Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso
La Corte Suprema de Justicia en jaque por las denuncias de un paramilitar. Alberto Santofimio Botero condenado a 24 años de cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Un referendo para consultar la posibilidad de un tercer periodo presidencial. Un Presidente, “vestido de tigre”, liándose con todas las fieras de la selva política y antidemocrática colombiana.
Lo anterior podría ser el resumen de una agitada quincena en lo judicial y en lo político. A todo esto se une otra “novedosa” propuesta de adoptar el sistema parlamentario para Colombia.
De todo el episodio de la Corte Suprema de Justicia quedan dos temas que resulta importante plantear: el primero es determinar cuál Magistrado es el superior jerárquico del auxiliar Iván Velásquez. Esto, porque el actual Presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete indicó, en una entrevista en CM&, que los magistrados auxiliares cumplen órdenes y están bajo la supervisión de un Magistrado titular y por lo tanto, cada acción que emprenden es coordinada por uno de los jueces supremos de esa Corte.
Así las cosas, según el propio Presidente de la CSJ, Velásquez estaba acatando órdenes y por lo tanto, de resultar comprobada la denuncia de alias ‘Tasmania’, será importante determinar quién fue el autor intelectual de la aparente conjura contra Álvaro Uribe Vélez.
El segundo punto para plantear tiene que ver con la vinculación de la Fiscalía General de la Nación en todo este caso. La Fiscal Ana Gutiérrez de Medellín fue la que acompañó al auxiliar Velásquez a entrevistarse con alias ‘Tasmania’.
Sin embargo, es la misma Fiscalía la que tiene que investigar, entre otras, a la Fiscal de Medellín y resulta sospechoso, por lo menos, que el mismo ente sea investigador e investigado. ¿Quién garantiza que dichas pesquisas no se sesguen a favor de los funcionarios de la Fiscalía?
Así mismo hay que considerar las influencias de los involucrados: Velásquez tuvo un alto cargo en la Fiscalía de Antioquia. La Fiscal Gutiérrez actúa como una de las máximas funcionarias del ente investigador en el mismo departamento. ¿Alguien de la Fiscalía General se atreverá a señalar a estos dos personajes que evidencian una enorme influencia en el organismo? Es más: como efectivamente Velásquez tiene un “pez gordo” como su superior, nadie puede pensar que su poder en el sistema judicial sea poco, pues se sabe de las enormes influencias que se requieren para llegar a ese cargo… ¿será que semejante poder no intimida a cualquier investigador de la Fiscalía?
Son temas que se deben aclarar, pues de plano la investigación puede interpretarse como sesgada, cualquiera sea el resultado, y pone en evidencia la debilidad del poder judicial para autorregularse e investigarse. A lo anterior se suma la conducta de prejuzgar de algunos magistrados de la CSJ frente a la petición de Uribe. Resulta espantoso lo que ha ocurrido: la Corte ya exculpó a su funcionario por ser miembro de la camarilla, sin importar la existencia de dos testimonios en contra del auxiliar e indirectamente en contra de su jefe en la sombra.
Y no vale el argumento de que Velásquez es un ciudadano ejemplar mientras que ‘Tasmania’ es paramilitar, pues básicamente el proceso de la para-política se está estructurando a partir de declaraciones de criminales y delincuentes confesos y condenados como Rafael García, a quien si bien es cierto no hay que darle credibilidad por las contradicciones que ha mostrado a lo largo de sus testimonios, si debe constituirse en el ejemplo de criterio para considerar las declaraciones de criminales confesos. ¿O es que ‘Tasmania’, por involucrar a un funcionario judicial, carece de credibilidad?
¡Por fin Santofimio fue condenado!
Aunque en la realidad la condena de Alberto Santofimio será mínima por cuestiones de la edad, lo cierto es que la decisión del juez es un triunfo para Colombia en cuanto al combate contra la impunidad.
Y eso a pesar de las presiones de Liliana de Santofimio, quien se dedicó a visitar a los testigos clave del proceso, quienes efectivamente cedieron y terminaron por declarar a favor del acusado. Esas declaraciones, como ya lo dijimos, fueron utilizadas textualmente por la Procuraduría para pedir la absolución del ahora condenado.
Falta ver si aquellos que declararon a favor de Santofimio, los generales retirados Miguel Antonio Gómez Padilla y Octavio Vargas Silva van a ser investigados.
Es que la Fiscalía debe aclarar los hechos, pues coincidencialmente uno de esos generales comandaba la Institución cuando fue asesinado Luis Carlos Galán, y es bueno recordar que fueron dos oficiales de la Policía (los generales Maza Márquez y Peláez Carmona) los señalados en su momento por la desviación de las pesquisas. Lo cierto es que sería sano para Colombia que también fueran investigados estos y otros uniformados para establecer su inocencia o culpabilidad en la conspiración contra Galán Sarmiento.
Re-re-no
Últimamente el partido de la U está muy creativo y de su congreso ideológico salió la propuesta para convocar un referendo a fin de abrir la posibilidad de un tercer periodo presidencial.
Más allá del momento, más allá de cerrar las puertas a los simpatizantes del terrorismo y a los parásitos del Estado que se han pensionado siendo apenas unos niños; es importante pensar en el cambio estructural que eso implica.
Doce años en el poder serían suficientes para que un Petro, o un Garzón, o un Borja acabaran con el país… si Lucho deterioró a Bogotá en solo cuatro años, ¿qué podrían hacer en 12 con Colombia?
Así las cosas, el asunto debe ser revisado a largo plazo, pues Chávez no ha necesitado de todo ese tiempo para llevar a Venezuela a la deplorable situación que padece, y en menos años se pudo posicionar como el dictador de izquierda más rico del mundo.
De otro lado, la U demuestra con la propuesta que no ve en el panorama de sus militantes, a un líder capaz de proyectarse como un verdadero sucesor del Presidente y por tal motivo, busca afianzar en el poder a la figura de Uribe. ¡Craso error! Pues el uribismo debe ser considerado como un proyecto político al que se le debe ofrecer un largo aliento desde sus toldas, y no un asunto coyuntural y personalista que no contribuye en nada a la democracia.
“Vestido de tigre”
Uribe se lió en sendas batallas con sus más enconados difamadores. Sin embargo, la oposición salió a acusar al Presidente de no soportar las críticas ni a los contradictores.
Pero aquí hay que hacer una diferencia: las críticas se centran en acciones y son opiniones sobre la gestión e incluso sobre las actitudes de una persona (en este caso del Presidente).
Otra cosa es la calumnia, la difamación y la condena sumaria que desde las columnas hacen algunos profesionales del odio, como el caso de Daniel Coronell, Felipe Zuleta, María Jimena Duzán, Ramiro Bejarano o Gonzalo Guillén.
Es que estos y otros personajes de la “opinión” nacional, están haciendo carrera y obteniendo premios a partir de las injurias (paramilitar, hijo de narco, amigo de Escobar, de César Villegas, de Mancuso, promotor de asesinatos,etc.) que se constituyen en juicios sobre conductas tipificadas en el Código Penal y que repercuten de inmediato en la situación política del país.
A esos profesionales del odio se les perdió la brújula sobre la diferencia entre opinión y una colección de juicios condenatorios, queriendo suplantar a la justicia y abusando de la credibilidad que les otorga el público: esos, tarde o temprano, recibirán la antipatía del público y la condena al exilio de los medios de comunicación, salvo que presentaran pruebas concretas para someterlas a la justicia y no simples reciclajes de varios libros escritos por el mismo autor, o artículos de prensa que después del escrutinio judicial solo quedaron como anécdotas rectificadas que solo apuntaron a dañar la honra de un individuo: a ellos los espera el olvido y el desprecio… nada más.
La Corte Suprema de Justicia en jaque por las denuncias de un paramilitar. Alberto Santofimio Botero condenado a 24 años de cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Un referendo para consultar la posibilidad de un tercer periodo presidencial. Un Presidente, “vestido de tigre”, liándose con todas las fieras de la selva política y antidemocrática colombiana.
Lo anterior podría ser el resumen de una agitada quincena en lo judicial y en lo político. A todo esto se une otra “novedosa” propuesta de adoptar el sistema parlamentario para Colombia.
De todo el episodio de la Corte Suprema de Justicia quedan dos temas que resulta importante plantear: el primero es determinar cuál Magistrado es el superior jerárquico del auxiliar Iván Velásquez. Esto, porque el actual Presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete indicó, en una entrevista en CM&, que los magistrados auxiliares cumplen órdenes y están bajo la supervisión de un Magistrado titular y por lo tanto, cada acción que emprenden es coordinada por uno de los jueces supremos de esa Corte.
Así las cosas, según el propio Presidente de la CSJ, Velásquez estaba acatando órdenes y por lo tanto, de resultar comprobada la denuncia de alias ‘Tasmania’, será importante determinar quién fue el autor intelectual de la aparente conjura contra Álvaro Uribe Vélez.
El segundo punto para plantear tiene que ver con la vinculación de la Fiscalía General de la Nación en todo este caso. La Fiscal Ana Gutiérrez de Medellín fue la que acompañó al auxiliar Velásquez a entrevistarse con alias ‘Tasmania’.
Sin embargo, es la misma Fiscalía la que tiene que investigar, entre otras, a la Fiscal de Medellín y resulta sospechoso, por lo menos, que el mismo ente sea investigador e investigado. ¿Quién garantiza que dichas pesquisas no se sesguen a favor de los funcionarios de la Fiscalía?
Así mismo hay que considerar las influencias de los involucrados: Velásquez tuvo un alto cargo en la Fiscalía de Antioquia. La Fiscal Gutiérrez actúa como una de las máximas funcionarias del ente investigador en el mismo departamento. ¿Alguien de la Fiscalía General se atreverá a señalar a estos dos personajes que evidencian una enorme influencia en el organismo? Es más: como efectivamente Velásquez tiene un “pez gordo” como su superior, nadie puede pensar que su poder en el sistema judicial sea poco, pues se sabe de las enormes influencias que se requieren para llegar a ese cargo… ¿será que semejante poder no intimida a cualquier investigador de la Fiscalía?
Son temas que se deben aclarar, pues de plano la investigación puede interpretarse como sesgada, cualquiera sea el resultado, y pone en evidencia la debilidad del poder judicial para autorregularse e investigarse. A lo anterior se suma la conducta de prejuzgar de algunos magistrados de la CSJ frente a la petición de Uribe. Resulta espantoso lo que ha ocurrido: la Corte ya exculpó a su funcionario por ser miembro de la camarilla, sin importar la existencia de dos testimonios en contra del auxiliar e indirectamente en contra de su jefe en la sombra.
Y no vale el argumento de que Velásquez es un ciudadano ejemplar mientras que ‘Tasmania’ es paramilitar, pues básicamente el proceso de la para-política se está estructurando a partir de declaraciones de criminales y delincuentes confesos y condenados como Rafael García, a quien si bien es cierto no hay que darle credibilidad por las contradicciones que ha mostrado a lo largo de sus testimonios, si debe constituirse en el ejemplo de criterio para considerar las declaraciones de criminales confesos. ¿O es que ‘Tasmania’, por involucrar a un funcionario judicial, carece de credibilidad?
¡Por fin Santofimio fue condenado!
Aunque en la realidad la condena de Alberto Santofimio será mínima por cuestiones de la edad, lo cierto es que la decisión del juez es un triunfo para Colombia en cuanto al combate contra la impunidad.
Y eso a pesar de las presiones de Liliana de Santofimio, quien se dedicó a visitar a los testigos clave del proceso, quienes efectivamente cedieron y terminaron por declarar a favor del acusado. Esas declaraciones, como ya lo dijimos, fueron utilizadas textualmente por la Procuraduría para pedir la absolución del ahora condenado.
Falta ver si aquellos que declararon a favor de Santofimio, los generales retirados Miguel Antonio Gómez Padilla y Octavio Vargas Silva van a ser investigados.
Es que la Fiscalía debe aclarar los hechos, pues coincidencialmente uno de esos generales comandaba la Institución cuando fue asesinado Luis Carlos Galán, y es bueno recordar que fueron dos oficiales de la Policía (los generales Maza Márquez y Peláez Carmona) los señalados en su momento por la desviación de las pesquisas. Lo cierto es que sería sano para Colombia que también fueran investigados estos y otros uniformados para establecer su inocencia o culpabilidad en la conspiración contra Galán Sarmiento.
Re-re-no
Últimamente el partido de la U está muy creativo y de su congreso ideológico salió la propuesta para convocar un referendo a fin de abrir la posibilidad de un tercer periodo presidencial.
Más allá del momento, más allá de cerrar las puertas a los simpatizantes del terrorismo y a los parásitos del Estado que se han pensionado siendo apenas unos niños; es importante pensar en el cambio estructural que eso implica.
Doce años en el poder serían suficientes para que un Petro, o un Garzón, o un Borja acabaran con el país… si Lucho deterioró a Bogotá en solo cuatro años, ¿qué podrían hacer en 12 con Colombia?
Así las cosas, el asunto debe ser revisado a largo plazo, pues Chávez no ha necesitado de todo ese tiempo para llevar a Venezuela a la deplorable situación que padece, y en menos años se pudo posicionar como el dictador de izquierda más rico del mundo.
De otro lado, la U demuestra con la propuesta que no ve en el panorama de sus militantes, a un líder capaz de proyectarse como un verdadero sucesor del Presidente y por tal motivo, busca afianzar en el poder a la figura de Uribe. ¡Craso error! Pues el uribismo debe ser considerado como un proyecto político al que se le debe ofrecer un largo aliento desde sus toldas, y no un asunto coyuntural y personalista que no contribuye en nada a la democracia.
“Vestido de tigre”
Uribe se lió en sendas batallas con sus más enconados difamadores. Sin embargo, la oposición salió a acusar al Presidente de no soportar las críticas ni a los contradictores.
Pero aquí hay que hacer una diferencia: las críticas se centran en acciones y son opiniones sobre la gestión e incluso sobre las actitudes de una persona (en este caso del Presidente).
Otra cosa es la calumnia, la difamación y la condena sumaria que desde las columnas hacen algunos profesionales del odio, como el caso de Daniel Coronell, Felipe Zuleta, María Jimena Duzán, Ramiro Bejarano o Gonzalo Guillén.
Es que estos y otros personajes de la “opinión” nacional, están haciendo carrera y obteniendo premios a partir de las injurias (paramilitar, hijo de narco, amigo de Escobar, de César Villegas, de Mancuso, promotor de asesinatos,etc.) que se constituyen en juicios sobre conductas tipificadas en el Código Penal y que repercuten de inmediato en la situación política del país.
A esos profesionales del odio se les perdió la brújula sobre la diferencia entre opinión y una colección de juicios condenatorios, queriendo suplantar a la justicia y abusando de la credibilidad que les otorga el público: esos, tarde o temprano, recibirán la antipatía del público y la condena al exilio de los medios de comunicación, salvo que presentaran pruebas concretas para someterlas a la justicia y no simples reciclajes de varios libros escritos por el mismo autor, o artículos de prensa que después del escrutinio judicial solo quedaron como anécdotas rectificadas que solo apuntaron a dañar la honra de un individuo: a ellos los espera el olvido y el desprecio… nada más.
