regionales para tener INGERENCIA, mientras que las FARC querían TODO el poder. Ojalá no llamen a Mauricio Jaramillo a defender a su hermano, porque puede ocurrirle lo mismo que pasó con Oscar Collazos defendiendo a Carlos Gaviria.
Lástima. No creo que los colombianos estemos haciendo un enorme esfuerzo para pagarles los altísimos sueldos que se ganan, para verlos pelear por algo que no está en sus manos, para verlos irrespetar al poder judicial y para ser testigos del inmenso temor que se está apoderando de los más radicales opositores y de los más firmes defensores del actual Gobierno.
Y ojo: porque el TLC es un tema FUNDAMENTAL que no puede ser pasado a pupitrazo, pues resulta importante que sepamos a qué atenernos con dicho tratado, pero a partir del texto negociado y no de elucubraciones de un tipo que parece haber pasado una mala noche.

Una visión del secuestro en Colombia

NOTA DEL DIRECTOR: El viernes pasado recibí este artículo de Lesvia Fuentes que resulta interesante para ver algunos puntos de vista sobre el flagelo del secuestro en Colombia.

Cinco años del secuestro de la ex-candidata presidencial
Historia de Ingrid, historia de los colombianos

Hoy se cumplen 1.825 días del secuestro de Ingrid Betancourt y 49 días desde que el ministro Fernando Araújo Perdomo recorrió los pasos de la libertad tras permanecer 2.223 días en poder de sus captores, ambos casos atribuidos a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Los dos comparten una historia común, como lo es también la de aquellos colombianos que corren y corrieron su misma suerte: víctimas de la macabra industria del secuestro.
Igualmente, Betancourt y Araújo Perdomo llevaron la problemática del secuestro en Colombia a los titulares de prensa de los principales medios de comunicación del planeta. La primera es símbolo indiscutible de los colombianos que hoy padecen este flagelo; el segundo representa los anhelos y la esperanza de quienes aún permanecen cautivos y de sus familias.
De 45 años de edad, el plagio de la ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt se produjo el 23 de febrero de 2002, cuando miembros de las FARC la interceptaron en el sitio El Líbano, sobre la vía que comunica a los municipios de Montañitas y San Vicente del Caguán. En la zona situada en el sur de Colombia, tres días atrás se habían roto las negociaciones de paz entre la organización extremista y el gobierno de Andrés Pastrana.
Por su parte, el secuestro de Araújo Perdomo –nombrado el lunes anterior como ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Álvaro Uribe Vélez– ocurrió el 4 de diciembre de 2000, cuando practicaba deporte en Cartagena, ciudad situada en el norte del país. El pasado 5 de enero recobró su libertad como resultado de una operación que las Fuerzas Militares adelantaron contra el frente de las Farc que lo tenía en su poder.

7.639 historias

Las cifras de secuestro entre 1996 y el 2001 eran alarmantes. Según País Libre, 15.214 colombianos fueron secuestrados en este período, siendo el 2000 el año más crítico con 3.572 casos.
Pero es un hecho que en el último lustro se ha registrado un descenso vertiginoso en la tasa de secuestros en Colombia. El resultado es directamente proporcional a la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del Gobierno. De 2.558 secuestros reportados en diciembre de 2002 se pasó a 687 a finales del año pasado, lo que equivale a una reducción del 272 por ciento en la comisión del delito.
Sin embargo, en Colombia ocurrieron 7.639 historias similares a las de Ingrid Betancourt o de Fernando Araújo Perdomo entre el 23 de febrero de 2002 y la fecha. Esta fría cifra corresponde a la realidad de los colombianos anónimos que según el Fondo de Desarrollo para la Libertad Personal (Fondelibertad) fueron plagiados en ese tiempo. Hoy, únicamente 833 colombianos permanecen secuestrados, muchos de ellos hace más de cinco años.
De estos 7.639 episodios de secuestro registrados por Fondelibertad desde el día que tuvo lugar el plagio de Betancourt, al menos 2.203 son endosados a estructuras de las FARC. La cifra equivale al 28,84 por ciento de los casos.
La delincuencia común y organizada ocupa el segundo lugar en la participación del ilícito con 1.681 plagios (22,01 por ciento), seguida de cerca por el llamado Ejército de Liberación Nacional (Eln) con 1.377 (18,03 por ciento) en los que las autoridades tienen certeza sobre su autoría. La cuota de los grupos de autodefensa es baja: 489 raptos que corresponden al 6,40 por ciento.
En relación con el género, Fondelibertad registró el secuestro de 5.885 personas de sexo masculino, mientras el número de mujeres fue de 1.754 en este período. La edad de las víctimas es otra variable importante, pues 1.111 niños y niñas –entre un mes de nacidos y 17 años de edad– hacen parte de las cifras oficiales.
Por ubicación geográfica, Antioquia, con 1.083 casos de secuestro en estos últimos cinco años, es el departamento más azotado por el flagelo. El delito del secuestro también ha cobrado un importante número de víctimas en Cesar (542), Bogotá (537), Meta (493), Cundinamarca (481), Tolima (428) y Valle (385), para citar los lugares de mayor incidencia.
Con todo, la situación de los secuestros perpetrados en el último lustro evolucionó positivamente, en buena medida por la acción decidida de los Grupos de Acción Unificada para la Libertad (Gaulas) de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En este tiempo, las acciones militares y policiales posibilitaron el rescate de 1.613 secuestrados. Otros 489 recobraron la libertad por la presión de las operaciones militares ejecutadas para su rescate en las áreas donde eran mantenidos por su captores.
Los números también indican que 4.264 secuestrados fueron liberados luego de acceder a las pretensiones de sus plagiarios y 139 se fugaron. En nueve casos obró la intervención de organismos humanitarios.
Pero no todos los raptos tuvieron un final feliz. La estadística señala que 271 personas murieron o fueron asesinadas en cautiverio; la cifra no incluye un listado de 21 víctimas sobre las que se tienen serias sospechas acerca de su deceso.
Hoy, cinco años después de su secuestro, el comité de apoyo a Ingrid Betancourt llevará a cabo actos diversos de solidaridad y para sensibilizar sobre su suerte, en Francia, Colombia y otros países de Europa y América.
Pero nadie hablará en nombre de los 833 colombianos que permanecen en poder de organizaciones como las FARC, el Eln o las bandas organizadas que se lucran del ilícito. Su destino también merece el repudio de la comunidad internacional.

Una más de la farucopolítica

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

¿Búsqueda de la verdad o cacería de brujas? Colombia ha emprendido un duro camino que ojalá no tenga retorno: el de descubrir los vínculos entre políticos y violentos.
De hecho, además del escándalo de la para-política, ahora surge lo que había anunciado el Fiscal General en una entrevista concedida a finales del año pasado: que se estaban investigando las relaciones de las FARC con políticos de algunas zonas del país.
El primer foco en el que parece haberse concentrado la Fiscalía (pero no el único) fue en el departamento del Tolima. En esa región del país se habían denunciado los nexos entre altos dirigentes políticos y las FARC. El pasado 28 de junio informamos sobre las relaciones de miembros del PDA con el frente 21 de las FARC, que operaba en el cañón de Las Hermosas, en los municipios de Chaparral y Cajamarca.
Las denuncias de la revista Cambio afectaban al actual gobernador del departamento del Tolima, Fernando Osorio, y a algunos de sus principales colaboradores, además de Augusto Hernando Arias, asesor de paz del anterior gobernador. Según Cambio, Arias distribuyó propaganda política a favor de Osorio y de sus amigos aspirantes al Congreso por el PDA en las veredas que habían sido vedadas por las FARC a otros candidatos.
En las últimas horas la Fiscalía ordenó la detención de Augusto Ramírez Arias, quien trabajó con anterior gobernador del Tolima, el ahora senador Jaramillo Martínez.
Sin embargo, Fernando Osorio, actual mandatario de los tolimenses reveló el viernes pasado que él, Arias, diez alcaldes del sur del Tolima (entre otros los de Planadas, Rioblanco, Chaparral, Villarrica, Ataco, y Coyaima) y el actual senador de Polo Democrático Alternativo Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez; están siendo investigados por la Fiscalía. Según Osorio, todos están siendo investigados por presuntos vínculos con las FARC.
Así mismo se sabe que la investigación específica contra Arias Hernández comenzó el año anterior, cuando se difundió un informe (el que reseñamos en su momento) sobre la presunta infiltración de las FARC durante la administración del actual senador del Polo.
Sin embargo, Jaramillo Martínez también fue investigado por la Procuraduría por la presunta participación, en el año 2002) en la campaña política de Hugo Ernesto Zárrate Osorio, candidato de la coalición del Partido Socialista Democrático (absorbido por el Polo Democrático), la Alianza Social Indígena y el Partido Comunista.
Las explicaciones de Fernando Osorio resultan interesantes para esclarecer si, por lo menos, se presentaron reuniones con las FARC, pues en algunas declaraciones recogidas por Caracol Radio, Osorio sostuvo:"Ni el ex gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo, que es mi amigo, ni yo somos guerrilleros. Jamás hemos acudido a una cita a firmar un documento ni a comprometer la suerte del Tolima con grupo armado alguno; si alguna vez alguien nos abordó, es porque nuestra condición de líderes hace que escuchemos a todo el mundo, de manera que no podemos los tolimenses dejar que nos juzguen como 'chivos expiatorios”.

Sin embargo, en sus declaraciones para Caracol, Osorio admitió que "el sur del departamento parecía un segundo Caguán, pues era usual encontrarse con jefes guerrilleros en actividades sociales." ¿Y porqué no ordenó su captura? ¿qué razones lo habrán motivado a no dar aviso a ninguna autoridad sobre la presencia de JEFES GUERRILLEROS en su jurisdicción?
No obstante, un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia indica que no son válidos los argumentos expuestos por algunos implicados en la para-política en el sentido de justificar por temor, o por cualquier otro motivo, reuniones con grupos violentos.
Así las cosas, al que con ocasión de sus condiciones de líderes se les acerque “alguien” (curioso que Osorio hable en plural refiriéndose a Jaramillo Martínez… ¿qué sabrá?) y SEA ESCUCHADO, es motivo suficiente para que la Corte sospeche e inicie las investigaciones respectivas.
Porque lo cierto es que a Osorio y a Arias los investiga la Fiscalía, pero al Senador del PDA seguramente le corresponderá su día en la Corte, para explicar esta situación.
Es que así como la para-política lleva más de tres meses en furor, la farucopolítica comenzará a descubrirse con denuncias e investigaciones como esta, pues NADIE puede ser tan ingenuo de pensar que solo los paramilitares presionaron, intimidaron y negociaron con algunos políticos y que las FARC se quedaron quietas observando el espectáculo.
Por el contrario, y con más razón si se tiene en cuenta su violenta y macabra vocación por el poder, esos nexos comenzarán a revelarse y a este escándalo ya se han sumado, como testigos, varios alcaldes y gobernadores que admiten que las FARC SI INFLUYERON EN LAS ELECCIONES DE 2002.
Poco después de las declaraciones del gobernador del Tolima, el ministro del Interior señaló que las FARC también influyeron en los comicios de 2002, especialmente en el sur del país.
A las declaraciones del Ministro se unieron las voces de varios dirigentes regionales que reconocieron que la guerrilla ejerció presiones sobre los mandatarios de varios municipios y departamentos del país.
Una vez más, Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación colombiana de Municipios, manifestó que las FARC si presionaron a los electores en gran parte del país, durante los comicios de hace cinco años: en ese momento la totalidad de los alcaldes y concejales del país estaban amenazados.
Lo que la gente se pregunta es… ¿y cuántos de esos amenazados se reunieron con las FARC para acordar programas de gobierno y manejo de dineros para que llegaran a las arcas de la organización terrorista? ¿Y qué más acordarían, a quién o a quiénes señalarían como contradictores políticos?

Todas las preguntas que los colombianos nos hacemos frente a la para-política hay que aplicarlas también a esta nueva etapa: la farucopolítica.

Experimentos y soluciones

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena myances@msn.com

Una teoría que se trata de demostrar con los experimentos capitalinos en el campo de la movilidad ciudadana, es que el hombre puede regresar a la época en la que los carros estaban al alcance de un menudísimo grupo de ricachones, y las vías permanecían desocupadas o eran ocupadas por gente que se desplazaba a pie, en carruajes de tracción animal, o en bicicletas.

Esa teoría por regresiva, está llamada a fracasar. No es cierta, el hombre no retrocede en los logros alcanzados, avanza hacia nuevos.

Pero las pretensiones, ya no teóricas sino reales, de los últimos gobiernos capitalinos –y poco a poco de los de estas ciudades carentes de autonomía y creatividad- es que los vehículos se tienen que eliminar sea como sea.

Sin duda hay argumentos que favorecen esa pretensión: el primero, la mejora del medio ambiente al reducirse la contaminación, y los ahorros o ganancia nacional, al reducir el consumo de recursos no renovables. Ambos objetivos también se conseguiría utilizando combustibles renovables y motores menos contaminantes.

Y el segundo, el ahorro o disminución de lo que se gasta en construcción y mantenimiento de carreteras. Se dice que en las ciudades que tienen sistemas organizados y eficientes de transporte masivo (esa no es la percepción con los transmilenios, en sus diferentes denominaciones locales) no se deberían seguir utilizando dineros públicos para construir vías al servicio de los pocos que pueden adquirir carros. Pero aquí también se podría argumentar que ese gasto mueve la economía, genera empleo y crea competitividad nacional.

Además, la reducción de los impuesto directos que pagan los vehículos (IVA, rodamiento y timbre), y los indirectos, como la sobretasa a la gasolina, los impuestos sobre las utilidades que genera la industria automotriz, y toda la actividad comercial que se desarrolla a partir de ella, incluido el cuidado y reparación de los vehículos, y por supuesto los que pagan las aseguradoras, afectan las finanzas publicas.

Eso sin contar el empleo agregado que genera la industria y que quedaría cesante.

Por decirlo de alguna manera todos los beneficios que pueda generar el volver a andar a pie –aun en la salud- son insignificantes ante los perjuicios que provocaría en todos los demás frentes.

Lo peor de todo es que no hay coherencia entre las políticas gubernamentales.
Por un lado, los entes territoriales apuntan en una dirección, reducir al máximo el uso de vehículos -y a veces se piensa que el gobierno central también al aumentar el precio de la gasolina- pero por el otro surge la contradicción al reducir el IVA, (no precisamente a los de menos cilindraje, para producir ahorro de combustible y reducir contaminación) es decir el precio de los vehículos, y no construir las vías para su movilización.

Como siempre, el equilibrio se logra en el centro: hay que construir sistemas de transporte masivos eficientes para movilizar rápidamente a los trabajadores y reducir el número de buses en las vías; pero también construir nuevas vías para la movilización del transporte público no masivo, y del transporte particular.

Los ciudadanos jueces de últimas instancia, decidirán que usar, y entonces si, los gobierno sabrán si acertaron o no, en los conceptos, en la política, que concibieron, y en los diseños. Ninguna política represiva, limitante de las libertades que todos reclaman, puede llamarse exitosa: no en mi concepción de la vida.

Por otro lado, y esto es imperativo, se debe descentralizar con estímulos, no con medidas impositivas y represivas, el centro de la ciudad y el mercado de Bazurto. Aunque cualquiera podría pensar que poner a la gente de a pie de nuevo, lograría el mismo efecto que los estímulos.

Provocaciones vs. hechos

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

¿Cómo entender el manejo de la diplomacia ecuatoriana? En solo unas horas el gobierno del vecino país arremete feroz contra Colombia, asegurando que toda aeronave militar que sobrepase su espacio aéreo, será interceptada y luego anuncia que el embajador de Ecuador en Colombia regresará a Bogotá.
En el intermedio el vicepresidente ecuatoriano Lenin Moreno se despachó contra el gobierno colombiano, incendio que la Canciller ecuatoriana tuvo que salir a desautorizar: “los únicos voceros de la política internacional del Ecuador son el Presidente de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores, por lo cual, las respetables declaraciones del Vicepresidente son a título personal”.
El vaivén parece deberse a los fuertes vientos que a ratos le da por soplar al coronel paracaidista, que estremecen al gobierno ecuatoriano y lo hacen sacudirse y cambiar de posición diplomática, como si de cambiar de camisa se tratara.
Ecuador muestra que se debate entre las provocaciones que lanza contra el gobierno colombiano y la practicidad de una relación que debe mejorar día a día.
Mientras algunos bocones del gobierno ecuatoriano muestran los dientes para provocar la ira de Uribe, los hechos comprueban una vez más que Ecuador está haciendo diplomacia de micrófonos por un lado (lo que debe disfrutar muchísimo el adalid de los ataques internacionales por los medios de comunicación) y por otro, intenta ejecutar una verdadera tarea diplomática que sea constructiva para ambas naciones.
Ante las continuas provocaciones, el gobierno colombiano ha mantenido la prudencia y las respuestas se dan en el campo de la cooperación y de los hechos, sin bravuconadas innecesarias: en las últimas horas Colombia anunció que apoyará a Ecuador durante la emergencia energética que comenzó a enfrentar desde el pasado 17 de febrero: la decisión es suministrar más energía a través de la interconexión eléctrica, evitando el racionamiento del servicio durante el período de mantenimiento de la Central de Generación Hidroeléctrica de Paute, que es la mayor planta que posee Ecuador.
Y esto es verdaderamente una ayuda para los vecinos si se tiene en cuenta que el Índice General Energético nacional es de 29.43 (la semana anterior estaba por encima de los 30 puntos) y los embalses colombianos tienen apenas las reservas para evitar un apagón nacional.
En el fondo sigue la decisión del gobierno de Rafael Correa de interponer una denuncia ante los tribunales de La Haya, para reclamar que Colombia indemnice a ese país por los supuestos daños causados por la fumigación en la frontera.
Más allá del anuncio, la acción es un derecho de Ecuador de dilucidar en los tribunales lo que no ha sido posible aclarar mediante la diplomacia.
Sin embargo, la amenaza de “interceptar” aviones (eufemismo que significa intentar derribar aeronaves militares) si resulta preocupante: Colombia no es un país que esté preparado para un conflicto de defensa, y Ecuador ha venido fortaleciendo sus esquemas de defensa.
Sin embargo, las aeronaves militares siempre están protegidas y la situación podría degenerar en combates aéreos en los que unos u otros podrían terminar en tierra.
Además, una cosa es violar la soberanía con el propósito de agredir a un Estado y otra, muy distinta, es traspasar los límites para perseguir a terroristas que utilizan como refugio el territorio de un país vecino.
De igual forma hay que recordar que los radares no fueron estandarizados, por lo cual Colombia también ha detectado incursiones y violaciones al espacio aéreo.
Si de armar problemas se tratara, el gobierno colombiano estaría en todo su derecho de “interceptar” aviones ecuatorianos, lo que significa que tarde o temprano sería inevitable un conflicto entre ambos países.
Es como si Colombia, por ejemplo, tomara la decisión de “interceptar” a las aeronaves militares venezolanas que constantemente incursionan, y bien adentro, al espacio aéreo colombiano. ¡Cómo olvidar a los F-16 sobrevolando la ciudad de Arauca!
Así las cosas, Ecuador debería desprenderse de una vez por todas de su doble agenda diplomática, utilizar los canales pertinentes y dejar de hacer alharaca mediática con temas tan delicados como la incitación directa a una confrontación bélica entre ambas naciones.
Señor Correa: menos micrófono, menos estilo chavista, y más ejercicio de una diplomacia sana y constructiva para todos.

La otra guerra

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. myances@msn.com

Aceptemos en gracia de discusión, que el Presidente hubiera sido elegido por uno de los grupos armados ilegales: ¿no es eso lo que pretenden, al menos en su concepción más idealista y abstracta, todos los grupos armados que existen y han existido en el país?

También fue esa la vía que eligieron algunos de los integrantes de la oposición, hasta que fueron indultados e indemnizados (no las victimas) durante el gobierno que presidió el hoy director de un partido político venido a menos.

Pregunto: ¿y si lo hubieran logrado, se sentirían legitimados? ¿O es que cuando ellos estaban en la ilegalidad, era permitido llegar al poder por las armas, y ahora no; o que solo a la izquierda le esta permitido?

La verdad es que a pesar de que durante el gobierno de Pastrana estaban dadas la condiciones para un golpe de derecha, al presidente lo eligió el voto independiente. Aunque de ser cierta la suposición inicial, le habría costado tan solo cinco años lograr, lo que la guerrilla no ha logrado en medio siglo.

Llegar al poder por las armas será siempre una posibilidad que los estados deben desestimular, ya sea estableciendo un régimen democrático que garantice libertades políticas y económicas, y proporcione bienestar a todos los gobernados; o mediante la fuerza cuando fuera necesario. Esta es una verdad sociológica e histórica irrefutable, inherente a cualquier sistema de gobierno que se adopte.

Si los grupos armados existen, es porque el Estado no ha logrado ni lo uno (crear bienestar generalizado, lo cual nunca dejará de ser un fin) ni lo otro (derrotar a quienes insisten en la vía armada a pesar de las garantías que ofrece la democracia). La triste realidad es que Colombia aún es un país en formación, que dos siglos después de su independencia, no ha logrado crear un Estado en el que todos estemos de acuerdo, y en el que las diferencias se puedan resolver en las urnas.

Un bando defiende las instituciones y el modelo de desarrollo actual, y el otro lo combate, en el mejor de lo casos creyendo tener uno mejor, o tal vez, como simple estrategia de lucha para llegar al poder y no cambiar nada, pero tener acceso a la burocracia y a los contratos. Es posible que no usen armas –nunca se sabrá- pero siguen disparando con la lengua, posiblemente en una prematura campaña proselitista por las alcaldías y gobernaciones.

Sin embargo, la guerra verbal que mezcla calumnias con verdades y todo lo exagera, solo conduce a perder el prestigio propio, porque quien lanza el ataque lo recibe de vuelta, como un bumerang, en las urnas. Si no que lo diga Serpa. Y la dinámica de las elecciones para ocupar gobernaciones y alcaldías próximas a realizarse, es diferente: se enfoca en los problemas de las regiones, no en temas de modelos económicos e ideologías; y en ellas los electores votan por candidatos, no por partidos. Tan cierto es eso, que los partidos “capturan” a los más carismáticos para sus movimientos.

Pero además no es serio que ante la propuesta de algún medio de adelantar un debate público entre el Presidente y la oposición –que entendemos se enfocaría en los modelos de desarrollo y no en las personas- sea rechazado por esta última, con la excusa de que el Presidente está loco.

Para el buen entendedor, lo que hay es mucha paja en los rabos, y miedo de un incendio, porque el debate se podría salir al escenario que acostumbra la oposición: los ataques personales, y ahí ellos pierden. O porque no tienen fundamentos para defender modelos que se han desmontado en todo el mundo por corruptos e ineficientes; o simplemente porque no tienen propuestas.

Pero mejor así. El gobierno es para gobernar, no para enfrascarse en señalamientos verbales con la oposición. El pueblo en las urnas ya decidió, y no es la lengua de quienes no han sabido ejercer con altura la oposición, la que va a cambiar la historia.

Quibdó y Villavicencio: rodeadas de agua y…

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

La promesa electorera en Villavicencio siempre era la misma: la construcción del acueducto para la ciudad. En todos los círculos sociales, el dichoso acueducto era el tema de conversación, y se debatían los sistemas más apropiados para solucionar el problema de abastecimiento de agua en la ciudad.
Incluso Ernesto Samper, recién se posesionó como Presidente, viajó a Villavicencio e hizo dos promesas: la autopista Bogotá – Villavicencio y el acueducto para la ciudad.
Aunque cumplió la primera, la segunda promesa era mucho más compleja que hacer una inversión para construir un nuevo acueducto (y eso que ya habían “construido” tres).
La razón: el problema de Villavicencio no era de acueducto sino de redes. Es decir, el que se le midiera a semejante reto, tenía que romper la mayor parte de la ciudad, cambiar las tuberías e incorporarlas a la red central del acueducto. Es que la situación era crítica que de la red primaria salían centenares de redes secundarias que hacían imposible el suministro de agua para toda la ciudad, pues incluso a una misma cuadra, con 12 o 15 casas, llegaban tuberías terciarias de cuatro o cinco redes secundarias.
No obstante, algún alcalde se dio la paliza, rompió el centro de la ciudad y comenzó a organizar el caos de las redes de acueducto de la capital del Meta.
Cuando alguien llegaba a Villavicencio veía el majestuoso paisaje de una ciudad rodeada de ríos y bañada por aguas vertidas por la cordillera. Sin embargo, ya en la ciudad, el problema de la escasez de agua era dramático.
En las pocas horas en las que había agua (sobre todo después de la media noche) la gente recogía el líquido para atender las necesidades básicas… pero ni modo de darse un baño largo en semejante calor húmedo, porque cada gota de agua era un privilegio que había que proteger.
Ahora Quibdó, la capital mundial de las lluvias, está sin agua desde hace tres semanas. La gente exige la construcción de un nuevo acueducto, y de repente en el naciente furor de las campañas políticas regionales, no faltará el abusivo que prometa, por cuarta vez, la construcción de un acueducto para la ciudad.
Pero, como en Villavicencio, el asunto no tiene nada que ver con el acueducto que actualmente funciona en la ciudad (sería genial que la Contraloría nos dijera la ubicación de los otros dos acueductos que se pagaron para Quibdó) sino con las redes de distribución.
Los habitantes de Quibdó, la ciudad más rica en agua y más pobre en todo lo demás, han aprovechado la gran cantidad de lluvias y torrenciales aguaceros que caen sobre la ciudad, para abastecerse del líquido. Sin embargo, la sequía que afecta a Colombia tocó también a los chocoanos y desde finales de enero no cae una gota de lluvia sobre la ciudad.
Entonces, el 70% de la población, que no tiene acceso al servicio de acueducto y mucho menos a las redes que los conecten con la fuente de suministro, está sumida ahora también en la sed.
A la pobreza, a la falta de educación, a la ausencia de planes de vivienda, al desempleo y a la miseria que vive un alto porcentaje de los habitantes de Quibdó, (todo cortesía de los corruptos que han saqueado los recursos de la ciudad y del Chocó como les ha dado la gana), se suman ahora la sed y los problemas de salud que surgen ante la escasez de agua.
Las soluciones del Gobierno central son temporales e inmediatas: llevar en aviones Hércules, carro tanques con agua procedentes de Medellín y Cali. Eso permite paliar las necesidades del día, pero Chocó, y Quibdó en especial, requieren con urgencia soluciones a largo plazo y veedurías exigentes para que esas soluciones se apliquen.
Así como Telecom pudo romper las calles de Quibdó para llevar el servicio de teléfono a todos los rincones de la ciudad, el Estado debe hacer lo propio, o contratar una concesión para que lleve el agua hasta los grifos de todas las casas de Quibdó.
No se entiende cómo se puede hacer un gran esfuerzo para llevar un servicio público que no es vital para la supervivencia, y no se ha hecho NADA para saciar la sed y llevar el agua a los hogares de todos los habitantes de Quibdó.

¿Revocatoria?

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Piedad Córdoba ya lo había pedido… Martha Lucía Ramírez decidió solicitarlo y el Presidente, intentando defender lo indefendible, pidió pensarlo.
A muchos colombianos les suena la propuesta de revocar al Congreso y convocar elecciones anticipadas. Unos piden que se realicen los comicios para el legislativo en diciembre de este año y otros que se promueva un Acto Legislativo que se demora dos periodos legislativos (más de dos años) para que se cite a elecciones.
El escándalo de la para-política hasta el momento tiene a nueve congresistas con medida de aseguramiento, pero resulta evidente que serán muchos más los que tendrán que pasar una temporada en La Picota, para ser claros, en la penitenciaría que lleva ese nombre.
Así las cosas, estas investigaciones tardarán muchos meses más (siendo optimistas) y ni hablar del tiempo que la Corte Suprema de Justicia necesitará para llevarlos a juicio: podríamos estar hablando de un año para iniciar el juicio y por lo menos seis meses más para emitir su decisión de culpabilidad o inocencia.
Es decir: si solo fueran los nueve congresistas detenidos, la condena o exculpación se conocería, en el mejor de los casos, en agosto de 2008, con la absurda suposición de que estos serían los únicos involucrados en el tema.
Pero se sabe que el proceso hasta ahora comienza, por lo cual veremos todo este año (en el mejor escenario, porque esto podría ser mucho más largo) a los congresistas de los que se tengan sospechas de sus vínculos con paramilitares.
Esto significa que las investigaciones, y los procesos como tal, llegarán fácilmente al año 2009 e incluso podrían coincidir con la campaña de las presidenciales que se realizarán en el 2010.
Entonces, resulta absurdo que el país se lance de inmediato a exigir la revocatoria del Congreso, porque si se convocan elecciones para este año, seguramente muchos de los que sean elegidos terminarán desfilando en el Palacio de Justicia y pasando una temporada en La Picota.
Así las cosas, la revocatoria es una medida sensata, pero este año por lo menos no resulta conveniente hacerla pues no tendría ningún sentido que se revocara al actual Congreso por la imagen (así lo dijo Martha Lucía Ramírez) y muchos de los nuevos elegidos terminaran sumergidos en ese o en el otro escándalo que detonará en su momento: el de los nexos de políticos con las FARC y el ELN.
Desde esa perspectiva, lo mejor es dejar al Congreso como está, por lo menos hasta que las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia terminen y todos los involucrados en el asunto estén ya en camino a un juicio, pues de lo contrario es solo armar alboroto sin ninguna utilidad para el país.
Lo que si debería emprender desde ya el Congreso de la República es el estudio serio de medidas que impidan que esto vuelva a ocurrir, algunas de las cuales ya las pidió Petro y, ¡oh paradoja!, estaban incluidas en el referendo que la oposición hundió hace un par de años.
Hablar de reducción del Congreso y buscar que del sistema bicameral se pase a una sola cámara, eran propuestas incluidas en ese referendo… pero bueno, lo importante es que se implementen.
Así mismo, es necesario crear un estatuto de limitaciones para que los ciudadanos que estén incursos en investigaciones de orden penal o administrativa no puedan aspirar a una curul, ni tampoco lo puedan hacer los familiares de esos ciudadanos en tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad: las anteriores son algunas medidas que DEBE tomar el Congreso de la República antes de hacer una revocatoria.
Es que si las condiciones de elección no cambian, si las barreras para evitar la infiltración de políticos con violentos no se aumentan, y sobre todo, si la oposición dice que el poder paramilitar sigue intacto ¿qué sentido tiene revocar?
Este país de pasiones necesita concentrarse en los temas importantes sobre el ruido de la para-política: ¿Por qué se les permitió llegar al Congreso? ¿Qué mecanismos hay que emplear para que los violentos no interfieran los procesos electorales? ¿Existen normas que el Estado no utilizó para frenar la avanzada política del paramilitarismo?
Pero hay otro aspecto que inquieta: si se revoca el Congreso y los sospechosos salen de la corporación legislativa, el fuero para investigarlos queda en manos de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, la que se ha dado la pela de este proceso, terminaría sin elementos, testimonios y pruebas de enlace para llegar al fondo de los vínculos de los violentos con políticos colombianos. ¿Querrán quitarle dientes a la Corte?
Claro que, en este sentido, a muchos nos gustaría que la Corte Suprema de Justicia citara a César Gaviria Trujillo, a Juan Fernando Cristo, a Carlos Gaviria Díaz, a Gustavo Petro y a Piedad Córdoba, pues en la campaña para las elecciones del Congreso, TODOS ellos aseguraron que conocían de los vínculos de políticos con las Autodefensas, PERO NINGUNO puso esta situación en conocimiento de la justicia… ¿Eso no será complicidad al no cumplir el deber CIUDADANO de denunciar un acto delictivo? ¿O es que el fuero parlamentario que tenían la mayoría en ese momento los excusa de denunciar la comisión de un delito ante la justicia?
Como se quiere que este asunto vaya hasta las últimas consecuencias, también los que callaron ante la justicia, pero hicieron su mejor presentación ante los medios, deberían ir a responder por el oportunista silencio político que mantuvieron, o admitir que solo hablaron por rumores (como lo reconoció la senadora liberal Cecilia López Montaño: “se escuchaban runrunes… no había ningún proceso abierto”, refiriéndose a varios de los parlamentarios investigados: Ella es seria, ¿pero los otros?
Rodear a la Corte no es solo aplaudirla ni respaldar ante los micrófonos las acciones investigativas: es no quitarle dientes, es mantener la situación del fuero para que sea el máximo tribunal el que investigue y juzgue, es procurar que lleguen al organismo judicial el mayor número de pruebas y testimonios, pues con la revocatoria, muchos expedientes quedarían en manos de la Fiscalía y con eso, la Corte perdería elementos importantes para estructurar un proceso que ahora es judicial, pero más adelante será histórico para el país.

Luchas de poder

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

myances@msn.com

A los gobernados poco les interesa cómo llega el gobernante al poder, ese es un tema de los que le compiten en esa pretensión: más bien se interesan por lo beneficios que reciban de él. Para ilustrarlo, basta preguntarse si los pueblos juzgan que es mejor Hugo Chávez que Fidel Castro, porque uno derrocó por las armas una dictadura corrupta, mientras que el otro utilizó los mecanismos de la democracia.

Pero sin embargo en sus luchas de poder, los métodos utilizados terminan afectando a los candidatos, a quienes gobiernan y en algunos casos también a los gobernados. De ahí la importancia de fijar unas reglas claras, justas, que brinden a todos las mismas oportunidades, y que los competidores acepten y respeten. Es lo que trata de conseguir la Ley y la democracia.

Sin ese presupuesto, las luchas por el poder se hacen de manera violenta, o tramposa y calumniosa, provocando el estancamiento –y aun el retroceso- económico y social.

Este es otro aspecto de la deshonestidad (que como está visto todo lo abarca: desde el campo intelectual, hasta la política, pasando por el comercial) pero que nada tiene que ver con la corrupción administrativa, que se apropia indebidamente de los recursos de la nación. Se podría pensar que aquellos que llegan al poder irrespetando las normas, serán más corruptos como gobernantes. Pero no es cierto. A veces se requiere violentarlas para corregir los adefesios.

Un acto de corrupción administrativa (la más preocupante) puede terminar convertido en Ley, aunque parezca paradójico, o se crea poco común. Ejemplos hay muchos: los que aseguran monopolios privados mediante barreras artificiales de entrada que impiden la competencia, las que otorgan pensiones privilegiadas pagadas con recursos públicos, y las que conceden exenciones tributarias a actividades economías de claro beneficio particular, entre muchas otras.

Una de las formas de evitar la deshonestidad en el acceso a la burocracia, podría ser lograr que la lucha por el poder tuviera sus espacios de tiempo bien definidos -los procesos electorales; como en las democracias más desarrolladas- y no convertirlas en el quehacer permanente de los actores políticos.

Porque en medio de esa guerra, verbal e informativa que todo lo distorsiona para capitalizarlo a favor, es imposible crear el clima de paz que permita avanzar en el mejoramiento de la sociedad. Es por decir lo menos una posición egoísta, e irresponsable, de quienes buscan el poder.

Para traer un ejemplo, y pidiendo excusas previamente al implicado, la liberación-fuga del ex ministro cartagenero, no puede ser utilizada como arma de lucha de la oposición, cuando él mismo, único conocedor de los hechos, ha transmitido repetidas veces un mensaje de paz; se ha ofrecido a colaborar en la liberación de los restantes secuestrados; y ha manifestado su desinterés actual en la burocracia y el poder político.

Tenemos que entender que la paz termina siendo el resultado de aprender en la práctica, que la guerra, cualquier tipo de guerra que sea, no renta beneficios. Eso tienen que aprenderlo los actores políticos –no se requiere mucha inteligencia para lograrlo- y el pueblo tiene que enseñárselo en las urnas.

Aunque a los gobernados poco les interesa cómo llega el gobernante al poder, ese es un tema de los que le compiten, –repito para los incrédulos- el discurso de agravios que en muchos casos toca a las personas, igual que el de las armas, tiene que terminar. La política tiene que elevarse al nivel de los programas y las ideas.

La oposición no debe ser tenida como arma de lucha –pierde credibilidad- sino como el derecho a disentir que toda sociedad civilizada les concede a sus integrantes.

Un debate que Uribe no puede evadir

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Pudo ser una mezcla de morbo por ver en la arena a varios gladiadores trenzados en un combate verbal. Pudo ser el vacío que dejó Uribe en las pasadas elecciones cuando se negó a participar en debates con los demás candidatos.

También pudo ser que se quería presenciar al Presidente “lleno de tigre” enfrentando a las “mansas e inofensivas ovejitas de la oposición”.O de repente, todas las razones anteriores se unieron para esperar con gran expectativa el debate promovido por el senador Gustavo Petro sobre el paramilitarismo en Antioquia.

Pero claro: en Colombia anuncian una cosa y finalmente se amilanan y terminan por reversar la decisión.

¿Qué credibilidad puede generar un Presidente que pide participar en un debate y una semana más tarde dice que no lo hará?

La explicación para el reversazo la dio el asesor presidencial José Obdulio Gaviria: "El presidente estaba recogiendo documentos y preparándose para un gran debate sobre la política de seguridad democrática, pero definitivamente no hay los elementos ni las condiciones por parte de la oposición para hacer la discusión”.

Floja justificación, porque precisamente el Presidente, un verdadero tigre de la política, debe tener claro que la oposición NUNCA le dará condiciones especiales, ni respeto, ni aplausos al ingresar al Capitolio y menos en un debate de semejante envergadura.

Así las cosas, hubiese sido ideal que Uribe, “lleno de tigre”, enfrentara a sus opositores (calumnias, rumores, señalamientos, etc.) en un escenario ideal como es el Congreso de la República.

Si Uribe gana el debate, la oposición quedará cuestionada ante el país y con un enorme estigma de mentirosa y calumniadora. Sin embargo, de perderlo, pues su imagen y las afirmaciones de la oposición resultarán favorecidas, aunque la sola participación de Uribe le hubiera significado un importante respaldo al cumplir el cuarto mandamiento del manejo estratégico de comunicaciones instaurado en la Casa de Nariño: ponerle la cara a los problemas y enfrentar las crisis.

Pero estos escenarios los debió pensar antes de abrir la boca y lanzarse a informar que participaría en el debate.

A las pocas horas salieron los oficialistas a aplaudir la decisión de Uribe, pues algunos dicen que el Presidente ya explicó lo que tenía que explicar. Otros, como Carlos García de la U dijo que “la figura presidencial debe alejarse de controversias personales y no dejarse provocar por la oposición”.¿Alejarse de qué? Si Uribe, cuando responde, siempre entra en controversias personales, pues los ataques que recibe SIEMPRE tienen ese componente personalista que se profundiza hasta intentar golpear a su familia.

Es más: se sabe que el Presidente no es amigo de alejarse de las peleas, entonces ¿para qué rehuir esta, que sería importante para el país y para el futuro político de Colombia?

Así mismo, García olvida que justamente el Presidente se dejó provocar por la oposición y que participar en el debate sería un golpe político de grandes dimensiones en contra de la oposición, pues más allá del contenido del cacareado debate, la imagen de Uribe se fortalecería al enfrentar a sus adversarios en el “templo” político por excelencia: el Congreso.
Es que además, al rehuir el debate queda la sensación de estar huyéndole a la andanada de acusaciones que han esgrimido los opositores de tiempo atrás, y aparenta que no tiene armas para defenderse de las acusaciones, situaciones que evidentemente no son ciertas, pues ya demostró que armas tiene, y de sobra, para defenderse ante las fieras hambrientas de la oposición.

Lo indicado es que Uribe participe en el debate, pero que por lo pronto, no se distraiga ni lo haga con su “bancada”, de temas bien importantes para el país como el TLC y la modificación de la ley de Transferencias.

Entonces, más allá de las justificaciones livianas, los contrincantes deben anunciar que el asunto queda pendiente, que atenderán la prioritaria agenda legislativa, pero que en marzo se verán las caras en el Capitolio Nacional.

El entuerto de la salud

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena
myances@msn.com

En la medida que la ciencia médica avanza, tanto en prevención como en la cura o tratamiento de enfermedades, se alarga la expectativa de vida de los humanos y se da pie para que aparezcan nuevas deficiencias, producto ya no solo de las enfermedades, algunas de ellas nuevas, sino del deterioro celular que ocurre con los años.

Aportan a esta incuestionable realidad, los efectos colaterales –de corto y largo plazo, conocidos o desconocidos- de algunas de las medicinas encargadas de aliviar las dolencias, como también los ingredientes de la vida moderna en las ciudades: estrés, mala alimentación, contaminación, y drogas, incluyendo las social y legalmente aceptadas.

Idear y administrar eficientemente un sistema de salud que le permita a todos los colombianos el acceso a la consulta, a los medicamentos y a las intervenciones quirúrgicas cuando sea el caso, e independiente de su costo, es una tarea titánica en recursos económicos. Los gobiernos encargados –directa o indirectamente- de prestarlos se enfrentan a un problema de costos imposible de pronosticar estadísticamente y por ende de presupuestar.

Mas aún, cuando los grandes laboratorios que descubren (o copian, producen y comercializan) los principios de los medicamentos, obtienen licencias que le permiten conformar verdaderos monopolios en los que se abusa de los precios.

La defensa de esos derechos de propiedad intelectual que adquieren los laboratorios sobre las medicinas, fue el tema mas critico en la negociación del TLC con los Estados Unidos, y su aceptación y firma, terminará encareciendo aún mas –con cargo a la nación- cualquier esquema de salud que se implemente.

El esquema medico-paciente vigente anteriormente no resultó en beneficio general. Se controlaba el acceso a los cupos en las universidades, el número de profesionales y el de los especialistas, en beneficio de unos pocos. El paciente se enfrentaba al medico con un problema pero sin los recursos económicos para obtener el servicio, convirtiendo la consulta en una cuestión de implorar caridad.

El nuevo esquema de la intermediación del capital financiero en la relación medico paciente, si bien ha colocado a este último en la posición de poder exigir, ha convertido a los galenos en obreros del sistema, mal remunerados.

Si en manos privadas se reclama que el servicio se limita prácticamente a la consulta general, y a la formulación de los medicamentos más baratos y populares, en manos del Estado la salud se vuelve un maremágnum de corrupción, al que se le inyectan (subsidio a la oferta) cuantiosísimas sumas de dinero, para que solo un pequeño porcentaje llegue.

Este es el complejo escenario de la situación que debe resolver el gobierno: drogas, equipos y procedimientos costosos; expectativas de vida mas largas y nuevas enfermedades; entidades privadas que se enriquecen en la intermediación, o entidades públicas que se roban -en alanzas tacitas- los políticos y sindicatos; empleados de la salud inconformes, y un pueblo que tiene que tutelar cada tratamiento, o dejarse morir.

Solo esperamos que así como en otros sectores los últimos gobiernos han acertado, también en este podamos tener por fin medicina efectiva, eficiente y barata (o gratis) para todos los colombianos. Para ello es fundamental prestar especial atención a la prevención: buena alimentación, bueno hábitos de vida, y cero contaminación.

El esquema de democratización de la EPS del Seguro Social, a través de las cajas de compensación que han trabajado, durante mucho tiempo con el aporte de las empresas y el reconocimiento de los afiliados, puede dar resultados y producir ahorros en las cuotas, siempre que no le hagamos trampas.

Elecciones y paramilitares

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Las revelaciones de Salvatore Mancuso resultan interesantes para analizar las intenciones políticas de los paramilitares y, de paso, esclarecer el nivel al que llegarán los escándalos por los nexos entre violentos y políticos en Colombia.
Mancuso, en su indagatoria ante un Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, aseguró que en 1998 las AUC (por lo menos el bloque que él dirigía) presionó a los ciudadanos de sus áreas de influencia para que votaran en primera vuelta por Horacio Serpa y en segunda vuelta por Andrés Pastrana.
La presión por Serpa se explica en los acercamientos que inició Ernesto Samper con los paramilitares: resultaba evidente para los cabecillas de las AUC que Serpa, el gran escudero de Samper, continuaría con esos acercamientos y podría llegar a las negociaciones formarles entre el Gobierno y los paramilitares.
Además, no se puede descartar que el alto mando del Partido Liberal (la gran mayoría de los congresistas investigados actualmente por vínculos con paramilitares eran liberales en aquellos tiempos) les haya prometido algunas concesiones en medio del proceso.
¿Qué pudo pasar? En un juego en el que el botín se lo lleva el que más prometa, es evidente que Pastrana y su equipo subieron la apuesta y los liberales no tuvieron tiempo de reaccionar.
La apuesta de Pastrana incluyó un gran acuerdo nacional para blindar un posible proceso con los paramilitares, reconocimiento político y posibilidades para que los cabecillas de las AUC llegaran al Congreso. La prueba está en la reunión que se realizó en una zona de influencia de las AUC durante el gobierno Pastrana, a la que asistieron representantes de todas las corrientes políticas, incluido el Polo Democrático Independiente (así se llamaba en esa época) con Samuel Moreno Rojas y Luis Eduardo Garzón.
En esa reunión también participaron emisarios del liberalismo, del conservatismo y del Gobierno Pastrana, además de por lo menos un representante de la iglesia Católica. Es importante señalar que la reunión fue promovida, apoyada y autorizada por el gobierno Pastrana.
Claro, el encuentro surgió después de una de las tantas crisis que se presentó en la farsa del Caguán, pero en esa reunión se establecieron las bases para lo que hoy conocemos como el proceso de paz con el paramilitarismo, lo que significaría que, a la larga y de carambola, de alguna manera Pastrana les cumplió a los jefes de las AUC.
Otra revelación de Mancuso es que en las presidenciales de 2002, la organización criminal sugirió que los ciudadanos votaran por Álvaro Uribe Vélez.
Aquí el asunto es sustancial, pues una cosa es que mediante la intimidación se OBLIGARA a votar por determinado candidato y otra muy distinta es que se SUGIRIERA sufragar por un aspirante a la Presidencia.
Ambas situaciones son abominables y demuestran que el poder y la intimidación de los violentos siempre se ha impuesto en el país. Sin embargo, el asunto esencial es si los candidatos establecieron acuerdos con los paramilitares o si a la luz de conveniencias particulares, las AUC decidieron respaldar a un candidato por su cuenta y riesgo, sin contar con el aval o el rechazo del aspirante… eso no nos lo han contado, y por el contrario lo han negado, aunque sería muy positivo para el país que se conociera a fondo la verdad de esta situación.
Además, las “sugerencias” paramilitares ya las había ventilado hace un año Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Pero la memoria solo es importante cuando resulta conveniente para la coyuntura política del momento.
No obstante, en una entrevista concedida por Carlos Castaño a Darío Arizmendi en el año 2001, el jefe de las AUC señaló que su organización prefería a Noemí Sanín que a Uribe Vélez. Castaño elogió las capacidades de Uribe, pero indicó que a las AUC no les parecía que alguien llegara a la Presidencia por el fracaso del “proceso de paz” con las FARC.Obviamente creerle a Castaño es difícil, máxime si se tiene en cuenta que mientras él alababa a Nohemí, 'Jorge 40' hacia sugerencias electorales, las que obviamente eran de obligatorio cumplimiento.
Lo anterior demuestra que las AUC, aún en las presidenciales de 2002, eran facciones independientes que estaban intentando cohesionarse en torno al propósito de un proceso de negociación con el Estado, aunque cada sector elaboraba sus propios planes y tomaba decisiones autónomas y convenientes sobre sus apoyos políticos.
Pero la realidad es que históricamente los violentos han incidido en los resultados electorales y es justamente esa intimidación la que debe ser erradicada del mapa político colombiano.

Punto final: ni pensarlo

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Como Casandras prediciendo lo peor para el país, algunos han vaticinado que el escándalo de la para-política afectará a tal cantidad de personas que se han atrevido a sugerir una ley de punto final para favorecer a aquellos que tienen o tuvieron vínculos con los violentos.
La primera vez que se escuchó semejante despropósito fue de la boca del senador del PDA Jaime Dussán, en noviembre del año pasado, justo cuando la primera etapa de este largo proceso de la para-política estaba en pleno furor.
A primera vista parecía extraño que un congresista de la oposición lanzara una propuesta que podría servir de salvavidas para políticos cercanos al Gobierno.
Pero un análisis más profundo delataba el propósito del despropósito: un salvavidas personal cuando estallen las indagaciones que adelanta la Fiscalía por nexos de políticos con las FARC y el ELN. Simple y sencillo: una propuesta personalista, encaminada a salvar el pellejo sin importar lo que ocurra en el país.
Esta tesis la refuerza la escueta pero contundente respuesta de Rosemberg Pabón y de Evert Bustamante a los señalamientos contra el Presidente por considerar que hay ex guerrilleros del M-19 buenos y malos.
La posición de los ex cabecillas del M-19 es clara: no se puede exigir verdad absoluta, cuando no se ha dicho la verdad. Incluso, en un debate radial entre Pabón y Antonio Navarro, el tema llegó al punto en el que Pabón le sugirió a Navarro el amenazante “si quiere hablo”, a lo que el ahora dirigente del PDA respondió que eso lo hablaban en privado.
Una gran mayoría de colombianos queremos conocer la verdad (en absolutos muy pocos ingenuos creen), y para eso resulta inconveniente la maliciosa y oportunista propuesta de punto final.
El asunto de la autoridad moral, si bien es interesante en el discurso, no resulta relevante para los intereses del país: no importa quién pida la verdad, lo que debe lograrse es que dicha verdad se ventile y se someta a un proceso judicial o por lo menos a un juicio histórico.
Puede que Petro, o Carlos Gaviria, o Gloria Cuartas estén exhibiendo una enorme doble moral al hacer sus reclamos, pero lo cierto es que la Nación quiere conocer la verdad, aunque muchos no tengan la menor idea de lo que van a hacer con ella.
Naturalmente la propuesta del punto final ha tenido eco en algunos políticos cuyas piernas parecen de gelatina ante la posibilidad de tener su “día en la Corte” por las relaciones oportunistas y ventajosas que mantuvieron o mantienen con los violentos.
¡Ni más faltaba! El país necesita extirpar el cáncer que significan los vínculos de políticos con los violentos y castigar, con todo el peso de la ley, a los que se beneficiaron de la presión de las armas para que los ciudadanos intercambiaran un voto por un salvoconducto que les permitiera “vivir” intimidados por unos días más.
Las leyes de punto final son un engendro de impunidad y facilismo que premian los crímenes con pases de libertad y con un mensaje aterrador para la sociedad: cometa la mayor cantidad de crímenes posibles, con el mayor salvajismo del que sea capaz, pues eso doblegará a la sociedad (como le decía Santofimio a Pablo Escobar, “arrodillará al país”) al punto de perdonarle, aplaudirle y premiarle su barbarie.
Además, esas leyes de punto final solo benefician en la práctica a los cabecillas del terror, pues ellos llevan a sus espaldas el peso de una gran cantidad de delitos salvajes que parecen mercancía para intercambiar por impunidad: no se puede comparar al campesino que en un grupo violento ha cometido las atrocidades, con aquel que las ordenó, o las patrocinó, o las dirigió desde un escritorio o desde una cómoda choza rodeada de centenares de combatientes rasos que le brindan seguridad.
Así las cosas, los políticos que se beneficiaron del accionar violento de los paramilitares deben ir a la cárcel, recibir con resignación la muerte política y reparar a las víctimas con su patrimonio.
De igual forma, los políticos que mantuvieron relaciones con el terrorismo, deben correr la misma suerte, de tal forma que sean solo sujetos despreciables en una sociedad que buscará su renacer político a partir de la extirpación de los parásitos y de los violentos que han desangrado a la Nación.
Incluso la propuesta de Nicolás Uribe de reducir la mesada pensional a máximo tres salarios mínimos mensuales para aquellos que sean encontrados culpables de corrupción es un buen principio, aunque a muchos nos gustaría que les retirarán por completo ese privilegio… todas las iniciativas que busquen la verdad y que castiguen con fuerza a los culpables son bienvenidas, mientras que las propuestas para cobijar con impunidad a los delincuentes y criminales, son condenables y merecen el desprecio de la sociedad.

Precio de la energía

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena

Si bien la curva de demanda de energía eléctrica es característica inequívoca del nivel de desarrollo de los países, y el incremento del consumo una consecuencia del crecimiento económico, los precios al ser un elemento de competitividad, terminan siendo una condición “sine quanon” del crecimiento y el desarrollo; y de justicia social.

Este tema que preocupa desde hace mucho tiempo a los gobiernos, y a los habitantes de la Costa, que son grandes consumidores de energía, está siendo ventilado nuevamente en el Ministerio de Minas y Energía y en la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG).

Buscar formulas de precios que propendan por un precio que remunere adecuadamente a las empresas en toda la escala de creación de valor de la industria, sin frenar el desarrollo industrial y sin castigar a los consumidores domiciliarios, es tarea difícil.

Oferentes y demandantes estarán siempre –en una economía de mercado- en orillas opuestas. Y tanto los unos, como los otros, tendrán quienes los representen en el organismo encargado de establecer la fórmula de precios,

Como han explicado algunos columnistas de este mismo diario, la actividad comercial de la energía eléctrica se desarrolla en dos mercados: el no regulado que le permite a los grandes consumidores y comercializadores, negociar el precio en la bolsa de energía, o directamente con los generadores.

En él, es el tamaño de la compra, el riesgo que se quiera asumir y la puja y la astucia, lo que determina el precio de las transacciones. Pero pasados ya casi 12 años de su creación, aun los temores de exponerse a la bolsa limitan las transacciones. Este mercado requeriría de instrumentos financieros de cobertura, que les permitiera asumir riesgos, y reducir los precios de las transacciones.

Entre otras porque el otro mercado, el regulado, lo atienden los comercializadores, a quienes la formula de precios, les permite trasladar sus ineficiencias en los procesos de compra de energía en bloque, a los consumidores residenciales. Pero también porque los pequeños comercializadores viven de esas ineficiencias de los grandes, y de la formula, que les deja ese margen de operación.

Comercializadores grandes, como Electrocosta, Electricaribe, Endesa, Empresas Públicas de Medellín, entre otras, atienden demandas que le podrían permitir obtener mejores precios para sus consumidores, si la formula de precios que regula el mercado las convirtiera en dolientes de sus procesos de compras.

Se requiere entonces -además de los instrumentos de cobertura- una formula de precios que castigue las ineficiencias de los comercializadores al momento de comprar en bloque, para acabar con los pequeños comercializadores, y para que los grandes generadores sientan que realmente están en un mercado de ofertas y demandas, y que bajan los precios o se apagan.

Y por otro lado, evitar que la capacidad de mercado de los generadores se siga incrementando: un 25% de la capacidad instalada nacional, en poder de una sola empresa, le puede dar un enorme poder a la hora de fijar precios en la bolsa.

Lea además en Antisecuestro el artículo Capitán Nur: bienvenido a la libertad.

La segunda parte de Virginia

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Dos hechos están a punto de ocurrir: se espera por fin la decisión del juez en el caso de la participación de Alberto Santofimio en el asesinato de Luis Carlos Galán y antes de finalizar el mes saldrá el libro de Virginia Vallejo, en el que se supone, serán ratificadas sus declaraciones a la prensa sobre las relaciones de varios sectores de la sociedad con Pablo Escobar.
En este marco resulta oportunista la aparición de la segunda parte de las declaraciones de Virgina Vallejo: después de renovar el interés del público en la intimidad de Escobar y la señora Vallejo, muchos están esperando con anhelo la aparición del libro.
La segunda parte de la entrevista (¿monólogo?) aportó elementos interesantes sobre los vínculos y cercanía de Alberto Santofimio con Pablo Escobar.
La señora Vallejo presentó documentos que indican que Santofimio mantuvo su cercanía con el capo-terrorista hasta mediados de 1989, es decir unos meses antes del asesinato de Galán. Esto es importante porque la defensa de Santofimio aseguró que esa relación se había roto en el año 83 y la prueba aportada por la señora Vallejo indica que eso no es cierto.
Otro elemento probatorio es la dedicatoria de un libro, escrita por Santofimio, en la que habla específicamente de “nuestro Pablo”, refiriéndose al narcotraficante.
Sin embargo, el aporte más interesante de la entrevista tiene que ver con ‘Popeye’. En el monólogo (¿entrevista?), Vallejo dijo que de las 60 veces que se reunió con Pablo Escobar, por lo menos en 45 estaba ‘Popeye’ a pocos metros de distancia del capo.
Así mismo indicó que ‘Popeye’ era el jefe de sicarios de Escobar y que era uno de sus hombres de confianza, el cual, aunque no se sentaba a la mesa con el narcotraficante, si era importante en la estructura del cartel de Medellín.
Entonces, se pregunta la señora Vallejo, ¿porqué los generales Maza Márquez y Miguel Antonio Gómez Padilla tratan de degradar a ‘Popeye’?
Efectivamente esa es la pregunta que muchos se hacen, pues efectivamente ‘Popeye’ era cercano e importante para Pablo Escobar y, sin lugar a dudas, fue un testigo excepcional de las atrocidades y decisiones del capo-terrorista, de las reuniones que sostuvo y de lo que habló con políticos y empresarios que, como en cualquier Caguán, hacían peregrinación para entrevistarse con el jefe del cartel de Medellín.
No es comprensible que el general Gómez Padilla, director de la Policía Nacional en esos tiempos, cuya familia padeció la persecución de Escobar Gaviria, haya salido a desestimar a ‘Popeye’ como testigo contra Santofimio, supuestamente porque el jefe de sicarios de Escobar no tenía la importancia que se le ha atribuido en la estructura criminal del cartel de Medellín y de paso abrirle la puerta de la cárcel a Santofimio, pues las palabras de Gómez Padilla fueron retomadas, casi literalmente, por la Procuraduría para pedirle al juez que declare inocente al político tolimense.
Sin embargo, como la decisión no ha sido publicada, sería fundamental que el juez lea el libro titulado Vamos a matar a Galán, escrito por la abogada Maria Helena Triana, quien asistió a todas las audiencias públicas del caso, realizó grabaciones de los testimonios y analizó los puntos presentados por la defensa. Ella coincide con la señora Vallejo en que ‘Popeye’ era muy importante en la estructura del cartel de Medellín y por tal motivo, el testimonio del jefe de sicarios es creíble y de vital importancia para el proceso.
Así mismo, María Helena Triana analizó otros aspectos y en su libro presenta las inconsistencias de la defensa de Santofimio.
En otro orden de ideas, la segunda parte de las declaraciones de Virginia Vallejo son una puerta de esperanza para que se haga justicia en otros casos: la muerte de Rodrigo Lara, la participación de Escobar en la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de Enrique Low Murtra y el atentado en Budapest contra Enrique Parejo González, pues la señora Vallejo señaló que Alberto Santofimio presionó a Escobar para asesinar al ministro de Justicia de Belisario Betancur y también insinuó que posee información sobre la vinculación de Santofimio con los otros crímenes.
Ojalá la Fiscalía y el aparato judicial obren de manera más eficiente y eficaz para obtener esas declaraciones, reabrir los procesos e investigar la participación de ‘El Santo’ en esos delitos.
Claro que siempre quedará en el aire ese pesado aroma del oportunismo para publicitar el lanzamiento de un libro, y también estará la fetidez de ver, escuchar y leer las declaraciones de una persona que sabía demasiado y no hizo nada por aportar su testimonio a la justicia, pues sabía de la condena a Galán con seis años de anterioridad y guardó la información de la participación de Santofimio durante más de 15 años.