Trabas a la ley

En los días de recolección de basuras es usual -y desagradable- encontrar personas con carretillas rompiendo bolsas, y derramando su contenido, tras material que pueda ser vendido a las empresas recicladoras.

En los días de recolección de basuras es usual -y desagradable- encontrar personas con carretillas rompiendo bolsas, y derramando su contenido, tras material que pueda ser vendido a las empresas recicladoras.

Y uno se pregunta ¿cómo hay personas capaces de llevarse parte de nuestros desechos sin cobrar nada, mientras las empresas de recolección de basura se enriquecen por botarlas? ¿Por qué para los primeros los desechos son útiles, y para las segundas no? ¿Por qué no facilitarles el trabajo separándolos en tanques? y ¿cómo no se les ha ocurrido a los gobernantes (alcaldías en todo el país) organizarlos en cooperativas, capacitarlos y trasladarles a ellos una parte significativa de los dineros con que remuneramos a las empresas de aseo?

Por tomar un ejemplo, en sólo dos edificios contiguos (26 y 30 apartamentos) se le paga a la empresa de aseo (incluido el componente redistributivo pero excluyendo el barrido de calles) casi dos millones de pesos mensuales. El carro sólo tiene que hacer dos paradas y vaciar en cada una, 3 ó 4 tanques semivacíos, porque cuando llegan, los recicladores ya se han llevado una gran parte sin cobrar nada.

Aquí hay una doble injusticia. La primera con los recicladores cuyo trabajo es más pesado y no se les remunera; y la segunda con los edificios que pagan por la recolección en un solo punto.

La ley que pretende remediar la segunda (de la primera nadie se ocupa) la complican tanto en su aplicación que resulta inoperante. Pero si se atendieran todos los requisitos exigidos por las empresas (uno de ellos la separación de los desechos en el origen) resultaría que lo que les correspondería recoger -porque no se lo han llevado antes los recicladores- puede ser triturado en los apartamentos y vaciados a la alcantarilla.

La exigencia se percibe como trabas a la ley, porque por mucho que nosotros separemos los desechos, sin los recicladores, terminarán mezclándolos nuevamente en el camión y en el relleno sanitario.

En otras palabras, la empresa ha colocado unos requisitos inadmisibles para burlar la ley y así proteger sus ingresos. Tan absurdos que si se pudieran cumplir, ya no serian necesarias: con los recicladores bastaría, y a ellos deberíamos pagarles (imaginémonos lo que valorarán un ingreso por un trabajo que hoy en día no es remunerado). Una curiosa forma de auto exterminio empresarial.

Separar los desechos en el origen, es transferir parte del proceso a las familias, que esperarían alguna remuneración o incentivo por hacerlo. No basta -si la plusvalía se la apropia otro- saber que es para facilitar el trabajo de los recicladores, más necesitados. Recoger todos los desechos en un solo punto es otra cosa, y es lo que origina por Ley el descuento. No enredemos.

La verdad es que casi todo lo que desecharnos es útil, tiene valor, puede ser procesado y transformado nuevamente en bienes de consumo: tanto el material inorgánico que es la mayor parte (papel, cartón, botellas, bolsas, latas, entre otras), como el orgánico (frutas, verduras, granos, etc.), con el que se producen abonos, más saludables y mejor pagados que los químicos. En su buen aprovechamiento debería estar la verdadera rentabilidad de los operadores.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. Especial para Atrabilioso.
myances@msn.com

La batalla verbal

Sería apresurado decir que estamos viviendo la batalla final entre los sectores totalitarios y el uribismo. Sin embargo, no se puede pasar por alto que se revive con más fuerza la coalición del Toconur (todos contra Uribe), con un ingrediente adicional que quedó en evidencia: el sesgo de la Corte Suprema de Justicia. Las frases que se lanzaron en esta batalla, cuan si fueran el último mortero de un feroz combate, resultan esclarecedoras para aproximarse a las intenciones de uno y otro bando.

Primera escaramuza: La rueda de prensa del Presidente

Contra el partido Liberal y su jefe único

"Yo le pregunto a los gobiernos del oficialismo liberal ¿qué responsabilidad han asumido ellos ante el país por el crecimiento de la guerrilla y los paramilitares?".

"Un gobierno del oficialismo liberal que hoy se atreve a decir que este gobierno no tiene autoridad moral, se alío con los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) para perseguir a Pablo Escobar”.

"Me van a decir a mí que no tengo autoridad moral para presentar la reforma política y la reforma a la justicia cuando en el gobierno se han desmontado los paramilitares y se ha debilitado la guerrilla. Me van a decir a mí eso quienes de verdad no tienen autoridad moral ".

Arremetida contra el magistrado Iván Velásquez y Gustavo Petro

"Lo que hay es una reacción contra el tráfico de testigos. A mi lo que me preocupa es que pareciera que pasa inadvertido que un magistrado de la Corte haga tráfico con testigos y se emborrache con ellos. Dónde en el mundo democrático se ve que los juristas de una Corte se emborrachen con los testigos; no se puede quedar el país tranquilo con esto"..

"Este Gobierno con la política de seguridad democrática ha dado confianza para que se señale a los delincuentes, pero de allí al tráfico de testigos no podemos pasar".

Artillería contra las pretensiones de llevar a Uribe ante la CPI

"Van a denunciar al Gobierno que puso en práctica la política de seguridad democrática, al Gobierno que ha desmontado el patramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere".

Segunda escaramuza: Uribe vs Cristo

Casa de Nariño expidió un comunicado en el que se destaca lo siguiente:

"El Senador del Partido liberal, Juan Fernando Cristo, debe decir con claridad si entregó o no dineros a campañas políticas para las elecciones parlamentarias de 1991. El sabe porque se le pregunta".

Juan Fernando Cristo respondió con internacionalizar el “conflicto”:

“He solicitado audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos, la Unión Interparlamentaria Mundial, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, el Parlamento Europeo, la Internacional Socialista, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino y organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos y Europa".

Tercera escaramuza: Liberales con César Gaviria como mariscal de campo.

“Las temerarias acusaciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que como lo señala el ex presidente, constituyen más un mecanismo de distracción.”

“Rechaza también los calumniosos señalamientos que el señor Presidente hizo en contra del senador Juan Fernando Cristo, y entiende esta actitud como un intento de callar un partido.”

“Desde la propia Presidencia de la República, y desde hace varios meses, se teje un siniestro complot contra la Corte”.

Gaviria defiende lo indefendible: la transparencia de la Constituyente del 91

“Si la Constituyente votó en contra de la tesis del gobierno no fue por influencia del narcotráfico, sino porque la mayoría ciudadana compró la tesis de que el terrorismo era igual a extradición”. “La Constitución del 91 tiene un origen limpio en sus decisiones, el Presidente no lo va enlodar con sus rabietas.”

Cuarta escaramuza: Iván Velásquez, el juez que prejuzga

“Lo que se pretende es sembrar un manto de dudas sobre los testigos”.

Medio siglo no es casi nada

Me levanto un día por la mañana y miro la prensa, aparece anunciada una columna de Eduardo Posada Carbó: ¿Por qué no conmemoramos, como se debería, el regreso a la democracia?. No tengo tiempo de leerla. Sólo me queda el interrogante: ¿de qué hablará este tipo? Pasan muchas horas, por fin puedo dedicar un rato a la prensa, abro de nuevo El Tiempo y me encuentro el titular, que ya se me había olvidado. ¿De qué hablará este tipo?

Cierto escritor decía, palabras más, palabras menos, que a cada persona la define una sola idea, alrededor de la cual se construye su vida. En el caso de ese autor esa idea se puede resumir en esto: "No debemos considerar nuestra sociedad ni nuestras instituciones como de por sí dañadas y viciadas sino como parte de una tradición respetable". En ese afán de encontrar una mirada ni agónica ni trágica sobre la vida colombiana, la posesión de Alberto Lleras hace cincuenta años es descriptible como un retorno a la democracia.

¿Por qué no lo conmemoramos? ¿Por qué no se me ocurre que su artículo puede tratar de eso? Mejor dicho, ¿por qué ese retorno a la democracia no resulta interesante para nadie más? El wishful thinking, que yo llamo "razón deseante", que es el fondo de la idea central del pensamiento de Posada Carbó, conduce a forzar la realidad: ¿qué retorno a la democracia era ése?

Durante la primera mitad del siglo se habían formado unas elites de poder encarnadas en los dos grandes partidos; el enfrentamiento larvado y reducido a las zonas rurales estalló tras la elección de Ospina Pérez gracias a la división liberal, la cual a su vez era expresión del descontento de las mayorías con la elite gobernante. En medio del caos sangriento de las presidencias de Laureano Gómez y Urdaneta algunos sectores de esas elites encargaron a un militar el control de la situación: tras los acuerdos entre quienes habían llevado al país a la violencia se consideró que se podía prescindir del dictador y se agitó un poco a las bases urbanas. Ése fue todo el retorno a la democracia: las elites renunciaron al enfrentamiento sanguinario al precio de repartirse los puestos.

Tampoco es que se pueda despachar a la ligera el Frente Nacional: la violencia entre liberales y conservadores cesó, las libertades se garantizaron y hubo muchos progresos. A fin de cuentas la democracia son las formas, y el país en 1960 estaba mucho mejor que una década antes. En apariencia el experimento era bueno, y mienten quienes aseguran que se excluía a quienes no pertenecieran a los grandes partidos: Alfonso López obtuvo muchísimos votos llevando como compañero a la cámara al líder agrario comunista Juan de la Cruz Varela. La queja por la exclusión de otros partidos, típico argumento de propaganda de la izquierda comunista, pasa por alto que más del 95 por ciento de los que participaron en el plebiscito de diciembre de 1957 aprobaron el nuevo régimen, a pesar de la oposición de los comunistas y de la derecha radical, como se explica en este escrito de Eduardo Pizarro.

Lo que le daba legitimidad democrática al Frente Nacional era que no se perseguía a la oposición política, la cual se mantuvo activa durante todo el período: primero en el Movimiento Revolucionario Liberal de López Michelsen, después en el Frente Unido de Camilo Torres y al final en la Anapo. Pero una cosa es que la democracia son las formas y otra que se las pueda reemplazar por una ilusión óptica, por un trampantojo. Las formas democráticas implican que quien gana las elecciones gobierna, si eso no ocurre, no hay democracia. Esa falsedad del sistema, la nula disponibilidad de las elites de poder a entregarlo a un bando de oposición que ganara las elecciones, fue denunciada por Camilo Torres con la famosa frase "el que escruta elige". Peor, en las elecciones de 1970 se confirmaron los temores del sacerdote. (Es muy curioso que Pizarro, miembro en su día de la guerrilla cuyo pretexto fue ese fraude, no lo mencione en su balance del Frente Nacional.)

Es muy curioso enterarse de que la guerrilla del ELN surgiera del activismo de las juventudes del ELN, según nos cuenta Plinio Apuleyo Mendoza: quien a la postre heredaría el Frente Nacional, con el resuelto apoyo del presidente que se hizo responsable del fraude de 1970, fue López Michelsen. La cadena de descontento que encarnaba en el gaitanismo y veinte años después, con bastantes matices, en la Anapo, pasó por el activismo del cura, cuya inmolación sirvió para reforzar a una guerrilla surgida del movimiento de López Michelsen, y cuya destrucción frustraría ese mismo personaje, como nos cuenta el general Valencia Tovar. Con suficiente astucia, el más típico representante de las elites de la primera mitad del siglo, si acaso emulado por los Santos, explota el descontento en su favor y sacrifica el mismo Estado con tal de tener una fuerza que le puede ser útil en cualquier momento.

También llama la atención que la contestación al Frente Nacional la encarnara alguien como Rojas Pinilla: es verdad que la base social de su partido estaba formada por antiguos policías y militares que habían prosperado durante su gobierno, pero al final arrastró a todos quienes se veían excluidos socialmente por las prácticas clientelistas y desfalcadoras de la elite gobernante. Muy probablemente su gobierno habría sido un desastre, pero no uno comparable al falseamiento de la democracia.

Tras el fraude se abre una segunda etapa de la "democracia" nacida en 1958: el descontento por la ilegitimidad del régimen lo canalizan por completo los partidarios de la revolución a la cubana, y ese sueño de prescindir de la democracia (a menudo basado en la denuncia del fraude, como si alguien odiara la moneda de un país porque le dieron un billete falso) terminó, previsiblemente, atrayendo a los herederos de esas elites. A partir de entonces todo fue construir la trama del clientelismo armado que tantas pensiones tempranas y tantas carreras espléndidas ha provisto a los que se dedican a las ciencias sociales y consiguen gracias a esas redes empleos estatales.

Esa carrera concluyó en la Constitución del 91, la cual garantiza un volumen de gasto público que significa provisión para la nueva generación de las elites a costa de las mayorías y de quienes trabajan. De todo eso se llega al actual conflicto con las cortes, corporaciones cuyos miembros se formaron en las universidades en que era unánime el culto al Che y se sienten amparados por ese marco legal para dedicarse a delinquir para salvar a la facción esclavista-totalitaria, tan claramente una minoría hoy como en el plebiscito de 1957. Pero ahora reforzada por todo el poder que el clientelismo armado ha dado a sus "fichas" en diversas entidades públicas.

En lugar de conmemorar el retorno de la democracia deberíamos pensar en barajar de nuevo corrigiendo todos los desvaríos totalitarios de esa Constitución, de modo que se pueda decir que vivimos en un Estado de derecho y no sometidos a la tiranía del hampa.

Lecciones de Bolivia

Semanas antes del referendo del 10 de agosto, los aliados internacionales de Evo Morales lanzaron una intensa campaña para defender a su pupilo.

El 30 de junio, Chávez viajó a Tucumán, Argentina, para asistir a la XXXV Cumbre del Mercosur, donde propuso a los países miembros de esa organización un plan para apoyar a Morales.

El 18 de julio, Chávez y el presidente Lula viajaron a Riberalta, Bolivia, para respaldar a Evo Morales. En un gesto claramente propagandístico, Lula firmó un protocolo para el financiamiento de 230 millones de dólares, para construir una carretera de 508 kilómetros que conectará a Bolivia con Brasil.

Poco antes del 10 de agosto, dirigentes del Foro de Sao Paulo viajaron a La Paz para “manifestar su apoyo al proceso político que vive Bolivia y a la gestión del presidente Evo Morales”. Según la nota de Mundo Posible, entre otros asistentes “estuvieron presentes el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, el Frente Sandinista de Nicaragua, el Polo Democrático Alternativo de Colombia y el Frente Amplio de Uruguay”. El Foro de Sao Paulo fue creado por Lula y Fidel Castro en 1990. Chávez es miembro desde 1995 y es el principal financista de esa organización.

Tal como lo reseñó el 11 de agosto una nota en el portal de noticias de Mercosur, “En la campaña del referendo revocatorio en el cual estuvo en juego el mandato de Evo Morales, su aliado estratégico Hugo Chávez fue la espada, y el presidente brasilero Lula da Silva, el escudo”.

En contraste, las fuerzas democráticas de Iberoamérica poco o nada hicieron durante la campaña electoral. Excepto por algunos artículos de opinión, se limitaron a esperar los resultados del referendo. Dejaron absolutamente solos a los opositores bolivianos.

Cada vez que uno de los miembros del Foro de Sao Paulo se encuentra en dificultades, el resto de los integrantes acude en su apoyo, pasando por encima de las nacionalidades. En cambio, los demócratas de la región actúan única y exclusivamente dentro de su propio territorio.

La lección es ésta: urge crear una contrapartida al Foro de Sao Paulo; una organización democrática iberoamericana, capaz de combatir internacionalmente a esa mafia de alcance mundial. Pero para lograrlo, primero se requiere ampliar la visión de la política. O los demócratas de Iberoamérica luchamos conjuntamente, o nos derrotarán uno a uno.

OJO CON ESTO: Chávez remata el país para salvarse El computador de Raúl Reyes –incautado el 1 de marzo pasado durante la Operación Fénix– marcó el fin del gobierno de Chávez. Evidentemente, un hombre tan estrechamente vinculado al narcoterrorismo colombiano no puede seguir ejerciendo la Presidencia. Chávez lo sabe y se siente acorralado. Por eso, se comporta como el mayordomo corrupto de la Biblia, quien –al verse descubierto– buscó a todos los deudores de su amo, rematando la deuda a la mitad de su valor, a fin de salvar el pellejo (Lucas16: 1-8 ).

En efecto, Chávez está pidiendo perdón a quienes ha ofendido –Uribe, el Rey Juan Carlos, el gobierno norteamericano– y está regalando dinero a manos llenas, con tal de que olviden sus nexos con las FARC. Los escandalosos ofrecimientos a Rusia muestran su desesperación. El problema es que el dinero no es suyo, sino de todos los venezolanos. Cuando nos demos cuenta, Venezuela estará quebrada e irremediablemente endeudada, a pesar de haber recibido los ingresos más altos en la historia de nuestra nación. Para impedir esta tragedia, es necesario constituir una gran alianza nacional, que represente a todos los sectores del país, cuyo objetivo sea lograr un cambio de gobierno este mismo año.

Teóricamente, el gobierno de Chávez debe durar hasta el año 2012; sin embargo, eso es una quimera. El Régimen caerá mucho antes –producto de su propia incompetencia– en medio de una gran anarquía, que devorará buena parte del país. Por eso, es preferible adelantarse a los acontecimientos, buscando una salida razonable y consensuada, que evite males mayores a los venezolanos. El tiempo se agota. Espero que la campaña electoral no impida a los dirigentes darse cuenta de la realidad.

Por: Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.

Las bombas amigas

Esta vez las cargas de profundidad no provienen de la oposición, ni siquiera de alguien distanciado del gobierno Uribe: la bomba fue instalada y detonada por Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro del Interior, por cuenta de sus posibles nexos con alias ‘Don Mario’, señalado como uno de los principales capos del narcotráfico a quien el Presidente pidió, hace unas semanas, que lo capturaran a como diera lugar.

Colombia conoce ya las conversaciones entre Guillermo León Valencia Cossio y varias personas cercanas al narcotraficante. Lo mínimo que podía hacer el hermano del Ministro era renunciar y enfrentar semejante escándalo sin enlodar aún más a la Fiscalía. Sin embargo, según el Fiscal General, tuvo que declararlo insubsistente pues Valencia Cossio se sentía atornillado a su cargo.

La situación es muy grave, pues no tiene presentación que el Ministro del Interior tenga a su hermano sumergido en una investigación de semejante calibre por presuntos vínculos con uno de los criminales más buscados del país. Por simple solidaridad con el Gobierno el Ministro debería renunciar e impedir que el escándalo complique en un futuro el desarrollo de los debates sobre las reformas política y de la justicia.

Es que la oposición tendrá una ocasión sin igual para obstruir el trámite de los proyectos por cuenta del debate sobre la legitimidad de un Ministro que tiene a su hermano en semejante problema judicial y con las pruebas ventiladas ante el público en cuanto a su cercanía con un criminal que además del narcotráfico, suma en su prontuario masacres, secuestros, asesinatos y otros graves delitos. Guillermo León Valencia no es el joven confundido que se prestó para transportar unos cuantos gramos de droga, sino un hombre hecho y derecho que sabe perfectamente quién es alias ‘Don Mario’ y el tenebroso mundo en el que se desenvuelve su supuesto benefactor.

El Presidente debería replantear el asunto de permitir que los problemas de algunos funcionarios sean absorbidos por todo el gobierno, pues además del desgaste, resulta frustrante que las armas para la oposición las entreguen personas cercanas a la Casa de Nariño.

En el mismo orden de ideas, el Presidente debió reflexionar en cuanto a la solicitud de investigación contra Daniel Coronell. Que un Presidente, quien en teoría aspira a un tercer periodo presidencial, pida que se emprendan acciones judiciales contra un periodista que es uno de sus más enconados opositores, deja un tufillo alarmante sobre las tentaciones de aplicar algunas medidas de tipo dictatorial contra algunos sectores de oposición.

Además, esa petición se presta para la manipulación como lo están haciendo, además del propio Coronell, comentaristas menores como Felipe Zuleta, quienes sostienen que pareciera que el propio Presidente hubiese admitido el cohecho, pues dicen que Uribe le pidió a la Comisión de Acusaciones que remitiera copias del expediente a la Fiscalía para investigar a Coronell por omitir la denuncia judicial de presuntos delitos cometidos por Yidis Medina y confesados en una entrevista.

Evidentemente Uribe pide que se investigue a Coronell por el cohecho que Yidis Medina confesó y por el cual ya fue condenada por la “implacable” Corte Suprema de Justicia, que le dio la casa por cárcel. Pero ya se presentó la primera tergiversación de Coronell quien dice que si el Presidente se dice inocente del cohecho, pues entonces no tendría nada de qué ser investigado.

La solicitud presidencial aparece como una retaliación contra un detractor implacable y abusivo. Sin embargo, para mal de la intención presidencial, es un periodista que generará la solidaridad de la prensa, cuya mayoría mantiene en la boca y en sus escritos, el credo antiuribista y lo recitan en cada ocasión. ¿Para qué dar la oportunidad de señalar al gobierno Uribe como si tuviera visos de dictadura en una situación tan compleja como el Yidiscohecho?

Es cierto que Daniel Coronell no tiene la ventaja de la protección a la fuente, pues esta figura solo incluye a aquellos informantes que, en aras de su seguridad, piden específicamente no ser mencionados. En el caso Yidis, Coronell recibió la información y fue depositario de una entrevista, un género periodístico que por obvias razones no cuenta con la protección de la fuente, salvo que Coronell hubiese ocultado la identidad de la entrevistada, cosa que nunca ocurrió.

Entonces, Coronell no obró de acuerdo al principio de la reserva sino como cajilla de seguridad para guardar un documento que implicaba la confesión de un delito: en el oficio no está contemplado el privilegio de la inmunidad por ocultar un material que incrimina a la fuente y la obligación fundamental del periodista es darlo a conocer ante el público. El punto central debería ser el esclarecer la motivación que tuvo el director de Noticias Uno para ocultar la información durante varios años y de repente sacarla a la luz pública, en un tiempo específico, a solo unos cuantos días de la divulgación de los resultados del peritaje de Interpol a los computadores de 'Raúl Reyes'.

El acuerdo Yidis-Coronell era una especie de seguro de vida que tenía la política en su paranoia de ser perseguida por algunos sectores, incluido el gobierno. Pero ahí está lo grave, pues Coronell no cuenta con el privilegio de ser el depositario temporal de una autoincriminación como la de Yidis Medina y es una prostitución del oficio el emitir el documento solo cuando les conviene al periodista y al entrevistado.

A pesar de ser complicado el asunto para el director de Noticias Uno, que sea el Presidente quien solicita compulsar copias sobre el caso a la Fiscalía parece una revancha contra un sujeto cuyas frustradas ambiciones lo han llevado a la enceguecida persecución contra Uribe.

Entonces, al ver el panorama completo es necesario preguntarse si es bueno seguir acumulando funcionarios en fase defensiva y desconcentrados en parte de sus tareas. Un gobernante debe marcar los límites de la lealtad, sopesar cada caso en particular, analizar qué situación es manejable, cuál es producto de la persecución política y quitarse de encima, en la medida de lo posible, las cargas y desgastes que implican las investigaciones y los escándalos.

Además, un gobernante debe ser astuto, aparentar que se hace el de los oídos sordos frente a las habladurías de sus enconados detractores y proceder con sagacidad para llevar a los criminales de la honra a la cárcel, sin ser el denunciante directo del delito. Es más: si efectivamente Coronell cometió un delito, como todo parece indicarlo, que sea el Presidente quien solicitó la investigación penal llevará a que no sea considerado un criminal sino un prisionero político y eso es echarle más leña al fuego.

Presidente: mantenga la compostura. Defiéndase bien de la infamia del cohecho y destape la extorsión, muestre las contradicciones de la señora Medina -ahora dice que usted miente, mientras que hace un par de meses declaraba que a usted le mintieron- y deje a Coronell rumiando la derrota que su gobierno le propinó en la demanda que estaba a punto de ganar contra el Estado. Su gestión, señor Presidente, evitó que Coronell se ganara, por inescrupuloso, 11 mil 500 millones de pesos que saldrían del erario público para enriquecer también a su abogado Ramiro Bejarano, uno más de sus pasionales contradictores.

Lo peor es que las bombas más destructivas contra su gestión no están viniendo de la oposición, ni de Venezuela, ni de Nicaragua: están lanzándolas desde el mismo gobierno.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

La pauta en Tv, un mercado restringido

La publicidad financia muchos de los servicios que consumimos y todo hace pensar que hacia el futuro ese porcentaje aumentará. La Internet, los espectáculos públicos, los medios masivos de comunicación, en especial la radio y casi toda la TV, viven o cubren parte de sus costos, y nos llegan a los consumidores gratis, o al menos más baratos, gracias a la publicidad.

Es un fenómeno típicamente capitalista en el que pocas veces nos datemos a pensar. Nos creemos con el derecho a recibirlos gratis, sin sospechar que en parte los estamos pagando indirectamente a través de los bienes que consumimos. Es como un impuesto al consumo (una especie de IVA) que va a parar a manos de estos empresarios, y que aumenta de valor en la medida en que aumente el costo de la pauta.

Afortunadamente en la mayoría de los servicios que venden pautas, y cada día aparecen nuevos, están en libre competencia y el mercado puede regular los precios.

Sin embargo el fenómeno en la TV es sui géneris. Aunque hay muchísimos canales de TV nacional e internacional disponibles en la TV por suscripción que le permiten al televidente escoger, una norma de la CNTV en mi criterio absurda, el Art. 14 del acuerdo No. 10 del 2006, impide que quienes pautan tengan igual libertad.

Absurda porque es imposible de aplicar: prohíbe colocar en los canales extranjeros, publicidad “dirigida exclusivamente al consumidor colombiano”, a sabiendas que en un mercado global, y con la señal puesta en el satélite, es muy difícil -sino imposible- determinarlo. Es una prohibición puesta ahí como para darle contentillo a alguien, o para intimidar a las agencias de publicidad.

Absurda, también porque le permite a los competidores extranjeros pautar en canales internacionales de alto rating, por ejemplo, CNN, ESPN, FOX, entre otros, y a los colombianos no. Y es absurda también, porque a la hora de imponer sanciones, no se sabe a quien sancionar, si a la agencia de publicidad o las empresas que ellos representan, que no están sometidas a los acuerdos de la CNTV; a los cableros que no hacen sino colocar en el cable la señal que bajan del satélite, o a los operadores y canales extranjeros.

¿Por qué tanto absurdo? nos preguntamos. La respuesta es fácil. Si las agencias de publicidad pautan en esos canales, le restan medios de financiación (utilidades) a los canales nacionales. Pero no tendría que ser así si los canales nacionales lograran atrapar –compitiendo- las preferencias del televidente, o al menos que quienes miden el rating, lo dijeran: las agencias de publicidad se guían por las mediciones de rating para colocar su pauta publicitaria, y los canales de TV para fijar sus tarifas, de manera que es clave lo que digan esas mediciones.

Aunque desde hace años se percibe una creciente preferencia por la TV internacional (la gente paga tarifas estratificadas por verla) solo recientemente se le ha dado el peso que le corresponde en los estudios de medición de rating, ¡y ahí fue Troya!

El ataque se vino en todas direcciones contra quienes miden el rating: primero el desprestigio basado en desinformación y acusaciones no probadas; segundo las amenazas de desfinanciarlas; tercero el acuerdo 10 de la CNTV, y por último el interés nacional. La Ministra terció a favor de este último argumento.

La verdad es que los canales privados poseen publicidad cautiva (se habla de subsidios cruzados entre las empresas de sus respectivos grupos) y conforman una especie de oligopolio solo amenazado ahora con el tercer canal, de manera que la competencia extranjera no le hace ni cosquillas. No obstante tarifas altas en la pauta publicitaria, le resta competitividad al país -inhibe el empresarismo y la creatividad- de manera que, o se permite que los anunciantes colombianos coloquen su publicidad donde les plazca y los canales nacionales compiten por atraerla, lo cual bajará las tarifas, o se prohíbe toda la publicidad en los canales extranjeros y se regulan los precios en el país.

La consecuencia lógica de tal medida, es que se reduzcan las tarifas de la pauta en TV, se racionalicen los costos de la producción de audiovisuales, y se estimule el acceso a la TV de empresas que no lo hacen porque sus costos son prohibitivos.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. Especial para Atrabilioso.
myances@msn.com

No aprenden

Alguien decía que la inmadurez de la oposición es una de las grandes falencias de la democracia colombiana. Los hechos así lo confirman. En el Congreso de la República, algunos sectores decidieron citar al Alcalde Mayor de Bogotá a un debate de control político para que explique la grave situación de inseguridad que se vive en la capital del país. En la Cámara la citación fue hecha por algunos sectores uribistas, mientras que en el Senado fue la oposición liberal la que convocó al burgomaestre.

Sin embargo, ¡oh sorpresa!, la bancada del Polo Democrático Alternativo se opuso a la citación y según el senador liberal Héctor Elí Rojas, le impidió al Alcalde que se presentara ante el Congreso a rendir cuentas. Finalmente Moreno Rojas admitió que no asistiría, confirmando la cobardía del nieto del dictador para poner la cara como un gobernante de verdad.

Es bueno recordar que hace un año, el senador del Polo Jaime Duzán informaba que su partido no presentaría ninguna propuesta y se concentraría en el control político. Sin embargo, parece que dicho control se ejerce solo con criterio partidista y tiene como propósito golpear al gobierno nacional, mientras que los gobernantes pertenecientes a la oposición se resguardan debajo de las enaguas de sus copartidarios.

Mientras el gobierno nacional ha puesto la cara en todos los debates de control político, asistiendo y deliberando sobre las múltiples acusaciones que brotan de la oposición, la bancada del Polo Democrático Alternativo esconde a su gobernante y trata de impedir el ejercicio legal del control político.

Es de las cosas más antidemocráticas que puede hacer un partido político, pues el Congreso, con legitimidad o sin ella, tiene el derecho constitucional de adelantar los debates que crea pertinentes para conocer las diferentes situaciones de la vida nacional y, como no, de la capital del país.

Samuel Moreno Rojas no tiene licencia de impunidad por su desgobierno, y debe darle la cara al país y concretamente a los congresistas que lo citaron, para explicar la crisis de seguridad que vive la ciudad y no mandar a la secretaria de Gobierno, Clara Eugenia López, pues ella es una funcionaria seleccionada con la dedocracia -o debo decir la apellidocracia- y no fue elegida por los bogotanos.

El asunto es grave. Además de un creciente problema de pandillas, en Bogotá, cada dos días es asesinada una persona por la acción de sicarios. Un estudio del Centro de Estudios de Violencia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno considera que en el primer semestre se presentaron 235 homicidios cometidos por pistoleros, por encargo o por ajuste de cuentas. Para la administración todos esos casos se deben a riñas y celos, cuando basta con repasar la historia reciente del país y especialmente el accionar de los carteles de la droga y del brazo armado del totalitarismo para darse cuenta de que la situación no es solo de problemas de convivencia, sino de la escenificación de enfrentamientos entre bandas del narcotráfico y del narcoterrorismo.

Pero las cosas no paran ahí. Este año han estallado 13 artefactos explosivos en la ciudad, sin contar los 5 buses que fueron quemados en forma simultánea hace algunas semanas. Uno de los últimos atentados terroristas, ocurrido en el barrio Cedritos, dejó un saldo de ocho personas heridas. Según la policía, el atentado fue perpetrado por las Farc, por la negativa de los propietarios de una empresa a pagar una extorsión del grupo terrorista.

Es más: desde hacía varios meses, los cuerpos de inteligencia venían señalando que la columna Teófilo Forero de las Farc estaban intentando ejecutar una escalada terrorista en la ciudad. Las informaciones daban cuenta de la presencia de miembros de esa facción terrorista en Bogotá quienes buscaban generar un fuerte golpe de opinión con un ataque que tuviera amplia difusión en los medios de comunicación. Además, las Farc habían enviado a alias ‘Alberto’ con 13 terroristas del frente 49 para atentar contra la caravana presidencial y el Hospital Militar.

No se sabe si es cuestión de ineptitud, ignorancia o ceguera producto de las simpatías ideológicas, pero Clara López, secretaria de Gobierno de Bogotá informó que “en Bogotá no hay cuadrillas de las Farc”. La funcionaria se enredó en su intención y explicó que “el Distrito no tiene conocimiento oficial que en Bogotá existan grupos al margen de la ley totalmente(??) conformados”. Luego aceptó que hay infiltración de algunos de ellos.

Seguramente la señora López pretende “oficializar” la presencia de las Farc después de un desfile terrorista al mejor estilo de la zona de distención, o de repente está esperando una carta de ‘Alfonso Cano’ para aceptar que en Bogotá operan reductos de las Farc. Ni lo uno ni lo otro ocurrirá, pues el modus operandi del grupo terrorista en la actualidad es el movimiento de pocas unidades entrenadas específicamente para cometer acciones de terror y para eso es fundamental el bajo perfil y el manejo excluyente de la información relacionada con los objetivos y los mecanismos para los atentados. Esto lo demuestra el gravísimo ataque terrorista contra dos sedes de Carrefour en la capital del país.

Los citantes al debate son más benévolos con la desadministración de Bogotá. Uno de ellos, el representante Nicolás Uribe señaló que “falta que la administración Distrital reconozca el problema porque la alcaldía sigue insistiendo en que hay peleas por problemas de celos y riñas y no se admite que hay bandas organizadas que están actuando en la capital.”

A su turno el representante Simón Gaviria resaltó que “hasta tanto no se reconozca el problema, no habrá una política que sirva para combatir lo que verdaderamente está sucediendo.”

En este sentido, es tan grande el error en el diagnóstico de la problemática de seguridad en Bogotá que el alcalde Moreno invertirá 600 mil millones de pesos en el tema de seguridad y la misma cantidad para los temas de convivencia, lo que demuestra que para la administración distrital el factor decisivo en la inseguridad está en la convivencia y no se tiene en cuenta, ni se admite, la enorme influencia que tienen las Farc y los demás actores violentos en la crisis que afecta a la capital del país.

Es que el Polo Democrático Alternativo no aprende. Una situación idéntica ocurrió en la pasada administración de Luis Eduardo Garzón, cuando el testarudo mandatario se negaba a admitir que en Bogotá estaban operando milicias de las Farc en algunos sectores y se centraba exclusivamente en la criminalidad producida por los paramilitares. Consecuencia de semejante estupidez, las estrategias de seguridad de la capital se estructuraron basadas en un mal diagnóstico que repercutió en los indicadores de seguridad hasta que finalmente la situación quedó al descubierto y el “gran” Lucho tuvo que retractarse y tomar medidas para enfrentar al brazo armado del totalitarismo en Bogotá.

Sin embargo la tozudez de Garzón terminó en desgracia para varias familias y algunos ciudadanos perdieron la vida por la miopía de la administración del Polo Democrático Alternativo. Pero, consecuente con lo que representa, Samuel Moreno no vio, ni escuchó ni aprendió la lección de sangre que tuvo que enfrentar su antecesor y ahora su flamante Secretaria de Gobierno comete el mismo error que dejará más víctimas de la escasa comprensión de la realidad que infecta al grupo político que representa.

Es tan profundo el sesgo que tienen las administraciones del PDA para analizar los problemas de seguridad, que incurren incluso en mentiras para justificar sus posturas, como ocurrió con el manejo de las cifras de muertes violentas en Bogotá. Según la desastrosa administración Garzón, en la capital habían disminuido el número de homicidios el año pasado. Sin embargo la realidad es que las muertes violentas aumentaron en un 4,8% con respecto al año 2006.

La mentira se produjo porque la Alcaldía Mayor de Bogotá dejó de utilizar los datos de Medicina Legal desde el momento en que las cifras no le fueron favorables. Es más: la Alcaldía señaló que dejaban de lado esas cifras porque Medicina Legal incluía los abortos, cosa que es otra flagrante mentira del veleidoso Garzón y de su combo.

Pero el maquillaje no paro ahí. Los datos relacionados con los demás delitos también fueron manipulados, pues se dejaron de incluir los delitos que por su monto o por la gravedad de las lesiones personales, pasaron a ser contravenciones: robo de celulares, lesiones con incapacidad menor de 30 días, robo de menos de cuatro millones de pesos, etc, fueron excluidos de la estadísticas, como si no influyeran en la percepción de inseguridad que hoy siguen viviendo los habitantes de Bogotá.

Mientras la ciudadanía padece la inseguridad, Samuel Moreno solo vocifera exigencias, críticas al sistema penal y presiones por resultados; todo con tal de evitar asumir las responsabilidades que le corresponden y ejercer, de verdad, las funciones que le fueron encomendadas por la mayoría de electores de Bogotá.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

Un discurso que puede hacer mucho daño

Quizá lo más difícil en política sea encontrar un discurso coherente en el que la mayoría de la gente identifique sus anhelos o refleje sus temores. Por esa razón, no deja de ser paradójico que en su peor momento la oposición esté encontrando un discurso que tiene que ver con la economía.

Las últimas encuestas muestran a una población colombiana preocupada por el acontecer económico, y a ese sentimiento se le debe sumar la preocupación que ha surgido en varios sectores de la academia, de que a la economía colombiana le llegue la enfermedad holandesa por culpa de descubrimientos que se vislumbran en hidrocarburos y minería. Muchos de los argumentos para sospechar de una eventual dependencia económica del petróleo o de la minería o en el peor de los casos de ambos, tienen que ver con que la inversión extranjera directa podría superar fácilmente este año los doce mil millones de dólares y más del 60 por ciento de dicha inversión irá dirigida a esos dos rubros. Infundados o no, con los temores se puede hacer política; y si hábilmente se manosea una llaga a la que nadie le para bolas, la ventaja que se puede tomar es inmensa.

El gobierno Uribe, que ha sido el que mejor ha manejado la era de la información, parece subestimar a una clase media cada vez mejor informada por el creciente cubrimiento de televisión por cable e internet. A raíz de ello, para muchos el tema venezolano ya no es desconocido y no es descabellado pensar que se pueda hacer política pintando un futuro apocalíptico donde el petróleo o los minerales aparezcan como monstruos que no sólo se comen la economía colombiana sino también a toda la sociedad entera, mejor dicho, se puede hablar fácilmente de la “venezolanización” de Colombia. Todo un discurso comestible en un país donde el actual presidente venezolano con su arrogancia y modelo de sociedad es odiado casi por todos.

Lo más curioso de todo esto es que los argumentos de quienes quieran explotar políticamente la inminente llegada de la fiebre holandesa sean tan contradictorios como ineficaces. No se puede proponer cerrar las compuertas de escape cuando el agua esta inundando al barco, como lo están haciendo las cabezas opositoras, entre las que brilla con luz propia la de Cesar Gaviria. La teoría de los opositores se basa en que para evitar que el país caiga en la enfermedad holandesa se debe acabar con el régimen de zonas francas y cualquier otro estimulo a la inversión, cuando en realidad se debe incentivar otras actividades económicas diferentes a la de hidrocarburos y minera para mantener una balanza equilibrada entre esos sectores y el resto de los que componen el PIB del país.

Lo que proponen los opositores es tan descabellado que en vez de evitar la llamada enfermedad holandesa u otros problemas derivados de contar con una economía de monocultivo será crearla o acelerar su aparición, pues aunque Colombia no encuentre grandes yacimientos, los otros sectores económicos resultaran tan poco atractivos para la inversión que cualquier Cerrejón o Cusiana en declive los podrán superar fácilmente. Pero en país de ciegos el tuerto es rey, y si la gente del gobierno no dice que para evitar la “venezolanización” de Colombia es con más apertura de mercados, con más estímulos tributarios, con estabilidad en las reglas del juego a largo plazo, se aparece un demagogo y nos hace el gol cuando mejor jugábamos el partido.

Por Wilfredo Moreno. Columnista de Atrabilioso.

Enjuiciar a quienes tenían vínculos con Raúl Reyes

Es necesario formar una Comisión Internacional de la Verdad, integrada por personalidades iberoamericanas, para denunciar y juzgar a aquellos que hayan prestado o presten ayuda a la organización narcoterrorista colombiana.

El 1 de marzo de 2008, las Fuerzas Militares de Colombia realizaron la histórica Operación Fénix, en la que se dio de baja al segundo hombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes.

Durante la operación, se decomisaron tres computadoras, dos discos duros externos y tres llaves USB (ocho elementos en total), pertenecientes a las FARC, que contenían 609,6 gigabytes de datos: 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas web, 7.989 direcciones de correo electrónico y 10.537 archivos de sonido y video.

Tres días más tarde, las autoridades colombianas solicitaron asesoría técnica a la Interpol, para determinar si alguno de los archivos contenidos en los ocho elementos había sido creado, modificado o eliminado a posteriori.

El 15 de mayo, el secretario general de la Interpol, Ronald K. Noble, sostuvo en Bogotá que las computadoras pertenecían a las FARC y que la información contenida en ellas no había sido alterada.

Del informe se desprende que los datos contenidos en los ocho elementos decomisados son válidos jurídicamente, y que por tanto podrían usarse para enjuiciar a los cómplices nacionales e internacionales de las FARC, que aparecen allí registrados. Sin embargo --aparte de publicar algunos correos de Raúl Reyes en los medios de comunicación-- poco o nada se ha hecho para enjuiciar y encarcelar a los aliados de una de las organizaciones narcoterroristas más dañinas y peligrosas del mundo.

¿Cómo explicar semejante incongruencia? Así: quienes aparecen vinculados a las FARC son presidentes en ejercicio, ministros, senadores, diputados, gobernadores y dirigentes políticos de toda Iberoamérica.

Los cómplices de las FARC se escudan en su condición política para evadir su responsabilidad personal. Caso emblemático es el de Hugo Chávez, que utiliza la presidencia de Venezuela para enviar tropas a la frontera, romper relaciones con Colombia, hacer que otras naciones hagan lo mismo, y crearle una crisis económica al vecino país, saboteando el dinámico comercio bilateral.

Solo una Comisión de la Verdad, conformada por personalidades iberoamericanas de reconocida trayectoria, tendrá el poder político y la fuerza moral para investigar, denunciar y promover el enjuiciamiento de los aliados de las FARC.
Conformación.

La Comisión Internacional de la Verdad puede estar constituida por tres niveles:
* Un grupo de notables iberoamericanos, que podría incorporar a personalidades europeas y estadounidenses. Sus integrantes serían ex presidentes, magistrados, juristas, periodistas, escritores, dirigentes políticos, criminalistas, intelectuales, artistas y profesores universitarios. Entre ellos escogerían una Directiva.
* Un reducido equipo multinacional de profesionales --a dedicación exclusiva-- que ofrezca apoyo técnico, comunicacional y secretarial.
* Un amplio movimiento iberoamericano, asociado políticamente a la Comisión --conformado entre otros por partidos políticos, gremios y asociaciones civiles-- cuya función sea la de crear conciencia en la ciudadanía y, posteriormente, organizar acciones para forzar a los aliados de las FARC a acatar las acciones judiciales en su contra.

El plan de trabajo contemplaría:
* Obtener de las autoridades colombianas una copia fiel y exacta de la información contenida en los ocho elementos decomisados durante la Operación Fénix.
* Seleccionar los casos más relevantes, apuntando primero hacia los aliados más importantes de las FARC.
* Redactar e introducir las acusaciones correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales, incluyendo la Corte Internacional de La Haya.
* La Directiva deberá viajar --país por país-- a presentar las conclusiones de su investigación a los poderes públicos, a las instituciones más representativas y a los medios de comunicación, señalando por nombre y apellido a los ciudadanos que aparecen vinculados a las FARC, sin importar cuán alto sea su cargo.
* En caso de que los individuos señalados decidan abusar de su poder político para evadir la justicia, se debe organizar en cada nación acciones generalizadas de protesta --pacíficas y democráticas-- a fin de obligar a los imputados a someterse a la Ley.

Consecuencias previsibles:

Es de esperarse que quienes aparecen registrados en el computador de Raúl Reyes hagan todo lo posible para impedir los avances de la Comisión Internacional de la Verdad.

Pero si la Comisión logra sus primeros objetivos, de acusar a los implicados, entonces éstos pasarán a otra etapa, que consiste en desatar la violencia y la represión para conservar sus cargos.

De hombres como Chávez, el ecuatoriano Rafael Correa y el nicaragüense Daniel Ortega --por mencionar sólo a tres de los implicados por el computador de Reyes-- puede esperarse cualquier cosa, desde dar un autogolpe hasta provocar una guerra fronteriza.

Cabe preguntarse: ¿Acaso no es temerario enfrentar a una mafia tan poderosa? Mientras más tarde se le enfrente, más daño ocasionará.

Dado que no tratamos con criminales comunes, sino con dirigentes políticos e incluso jefes de Estado, es previsible que su enjuiciamiento y posterior castigo origine abruptas caídas de gobiernos y severos cambios políticos; para lo cual hay que prepararse, diseñando mecanismos para llenar el vacío político, dentro del marco establecido por las leyes de cada nación.

Por Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.

¿Seguiremos con un muerto semanal?

Mientras los hinchas de la mayoría de equipos colombianos se eliminan sistemáticamente antes, durante y después de los partidos, las soluciones que se plantean no abordan el lado oscuro de las conocidas barras bravas.

Algunos dirigentes de esas agrupaciones de aficionados dicen que, para expulsar la violencia de los estadios, los miembros de las barras necesitan trabajo, ocupación del tiempo libre y mejores perspectivas de futuro. Esa es una rotunda mentira. ¿Qué tiene que ver la ocupación laboral con matar a alguien por una bandera? Nada. Por el contrario: si esos personajes tuvieran un poco más de financiación, entonces podrían perseguir mucho mejor a sus equipos de fútbol por todo el país y llevar consigo el espíritu violento que los caracteriza.

Eso de buscar la génesis de cualquier tipo de violencia en los problemas sociales, que además son reducidos en el caso de estas barras, a estudio y trabajo, es desviar la atención frente a la gravedad de los hechos, pues asumir que una persona que no tiene trabajo -y puede pagar viajes y boletas para los partidos de fútbol- va a abandonar sus ímpetus violentos por trabajar, parece una necedad.

¿Será que la influencia que están teniendo algunos emisarios de la mara Salvatrucha en muchos de los miembros de las barras bravas, se soluciona con trabajo y estudio? No. El hecho cierto es que esas barras están siendo infiltradas por personas que pertenecen a una de las peores amenazas del siglo XXI: las pandillas que se han convertido en verdaderas multinacionales del crimen, apoyadas por los carteles mexicanos del narcotráfico. Su influencia se exterioriza, por ejemplo, en la forma de los grafitis, en la organización de los enfrentamientos en las ciudades (no en los estadios) y en la aplicación de la ecuación según la cual a mayor violencia, mayor importancia dentro del grupo.

Si un miembro de una barra brava consigue trabajo, ¿va a dejar de asistir al estadio? ¿Dedicará su tiempo y dinero a descansar o a seguir a su equipo? El fanatismo y la relación grupal lo presionarán para que siga en la barra y siempre estará dispuesto a romperse la cara a golpes con otro –en el mejor de los casos- o a dar la vida por la bandera de su equipo… y el que está dispuesto a dar la vida, está dispuesto a quitarla.

Otra situación que no se soluciona ni con trabajo ni con estudio, es la del consumo de estupefacientes y de alcohol, cáncer que poco a poco está haciendo metástasis en todos los sectores de la sociedad. Pero concretamente en las barras bravas, estas son usadas comúnmente por la mayor parte de sus integrantes.

Entonces no es un problema de trabajo, ni de posibilidades de estudio, sino de miles de niños y jóvenes que entran a un mundo de fanatismo por un equipo que conduce al pensamiento en masa en el cual el grupo actúa como un solo individuo extasiado por un resultado deportivo, por el consumo de droga o por la animadversión contra otro ser humano simplemente por ser simpatizante de un equipo rival.

Las barras se defienden culpando a las familias en las cuales no se forma en valores y tampoco se les presta atención al punto de que la barra se convierte en la única razón de vivir para muchos de los aficionados que las conforman. Ciertamente la familia, como núcleo esencial de la sociedad, es la que primero contribuye, por acción u omisión, a generar el problema que hoy enfrentamos. Es más: el descuido y la laxitud de muchos padres de familia llevan a los niños y adolescentes a buscar la razón de vivir en la afición a un equipo.

Pero, ¿qué hacen los gobiernos locales para enfrentar el problema? Muy poco. De reunión en reunión, de discurso en discurso, de promesa en promesa, los mandatarios locales le hacen el quite al problema. Un caso concreto: el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, recibió una carta de la barra brava de Santa Fe en la que le solicitaban que evitara la presencia de hinchas del América en el último partido. Moreno, más preocupado por que sus canas salgan bien en la pantalla, hizo caso omiso y hoy se cuenta una víctima más en la larga lista de muertos en la guerra de los aficionados al fútbol.

Enfrentar el problema de las barras bravas debe ser un asunto prioritario para los gobiernos locales de las principales ciudades del país, pues ya se habla de barras que son incontrolables y que tienen puntos de encuentro establecidos en las localidades en las que viven o en las que ejercen control territorial.

El asunto entonces pasa por una legislación seria –así sea con el deplorable Congreso actual- en la que se castigue de verdad a los menores que cada fin de semana riegan su sangre y la de los demás, por un color y una camiseta, pues son los menores de edad los que más contribuyen a la violencia de las barras bravas.

Concretamente la fuerza coercitiva del Estado debe endurecerse para desestimular la violencia, además de abrir espacios sociales y culturales que permitan la canalización del resentimiento y de las frustraciones de los aficionados. Y los clubes de fútbol deben dejar de pasar de agache frente a la crisis y asumir el liderazgo en las gestiones para reducir y erradicar la violencia del fútbol.

Pero con curitas pantalleros, con falsas promesas, con peticiones que no tienen sentido o no son escuchadas y con negligencia de todas las partes involucradas, el problema seguirá creciendo y se convertirá en una nueva forma de violencia generalizada en todo el país.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Para leer

Buscando en Internet la versión española de “The age of the turbulence”, el libro de Alan Greenspan que no había logrado encontrar en Colombia (ya llegó), hallé también el último de Barak Obama, “La audacia de la esperanza”, así que me compré los dos.

El de Greenspan, republicano, defensor de la economía de mercado, es un análisis de la economía mundial –y americana- vista por quien estuvo al frente de la Reserva Federal durante mas de un cuarto de siglo, y capoteó la crisis del 11-S, el derrumbe de las punto com, y el escándalo de Enron, Worldcom y Global Crossing, entre otras; y el segundo, el de Obama, demócrata -y para mi sorpresa, también defensor de la economía de mercado- igual análisis, pero desde el punto de vista del político.

Excelente parangón. Se pueden y se deben leer simultáneamente. Dos visiones, iguales en el fondo, aunque distintas en el enfoque.

Ambos están escritos de manera anecdótica, pero el de Greenspan es un libro de texto (didáctico) que hay que leer con algunas bases previas de economía, y mucha concentración; mientras que el de Obama -populista y sin tecnicismos- se lee como una novela.

“… lo que me sorprendió –escribe Obama- es lo modestas que eran las esperanzas de la gente y lo mucho que tenían en común independientemente de su raza, procedencia, religión y clase social. La mayoría creía que cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar debería poder encontrar un trabajo con el cual ganarse la vida. Pensaba que la gente no debería tener que declararse en bancarrota por el solo hecho de enfermarse. Pensaba que todos los niños tenían el derecho a recibir una buena educación –que eso no debería quedarse solo en palabras vanas- y que esos mismos niños deberían poder ir a la universidad aunque sus padres no fueran ricos. Querían sentirse seguros, a salvo tanto de delincuentes como de terroristas, querían aire limpio, agua limpia, y poder pasar tiempo con sus hijos. Cuando fueran adultos querían poder jubilarse con dignidad y respeto. Y básicamente eso era todo. No era demasiado”.

Y en otro aparte, “No hace falta ninguna encuesta para saber que la inmensa mayoría de los americanos –sea republicano, demócrata o independiente- están hartos de la zona muerta en que sea ha convertido la política, en la que los intereses que representan a muy pocos tratan de conseguir ventajas, y las minorías ideológica intentan imponer su particular versión de la verdad. Seamos del estado rojo o azul, sentimos en nuestras entrañas la falta de honestidad, rigor y sentido común del debate político y nos disgusta lo que parece una retahíla continua de alternativas falsas o idénticas.”

Especial interés despertará en el lector el prólogo; el capitulo cuatro, en el que analiza el efecto nocivo sobre la política de las fuerzas institucionales -dinero, medios, grupos de interés, y el proceso legislativo- que asfixian hasta al mejor intencionado de los políticos; el capitulo cinco, el capitalismo de mercado y los efectos de la globalización; el ocho, la política exterior norteamericana, y el nueve, la familia vista desde su experiencia personal.

También aproveché y compré, "Mi vida” de Bill Clìnton, un libro de más mil paginas (12 USD), y “Chiquita”, del cubano Antonio Rodríguez, premio Alfaguara 2008 a la mejor novela (13 USD). Multiplique y compare.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. Especial para Atrabilioso.
myances@msn.com

La judicialización de la parapolítica al desnudo

Los últimos acontecimientos relacionados con la para-política destapan el uso de dineros para comprar testigos, la injusticia de la privación de la libertad durante un largo periodo a personas inocentes y el sesgo de la Corte Suprema de Justicia a favor del sector totalitario que la cooptó.

Solo un día después de la solicitud del Presidente de investigar a los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro por interferir en procesos judiciales y manipular a testigos, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación preliminar contra ambos congresistas considerados como estrellas de la oposición.

¿Cómo se interfiere con la justicia? Hay varias posibilidades: facilitar el ocultamiento de pruebas, promover la descalificación de evidencias favorables a un investigado, influir en la toma de decisiones dentro de un proceso o inducir al error judicial mediante la fabricación de pruebas.

La solicitud del Presidente se dirige a un solo punto: la obstrucción a la justicia mediante la manipulación de testigos. ¿Y cómo se hace eso? Con dinero y vínculos que permitan ofrecer no solo mejorar la situación económica de alguien, sino también el garantizar la integridad del testigo y de su familia para que mienta con tranquilidad.

Es inevitable pensar en los nexos de Gustavo Petro con los Círculos Bolivarianos que funcionan en Colombia: ¿Le quedará muy difícil visitar la casa de su madre en la Sabana de Bogotá y pedirle a su ex compañera Mary Luz Herrán que gestione algunos petrodólares para conseguir algún testigo que implique a otro congresista de la supuesta bancada uribista?

De igual forma es imposible no recordar al portentoso testigo de la para-política, Rafael García, quien no solo parece poseer el don de la ubicuidad, sino que además contó en su momento que tanto Piedad Córdoba como Gustavo Petro le ofrecieron asilo político en Venezuela a cambio de su testimonio. En este mismo sentido también llega la imagen de alias ‘Pitirri’, quien con 40 familiares, goza de prebendas y protección en Canadá y sus testimonios, tan sólidos como las “investigaciones” de Claudia López, han sido puntales de los procesos por la para-política.

Pero la solicitud de Uribe no es un elemento aislado. En las últimas horas el abogado de un senador denunció que la declaración extrajuicio de un testigo dejó en evidencia que se estarían pagando dineros para que se declare en contra del congresista.

Básicamente al testigo le ofrecieron el pago de cinco millones de pesos mensuales y la ubicación de su familia en el exterior para que hundiera al senador con su testimonio. Es más: ese testigo se prestó para hacer el mismo ofrecimiento a otras personas. ¿De dónde saldrá el dinero para engañar a la justicia? Se me ocurren dos opciones: de la misma fuente que está sosteniendo el paro camionero o de la petrochequera venezolana.

La primera tendría una motivación vindicativa, es decir, una revancha contra el gobierno Uribe por la extradición de narcotraficantes y por la persecución contra sus ejércitos privados. La segunda estaría motivada en el permanente ataque a la figura que encarna la oposición contra el totalitarismo en Colombia y en Lationamérica: Álvaro Uribe Vélez. Además, esta última también tendría un móvil de vanidad, pues Petro y sus copartidarios quieren salirse con la suya y demostrar a toda costa y cueste lo que cueste, que lo que dijeron era verdad y que se quedaron cortos.

El escándalo de la para-política tiene un componente monstruoso y es la danza de los millones para establecer el tribunal de la Inquisición contra todo aquel que ose llamarse uribista. Aunque algunos de los implicados ciertamente cometieron los delitos que se les imputan, el sesgo judicial llevará a muchos inocentes a la cárcel y eso, tarde o temprano, lo pagará el país.

La cacería de brujas judicial dejará siempre la duda sobre la verdadera implicación de los que sean condenados en este proceso. El sesgo mostrado es de tal magnitud que ocho meses después de la sonada captura del ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo, se ordenó su libertad por falta de pruebas. El fondo del asunto: el testigo mintió.

Mientras tanto, en la otra orilla, las pruebas contra Piedad Córdoba se acumulan, sus palabras y gestos están en videos y audios, los correos electrónicos que intercambió con el segundo de las Farc están ahí y la Corte Suprema ni siquiera la llama a rendir cuentas de los hechos.

Avergüenza que el aparato judicial colombiano prive de la libertad durante tanto tiempo a una persona, sin las pruebas suficientes para tener una sospecha coherente de su implicación en un delito. ¡Como serán de débiles los testigos, de evidentes las mentiras y de grave la ausencia de sustento probatorio, que en menos de un mes, dos implicados en la para-política han recuperado su libertad!

Pero esto no termina aquí: el ex investigador de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Díaz Arroyo, indicó en las últimas horas que "en algunos casos las indagaciones se basan sólo en un testimonio" y consideró que en algunos procesos "se ha llegado a hilar "muy delgadito".

Dijo además que ''las investigaciones de los primeros departamentos de la parapolítica fueron excelentes, pero se desmejoró un poco el trabajo por la presión de dar resultados''. Gravísimo: las dudas no son generadas por los investigados ni por sus abogados defensores, sino por los propios investigadores vinculados a la CSJ.

Poco a poco la Corte Suprema se acerca al desenlace inevitable: denuncias por prevaricato y condenas internacionales por violación al debido proceso, como seguramente ocurrirá en uno de los casos que recientemente terminó en condena, pues las pruebas que podía aportar el sindicado a su favor, no fueron tenidas en cuenta por el máximo tribunal. A la Corte Suprema de Justicia no hay que deslegitimarla. Basta con esperar: lo conseguirá ella sola.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Colombia e Irak

A medida que se piensa mucho en una cosa se va llegando a generalizaciones que corresponden más a la filosofía que al examen del fenómeno inicial. Pero la filosofía no es algo que interese de por sí a mucha gente, y a menudo se interpreta como una pérdida de tiempo centrada en la persecución de musarañas que nada tienen que ver con la realidad. Buen ejemplo de esa percepción es la historia del individuo huraño que pide consejo a un amigo sobre lo que podría decirle a una chica que le había concedido una cita: “Háblale de comida, señal de que te interesa su persona y no sólo su cuerpo; pregúntale por la familia, muestra de que tus intenciones son serias, y háblale de filosofía, para que sienta que valoras su inteligencia”. El diálogo con la chica fue así: “¿Te gustan los espaguetis?”. “No.” “Tienes un hermano.” “No”. “Y si tuvieras un hermano, ¿le gustarían los espaguetis?”.

No obstante, hay reflexiones filosóficas que pueden resultarnos útiles para entender lo que nos ocurre; por ejemplo, la antigua pretensión del idealismo de que no ocurre nada fuera de nuestra mente. En India esa idea tuvo mucha influencia, de modo que la corriente principal del hinduismo es el “Vedanta de la no dualidad”, doctrina centrada en la negación de que haya un mundo fuera del sujeto que lo observa. En el budismo la famosa sílaba sagrada “Om” se suele traducir como “Tú eres eso”, de nuevo negando la dualidad mundo-sujeto.

Menos “filosóficamente”, ese pensamiento puede servir para que nos demos cuenta de que una conciencia clara de lo que ocurre es casi una vía de solución. O, en otras palabras, que los problemas que creemos ajenos a nosotros están en realidad dentro y son errores de nuestra concepción. En apariencia eso no es así, el ciudadano corriente no tiene ninguna responsabilidad en que haya bandas de asesinos tratando de imponer una tiranía, pues el mundo en el que él apareció ya contenía eso. Pero podríamos pensar: “En 2008 los colombianos salieron por millones a condenar a las FARC y sus crímenes y a exigir la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados. ¿Por qué eso no ocurrió en 2000, cuando había diez veces más secuestros y la amenaza de la banda era más temible?”. Hubo un cambio en la conciencia tan importante como el cambio en la realidad. Pero el cambio en la realidad también fue fruto del formidable cambio de conciencia que presenciamos en 2001.

Hay otro ejemplo que ilustra eso: los daneses que venden camisetas de las FARC y recaudan dinero para apoyar a esa banda. El colombiano corriente los ve como a unos incomprensibles malvados sin detenerse a considerar su situación. Para un escandinavo joven un país como Colombia es encantador, la mayoría de la gente le muestra su aprobación, particularmente la del sexo opuesto, y sus opiniones siempre resultan más valoradas que las locales. Cuando observa la miseria le parece que es el resultado de un sistema de opresión que fácilmente atribuye al gobierno vigente y a la democracia y no a un orden de castas que es precisamente el que defienden las guerrillas (el caso de la persecución política emprendida por la CSJ es paradigmático). Ni hablar de la facilidad con que se atribuye toda esa desgracia a los estadounidenses, la clase de rubios que cuentan con muchas más oportunidades que ellos (salvo la de ser aprobados por los colombianos). ¿Los daneses? ¿Qué piensan los colombianos de la causas de la miseria y del atraso?, ¿y de lo que realmente defienden las guerrillas?, ¿y de los estadounidenses? Los daneses amigos de las FARC sólo reproducen ideas que han prevalecido durante muchas décadas entre los colombianos, al menos entre los que ellos pueden conocer. No son ocurrencias de ellos.

Pero los daneses están muy lejos de poderse identificar con los parientes de un secuestrado, esas personas se convierten en su mente en abstracciones, como lo son en general también para los colombianos urbanos y universitarios (los secuestrados tienden a ser ganaderos, finqueros y empresarios que poco tienen que ver con el mundo relajado de las academias y cafés revolucionarios). La distancia y los vicios morales (vanidad) hacen que el sufrimiento de todas esas personas se desdibuje y se atribuya fácilmente a quienes no quieren rendirse a las pretensiones de los admiradores de los daneses. Pero ¿los daneses?, ¿los universitarios colombianos?

Según se dice, las dos palabras que con más ansiedad quiere la gente oír no son “te quiero”, sino “es benigno”. Es lo que se podría decir de las FARC si se las compara con lo que fue el comunismo triunfante en medio mundo o con lo que fue el régimen de Sadam Husein y la campaña terrorista con la que respondió, aliado con Al-Qaeda, a la deposición del tirano. Benigno: “dicho de una enfermedad, que no reviste gravedad”. Por mucha alharaca que yo haga, no conozco a ningún secuestrado ni a nadie a quien las FARC le hayan matado a un pariente. Sería muy raro que alguien conociera a un iraquí a quien el régimen de Sadam no le hubiera matado a algún pariente. Las personas que murieron a causa de esa tiranía podrían llegar a los dos millones, de los que casi un tercio serían iraníes, caídos en la guerra entre los dos países. Proyectado eso a Colombia y a las FARC, vendría a ser como si los muertos sumaran unos cuatro millones, visto que la población iraquí es como la mitad de la colombiana.

Pero es casi imposible encontrar a un colombiano que no condene la intervención estadounidense que permitió derribar a ese tirano y dar la posibilidad a los iraquíes de elegir a sus gobernantes y disfrutar de derechos básicos. Perdón... ¿Qué he escrito? No quería decir eso: es casi imposible encontrar a un colombiano que no apruebe la campaña de la correspondiente “insurgencia” iraquí contra los iraquíes, que hace de todas las masacres de las FARC un fenómeno benigno. Es más: es raro un colombiano que no lamente el cese de esas masacres. Recuerdo que en la fecha de la invasión se consideraba el apoyo de Uribe una actitud servil justificable por la necesidad de apoyo para combatir a las guerrillas: un juicio de gente que apoyaba al gobierno, no de los amigos del terrorismo.

¿Con qué derecho viene alguien a quejarse de los daneses y su alegre indiferencia respecto al sufrimiento y a lo que piensan y sienten los colombianos, cuando respecto a lo que sufren los iraquíes tiene la misma actitud? Parece que la viuda o el huérfano de Bagdad o Basora fueran distintos al de alguna ciudad colombiana, o que no merecen atención o solidaridad, habida cuenta de que el antiamericanismo eleva socialmente a quien lo profesa. O lo mismo: se atribuye a la intervención, como si la voluntad de los iraquíes de apoyar a su gobierno legítimo, confirmada por una participación electoral que no se ha alcanzado jamás en Colombia, no tuviera que significar nada en comparación con el orgullito de un imbécil del trópico que se siente danés en cuanto exhibe su odio a Bush y en el mundo real, fuera de su mente mezquina y rencorosa, siempre está expuesto a ser víctima de la violencia que esos daneses alientan, ellos sí seguros en su país rico y tranquilo.

Por Jaime Ruiz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

La verdad sobre el PT y las FARC

Un escándalo mayúsculo se ha suscitado en Brasil por las revelaciones de la revista CAMBIO, según las cuales miembros del alto gobierno de Lula estarían vinculados a las FARC.

Los propios incriminados –entre ellos el canciller Amorim y el asesor Marco Aurelio García– han puesto el grito en el cielo, alegando que nada tienen que ver con la guerrilla colombiana, y que, por el contrario, fue el Partido de los Trabajadores (PT) el que "apartó a las FARC del Foro de Sao Paulo". Sin embargo, los hechos demuestran que el PT y el propio Lula han mantenido relaciones no sólo con las FARC, sino también con el ELN.

En julio de 1990, el Partido de los Trabajadores –junto con el Partido Comunista de Cuba– convocó a una reunión en la ciudad de Sao Paulo, para discutir qué hacer frente a la caída del muro de Berlín y a la presunta desaparición del comunismo. A la reunión asistieron sesenta y ocho fuerzas políticas pertenecientes a veintidós países latinoamericanos, entre ellos las FARC y el ELN.

Allí decidieron conformar una nueva organización política, de alcance continental, a la cual denominaron el Foro de Sao Paulo (FSP), y de esta manera mantener viva la utopía marxista. Establecieron un mecanismo de comunicación permanente, encuentros anuales, una revista semestral –América Libre– y una junta directiva, denominada Mesa de Trabajo.

Tanto el PT como las FARC han estado –hombro a hombro– en la Mesa de Trabajo del Foro de Sao Paulo, desde su fundación hasta (al menos) marzo de este año; es decir, durante dieciocho años. Mientras que en el Consejo Editorial de América Libre ha habido –desde su primer ejemplar hasta el más reciente– algún vocero del PT y el número uno de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo.

El decomiso del computador de Raúl Reyes, ocurrido en marzo de este año, encendió las alarmas de todos los aliados de las FARC, incluyendo las del PT. Porque en los discos duros quedaba plenamente demostrada no solamente una afinidad ideológica, sino una alianza política y operativa con el narcoterrorismo colombiano. Eso sí que eran palabras mayores.

Así que el PT ordenó una estrategia de desacoplamiento, la cual comenzó en mayo en la ciudad de Montevideo, con una rueda de prensa sostenida por el alto dirigente petista Valter Pomar, quien se desempeñaba como Secretario Ejecutivo del XIV Encuentro del Foro de Sao Paulo.

Pomar anunció con bombos y platillos que las FARC ya no pertenecían al Foro de Sao Paulo. Sin embargo –para su desventura– Daniel Ortega se encargó de desmentirlo dos días más tarde, cuando pronunció un apasionado discurso a favor de Manuel Marulanda, que fue ovacionado de pie por todos los asistentes al Encuentro, incluyendo la delegación del PT.

En resumen, la vinculación entre el PT y las FARC es fácil de demostrar. Se da a través del Foro de Sao Paulo. Hay miles de documentos públicos que lo certifican. El problema es que Lula es nada menos que el Presidente y el PT el partido de gobierno. Por tanto, aunque existan las pruebas, difícilmente haya castigo; porque las propias autoridades querrán impedir o sabotear cualquier juicio.

Solo una Comisión Internacional de la Verdad, compuesta por personalidades de toda América, será capaz de llevar al banquillo de los acusados y de llevar a la cárcel a quienes durante tantos años han sido aliados del narcoterrorismo colombiano.

Inhabilitados en Venezuela deben acogerse al 350
La decisión oficialista de inhabilitar a candidatos opositores es una clara violación a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; porque no solamente se lesiona el derecho de los individuos a ser elegidos, sino –peor aún– el derecho del colectivo a elegir a sus gobernantes.

Las inhabilitaciones ocurren dentro de un marco sumamente grave: la promulgación arbitraria de 26 leyes totalitarias que fueron explícitamente rechazadas por el pueblo en el referendo del 2 de diciembre de 2007.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 350, ordena expresamente a los ciudadanos desconocer "cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".

La asociación civil Fuerza Solidaria propone a los candidatos inhabilitados –y también a los habilitados, por una cuestión de solidaridad– que se acojan al Artículo 350, desconociendo la decisión de inhabilitarlos. Si el Gobierno insiste en mantenerse en su error, entonces también hay que desconocer a las autoridades; tal como lo ordena dicho Artículo.

Los inhabilitados son los llamados a dirigir las acciones de desobediencia por dos motivos. Primero, son los principales agraviados; y segundo, porque como lo prueban las encuestas que ellos mismos han divulgado, son quienes cuentan con el mayor reconocimiento nacional.

Por: Alejandro Peña Esclusa. Columnista del Sistema Atrabilioso.

¿Cohecho o extorsión?

Yidis Medina, la ex congresista que denunció y aceptó su participación en el delito de cohecho con el cual vendió su voto a favor de la reelección, está sumergida en el berenjenal que ella misma armó y del que difícilmente podrán sacarla aquellos que le prometieron una corta sentencia y purgar la pena en la comodidad de su hogar.

Los datos suministrados por Yidis han sido conocidos de sobra por el país, aunque poco se conoce de la estrategia de la defensa del Gobierno: señalarla por extorsión, decisión que no es despreciable si se tienen en cuenta las pruebas que ha entregado la propia ex congresista.

Básicamente la línea de defensa del Gobierno consiste en demostrar que la ex parlamentaria consiguió extorsionar a funcionarios públicos con un argumento que pocos hubiesen puesto en duda: que ella tenía el poder de hacerlos despedir del cargo.

Con ese argumento Yidis Medina logró comprometer a algunos funcionarios, como notarios y personal del sector social, para que le giraran el pago de la extorsión, pues el chantaje consistía en que de no entregarle dinero, ella haría que perdieran sus puestos. Esa amenaza se reforzaba con el imaginario colectivo gracias al despliegue que le dieron los medios de comunicación y la misma oposición a la señora Medina, quien interpretó esa exposición mediática como un poder enorme para decidir el destino laboral de algunos funcionarios.

Otra táctica evidente dentro de la estrategia del Gobierno es mostrar a Yidis Medina como una persona capaz de conmover y generar lástima y hasta solidaridad en los que la conocían. Según el Presidente, esa capacidad de conmover fue la que llevó a Sabas Pretelt de la Vega a recibirla, pues él la tenía en un buen concepto y le parecía absurda la transfiguración de la ex congresista. Es difícil de creer que el ex Ministro haya sido tan ingenuo para considerar a una política conocida en su región como lagarta y con "uñas afiladas" como alguien respetable e incapaz de sacar las garras... esa falta de olfato no encaja en un veterano de mil batallas como Pretelt.

Lo cierto es que Uribe ha salido al ruedo para atacar a Yidis Medina y enfrentar el creciente escándalo de la yidispolítica. En cuanto a la confrontación contra Yidis, Uribe soltó algunos argumentos lógicos: ¿Si la señora Medina pertenece al partido Conservador y la bancada había decidido apoyar la reforma constitucional de la reelección, qué motivó a la ex congresista a vender una decisión que ya tenía tomada?

Es tanto el ruido que han generado los opositores sobre el tema, que los ciudadanos no se han podido detener a pensar en el primer compromiso que Yidis Medina acordó con su partido: el voto a favor de la reelección. Pero más adelante, Medina se reunió con la oposición y firmó un documento en el que se comprometía a votar negativamente la reforma: ¿Qué le ofrecieron a Yidis Medina en esa reunión en la casa de Clara Pinillos, con la presencia de representantes del PDA como Germán Navas Talero, quien dicho sea de paso es cercano al entonces alcalde Luis Eduardo Garzón? ¿Se ha investigado ese posible primer cohecho? ¡Claro! La Corte no lo ha hecho, ni lo hará.

Supongamos que nada se le ofreció y que la convencieron de votar en contra… ¿y el compromiso con el partido por el cual pudo tener una palomita en la Cámara de Representantes?

Lo que evidencia lo anterior es que Yidis no votó a conciencia, como erróneamente dice la Corte Suprema de Justicia en el fallo, sino que analizó las mejores perspectivas, se creyó el cuento de su enorme poder y llegó a la conclusión de que ella podría tener más posibilidades presionando al gobierno nacional que a unos gobiernos locales.

Es más: las posibilidades no eran clientelistas, como se ha dicho hasta el momento. Lo que Yidis Medina buscaba era dinero contante y sonante. Primero pedía que le giraran la platica, respaldando las deudas con pagarés y otros documentos. Eso era posible porque la señora Medina llamaba a algunos funcionarios y les decía que de ella dependía que conservaran el trabajo y, - aquí iba el chantaje-, les informaba que necesitaba dinero para sostener a su familia.

Un elemento constante en el clientelismo es que esa burocracia nombrada a dedo para pagar favores POLÍTICOS tiene como propósito la consecución de votos y la obtención de contratos. Pero eso de hacer nombrar a alguien para que le entregue dinero de su propio bolsillo, genera serios interrogantes.

Dice Yidis que de una notaría de Bogotá le giraron 400 millones de pesos para pagarle a Teodolindo Avendaño. De inmediato algunos han dicho que esa plata proviene del erario público, lo que es una falsedad fruto de la ignorancia, pues las notarías son autosuficientes, tienen que consignar impuestos y parte de sus utilidades al Estado y el excedente (que es enorme en el caso de algunas notarías de Bogotá) le queda al notario. ¿Dónde está el saqueo al erario público?

Es más: se sabe que algunos congresistas han ejercido una práctica ilegal y criminal en la que contratan, en su CÉLULA LEGISLATIVA, a un grupo de personas a las cuales les cobran unas cuotas por el nombramiento.

Pero esto tampoco cuadra en lo de Yidis, pues ella supuestamente presionaba unos nombramientos, incluso de gente que no conocía, y luego esas personas, mansamente, le giraban unos recursos importantes para pagar el nombramiento… parece más el pago de un chantaje para conservar un puesto que un cohecho propiciado desde la Casa de Nariño.

Ya la figura del cohecho aparece para perjudicar a terceros, ganar poco tiempo en la cárcel y de repente recibir una suma importante para paliar las necesidades que Yidis dice tener.

Ella está indignada porque su poder, ese del que se convenció, no era verdadero y apareció frente a Yidis la realidad de que no tenía forma de influir en el gobierno Uribe… ni al teléfono le pasaban y eso rebosó la copa y decidió vengarse del Presidente y de algunos de sus colaboradores, motivada además por la mezquindad de algunos sectores de la oposición y de Daniel Coronell.

Falta ver si la Corte Suprema de Justicia es capaz de discernir los hechos o si su propósito sesgado y tendencioso frente al Presidente, con objetivos claramente determinados, la llevan a cometer otro exabrupto jurídico. Será lo segundo.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

La gran mentira

La inteligente y audaz operación Jaque, terminaron tirándosela el ministro y los altos mandos militares, al buscar protagonismo en los medíos de comunicación.

Lo normal es que la gente sospeche de quien reclama meritos, pues los grandes hombres no suelen ser vanidosos (se trata de un valor y un anti valor respectivamente). Los de más valía suelen ser personas modestas que se mantienen alejados de la parafernalia y los medios: la vanidad les nubla el entendimiento y la razón.

La sola búsqueda de reconocimiento –además de lo tan mal contada- ya daba suficientes indicios sobre la falta de veracidad de la historia, y no creo que hayan sido muchos los que se la creyeron; tenía muchos vacíos. Lo único verosímil fue el resultado, porque la televisión nos lo mostró en vivo y en directo.

Entendimos que habían engañado a los guerrilleros, excelente, pero, ¿por qué intentar engañar, con tan malos resultados, al resto de la humanidad? ¿Para qué mentir cuando hay registros fílmicos que los ponen en evidencia, y para qué filmar algo en lo que nadie va a creer, salvo si contradice la verdad oficial?

Triunfó la estrategia militar, pero falló la estrategia mediática. Por querer parecer transparentes, como si no existieran los secretos de Estado, y como si el solo hecho de editar lo filmado no fuera un atentado contra ese principio, terminaron quedando como embusteros. Hubo tanto énfasis en resaltar que habían sido colombianos los gestores de la idea, y en que no se habían utilizado emblemas de organizaciones internacionales, que se entendió exactamente lo contrario y hoy se duda de todo. Así pasa; cuando se oculta algo con tanta ansiedad, se termina delatándolo.

En esto de las mentiras se requiere ser muy, pero muy inteligente –así que es mejor no decirlas- porque a una pequeña siempre habrá que agregarle otra mayor, hasta que explota la verdad. Y tanta fama de embustero se ha ganado el ministro, que Vlado, el caricaturista, lo representa ingeniosamente con una enorme nariz (parodiando a Pinocho) anudada para que quepa en el recuadro. Bien es sabido que la credibilidad no es un derecho, sino un frágil atributo que se construye a través de los años, y que se puede perder en un segundo.

En últimas el cómo no era importante, a menos que hubiera recompensas para debilitar la confianza al interior del secretariado, y que se sepa no las hubo. Lo importante fueron los resultados. La gente -aunque muchos no lo crean- tiene capacidad de raciocinio; sabe discernir. Ello explica que hayamos sobrevivido a la cultura del engaño que ha dominado la historia de la humanidad, y que se agudiza en la era del mercado y la información digital.

Cuesta trabajo creer que una operación de alta inteligencia, una vez finalizada tan exitosamente, se haya manejado con tan poca: la única explicación lógica, es que haya sido obra de otros. Y si en los operativos militares se repitiera la misma torpeza que se evidenció en lo mediático, difícilmente se ganará esta guerra. Así que lo mejor sería dejarse de pantalla (la gente odia a los pantalleros, si no lo sabían) y dedicarse a la tarea.

Qué bueno sería que el ministerio tuviera su propio jefe de prensa, o que los comunicados se divulgaran a través del de La Presidencia.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. myances@msn.com

Bolivia, un peto y cinismo

Este domingo el totalitarismo latinoamericano comienza a jugarse el porvenir con el referendo que se realizará en Bolivia. La apuesta de Evo Morales es alta si se tiene en cuenta que varias provincias y la creciente oposición en algunos sectores de la sociedad boliviana, pueden terminar con un triunfo que podría generar una enorme inestabilidad en Bolivia.

El ambiente caldeado y brotes de violencia en algunas zonas de Bolivia, presagian que la jornada del próximo domingo no será fácil. A continuación, algunos apartes de un artículo escrito por Alejandro Peña Esclusa en el que advierte sobre la posibilidad de un fraude en el referendo del próximo domingo:

El lunes pasado, Evo Morales aseguró que en el referendo del próximo domingo “no se está votando por cambio de personas en diversos cargos, sino por un modelo económico que se ha de aplicar en los próximos 40 ó 50 años”. Para los que vivimos en Venezuela, estas palabras las hemos escuchando antes, pero en boca de Hugo Chávez. Cada vez que en nuestro país hay una elección, Chávez dice que no se está votando por lo que dice la papeleta, sino por una cosmovisión, de corte comunista. Si la votación favorece a Chávez –lo cual ocurre a menudo, porque recurre al fraude–, entonces aprovecha la inercia para imponer medidas que van mucho más allá del asunto sometido a votación. Lo que importa no es la voluntad popular, sino el acto electoral, para luego justificar sus imposiciones. En otras palabras, se materializa un golpe de Estado. Basado en esta experiencia, me atrevo a recomendarles a los bolivianos que se preparen, porque, de perder el referendo, Evo Morales no reconocerá los resultados; y de ganarlo, a partir del próximo lunes comenzará una arremetida feroz contra la democracia. El primer paso será –por supuesto– poner en plena vigencia aquella constitución ilegítima, que fue aprobada entre gallos y media noche, sin presencia de la oposición, pero con presencia de fusiles. La comunidad internacional debe abrir los ojos, porque Evo Morales prepara un golpe de Estado.

El peto
El video difundido por RCN sobre la Operación Jaque demostró que el oficial del Ejército ya llevaba el peto con el emblema del CICR antes de abordar el helicóptero. Así las cosas, el peto formó parte de la operación humanitaria del rescate de los secuestrados y evidentemente fue autorizado por el general Ríos, quien estaba comandando el operativo desde una finca en el Guaviare.

Ya el senador Jaime Duzán pidió la renuncia del Comandante del Ejército, general Mario Montoya y del Ministro de defensa Juan Manuel Santos, pues según él, hicieron mentir al presidente al asegurar que el militar se puso el peto en el helicóptero por estar asustado… como si a Duzán le importara que el presidente quede bien o mal ante propios y extraños.

¿De verdad resultaría sensato, consecuente y tendría presentación que uno de los generales que diseñó la operación Jaque y el Ministro que se jugó buena parte de su prestigio en una operación que es catalogada como una de las más exitosas del mundo, tuvieran que renunciar por no difundir completamente datos operativos de una acción de inteligencia?

Tampoco parece consecuente que alguno de los militares que participaron en la acción y que le ¿vendieron? el video y las fotos a la hija de un general retirado del Ejército, que trabaja como periodista en RCN, ahora sea tratado por el ministro Santos como traidor a la patria y se hable de corrupción de alguno o algunos de los militares que participaron en la misión.

Ellos son héroes. Cumplieron la misión con un éxito total. Permitieron que Colombia celebrara el regreso a la libertad de 15 secuestrados. Guardaron el secreto de la operación y no la pusieron en riesgo. Son demasiados asuntos positivos que no se pueden mancillar con la entrega o venta del video, pues resulta entendible que esos seres humanos sienten tal orgullo por su acción, que quieren dar a conocer su heroica participación en uno de los hechos más importantes en la historia del país. Además hay que admitir que todavía somos bisoños en cuanto al éxito de operaciones militares de gran envergadura, por lo cual, la madurez emocional de quienes participan, sobre todo después de alcanzar el objetivo, los conduce a cometer imprudencias como esta.

La vanidad puede conducir a múltiples errores, pero la difusión del video no modifica en nada el desarrollo de futuras misiones de inteligencia que se sabe de antemano, no volverán a utilizar la misma estrategia o las mismas tácticas. Solo se vio la película de un acto de valor y no se comprometió en nada la seguridad del Estado.

¿Será que el ministro Santos es capaz de llevar a la cárcel al héroe que participó en la operación y que luego vendió o entregó el video por cuestiones de vanidad o de dinero? No hay traición a la patria y tampoco un delito que deje en mala situación al gobierno, pues el resultado es lo importante y este, por más arandelas que le quieran poner, es más que positivo: es un hito en la historia de las acciones antiterroristas en el mundo.

Cinismo
Una de esas frases que se escuchan en las sesiones informales de la plenaria del Congreso. Refiriéndose a la preclusión que ordenó la Fiscalía por el caso Tazmania, Gustavo Petro dijo lo siguiente:

“El gobierno atacó, insultó, fue grosero y acorraló a la Corte Suprema de Justicia… parecía que quisieran volver a quemar a los magistrados...”

¡Qué sinvergüenza! Uno de los cabecillas del M-19 que incendió el Palacio de Justicia, hoy, con cara de inocente, habla de que el gobierno quería repetir el abominable acto terrorista del que él fue uno de sus actores.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.