Hay actividades que en Colombia implican que en cualquier momento las conversaciones telefónicas sean escuchadas: políticos, funcionarios, periodistas y miembros de las Fuerzas Armadas son, entre muchos otros, los sectores más apetecidos por los que realizan esas interceptaciones.
Los políticos, sobre todo en la actual coyuntura, porque evidentemente hay sospechas sobre la relación de unos con los paramilitares y de otros con las FARC y con el ELN. Además, la intención exclusiva y que ha convocado a varios sectores en torno al objetivo de derrocar a Uribe, el convocado y vigente Toconur, enciende las alarmas y en un juego político y de poderes hay que dominar la consecución de la información para neutralizar al adversario.
Tampoco los funcionarios escapan a estos monitoreos, pues las filtraciones sobre el seguimiento realizado a lo que está negociando el Gobierno con un sector violento (la interceptación de las llamadas de Luis Carlos Restrepo) o el monitoreo a la ex Canciller María Consuelo Araújo, además de motivos diferentes como la corrupción y el trabajo a dos bandas (les paga el Estado pero trabajan para otros) hacen que la paranoia produzca este tipo de situaciones.
Y ni hablar de las Fuerzas Armadas, la primera línea para enfrentar a los violentos, quienes de uno y otro lado los tientan para la adquisición de armas y para obtener información que permita realizar una operación exitosa.
Pero hay otro indicio que vale la pena explorar: el control de la cúpula de la Policía, incluidos pagos procedentes de las arcas de la DEA, así como muchos de los modernos equipos que poseen y una lealtad muy fuerte por el apoyo recibido, hacen mirar a la embajada de los Estados Unidos, interesada en monitorear a todos los sectores claves de la sociedad colombiana, por lo cual, desde la avenida El Dorado pudo provenir la orden a través de la oficina de enlace de la Dirección General con la Embajada, para que se hiciera el trabajo de interceptación y seguimiento.
Si la orden proviniera del Gobierno, algunos de sus altos funcionarios (la entonces Canciller y el Comisionado de paz, por lo pronto) no habrían sido monitoreados, pues es de suponer que en un Gobierno que supuestamente es controlado al milímetro por el Presidente, se sabe en qué anda cada alto dignatario.
Si todo esto resultara cierto, no sabremos en el corto plazo quién dio la orden, pues el entramado es tan complejo que los reportes de actividad aparecen sin destinatario y esa es una de las características que tienen los informes de inteligencia que ordenan y llegan a la Embajada de los Estados Unidos.