Bienes públicos en subasta

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

myances@msn.com

El lote de tierra existente entre el Fuerte del Pastelillo y la Calle Real de Manga, donde funcionó por muchos años la Electrificadora de Bolívar y hoy en día se encuentran ubicadas algunas oficinas de Electrocosta, será subastado este viernes 14 de septiembre en la ciudad de Bogotá.

La subasta la realizará el Banco Popular, por encargo del IPSE (Instituto de Planificación y promoción de soluciones energéticas para zonas no interconectadas) el antiguo ICEL, actual propietario, y el precio base es de 21 mil millones de pesos.

El lote en cuestión que en sus inicios perteneció al Municipio de Cartagena, fue vendido en 1961 a las Empresas Publicas Municipales de Cartagena, que en esa época prestaba también el servicio de energía eléctrica en la ciudad, y posteriormente en 1970, al Instituto Colombiano de energía eléctrica (ICEL) hoy IPSE.

En 1988 los terrenos fueron declarados como de Utilidad Pública por el Consejo Municipal de Cartagena, pero en 1997, por vencimiento de dicha declaratoria (pura decidía de nuestros gobernantes) se ordena su anulación, según el Art. 37 de la Ley 9 de 1989 que establece que “Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta un máximo de seis (6)…. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia.”

El cambio de uso de esa franja de tierra que bordea la Bahía de Cartagena era algo que la ciudadanía pedía a gritos de tiempo atrás. No es el sitio para patios, bodegas, u oficina de una empresa de energía eléctrica, se decía. No solo por aspectos de tipo urbanísticos (allí estuvo ubicada hace muchos años hasta una planta de generación térmica) sino por logística, y si se quiere por el mismo costo de la tierra.

Por lo tanto en buena hora el IPSE ha decidido deshacerse de esos terrenos, pero como es apenas lógico los vecinos del barrio se preguntan, ¿y qué construirán allí?

Si un inversionista se le mide a la subasta, lo hará con la intención de obtener el máximo de rentabilidad de él, y eso solo se logrará edificando. El temor por lo tanto, no es que se construya otra central térmica, eso ya no es negocio, y las normas no lo permitirían, si no que se levanten enormes torres de oficinas, comercio y/o vivienda multifamiliar que es lo que renta, y que de paso se tiren el Fuerte de El Pastelillo, la Marina del Club de Pesca y el barrio.

Los vecinos asociados en ASOMANGA han manifestado que “… el deseo primario de nuestra comunidad es la construcción de un parque auto sostenible, integrado armónicamente al amoblamiento urbano del Barrio”.

Lo mas expedito para evitar la consumación de esta nueva privatización del espacio público seria detener el remate mediante una orden del Ministerio de Minas y energía y/o Presidencial, y devolver el lote a su dueño original, pero no sobra la divulgación de normas urbanísticas (deben existir) que limiten su usufructo comercial, para desestimular la participación en la subasta, o que el Distrito lo adquiera, no a precios de la puja, sino declarándolo nuevamente de utilidad pública.

Interceptaciones: una orden de lo alto

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Hay actividades que en Colombia implican que en cualquier momento las conversaciones telefónicas sean escuchadas: políticos, funcionarios, periodistas y miembros de las Fuerzas Armadas son, entre muchos otros, los sectores más apetecidos por los que realizan esas interceptaciones.

A los periodistas, porque para el Estado resulta importante saber quién les está brindando la información que publican, lo que reduce las posibilidades de encontrar una fuente confiable que quiera hablar y arriesgar su nombre o su carrera en aras de contar una historia. Claro que ahora parece que las fuentes se compran con todo incluido: promociones de casetes y videos.

Los políticos, sobre todo en la actual coyuntura, porque evidentemente hay sospechas sobre la relación de unos con los paramilitares y de otros con las FARC y con el ELN. Además, la intención exclusiva y que ha convocado a varios sectores en torno al objetivo de derrocar a Uribe, el convocado y vigente Toconur, enciende las alarmas y en un juego político y de poderes hay que dominar la consecución de la información para neutralizar al adversario.

Tampoco los funcionarios escapan a estos monitoreos, pues las filtraciones sobre el seguimiento realizado a lo que está negociando el Gobierno con un sector violento (la interceptación de las llamadas de Luis Carlos Restrepo) o el monitoreo a la ex Canciller María Consuelo Araújo, además de motivos diferentes como la corrupción y el trabajo a dos bandas (les paga el Estado pero trabajan para otros) hacen que la paranoia produzca este tipo de situaciones.

Y ni hablar de las Fuerzas Armadas, la primera línea para enfrentar a los violentos, quienes de uno y otro lado los tientan para la adquisición de armas y para obtener información que permita realizar una operación exitosa.

Muchos se preguntan, ¿quién pudo ordenar las interceptaciones? La respuesta la pudo dar, en parte, el comentarista de El Espectador Ramiro Bejarano: “El sombrío y nada confiable mayor general Alonso Arango –él y su superior, el general Jorge Daniel Castro, saben por qué lo digo–…”

Pero hay otro indicio que vale la pena explorar: el control de la cúpula de la Policía, incluidos pagos procedentes de las arcas de la DEA, así como muchos de los modernos equipos que poseen y una lealtad muy fuerte por el apoyo recibido, hacen mirar a la embajada de los Estados Unidos, interesada en monitorear a todos los sectores claves de la sociedad colombiana, por lo cual, desde la avenida El Dorado pudo provenir la orden a través de la oficina de enlace de la Dirección General con la Embajada, para que se hiciera el trabajo de interceptación y seguimiento.

Si la orden proviniera del Gobierno, algunos de sus altos funcionarios (la entonces Canciller y el Comisionado de paz, por lo pronto) no habrían sido monitoreados, pues es de suponer que en un Gobierno que supuestamente es controlado al milímetro por el Presidente, se sabe en qué anda cada alto dignatario.

Ciertamente algunos miembros de la Policía podrían tener motivos para esos monitoreos, sobre todo por la información que les podría servir para sus carreras y para el futuro de la Institución: pero entonces la división política que existía en la cúpula hubiese evitado esta situación, por lo menos en el campo de la política, fueran gobiernistas u opositores los monitoreados.

Si todo esto resultara cierto, no sabremos en el corto plazo quién dio la orden, pues el entramado es tan complejo que los reportes de actividad aparecen sin destinatario y esa es una de las características que tienen los informes de inteligencia que ordenan y llegan a la Embajada de los Estados Unidos.

E independientemente de lo legal o lo ilegal que sean, lo cierto es que el gobierno norteamericano tiene serios intereses en conocer las andanzas de los funcionarios gubernamentales, de los políticos de la oposición y sobre todo, de los militares y policías que reciben los recursos provenientes de ese país.

De cualquier manera, los límites entre las labores de inteligencia y la ilegalidad son bien delgados, e incluso para muchos la inteligencia la tienen que hacer personas del más alto valor y honradez, pues la línea entre lo legal y lo ilegal la tienen que cruzar con frecuencia.

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