En diciembre 6 del 2004, El Universal publicó “Otro indicador”, una columna en la que pretendía mostrar lo poco ilustrativo que resulta publicar el índice de crecimiento de precios (IPC) y el salario mínimo, sin una referencia al valor real de la canasta de productos que se utiliza para calcularlos.
La magnitud de la variable (en este caso el valor de la canasta) es más comprensible por los afectados; mientras que el índice o porcentaje de variación (que cualquiera puede calcular teniendo la información anterior) sirve solo al Gobierno -y a los analistas económicos, que son actores pasivos- para evaluar el desempeño, compararlo con años anteriores y aplicar correctivos, o dar continuidad a la política trazada.
La pregunta que aún me hago, dos años después de “Otro indicador”, es: ¿por qué no se complementa la información del IPC, con el precio de la canasta, siendo que éste es el dato que permite calcular el primero?
Son tantos los beneficios que se podrían obtener del análisis de esa información, que parece que se ocultara adrede, para proteger determinados intereses.
Para empezar, se podría saber si el salario mínimo supera o no el valor de la canasta. Esa información sería invaluable a la hora de fijar el salario mínimo, y permitiría además conocer si es posible que uno de los padres se dedique a la educación de los hijos mientras el otro se encarga de las obligaciones económicas, y en caso que no, cuantos integrantes de la familia tendrían que salir a trabajar.
Y si la conclusión es que la economía nacional no puede pagar lo suficiente para que un solo integrante de la familia típica colombiana, la pueda sostener con su trabajo, crear guarderías estatales que aseguren que se le imparte la crianza y educación adecuada a los menores, con el fin de no tener que reprimir las conductas del adulto.
También serviría para que no sigamos cometiendo la estupidez de utilizar el IPC para comparar el costo de la vida en diferentes regiones del país.
Podría creerse que un incremento del 5% en dos regiones distintas indica que el costo de la vida es igual. Y mentira, el costo de la vida se mide y se compara por el valor de la canasta de productos básicos, no por su incremento. Para entenderlo, un 5% de incremento sobre 500 mil es 25 mil, pero sobre 100 mil, solo 5 mil.
Y si descubrimos la estupidez que nos hacen creer las entidades nacionales, y que reproducen los medios en sus titulares, podremos entender que las ciudades turísticas (Cartagena la más importante del país) son las más costosas, no porque el IPC sea más alto, sino porque la canasta básica lo es.
Y por último para los efectos de esta columna, porque beneficios hay muchos más, publicar el valor de la canasta y el IPC por regiones también permite tener un salario mínimo diferencial que haga justicia con los trabajadores de la las ciudades más caras.
Hacer un incremento del salario mínimo con base en el promedio nacional beneficia a unos y perjudica a otros, y mirado a través del tiempo, genera una situación realmente alarmante, que ni los gobiernos, ni los empresarios, ni las centrales obreras pueden analizar, por falta de información, aunque los trabajadores la padezcan.
Podría ser esa otra explicación a la forma de vida en la otra Cartagena -la que escandaliza a los turistas y a la prensa capitalina- provocada, ya no por la dura competencia, sino por Decretos expedidos desde el mismo gobierno central.
También se comete injusticia cuando las pensiones (ya de por si castigadas con el aporte a la salud) solo suben por ley el IPC, sin ninguna consideración por la región en que se vive, ni del aumento en el salario mínimo.
La magnitud de la variable (en este caso el valor de la canasta) es más comprensible por los afectados; mientras que el índice o porcentaje de variación (que cualquiera puede calcular teniendo la información anterior) sirve solo al Gobierno -y a los analistas económicos, que son actores pasivos- para evaluar el desempeño, compararlo con años anteriores y aplicar correctivos, o dar continuidad a la política trazada.
La pregunta que aún me hago, dos años después de “Otro indicador”, es: ¿por qué no se complementa la información del IPC, con el precio de la canasta, siendo que éste es el dato que permite calcular el primero?
Son tantos los beneficios que se podrían obtener del análisis de esa información, que parece que se ocultara adrede, para proteger determinados intereses.
Para empezar, se podría saber si el salario mínimo supera o no el valor de la canasta. Esa información sería invaluable a la hora de fijar el salario mínimo, y permitiría además conocer si es posible que uno de los padres se dedique a la educación de los hijos mientras el otro se encarga de las obligaciones económicas, y en caso que no, cuantos integrantes de la familia tendrían que salir a trabajar.
Y si la conclusión es que la economía nacional no puede pagar lo suficiente para que un solo integrante de la familia típica colombiana, la pueda sostener con su trabajo, crear guarderías estatales que aseguren que se le imparte la crianza y educación adecuada a los menores, con el fin de no tener que reprimir las conductas del adulto.
También serviría para que no sigamos cometiendo la estupidez de utilizar el IPC para comparar el costo de la vida en diferentes regiones del país.
Podría creerse que un incremento del 5% en dos regiones distintas indica que el costo de la vida es igual. Y mentira, el costo de la vida se mide y se compara por el valor de la canasta de productos básicos, no por su incremento. Para entenderlo, un 5% de incremento sobre 500 mil es 25 mil, pero sobre 100 mil, solo 5 mil.
Y si descubrimos la estupidez que nos hacen creer las entidades nacionales, y que reproducen los medios en sus titulares, podremos entender que las ciudades turísticas (Cartagena la más importante del país) son las más costosas, no porque el IPC sea más alto, sino porque la canasta básica lo es.
Y por último para los efectos de esta columna, porque beneficios hay muchos más, publicar el valor de la canasta y el IPC por regiones también permite tener un salario mínimo diferencial que haga justicia con los trabajadores de la las ciudades más caras.
Hacer un incremento del salario mínimo con base en el promedio nacional beneficia a unos y perjudica a otros, y mirado a través del tiempo, genera una situación realmente alarmante, que ni los gobiernos, ni los empresarios, ni las centrales obreras pueden analizar, por falta de información, aunque los trabajadores la padezcan.
Podría ser esa otra explicación a la forma de vida en la otra Cartagena -la que escandaliza a los turistas y a la prensa capitalina- provocada, ya no por la dura competencia, sino por Decretos expedidos desde el mismo gobierno central.
También se comete injusticia cuando las pensiones (ya de por si castigadas con el aporte a la salud) solo suben por ley el IPC, sin ninguna consideración por la región en que se vive, ni del aumento en el salario mínimo.