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viernes, 24 de agosto de 2007

La gran falacia

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Aprendí que una vez que las personas toman partido en una causa, usualmente por consideraciones emotivas u obedeciendo intereses egoístas, es prácticamente imposible por mas contundente que sean los argumentos esgrimidos, hacerle cambiar de posición.

Lo digo porque tratando de presentar ideas y nuevos puntos de vista sobre la problemática nacional, e imaginándome que la izquierda también era democrática, pluralista y tolerante, me tomé el atrevimiento de meterme en un foro de correos electrónicos que replica columnas de opinión que controvierten y atacan al gobierno, y que invadían el mío con mas de 20 correos al día.

La reacción fue inmediata, “que ese era un órgano de oposición y no le daban cabida a mis opiniones”. Ni más ni menos que la información, y la opinión, tomadas como un arma para obtener un fin, y por lo tanto carente de objetividad. Seguí haciéndolo, hasta que el director cayó en cólera y me sacó de su lista de correo (deje de recibir spams) y bloqueó del todo mis opiniones.

Por la beligerancia del director, no me queda ninguna duda que es menos peligroso atacar al gobierno que defenderlo, y mucho menos peligroso que atacar a la izquierda. Esa de por si podría ser una explicación –además del morbo nacional- de que sean más los que a través de la columnas de opinión atacan al gobierno; y de ahí también el temor de nosotros, de que la izquierda beligerante e intolerante –no toda lo es- llegue al poder.

Ha sido una experiencia interesante que me permitió entender que precisamente quienes mas se quejan de la democracia, la falta de pluralismo y la libertad de expresión, sean quienes menos respetan esos principios; y eso denota simplemente que sus posiciones ideológicas son tan frágiles, que tienen que convertirlas en actos de fe.

Lo que ningún jurista podrá explicar (ese era el tema) y nadie podrá entender, es que un mismo hecho delictivo resulte menos grave cuando se usa para derrocar un Estado (delito político) que cuando se hace para defenderlo. Es como si fuera más grave defender la propia vida, la honra y los bienes, que tratar de quitárselo a los demás; o como si fuera menos grave invadir países, que la defensa que de él hagan sus nacionales.

En su columna del sábado 18 de agosto en EL TIEMPO, Carlos Gaviria intenta explicarlo en los siguientes términos: “Esa tradición occidental que tiene en la revolución francesa un hito inocultable -se refiere al delito político- contradijo la mentalidad prevalerte hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave hecho pensable. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.” Lo que a mi entender significa, que acabar con el delito político es volver a la divinidad de los gobernantes.

Absurda tesis en esta época. Más razonable es, que quienes quieran tumbar al gobierno por la vía de las armas, se expongan al riesgo de ser derrotados y juzgados, si no por la rebelión en sí, por los crímenes que cometan. Eso desestimularía los levantamientos armados, mientras que los beneficios del delito político, los está estimulando.

Si los alzados en armas logran tumbar el gobierno, en la práctica ellos serán la nueva ley, pero si ni lo tumban, ni son derrotados, entonces en los diálogos de paz se tienen que crear las nuevas leyes que surgen de los acuerdos.

La rebelión en sí, es consecuencia del derecho a disentir y puede ser tratado con benevolencia, Un buen ejemplo de esta teoría de la rebelión, son los movimientos que fundamentan su accionar en acciones populares de gran espectacularidad, tipo Robin Hood, El Zorro, o el M19 en sus inicios. Pero la lucha armada involucra acciones de guerra en las que inevitablemente, se lesionan el DIH.

jueves, 14 de junio de 2007

El propósito: desincentivar la inversión

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Dos noticias económicas, publicadas hace pocos días, resultan interesantes para entender que en Colombia la oposición no aporta al fortalecimiento de las debilidades del Estado, sino que apunta sus armas a tratar de debilitar las fortalezas actuales.

La primera información da cuenta de los países de Latinoamérica más atractivos para invertir en infraestructura. Según el informe de World Economic Forum, titulado “Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure”, Chile, Brasil y Colombia son los países más atractivos para la inversión privada en infraestructura de América Latina.

En el índice aparece en primer lugar Chile, seguido de Brasil, Colombia y Perú, países que según el informe, “tienen un fuerte desarrollo en estabilidad económica, facilidad de acceso a la información, desarrollo de mercados financieros y aptitud del gobierno para la inversión privada, entre otros puntos”.

Señala el informe además, que “el factor común entre estos tres países es que sus gobiernos y emprendedores se encuentran frente a un desafío de ejecución e innovación, para resolver las barreras específicas de cada país y lograr un incremento en el flujo de proyectos exitosos".

Al otro lado del espectro, dice el mismo estudio, están Argentina, Bolivia y Venezuela, pues las condiciones generales de inversión son pobres, debido, entre otros factores, al clima desfavorable para la inversión en general. Además, puntualiza, “el uso de la inversión privada para proveer bienes públicos en los años recientes es limitado”.

Este es uno de los tantos indicadores que sitúan a Colombia como un país interesante para la inversión, con unas reglas del juego que han mejorado y con una disminución en la percepción de riesgo político.

Pero justamente es a esas fortalezas a las que la oposición está disparando su andanada internacional. La ingenuidad podría llevar a muchos a pensar que la intención de las acciones de la oposición en el exterior tienen que ver con un verdadero deseo de mejorar la situación interna del país. Pero los hechos demuestran que ese propósito no está en la agenda de Petro y compañía.

Lo que si está en esa agenda, y resaltado, es golpear la percepción de la disminución del riesgo político, mostrando el bochornoso escándalo de la para-política como si en Colombia gobernara y tomaran las decisiones el narcotráfico y los violentos de derecha.

Además, cuando internacionalmente se responde sobre la ausencia de críticas al otro sector violento, las FARC, y se pide a gritos en el exterior la verdad COMPLETA y no parcializada como la que promueve Petro, se termina fortaleciendo la estrategia de la oposición, pues la apariencia es que en Colombia se está dando un debate entre dos carteles de la droga: el de los paramilitares y el de las FARC y eso obviamente aumenta la percepción negativa del riesgo político.

La segunda noticia tiene que ver justamente con los beneficios que trae la inversión para una nación. Una noticia de Dow Jones Newswires indica que la inversión extranjera que llegó a Costa Rica en 2006, permitió la creación de 5.600 nuevos empleos, como consecuencia de la instalación de por lo menos 27 empresas que invirtieron en el país centroamericano cerca de 412 millones de dólares.

La mayor parte de esos nuevos empleos corresponden a los sectores de alta tecnología y son muy bien remunerados, pues la mayoría de las nuevas inversiones extranjeras en Costa Rica pertenecen a los sectores de servicios especializados en software, centros de contacto como PeopleSupport, dispositivos médicos y consultoría para el cumplimiento de regulaciones.

Y no es que en Costa Rica todo esté solucionado. Por el contrario: su infraestructura de transporte es débil, no existe aún una definición sobre el futuro de las zonas francas y está retrasada la ratificación del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos, lo que afecta, según el informe, la llegada de proyectos de mayor tamaño en los sectores de manufactura.

Resulta evidente que la inversión genera empleo, y que ese es el primer objetivo de una economía, pues repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Sin embargo, cosa curiosa, es justamente la posibilidad de esa inversión la que están atacando los opositores colombianos, lo que significa que el golpe finalmente es recibido por aquellos que no tendrán acceso a los empleos y por ende al bienestar que trae consigo la inversión.

No hay que apartarse del hecho de que la inversión no es perfecta, que trae consecuencias, a veces nefastas, para el medio ambiente y para algunas comunidades, pero es justamente en esos puntos que la oposición debería trabajar, no para obstaculizar sino para buscar fórmulas de solución y promover normas que permitan frenar o disminuir esas consecuencias negativas y así permitir que los ciudadanos tengan una mejor posibilidad de empleo y bienestar.

Referencia:
El informe Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure.