jueves, 30 de abril de 2009

La gripa porcina vista por…

Ante una amenaza como la pandemia que puede afectar a todo el planeta, resulta menos apremiante verla desde perspectivas ligeras, frívolas y vanas. Total: para qué amargarse, si es poco lo que podemos hacer para que el azar no nos “premie” con el virus. ¿Cómo explicarían algunos personajes el surgimiento de la gripa porcina?

George Bush: “No tengo dudas: es una nueva forma de guerra que debemos combatir de manera preventiva en todos los lugares en donde se manifieste. Es urgente que el actual gobierno tome las medidas necesarias para saber qué países están participando en esta nueva forma de terrorismo y que cada uno decida si está con nosotros o contra nosotros en la guerra contra la gripa porcina, que amenaza la libertad y la democracia en todo el planeta”.

Hugo Chávez: “Ni más ni menos… la gripa porcina es un nuevo ataque del imperialismo contra nuestra revolución (interrupción por aplausos de la tribuna). Pero no se preocupen… (nueva interrupción) Venezuela está blindada contra la gripa porcina y aquí no entrará, porque la revolución es muy fuerte y resistirá esa agresión (otra interrupción). He ordenado que el embajador de Venezuela en México se devuelva prontico (más aplausos), porque no vamos a permitir que los cachorros del imperio nos amenacen con gripas… (gritos de júbilo) somos un pueblo digno y resistiremos (¡histeria!). Pero también, como hablaba con Fidel hace unas horas (…) –aquí se edita el texto porque durante más de tres horas trató de explicar la buena salud de Castro y su contribución al socialismo-, es posible que la gripa porcina sea una muestra más de la decadencia del capitalismo que aquí nos quieren imponer los pitiyanquis (aplausos). Ya hemos acordado un paquete de medidas revolucionarias que seguro nos blindará de la gripa porcina, como leer el Capital de Carlos Marx y ver si podemos instalar una imprenta para el Frente Miranda.”

Rafael Correa: “Si la gripa porcina llega a Ecuador, no nos llamemos a engaño: eso vendrá de Colombia, enviado por el narcopresidente Uribe… ¡No importa! Aquí encontrará un pueblo digno y soberano que rechazará el virus. (Con tono agresivo) Señor Uribe: ¿Por qué no cuida su frontera para que no pasen los virus a Ecuador? Nuestro gobierno ha decidido que mientras Bogotá no garantice que la gripa porcina no llegará a Ecuador, no se restablecerán las relaciones diplomáticas con los vecinos del norte”.

Álvaro Uribe Vélez: “Esto es un ataque más de los terroristas disfrazados de cerdos… Hemos logrado saber que la gripa porcina es una acción desestabilizadora ideada por el colectivo Marranos por la paz, que busca darles a la far un respiro para evadir la política de Seguridad Democrática. Quiero anunciarles a mis compatriotas que hemos declarado la catástrofe nacional para no cederle ni un milímetro de territorio a los terroristas de la gripa porcina, quienes buscaban zonas de despeje en diferentes regiones del país”.

Iván Cepeda: “La gripa porcina entró por las puertas del Ubérrimo, utilizando para tal fin la quebrada México, cercana a la finca de Uribe. Es imposible que nadie se haya dado cuenta de que un cerdo silvestre pasó por ahí llevando el virus. Incluso me consta que en El Meridiano de Córdoba hicieron algunos reportajes sobre el cerdo y lo trataron con mucho respeto. Es más: se sabe que el portador del virus fue custodiado por agentes de seguridad del Estado…”

Gloria Cuartas y Javier Giraldo: “El terrorismo de Estado ha traído a Colombia la gripa porcina. Tenemos información confiable que la cepa fue transportada por el general Rito Alejo del Río y otros militares que incubaron la enfermedad en el batallón cercano a Apartadó. Sin embargo, no vamos a entregar las evidencias porque no creemos en la justicia colombiana y nos declaramos en rebeldía judicial. Solo nos pronunciaremos ante gobiernos y entes internacionales que valoran nuestra lucha y nuestras denuncias”.

Nancy Pelosi: “Una de las razones para oponernos al TLC con Colombia ha sido justamente el exigirle al gobierno de ese país que investigue y aclare las graves denuncias que han hecho los más serios y prestigiosos defensores de derechos humanos sobre la incubación del virus de la gripa porcina en un lugar cercano a la finca del presidente Uribe y su transporte por cuenta de un alto oficial retirado de las Fuerzas Armadas que incluso contó con la protección de agentes de seguridad del Estado… Con semejante situación, demostrada por los respetables defensores de derechos humanos, resulta imposible siquiera discutir un TLC con Colombia”.

Felipe Zuleta: “Señor narcopresidente: ¿También los homosexuales pueden contagiarse de la gripa porcina? ¿Los hijos de alcohólicos son más o menos propensos al contagio? ¿Usted, salgareño, sabe que estoy amenazado por la gripa porcina? ¿Ha participado usted de esa amenaza?”

Daniel Coronell: “Según una llamada entre Uribe y el presidente Calderón de México, obtenida en exclusiva por Noticias Uno, se puede establecer con total certeza que la gripa porcina fue incubada para promover unos tapabocas artesanales creados por los hijos de Uribe. El analista político e internacionalista Ramiro Bejarano (no aclara que Bejarano ha sido su abogado) asegura que el negocio les reportará miles de millones de pesos a los “empresarios” hijos del Presidente. Ignacio Gómez encontró un pañuelo desechable marcado con las letras AUV, cuyo contenido hicimos analizar por un prestigioso laboratorio que acaba de informarnos que la muestra analizada contenía rastros de gripa, por lo cual, es evidente, Uribe está íntimamente relacionado con la llegada de la enfermedad a Colombia”.

María Jimena Duzán: “Los furibistas son culpables de la llegada de la gripa porcina a Colombia, pues saben que el corazón paramilitar que tienen, los vuelve menos inmunes a la enfermedad… A propósito: ¿qué es la gripa porcina?”

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

miércoles, 29 de abril de 2009

La paridera de los pobres

Uno de los lugares comunes más lamentables es el que achaca la culpa de la pobreza al exceso de población. Las personas que lo suscriben suelen considerarse de una clase social superior y cómodamente atribuir la fecundidad de los demás a ignorancia o estupidez (eso sí, denominadas con los nombres más benévolos).

Bueno, ésa ha sido una constante en la ideología hispánica de las últimas décadas, y ciertamente se trata de ignorancia y estupidez, pero ¿quién convencerá a los estúpidos de que lo son? El día que lo comprendieran dejarían de serlo. Según ese lugar común los problemas sociales proceden de la excesiva fecundidad de la gente pobre, que después no tiene forma de sacar adelante a los hijos.

Un examen rápido a la historia humana produce desconcierto: ¿cómo ha podido difundirse tan ampliamente una suposición semejante? Primero porque la cultura sería inimaginable si la humanidad no se hubiera multiplicado en proporción muchísimo mayor que cualquier mamífero de su tamaño. Con una población de unos pocos millones tal vez no hubiera habido defensa contra una epidemia como la peste porcina. A lo mejor fue un fenómeno semejante el que condujo a la extinción de los hombres de Neanderthal que poblaron Europa hace unos cuantos miles de años.

Segundo porque un número elevado de individuos fue siempre la garantía para una comunidad de no ser esclavizada ni aniquilada por sus enemigos y de florecer en todo el proceso de humanización. El mito de la promesa bíblica a Abraham es un ejemplo. Sencillamente han prevalecido las naciones que tenían suficientes hijos para defender las posesiones de los padres y hacer producir la tierra.

Tercero porque uno de los rasgos que definen la decadencia de una sociedad es el declive demográfico: estuvo en el final del Imperio romano, época en la que se decía que los vientres se habían secado, y también está ahora en el retroceso de la antaño poderosa Federación Rusa. Sencillamente, los países mejor gobernados atraen a la población de los demás, lo cual se traduce siempre en ventajas para los miembros de la etnia dominante, tal como ocurre con los movimientos migratorios de las últimas décadas a Europa, Norteamérica y otras regiones integradas en el Occidente.

Esa manía antinatalista tiene su máxima expresión en el escritor Fernando Vallejo, cuyo fervor lo lleva a uno a preguntarse: "¿a él qué le importa que los demás tengan hijos?". Seguramente muy poco, pero la capacidad de escandalizar proclamando su aversión a la reproducción le genera protagonismo y de ahí reconocimiento y hasta dinero.

Y como he dicho, lo peor es que el crecimiento demográfico o la alta tasa de habitantes por kilómetro cuadrado se considere la causa del atraso de los países. Si eso fuera así, Uruguay y Argentina, más ricos que Japón durante la primera mitad del siglo XX, le llevarían mucha ventaja al gigante asiático. Bueno, ya que se habla de estos dos países, ¿cómo se explica que su población sea menos de una cuarta parte de la brasileña? No tiene sentido decir que Brasil tiene el triple de territorio, pues la mayor parte de ese territorio es selva tórrida poco poblada.

Sencillamente Brasil no ha estado tan mal gobernado como esas repúblicas hispánicas y durante las últimas décadas ha sido más bien un receptor neto de inmigrantes que un país cuyos ciudadanos emigren. Muchos argentinos y uruguayos trabajan en Brasil. Y cada vez más este país se vuelve la metrópoli regional (su PIB per cápita es más o menos igual al de sus dos vecinos que hablan español, con lo que su peso económico es más de cuatro veces el de los otros dos sumados).

Ciertamente, la expansión demográfica en Colombia fue durante el siglo pasado excesivamente rápida y desordenada (hace cien años escasamente habría unos cuatro millones de colombianos, hoy hay doce veces más, contando los emigrantes). Pero la reducción de la población por una caída de la natalidad o por una emigración masiva sería una catástrofe. Entre otras cosas porque respecto de sus vecinos "bolivarianos" tiene la necesidad de convertirse en metrópoli, en país de mayor desarrollo industrial y cultural que poco a poco va atrayendo emigrantes de esos países y se convierte en modelo de sus ciudadanos.

Sólo con un peso demográfico y económico abrumador de Colombia sobre sus dos vecinos (cuya población sumada equivale hoy en día a la colombiana) se podrá pensar en una integración regional: la integración es la agregación a un centro que ejerce el liderazgo, no un acuerdo que conviene a las ambiciones circunstanciales de algún condottiero.

Ojalá los próximos gobiernos colombianos tengan clara la conveniencia de atraer población de la que ha emigrado y aun población inmigrante de otros países. Los avances en la educación y en la asimilación de las nuevas tecnologías permitirán ofrecer oportunidades a mucha más gente, al tiempo que los costos de la distribución de los bienes se reducen a medida que aumenta la concentración de la población.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.

martes, 28 de abril de 2009

Sobre el referendo…

Uno de los argumentos más repetidos por quienes no están de acuerdo con una tercera aspiración del Presidente, es el de la excesiva acumulación de poder que quedaría en sus manos por el hecho de haber incidido en el nombramiento de los miembros de otros órganos de poder.

Se puede entender que quien asume un cargo de libre nombramiento y remoción se subordina a un jefe que responde por la unidad en la que trabaja; y que si no lo hace puede ser despedido. También se puede entender –mas no tolerar- que a veces ejecute u omita, actos que van contra sus principios o contra la ley, so riesgo de ser declarado insubsistente. Pero no que un alto dignatario con estudios, solvencia económica y prestancia social, nombrado o elegido para un periodo fijo; que no tiene jefe distinto que la Nación, la Constitución y las leyes, se venda por el cargo.

Dicho temor presupone que los individuos no son éticos e independientes en el ejercicio de sus funciones, sino que por voluntad propia han vendido su conciencia a quien les facilitó la elección o el nombramiento.

¿Son realmente los más altos dignatarios del Estado, mercancías que se venden? No creo. Y si realmente lo fueran ¿quien puede decir que no lo hagan por algo más lucrativo que el cargo; o que vendan cada decisión importante que deban tomar? ¿Qué diferencia habría entre si lo compran con el nombramiento, o lo hacen una vez este en el cargo? ¡Ninguna! Por lo tanto la preocupación es infundada. Otra suposición es que no sean objetivos sino emocionales; en ese caso nombremos ingenieros y matemáticos en las cortes.

Es sólo una suposición perversa que sirve a los propósitos de la oposición, pensar que los hombres, libres y autónomos como son, se entreguen a la voluntad de otro. Tampoco es entendible que la división de poderes que tanto se defiende, propicie un campo de batalla en el que sus fines son antagónicos. La Nación es una sola, y si se está de acuerdo en el fin -el buen gobierno y el bienestar de los gobernados- y en la ruta que indica el pragmatismo, no la ideología, los poderes no tienen porqué confrontarse, ni perseguirse, sino colaborarse.

La independencia de los organismos funcionales (o poderes) del Estado, está garantizada antes que todo por las cualidades humanas de sus miembros (lo mas importante), que adicionalmente quedaría blindada si se les prohibiera aspirar a cargos públicos y contratar con el Estado, de por vida, desde el momento en que son nombrados. Si se requiere, alargándoles el periodo (a 12 años por ejemplo) y otorgándoles la pensión al terminarlo.

Modernamente la doctrina política denomina a esta división, en sentido estricto, separación de funciones o de facultades, al considerar al poder, como único e indivisible, y perteneciente original y esencialmente al titular de la soberanía (Nación o pueblo).

La condición de polarización y confrontación actual, que tendería a agravarse haciendo ingobernable el país, es mejor argumento para oponerse al tercer periodo que la cacareada independencia. No obstante, por esas rarezas de la vida, mientras más aumenta la polarización, mas crece el deseo popular de un tercer periodo. Lo mejor de todo, es que quien quiera que sea el próximo Presidente, hará lo mismo (lo dudo en el caso de Piedad o el Polo) aunque no necesariamente lo hará mejor.

De otro lado, al proyecto de referéndum para la reelección le han salido toda clase de enemigos, y con ellos toda clase de dificultades. Hay de todo: desde precandidatos que condicionan su postulación a que el Presidente no aspire, por ejemplo, el ex ministro de Agricultura; hasta los que se sienten con suficiente capacidad de derrotarlo en las urnas: para citar dos, Fernando Araujo y Sergio Fajardo.

También los hay quienes harán lo imposible para no tener que competir con un presidente que en siete años de gobierno, no sólo mantiene el respaldo popular, cuando lo común es que lo pierda a los 100 días, sino que lo aumenta en la medida que se le combate. Tan es así que todo el que tenga aspiraciones busca parecérsele, o al menos le reconoce algo bueno (la seguridad y la confianza inversionista). Parece mentira, cuando debía exacerbarse, se acabó la confrontación personal.

Volviendo al proyecto, es una paradoja, que un acto de consulta popular –la esencia de la democracia- se trate de impedir con el argumento de que atenta contra la democracia. Me aventuro más allá: si se violaron los topes; o si se recurrió a dineros de dudosa procedencia (lo procedimental), lo indicado es sancionar a quienes así procedieron, porque si los 4 millones de firmas recogidas son genuinas (lo sustancial) difícil será desconocerlas.

Resuelto el asunto del procedimiento, queda el tema de la redacción de la pregunta. El articulo 197 de la constitución establece: “Nadie podrá ser reelegido para ocupar la presidencia de la República por mas de dos periodos” Y la pregunta del referéndum que, “Quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido para otro periodo." Suficientemente claro, no obstante, podría ser interpretada como que se requerían dos periodos constitucionales completos para volver a ser reelegido. Al cambiar el Congreso “ejercido” por “elegido” queda superada esa contingencia.

Respecto a la conveniencia o no de la segunda reelección (o de la indefinida) no se ha considerado que también podría darse una dictadura de partido (con la legislación actual, puede estar indefinidamente en el poder) sin embargo eso no ha sucedido aun después de finalizado (hace 23 años) el Frente Nacional. Un argumento más en pro de las libertades y en contra de las prohibiciones.

Pero mas adelante, en el parágrafo transitorio del mismo articulo, hay otro obstáculo: “Quien ejerza o haya ejercido la presidencia de la República antes de la vigencia del presente acto legislativo (2004) sólo podrá ser reelegido por un periodo mas.” Si se levanta la restricción de los dos periodos para habilitar un tercero, el parágrafo, que iba dirigido a los ex presidentes que pretendieran dos periodos más (un mico de la Corte, que ni se necesitaba, los tres están quemados) cobijaría también al presidente en ejercicio.

No obstante el ciudadano no tiene porque conocer el parágrafo (no son constitucionalistas, y dejemos la hipocresía de asumir que todos los colombianos, deben conocer la ley) ni podía cambiar la pregunta. De manera que si el legislador, y finalmente la Corte Constitucional, entienden lo que entendió el ciudadano (un tercer periodo para todos los presidentes y ex presidentes) porque eso es lo que entiende quien no lea el parágrafo; y si realmente se respeta la democracia; realizado y aprobado el referéndum, no queda otra que eliminarlo o modificarlo, pues un principio del derecho establece que la última norma deroga todas las anteriores que le sean contrarias. Vendrá entonces la contienda electoral, con presidente a bordo, pero ahí tenemos dos figuras nuevas, que no repuntan en las encuestas (Uribe tampoco en el 2002), pero que están haciendo su trabajo.

Si el pueblo en libertad, sin indebidas interferencias lo niega, pues no ha pasado nada, y armaron una tormenta en un vaso de agua. Lo que deberían preguntarse los partidos políticos, es que hicieron mal para que Uribe parezca -en comparación- irremplazable, y empezar por elevar el nivel del debate político: ahí está la clave.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

lunes, 27 de abril de 2009

Proselitismo disfrazado de humanitarismo

El Presidente ha llevado el tema de la liberación de secuestrados a un escenario al que pocos le apostaban: excluir de los procesos a aquellos que han venido adelantando proselitismo político denominado falazmente acción humanitaria:

“No vamos a permitir que la liberación de unos compatriotas, que nunca debieron estar secuestrados, que han sido torturados durante una década o más, no vamos a permitir que esa liberación se convierta en un festín politiquero del terrorismo, que por un lado tortura y arroja sangre, y por el otro lado quiere aprovecharse de los medios de comunicación para engañar a los colombianos.

Nosotros no aceptamos engaños. Este Gobierno no acepta que se adelante ahora una campaña política basada en el espectáculo inhumano de hacer politiquería con la liberación de unos secuestrados. Politiquería que hace el mismo grupo que los secuestró y los tortura.

Entonces que quede muy claro: que lo liberen. Nunca debieron secuestrarlo. Festín político en favor del terrorismo, no. Nuevos engaños, no. Que las FARC ahora nos hagan exigencias para poder ellos darles impunidad, a través de un manto humanitario, a quienes han delinquido como elementos de la ‘farcpolítica’, no lo vamos a permitir".


La decisión de dejar a los “humanitarios” por fuera de las luces mediáticas y por ende, poner en riesgo la liberación de un secuestrado resulta una apuesta arriesgada, no solo por la reacción de los negociadores y de los ciudadanos conmovidos en general, sino por el costo de la incomprensión internacional.

De un lado hay que poner en la balanza los resultados de la permisividad con los “humanitarios” y con los palurdos del monte. Básicamente se sabe que el proceso de liberación a cuentagotas responde a una estrategia para posicionar electoralmente a uno o a varios miembros de Colombianos por la paz, especialmente a la senadora Piedad Córdoba. Cada liberación, con su deplorable espectáculo mediático y político, hace que la congresista liberal suba un poco en las encuestas y de esa manera busque obtener la bendición de los votantes del liberalismo para llegar a ser su candidata oficial.

Esos repuntes dejan contentos a muchos sectores castro-chavistas que sueñan con la conquista del poder por los votos de los colombianos conmovidos, quienes gracias a la calculada saturación mediática de Piedad Córdoba, y a su posicionamiento en la mente de los electores, podían acercar a la Senadora a la Presidencia de la República.

Más simple: Piedad “compra” votos con la falacia de su lucha por la paz y por el intercambio humanitario. En este sentido, la decisión de Uribe deja a la señora Córdoba en evidencia, pues de no continuar con el proceso, quedará como una nefasta negociadora del dolor del secuestro y si prosigue, no obtendrá réditos políticos con las liberaciones. Sin embargo, las FARC se encargarán de sacar de escena a la Senadora y centrar la atención en el “obstruccionismo” presidencial frente a la buena voluntad del grupo terrorista.

De igual forma, la decisión de Uribe obedece a un cálculo político claro: no dejar que el chavismo, y sus catastróficas consecuencias, se apoderen del país y lo empujen por el desfiladero del socialismo del siglo XXI.

Pero también hay evaluaciones morales: ¿Es válido hacer proselitismo político con el sufrimiento de los secuestrados y de sus familias? ¿Es moralmente aceptable que una o varias personas se aprovechen del dolor y de la solidaridad de los colombianos para dar el zarpazo y engañar a los ciudadanos con la promesa de una paz inalcanzable en las condiciones que las FARC y sus secuaces proponen? ¿Es ético que los criminales pongan las condiciones no solo para dejar de torturar, sino también, para obtener un premio político de sus tropelías? La respuesta de Uribe a todas las preguntas fue una negativa rotunda, que compartimos aquellos que vemos la peligrosidad del proyecto “progre” en la región.

Incluso, a primera vista, el planteamiento para cuestionar la decisión del Presidente parecerá válido: otorgarle visibilidad a algunos políticos parece un costo razonable en aras de conseguir la libertad de los secuestrados. No obstante, viendo las cosas con mayor profundidad, no es razonable que por uno o por 20 secuestrados, se corra el riesgo de entregarle el poder a la representante de un proyecto expansionista, y condenar a más de 40 millones de ciudadanos a la vulnerabilidad que impone el socialismo del siglo XXI.

Además, la decisión de Uribe empantana la liberación de un secuestrado que ha permanecido en manos de las FARC durante más de 11 años. Más allá de las suspicacias por los ardides de su padre, el caminante por la paz, el hecho es que el anuncio del Presidente seguramente motivará una rápida respuesta de las FARC en la que se radicalizarán y exigirán la participación de Piedad Córdoba como condición fundamental para esa nueva liberación.

Internacionalmente no se puede pedir comprensión a la decisión del Presidente, pues además del ambiente de unanimidad simpatizante por la causa de las FARC que se apoderó de Latinoamérica, tampoco será fácil explicar que Uribe interpuso un enorme obstáculo al proceso “humanitario” de la liberación de un secuestrado.

Evidentemente el Presidente midió cuidadosamente la decisión. Incluso sabe que además de haber invertido una parte importante de su capital político, la decisión en el corto plazo le traerá consecuencias impredecibles por la presión internacional, la ciudadanía y la oposición:

“Compatriotas, firmeza. Resistimos todas las presiones. Que vengan esas presiones del país, de la comunidad internacional, de la crítica, de la oposición. Que disfracen esas presiones como quieran, pero, compatriotas, firmeza, firmeza, firmeza.”

Para el mundo será simplemente una decisión de privilegiar lo político sobre la libertad de un secuestrado y eso, con las múltiples cajas de resonancia del terrorismo, será difícil de explicar.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

viernes, 24 de abril de 2009

Evo Morales será denunciado por la masacre de Pando

Después de años de activismo unilateral, de esparcir engaños y mentiras desde una sola perspectiva, de tratar de confundir la difusión alternativa de la información con la acomodación oportunista y conveniente de los hechos, la izquierda latinoamericana comienza a sentir el surgimiento de una fuerza que los enfrenta y que amenaza con neutralizar el adoctrinamiento falaz al que han sometido a los latinoamericanos.

En las últimas horas, decenas de ONGs de derechos humanos adscritas a UnoAmérica anunciaron que
acusarán formalmente al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por delitos de lesa humanidad, por la masacre perpetrada en la provincia de Pando en septiembre de 2008.

En marzo pasado, activistas de derechos humanos provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela viajaron a Bolivia para levantar un informe de campo en Pando y La Paz, recabando testimonios de testigos presenciales de los hechos de violencia registrados en El Porvenir y Cobija.

El informe final de la investigación señala que fueron obtenidos “suficientes elementos de juicio y probatorios que involucran directamente al gobierno de Evo Morales en la planificación y ejecución de homicidios, secuestros, lesiones personales y demás violaciones a los derechos humanos ocurridos en la localidad de El Porvenir y otros sitios“.

No obstante, es la reacción de la izquierda latinoamericana, y de sus medios de comunicación “alternativos”, lo que indica que tanto la investigación como las acciones emprendidas por UnoAmérica están convirtiéndose en piedras en el zapato para algunos de los miembros del Foro de Sao Paulo.

Un comunicado difundido solidariamente por Rebelión,
Kaosenlared y otros sitios virtuales de idéntica filiación a Anncol; entró a descalificar a los investigadores y miembros de UnoAmérica. El panfleto indica que están apareciendo “organizaciones apócrifas que se auto-atribuyen la tarea de investigar los hechos del 11 de septiembre de 2008 en el Departamento de Pando, con el objetivo de desvirtuar la realidad, engañar a la población, y distraerla para que no identifique a los responsables de la masacre ocurrida en la localidad de Porvenir, donde por lo menos once campesinos fueron asesinados como parte de un plan orquestado por el entonces gobernador, según informes de UNASUR , Naciones Unidas, una comisión de la Cámara de Diputados y la propia APDH.”

¿Organizaciones apócrifas? No queda claro si esta calificación la otorgan por suponer que UnoAmérica es una organización fabulosa (en el sentido de fábula), supuesta o fingida; o si obedece a la segunda acepción de la palabra -dicho de un libro que no está incluido en el canon de la Biblia.- Obviamente lo que dice UnoAmérica no puede estar en la “biblia” del Foro de Sao Paulo y más bien esas afirmaciones podrían ser consideradas, para ser más precisos, como herejías contra el proyecto expansionista del comunismo continental.

Lo importante del comunicado es que asegura que la investigación de UnoAmérica pretende distraer a la población para que no identifique a los responsables de la masacre. Uno se pregunta ¿pero si Leopoldo Fernández ya está en la cárcel y ha sido sindicado con toda la saña posible como el autor intelectual de la masacre, quiere decir que la cacería de brujas continuará?

El comunicado difundido por los simpatizantes del FSP no niega que la campaña de UnoAmérica, que actúa bajo el lema “Liberen la verdad”, sea válida. Por el contrario: entra a describir la forma como se identifican los activistas de la campaña y pretende con eso dejar de lado el fondo del problema, es decir, los presos políticos que los regímenes adscritos al Foro de Sao Paulo vienen sepultando en sus mazmorras.

Que la gente porte un rosario blanco al cuello resulta irrelevante, pues el fondo de la protesta es la persecución pseudojudicial y altamente politizada que se está dando en Bolivia, con dos propósitos claros: acosar a la oposición y levantar enormes cortinas de humo que les permitan a Evo Morales y a sus esbirros, esquivar la responsabilidad en la matanza de once campesinos durante las protestas contra el régimen boliviano.

Sin embargo, insinuar el cuestionamiento a los símbolos y al evento escogido para lanzar la campaña, evidencia el carácter intolerante y desesperado de la izquierda castro-chavista, pues un principio democrático simple implica que existe la libertad de cultos y sobre todo, la libre determinación de los ciudadanos de escoger la forma de manifestar sus convicciones morales y políticas, incluyendo la participación en rituales religiosos.

En otro aparte dice el comunicado que la investigación de UnoAmérica tuvo poca difusión. Sin embargo, unas líneas antes, el mismo comunicado se queja de la cobertura que dieron los medios al lanzamiento de la campaña… ¿al fin qué? ¿Hubo o no hubo difusión de la investigación? No obstante, la reacción del sistema mediático del FSP hace pensar que la cobertura fue de tal magnitud, que ameritó una acción en bloque para tratar de neutralizar la información y la investigación contra Morales.

Pero el cinismo del comunicado no termina ahí. Dice que acusar al gobierno como el culpable de la masacre es una “típica maniobra para criminalizar a las víctimas”… ¡Al contrario! El que está criminalizando a las víctimas es el gobierno de Morales que busca desesperadamente señalar como simpatizantes de su gobierno a quienes fueron asesinados por ejercer el derecho de protestar contra un régimen corrupto y lacayo del expansionismo chavista. No hay nada más criminal, ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni en Colombia, que respaldar las doctrinas y acciones del Foro de Sao Paulo…

Lo cierto es que el panfleto difundido por el aparato mediático virtual del Foro de Sao Paulo demuestra que, como afirma Alejandro Peña Esclusa, “está en marcha una maniobra internacional, dirigida por los aliados de Evo Morales, para criminalizar a UnoAmérica, a fin de impedir que se concreten nuestras acusaciones contra el gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad. La maniobra de guerra sucia incluye involucrarnos -sin presentar pruebas- en bizarras conspiraciones y en presuntos golpes de Estado”.

jueves, 23 de abril de 2009

De Carlos Castaño a ‘Don Berna’

¿Hay que creerle a alias ‘Don Berna’? Parece que sí, según se desprende de la euforia de Iván Cepeda frente a la declaración del narcoparamilitar en la que afirmó que “contribuyó con grandes cantidades de dinero a la campaña de Alvaro Uribe en el 2001".

Iván Cepeda sostuvo que espera que la confesión de ‘Don Berna’ genere nuevas investigaciones sobre la presunta colaboración de las Autodefensas Unidas de Colombia a la primera campaña presidencial de Uribe.

Esto significa que, según Cepeda, hay que otorgarles crédito a los testimonios de los jefes paramilitares, e investigarse hasta las últimas consecuencias. Más allá de la euforia, comprensible en Cepeda Castro pues ha
fracasado estruendosamente en la búsqueda de pruebas o indicios que vinculen a Uribe con el paramilitarismo; ciertamente las declaraciones y testimonios de los paramilitares deben ser evaluados y sobre todo, corroborados con documentos que ratifiquen la versión de los criminales.

En la misma línea, frente a la euforia del postizo defensor de los derechos humanos, es necesario advertir que el supuesto testimonio fue proferido por un individuo extraditado por el gobierno Uribe que estaba a punto de escuchar su condena, como consecuencia de esa determinación. Es decir: si de evaluar se trata, resulta un factor fundamental el deseo de venganza contra quien tuvo la osadía de enviarlo a una prisión extranjera prácticamente por el resto de su vida.

No obstante, si Iván Cepeda es coherente, no solo deberá creerle a ‘Don Berna’ sino a todos los jefes paramilitares, incluyendo a aquellos que estaban confesando sus crímenes y tratando de justificarlos con falacias ideológicas y políticas. En ese orden de ideas, Cepeda Castro debería plantear también una investigación sobre los testimonios de Carlos Castaño (consignados en el libro Mi confesión, Carlos Castaño revela sus secretos, escrito por Mauricio Aranguren Molina) sobre sus acciones criminales:

"El 9 de agosto de 1994 viajé a Bogotá y dirigí el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda Vargas. Ordené su muerte como respuesta a un asesinato cobarde que perpetró las FARC, fuera de combate. Luego envié la siguiente razón al secretariado: “Señores, vamos a matarnos, pero en guerra”.

La guerrilla le colocó una bomba de cien kilos de dinamita al General del Ejército, Carlos Julio Gil Colorado. Su muerte me afectó y mi reacción fue ejecutar a Cepeda. Las FARC sabe que le respondo de igual manera cada vez que plantean guerra sucia. Lo hice porque las FARC saben que yo les contesto cada vez que me hacen algo sucio.

Y dese cuenta cómo es la vida. Hace pocos días, ¡qué ironía y qué deplorable justicia!, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá me absolvió de toda responsabilidad de ese crimen sin asignar yo un abogado en mi defensa.

Manuel Cepeda pertenecía a las FARC y al que le quede duda alguna, averigüe el nombre del frente urbano de la guerrilla en Bogotá: Frente Manuel Cepeda Vargas. Los hombres que realizaron la ejecución no se encuentran detenidos. Fueron un policía retirado de nombre Pionono Franco y otro muchacho que ejecutó la guerrilla tiempo después.

Me fue posible reaccionar rápido tras la muerte del general Carlos Julio Gil Colorado, porque Manuel Cepeda trabajaba para las FARC en la legalidad. Siempre lo mantuve vigilado. Interceptaba sus llamadas y escuchaba sus conversaciones. Todo el tiempo lo tuve en la mira para responder al juego sucio o para retenerlo y lograr un canje por un secuestrado clave. Manuel Cepeda no ocupaba un cargo dentro de las FARC, pero era uno de sus hombres importantes. Fundó las Juventudes Comunistas y formó los cuadros políticos más relevantes de la guerrilla."


Si Cepeda Castro pide investigar lo dicho por un criminal resentido y con enormes deseos de venganza, también debería exigir que se mirara con lupa lo dicho por otro criminal, esta vez el comandante de las AUC Carlos Castaño Gil, y sobre todo, que se revisaran los vínculos y lealtades que pueden haberse heredado en las familias de las FARC.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

miércoles, 22 de abril de 2009

El octavo año de Uribe

Hace siete años empezaba a darse por descontado el triunfo de Uribe en las elecciones presidenciales, y dentro de un año también estará claro quiénes podrán gobernar a Colombia en el siguiente periodo. El año que queda es crucial para el futuro del país.

A pesar de lo que muchos piensan, no es tan seguro que Uribe se presente de nuevo como candidato: las
presiones de todo tipo que afronta podrían hacerlo desistir, así como la conciencia de que un tercer periodo estaría rodeado de dificultades y podría darse el colapso de la experiencia uribista.

Ese peligro consistiría en la inestabilidad política que derivaría de la situación de relativa ilegitimidad: si la constitución es tan maleable que se puede cambiar cada vez que conviene al gobierno, en la realidad no hay otra norma que el capricho gubernamental o de las mayorías, y nadie podrá decir que Uribe no volverá a ser candidato en 2014, 2018 y 2022. Toda oposición lo sería a un gobierno perpetuo, y da casi lo mismo que se considere dictadura o democracia plebiscitaria.

Pero a esa oposición que siempre estaría en desventaja frente a la popularidad del caudillo la concentrarían los amigos de los terroristas, tratando de tomar el poder como representación de la resistencia de los “verdaderos demócratas”. ¿Ya se han olvidado las huelgas de maestros y las marchas indígenas? Se puede dar por descontado que proliferarían, así como los actos violentos originados en las universidades: ¿qué proporción de los estudiantes de las universidades públicas bogotanas creen a pie juntillas que el presidente es el jefe del tráfico de cocaína? Yo sólo puedo asegurar que lo repiten todos los que conozco. En cuanto se pueda presentar la violencia organizada como respuesta a un dictador al que desprecia la nueva generación, liderada por Obama, no habrá modo de contenerla.

A eso habría que añadir el desgaste de tantos años de gobierno y el olvido de los colombianos de lo que fueron las décadas anteriores. Si se piensa que en estos siete años no ha saltado un gran escándalo de corrupción como el de Foncolpuertos, sería muy estúpido pensar que alguna doctrina o alguna retórica ponen a algún sector político a salvo de las maquinaciones de los corruptos. Puede que las amenazas de romperle la cara al tramposo no sean suficientes.

El reciente episodio de los negocios de los hijos del presidente es un buen ejemplo de eso: no importa si se ha cometido un delito, primero porque podría haber ocurrido y sería imposible demostrarlo, y segundo porque la empresa que compró los terrenos favorecidos por la calificación como zona franca podría haber contado con asesores que jugaban limpio(es decir, que evaluabn las posibilidades de recalificación sin recurrir al tráfico de influencias): lo cierto es que los hijos del presidente sacaron provecho de una operación especulativa, y que eso erosionará la imagen de Uribe. Es decir, el problema no es el posible delito ni la posible indelicadeza, sino la imagen que de eso saquen los ciudadanos.

Y es que muchas otras personas se habrán lucrado de esas recalificaciones de terrenos, incluso gracias al “delito de iniciados”, que siempre es tan difícil de probar, pero no es lo mismo que los beneficiados sean parientes del primer mandatario. Los negocios de éstos deberían ser ajenos a esa clase de operaciones cuya rentabilidad depende de decisiones de empleados del gobierno.

Pero más allá de que Uribe resuelva presentarse o no, todavía hace falta completar el segundo gobierno, y el año que queda es difícil, con el desempleo aumentando y las exportaciones menguando y con el constante deterioro de la imagen del gobierno a causa de la segunda reelección. Creo que es el precio que Uribe paga por no plantearse modernizar la política y crear un partido centrado en un ideario liberal-democrático.

El periodo preelectoral será un anuncio de lo que podría ser una década espantosa: ya he mencionado lo que ocurriría con un tercer gobierno de Uribe, pero en caso de que ganara alguno de sus opositores actuales, que en la práctica lo comparten casi todo, la situación sería mucho peor. Todos los candidatos alternativos que han aparecido necesitarían de la izquierda democrática en la segunda vuelta, y serían sus rehenes.

Pero una política de apaciguamiento con las guerrillas con la consiguiente recuperación visible de éstas llevaría a una guerra civil. Y tanto Uribe como los ambivalentes serían responsables de esa catástrofe.

Lástima que no haya políticos con valor e ideas capaces de ganarse a las mayorías que hoy apoyan a Uribe, por ejemplo proponiendo un referéndum que prohíba la negociación política con los terroristas, o un cambio radical en la política económica, que permitiera mejorar los indicadores de empleo.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.

martes, 21 de abril de 2009

Mejor aliados que enemigos

El discurso de Barack Obama tiene una característica que infunde esperanzas, sin que existan elementos concretos que las sustenten, solo generalidades; y que cada cuál le da la lectura que más le conviene.

Por ahora Obama ha dicho que no habrá preferencias; que habrá un trato igualitario para todos, y anunció una fuerte suma en dólares para los pises del continente. ¿Qué significará eso para Colombia, su TLC y su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo?

Respecto a lo primero, el que haya delegado el tema –que es político y de su incumbencia- en Ron Kira, su representante comercial, parece una evasiva diplomática. Y respecto a lo segundo, sería catastrófico seguir alineado con la política de combatirlos, sin la ayuda estadounidense. La otra lectura posible, es que Barack está más interesado en los más grandes, o en seducir y conquistar a los chicos malos del continente, que en Colombia, seguro de su incondicional fidelidad.

También ha dicho que está interesado en un cambio en las relaciones con Cuba, que condicionó al establecimiento de la democracia, el respeto de los DDHH y el retorno a las libertades individuales en la isla. Cosa nada fácil de conseguir como requisito, si no como consecuencia del restablecimiento de las relaciones, y el levantamiento del bloqueo económico.

Si lo que buscaban los EUA con el bloqueo a Cuba era evitar que el modelo económico de la isla (el comunismo) mostrara ventajas frente al capitalismo y se propagara, 50 años han servido para lo contrario: en el resto del continente se ha generalizado un sentimiento nacionalista y anti estadounidense, que lo está difundiendo; y está probado que el pueblo cubano es capaz de vivir rezagado del progreso y sin esperanzas.

El dejar en libertad a quienes vivan en los EUA, exiliados o nacidos en el país, para que visiten la isla cada vez que quieran (la restricción era cada tres años) y envíen remesas a sus familiares sin ninguna restricción (medidas unilaterales que ya incomodaron a Castro, quien puede boicotearla) es la forma mas expedita de iniciar una revolución en Cuba. Sólo se espera que sea una transición tranquila a la democracia; que sean los cubanos quienes decidan, si quieren parecerse mas a si mismos, o a sus hermanos exiliados -o nacidos- en el régimen de las libertades y de las desigualdades.

Obama ha dicho también que respetará la autonomía de las naciones (se entendió en relación al modelo de desarrollo) basado en el ejercicio de la democracia y en el respeto por los DDHH. El imperio no peligra frente a las ideologías, porqué lo que se impone es el dominio de las tecnologías y el pragmatismo en lo económico.

Es inconcebible que esas ideas de nacionalismo exacerbado; dictaduras caudillistas o de partidos (el del proletariado, como si fueran hoy una clase emergente); y restricciones a la libertad de empresa y a la propiedad privada, estén prosperando en el continente, cuando los países comunistas están tomando la ruta contraria: la del capitalismo, los mercados y las libertades.

Es mejor tener aliados que enemigos, es el mensaje que queda del discurso. La personalidad alegre, desabrochada, locuaz y cautivante de Obama, terminará rompiendo el hielo, que a instancias de Chávez, ha congelado las relaciones continentales.

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.

lunes, 20 de abril de 2009

La euforia pacifista

En medio de mentiras, complacencias y ruido mediático, el brazo político de las FARC quiere empujar, a la brava, un supuesto proceso de paz que solo significa la oxigenación del terrorismo para destrozar, de una vez y para siempre, la débil democracia colombiana.

El último que saltó a la palestra fue el ex asesor de paz
Lázaro Vivero, quien se involucró de lleno en el intercambio epistolar con las FARC. La novedad de la acción de Viveros es que incluyó al Presidente, aunque ese era un paso previsible dentro de la degradación del conflicto que perciben los nostálgicos del Caguán.

¿Previsible? Si. Porque tarde o temprano los Colombianos por la paz, o como se quieran llamar para disfrazar su alineamiento con las FARC, tenían que contar con Uribe para intentar avanzar en el camino de oxigenar al grupo terrorista. No existe ninguna posibilidad de que las FARC tengan descanso, o que el ‘Mono Jojoy’ pueda tratarse tranquilamente su diabetes, o que ‘Alfonso Cano’ pueda curar su brazo; si las fuerzas de seguridad del Estado mantienen la ofensiva contra el terrorismo.

Vivero plantea una suspensión de las acciones violentas en junio, sujeta a verificación internacional. ¿Por qué se requiere verificación internacional para vigilar las acciones legales y constitucionales de las fuerzas de seguridad del Estado?

Una de las mentiras que plantea Vivero Paniza es que esa verificación dará “paso al diálogo que produzca resultados para pacificar el país”. Me encantaría que Vivero explicara qué entiende por pacificar el país, pues él participó activamente en unos supuestos diálogos orientados a buscar una presunta paz que terminó fortaleciendo no solo a las FARC sino a todos los grupos criminales y terroristas que destruyen a Colombia… ¿Acaso Vivero no recuerda el motivo fundamental por el que Uribe llegó a la Presidencia?

La tal verificación internacional abriría las puertas a los amigos de las FARC en el exterior, para que planten evidencia que puedan utilizar más adelante contra militares demasiado incómodos y miembros del actual gobierno. No sería entonces una verificación sino un grupo con la misión de estructurar el montaje de pruebas, recaudar testimonios comprados o coaccionados, y dejar listas las bases para futuros procesos internacionales. En eso son expertos: basta con que tomen nota de las acciones del jesuita Javier Giraldo y de Gloria Cuartas en Apartadó para que estructuren los montajes a lo largo y ancho del país.

De igual forma, Vivero Paniza esboza la desesperación que tiene su combo por la debacle que están sufriendo las FARC en el terreno militar. Dice el ex asesor de paz –actualmente investigado por su relación con ‘Raúl Reyes’- que

"no podemos quedarnos a la espera de que se llegue a una solución solo a través de la guerra, sino que debemos entre todos, buscar una solución que se convierta ella sí, en la solución que todos esperamos y queremos".


La prepotencia de Vivero es tremenda. Que él y los suyos no puedan quedarse sin hacer nada, viendo como llega el día final de los palurdos de las FARC a través de la guerra, no implica que el investigado ex asesor asuma abusivamente la vocería de todos los ciudadanos, inmiscuyéndonos en una supuesta solución que es solo una falacia para ganar tiempo y tratar de recuperar a las tropas del monte.

Si de verdad Vivero Paniza quisiera una solución, les pediría a las FARC que se desmovilizaran y acogieran a Justicia y paz. Además les exigiría que confesaran el genocidio contra decenas de secuestrados y que testificaran contra aquellos que desde la “civilidad” les dieron órdenes y los respaldaron en su intención de refundar la patria.

No obstante, lo que piden los caguaneros de Vivero es que el Estado suspenda las operaciones contra las FARC y que éstas, a su vez, decreten una especie de tregua. Sin embargo, considerando que las FARC aseguran que tienen presencia en todo el territorio nacional, lo que está sobre la mesa es que las Fuerzas Armadas deberán suspender todas las operaciones en el país para atender la solicitud de Vivero y de Colombianos por la paz.

Y ahí está la celada: como el grupo terrorista asegura que tiene control territorial en diversas zonas del país, la solución es… ¡una zona de despeje! ¿Cómo no se les había ocurrido antes? Es que en aras de la “paz” hay que entregarles a las FARC un sector del país para que recuperen fuerzas, puedan reclutar a sus anchas, y sobre todo, puedan mantener o ejecutar a los secuestrados… volver a ver a los máximos cabecillas de las FARC con panzas oligarcas es un viejo anhelo de los caguaneros.

Sin embargo, hay que partir de una premisa: si las FARC aceptan que solo tienen 9 secuestrados por razones económicas y 20 “prisioneros de guerra”, lo que se está diciendo en la práctica es que el país se tendría que volver a someter a la pesadilla de una zona de despeje, y renunciar a los logros que se han obtenido gracias a la Seguridad Democrática, para que 30 personas puedan recuperar la libertad. Vuelve y juega: las cuentas no cuadran. Ateniéndonos a lo que dicen las FARC, se trata de apostar la seguridad de más de un millón de colombianos por cada secuestrado. Eso es, ni más ni menos, lo que piden Vivero, Piedad Córdoba, Alfredo Molano, Daniel Samper y los demás cómplices de la “solución política y negociada al conflicto”.

Ahora bien: ¿qué pasa con las operaciones “civiles” de las FARC? ¿Acaso la propuesta de una tregua incluye también a los actores políticos del grupo terrorista? Nada de eso. En una época electoral como la que estamos viviendo, la hipotética tregua de las FARC serviría para borrar, de la memoria reciente de los colombianos, todas las atrocidades que el grupo terrorista ha cometido.

Si a lo anterior se suma la presencia mediática de los protagonistas y “héroes” del cese temporal de hostilidades, y la lógica escalada del conflicto político por cuenta de los aliados de las FARC en la oposición, el resultado sería que en pocos meses muchos colombianos estarían pensando en otorgarles una zona de despeje y todas las gabelas que en su momento se les entregaron en San Vicente del Caguán.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

viernes, 17 de abril de 2009

Condena a comisarios encubre un crimen horrendo


La masacre del 11 de abril fue planificada
Cargado por ricardonunez


La condena a los comisarios Simonovis, Forero, Vivas, y demás funcionarios policiales es una patraña, cuyo objetivo es encubrir uno de los crímenes mas horrendos cometidos en la historia moderna de Venezuela.

La jueza de la causa y los funcionarios gubernamentales saben muy bien que los comisarios son inocentes. La masacre del 11 de abril de 2002 fue concebida y planificada fríamente -con días de anticipación- por el Alto Gobierno, para impedir que cualquier protesta ciudadana llegase al Palacio de Miraflores.

Existen probadas evidencias de dicha planificación, que se hicieron públicas durante la interpelación parlamentaria a los militares que desconocieron las órdenes de reprimir al pueblo el 11A.

Los asesinos de Puente Llaguno -hoy héroes de la Revolución- no actuaron espontáneamente, sino que recibieron órdenes superiores, de disparar contra manifestantes pacíficos y desarmados.

Ésa no fue la única vez que los pistoleros de Llaguno se activaron. El 7 de diciembre de 2001, el gobierno de Chávez planificó una masacre similar, para impedir que una marcha organizada por la asociación civil Fuerza Solidaria llegase a su destino. Las armas no se accionaron simplemente porque los organizadores de la marcha -informados a tiempo de la emboscada- decidieron suspenderla a mitad de camino.

Según la perversa lógica de los funcionarios gubernamentales, “la Revolución justifica los medios”; es decir, cualquier crimen se justifica, cualquier violación es permitida, con tal de perpetuar a Chávez en el poder.

En este caso, el crimen es doblemente maligno: por un lado, el oficialismo planifica y ejecuta una masacre contra ciudadanos inocentes; y, por el otro, condena precisamente a quienes hicieron lo posible impedirla. ¡Qué infamia! ¡Cuánta maldad

Sin embargo, esta terrible injusticia será reparada. Una serie de acontecimientos, provocados -entre otras razones- por la crisis económica, derrumbarán el frágil piso que sostiene al Régimen; y quienes hoy se erigen en jueces omnipotentes, serán reos de la Ley.

Ismael García puede liberar a Simonovis


Caracas, 13 de abril de 2009
Ciudadano
Diputado Ismael García
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de plantearle lo siguiente:

Según trascendió en las interpelaciones realizadas en la Asamblea Nacional, con motivo de los hechos del 11 de abril de 2002, usted -en ese entonces miembro del oficialismo- formó parte de un grupo de tarea, destinado a contrarrestar las protestas de la oposición.

De acuerdo al testimonio del general Manuel Rosendo (10/05/2002), usted -como vocero de ese grupo de tarea- presentó en una reunión “ la forma de cómo contrarrestar las acciones de las personas de la industria petrolera“. El general Rosendo añadió que “allí se expusieron varios puntos, entre los cuales se destacó la utilización de los círculos bolivarianos en forma contundente, tanto en las instalaciones y dependencias petroleras, así como en las áreas donde se efectuarían las concentraciones“.

Los testimonios de otros oficiales generales, corroboran la existencia del mencionado grupo de tarea y de la reunión donde se planificó la utilización de los círculos bolivarianos para atacar a las marchas opositoras. De lo cual se deduce que los pistoleros de Puente Llaguno no actuaron espontáneamente, sino como parte de un plan oficialista.

Su doble condición de vocero del oficialismo y de miembro del grupo de tarea, lo coloca a usted en una posición privilegiada para esclarecer ante la opinión pública la verdad de lo ocurrido el 11 de abril, y para determinar la responsabilidad del Gobierno en la masacre de Miraflores.

Comprendo que, si revela usted la verdad, podría comprometerlo seriamente en los delitos de lesa humanidad cometidos ese día. Sin embargo, guardar silencio podría comprometerlo aún más. Además, su testimonio podría servir para liberar a los inocentes encarcelados injustamente por el Régimen, entre ellos los comisarios Simonovis, Vivas y Forero; y ayudaría a castigar a los verdaderos responsables.

Tenga usted la seguridad de que, si se atreve a revelar la verdad, los venezolanos sabrán perdonarle su anterior complicidad con el oficialismo, como de hecho ya se lo han demostrado al reconocerle su liderazgo como actual vocero de la oposición. Si usted decide colaborar con el reestablecimiento de la justicia, sin duda sería objeto de una merecida amnistía.

Las circunstancias lo han colocado frente a una gran responsabilidad histórica. Espero sepa usted asumirla como corresponde.

Sin otro particular a que hacer referencia, aprovecho la oportunidad para reiterarle un cordial saludo.

Muy atentamente,

Alejandro Peña Esclusa
Presidente de Fuerza Solidaria
www.fuerzasolidaria.org

UnoAmérica en Argentina

Desde hace varias semanas actúa en la Argentina una delegación de UnoAmérica que opera en distintos países latinoamericanos donde domina la izquierda en sus distintas manifestaciones. Desde Buenos Aires, sus representantes argentinos, la señora Liliana Raffo de Fernández Cutiellos - viuda del teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos, muerto en combate el 23 de Enero de 1989 en épocas de Alfonsín, durante el ataque del Movimientos Todos por la Patria (grupo terrorista del cual el actual Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, fue fundador junto a Enrique Gorriarán Merlo en 1986) al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada - y el Sr. Jorge P. Mones Ruiz, han desplegado una serie de contactos con entidades similares y participaron de la investigación realizada en el Departamento de Pando, ubicada en la Amazonia Boliviana, donde el gobierno de ese país organizó una conspiración y represión contra ciudadanos opositores a la dictadura racista del gobierno de Evo Morales.

Este último suceso fue utilizado por el presidente boliviano para acusar a sus opositores, a los que sindicó de ser "responsables de la matanza", una noticia que en su momento fue fogoneada mediáticamente para atacar a quienes resisten el proyecto identificado con el "Socialismo del Siglo XXI" que impulsa otro dictador, Hugo Chávez desde Venezuela, sponsor del kirchnerato.

Hace pocos días, la arquitecta Fernández Cutiellos y Mones Ruiz viajaron a Santa Cruz de la Sierra y a la Amazonia donde participaron de la investigación de los sucesos registrados en Pando y acumularon pruebas de peso que demuestran la responsabilidad de Morales en los hechos.

Concurrentemente, Fernández Cutiellos dirige en Córdoba el Movimiento por la Verdadera Historia, junto con el joven escritor Agustín Laje Arigoni, un estudioso de los pasos estratégicos que realiza el terrorismo en la región y el desarrollo argumental que aplica para su actividad política. Ambos delegados argentinos pusieron de manifiesto que el interés central de la institución a la que representan, y que en el orden internacional dirige el ingeniero venezolano Alejandro Peña Esclusa, es la defensa de los derechos humanos universales, en particular, de los presos políticos perseguidos por su acción antiterrorista.

"La Argentina, Uruguay, Bolivia y Venezuela, países (entre otros) donde UnoAmérica tiene montada una estructura de importancia, se caracterizan por tener presos políticos por idénticas razones. Lo mismo sucede en el Uruguay donde hay que prestar atención, pues con menos estridencias se persigue a quienes lucharon contra la Guerra Revolucionaria Marxista. Esta guerra inconclusa, hoy forma parte de un amplio proyecto de penetración sutil y progresiva, distinta a las acciones armadas del pasado pero que mantiene vigente la perspectiva violenta, escenario en el cual la Iglesia Católica no deja de ser uno de los blancos de la nueva agresión neocomunista".

Después de explicar las peripecias soportadas durante su viaje a Bolivia y las entrevistas que allí mantuvieron para organizar acciones comunes, los argentinos mencionados pusieron de relieve la canalización de estas inquietudes a través de la ONG 1810 "que adhirió a UnoAmérica".

Al analizar la realidad argentina, destacaron la contradicción y discriminación ideológica que existe al juzgar los sucesos del pasado. "Mientras figuras prestigiosas como el abogado Dr. Jaime Smart o el diputado nacional Luis Abelardo Patti (con amplio apoyo popular) están presos por defender los valores y principios que siempre caracterizaron la impronta del pueblo argentino, quienes actuaron con las armas en la mano, pusieron bombas, asesinaron civiles y militares, niños y jóvenes, no sólo no están presos sino que son catapultados a la vida política para ejercer una representación que no poseen, condicionando (cuando no comprando o extorsionando) a jueces y fiscales".

Esto que dejamos señalado expresa una grave enfermedad institucional y moral que posee múltiples señales: la seguridad jurídica de la Nación. Y además, la selección de oportunistas que en su momento fueron funcionarios del gobierno militar y actualmente son favorecidos gracias a que rápidamente se identificaron con las nuevas autoridades políticas. Algunos, incluso, ocupan importantes cargos en el más alto nivel de la Justicia (habiendo jurado por los "Estatutos del Proceso Militar") desde donde aplican leyes retroactivas que atentan contra las normas del derecho positivo occidental. No denuncian las leyes que se elaboran para que esto sea posible, y ofrecen una similar caracterización operativa donde estos personajes dominan los escenarios institucionales en distintos países, bajo los objetivos estratégicos del Foro de San Pablo, nueva usina revolucionaria neocomunista. Por eso existe Uno América".

jueves, 16 de abril de 2009

Triple RE

No me cabe duda de que a las buenas o a las malas, la supuesta coalición uribista, con la ayuda del gobierno, sacará adelante el referendo reeleccionista. Si tienen que cambiar la pregunta, o incluir más articulitos, o convocar sesiones extras, lo harán sin miramientos.

Así, en las últimas horas del 19 de julio, o en las primeras del 20 si la cosa da para nuevas sesiones extras, el referendo pasará a control constitucional, no sin antes hacer una visita al despacho del Procurador General de la Nación quien, démoslo por descontado, le dará la bendición a la aplicación del mecanismo de participación ciudadana.

En la Corte Constitucional podrán demorarse un poco, para guardar las formas, pero no demasiado como para perjudicar el mecanismo, y una vez la honorable Corte apruebe el referendo, comenzará una carrera de pronóstico reservado en la que opositores y simpatizantes se jugarán sus restos por hundir o promover la aprobación de la segunda reelección.

Un tema que está ahí, como amenaza en la sombra, se despejará en pocos meses: el del censo electoral, del que dice el Registrador que hay que sacar a más de 1 millón de muertos, con lo cual seguramente bajará el umbral y la tarea de aprobar el referendo será un poco más sencilla.

Ya el obstáculo de las cédulas lo quitaron a los empujones: el del fenecimiento de los antiguos documentos de identidad. Para el Registrador, la tarjeta laminada solo servirá en 2010 para votar, es decir, para ejercer el principal derecho ciudadano, pero no para identificarse, ni para hacer una transacción, ni para que los ancianos pensionados obtengan la supervivencia… todos estos son derechos sin importancia (parece decir el Registrador) y lo fundamental es que la gente pueda votar… el referendo, claro está.

Sin embargo, antes del 20 de julio veremos a la oposición en plena efervescencia: citarán a David Murcia Guzmán al Congreso para que les cuente, con o sin pruebas, cómo financió la recolección de las 3.8 millones de firmas, llevarán expertos para que expliquen la inconveniencia de la iniciativa, se trenzarán en vociferantes debates por cualquier detalle de menor trascendencia –aunque saldrá a relucir la palabra gravísimo, la más utilizada por la oposición colombiana-; mientras el Fiscal General expide medidas de aseguramiento a diestra y siniestra, todo para tratar de aplazar la aprobación del triple re (referendo para la re-reelección).

Adicionalmente se incrementará la campaña nacional e internacional de desprestigio contra el Presidente, con una amenaza a la que los uribistas deberían prestarle más atención: el montaje de expedientes judiciales sesgados que seguramente serán procesados para llevarlos ante la Corte Penal Internacional, aunque seguramente algunos guardarán la esperanza de ver una “tremenda” acción judicial de los militantes de Asonal que lleve a Uribe a compartir el destino de Alberto Fujimori.

Para abonar el terreno ya están los falsos positivos, el paramilitar que habla de la masacre de El Aro y los demás señalamientos que continua y sistemáticamente lanzan desde diversos sectores de la sociedad colombiana. Aunque los sistemas judiciales peruano y colombiano son distintos, la condena a Fujimori como autor “mediato” de varios crímenes podría ser equiparada con la figura de autor intelectual, que en últimas es lo que han buscado incansablemente los enemigos del Presidente, desde el momento en que las FARC no pudieron asesinarlo el día de su posesión.

Y lo anterior se agrava, no por la fuerza de las inexistentes pruebas, sino por el evidente sesgo procesal de la justicia colombiana: yo no me fio de los congresistas que integran o integrarán la Comisión de Acusación de la Cámara, quienes son al mismo tiempo investigadores y sujetos procesales de la Corte Suprema. Para la Corte y la cohorte será fácil urdir una denuncia aquí, un expediente fantasma por allá, un testigo comprado y protegido por una ONG con un magistrado Velásquez en la mitad… Así, la extorsión a los congresistas estará cocinada y serán neutralizados para que no obstaculicen el proceso contra el Presidente.

A Uribe lo quieren en la cárcel, con o sin segunda reelección, y la izquierda “democrática” no se detendrá fácilmente. Por el contrario: avanzará y en su embestida se llevará incluso a algunos de sus más eficientes colaboradores como Ernesto Samper, César Gaviria y Andrés Pastrana.

Finalmente el mensaje, como en Perú, será el mismo: el que se meta a perseguir al brazo armado de la izquierda o a denunciar los propósitos criminales y mafiosos de esa facción, terminará aplastado por el frente judicial afecto, adicto, promotor y máximo representante de la combinación de todas las formas de lucha.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

miércoles, 15 de abril de 2009

Centristas desubicados

Si bien Ortega y Gasset dejó sentado que "Ser de izquierda es, como ser de derecha, una de las infinitas formas que el hombre puede elegir para ser un imbécil; ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral", el ser de "centro" no parece mejorar mucho las cosas: suele ser una forma de deshonestidad ligada a cierta ambivalencia, a cierto cinismo, y en últimas una actitud frívola.

Pero no tanto por la falacia implícita en esas nociones variables (¿en qué era Mussolini más de "derecha" que Chávez? Mucho se ha derechizado el socialismo desde el demagogo camaleónico hasta el militar convertido en reyezuelo que encarcela a sus críticos), cuanto porque los políticos centristas saben que sus ideas y proyectos no tienen buena acogida entre los votantes, que profesan ideas contrarias, y el centrismo resulta sólo una forma de distraer al votante y llevarlo con cualquier pretexto a apoyarlos.

El inventario de conductas escandalosas de los centristas colombianos en la última década es copioso y deja ver el centrismo como una forma diluida de complicidad con diversas facciones criminales. Durante la época del Caguán oí por Radio Nacional de España una discusión entre un representante de las FARC ("Marcos Calarcá"), un periodista independiente (Alfredo Molano) y una representante del establecimiento (María Emma Mejía): sorprendentemente estaban de acuerdo en todo. La señora Mejía representaba claramente el espíritu centrista.

Los centristas son así: Rafael Pardo se indigna contra Rodrigo Rivera por no hacer verdadera oposición pero defiende a Piedad Córdoba, la cual le parece coherente con la disciplina de su partido. Mockus pide la renuncia del presidente por el episodio de Yidis Medina (parece que los gobiernos anteriores no fueran clientelistas, o que la obstrucción de unos corruptos tuviera más valor que la voluntad popular), pero no ve nada condenable en la actitud de la Corte Suprema de Justicia ni ve ninguna irregularidad respecto de la parapolítica ni de los intentos criminales de comprar testigos para que declaren contra el presidente. Y los ejemplos se podrían contar por miles.

En términos generales los centristas son los socios del terrorismo que buscan votos entre gente que no ha tomado partido por los aliados manifiestos de las FARC. Por eso encuentran de lo más normal y respetable que los editoriales de El Espectador y la inmensa mayoría de las columnas de opinión de la gran prensa sean manifiestamente afines al grupo de Piedad Córdoba: JAMÁS he visto una discusión de un centrista con alguna figura o columnista del Polo Democrático: a la hora de intentar derribar al gobierno, los centristas se distinguen sólo porque disparan desde más arriba.

Y es que el centrismo en un entorno de crímenes atroces como el colombiano es sólo otra infamia. Y para entender el contexto de todo eso hay que volver la mirada una década y pensar que todos los políticos de algún nivel, con la excepción del ex gobernador de Antioquia Uribe Vélez, apoyaban la abolición de la democracia para premiar a una banda de asesinos. ¿De qué modo guerreaban las FARC contra el establecimiento que unánimemente era partidario de premiarlas? Ése es el punto: los centristas como Pastrana, Samper, Sanín, Mockus, Garzón y muchísimos otros reinaban felices con ingresos fabulosos y enormes redes de apoyo mientras los terroristas destruían pueblos a punta de cilindros: eran parte de un orden en el que eso se aceptaba como una fatalidad, y por ese camino terminaban explotando las atrocidades y el terror en su propio provecho.

De modo que el conjunto de la oposición a Uribe es sólo la resistencia de ese viejo orden, y da lo mismo que sean las FARC o los líderes del liberalismo o del conservatismo: hoy en día todos los centristas necesitan que las FARC se recuperen para ganarle la partida al gobierno. No quieren combatir a las FARC porque eso los pondría en el lado del "uribismo", pero tampoco las reconocen abiertamente porque eso les quitaría votos.

Hoy en día el centrista paradigmático es el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, que no es antiuribista ni uribista sino al parecer todo lo contrario, y que frente a los cientos de enredos periodísticos y judiciales de los últimos años parece vivir ocupado de la realidad de otro país. Lo que pasa es que ya queda sólo un añito para las elecciones, y entonces algo hay que decir de todo eso.

Respecto a la pregunta ¿Es inevitable que las FARC dominen también la agenda de esta campaña?, responde:

Si las FARC son el tema central de la campaña Presidencial eso significa que no hemos avanzado. Significa que estamos en el terreno de la violencia que sigue siendo el factor que nos une en Colombia. Significa que la política es la de la polarización. Significa que no le apostamos a las oportunidades que potencian nuestras capacidades. Significa que estamos en más de lo mismo.

Ésta es la respuesta de un matemático y de un académico: ¿qué van a interesar los hechos en comparación con la interpretación que de ellos hagamos? Parece que el salir de la violencia y "apostar a las oportunidades que potencian nuestras capacidades" son el resultado de un acto de voluntad, como la supuesta manía de los avestruces de esconder la cabeza en la arena para conjurar el peligro.

Pero la respuesta del candidato tiene una segunda lectura: si "la política es la de la polarización" y eso se entiende como estancamiento, ¿cuánto falta para decir directamente que la "guerra" es el resultado de la actitud "guerrerista" del gobierno. Es decir (ahí el centrismo resulta perfectamente descrito), que lo que hace falta es decidirse a buscar la paz, según la doctrina casi unánime de los columnistas de El Espectador, a los que ningún centrista desautoriza ni desautorizará.

No faltará quien piense que estoy sobreinterpretando al señor Fajardo, pero la respuesta la da él mismo en una entrevista con un periódico español que aparece en El Espectador con el gracioso título de "Las FARC deben dejar las armas". Como si alguien fuera a decir que no, que deben seguir matando. Bueno, "alguien" que quiera ganar las elecciones en Colombia, de hecho mucha gente dice eso, sobre todo fuera de Colombia.

Cuando le preguntan cuál es su postura ante las FARC, contesta que lamenta que la negociación del Caguán, con la que se habían ilusionado los colombianos y él mismo, fracasara: no ve problema en las premisas de esa negociación sino en que las FARC no la aceptaran. De hecho, es lo mismo que defendía un mes antes del final del despeje. Dice que la condición para negociar es que dejen las armas, pero eso no responde a la cuestión de si se van a premiar los crímenes: sólo es otro recurso falaz parecido al de Gustavo Petro que supone que gobernando los chavistas las FARC tendrán que desmovilizarse. Perfectamente podrían dejar las armas, pues recuperar el terreno perdido les resultará imposible, a cambio de un compromiso de una constituyente no elegida, como la que intentaba convocar Pastrana. Fajardo y los centristas no tendrían nada que perder, como César Gaviria no perdió nada promoviendo una constitución acordada con el M-19.

Pero las dudas se despejan del todo en las preguntas finales:

¿Qué posibilidades tienen?
El próximo gobierno de Colombia tiene que ser de coalición, de diferentes grupos, porque esta es una tarea pendiente en América Latina y en Colombia. Hay un modelo que es Chile, el modelo de la concertación. Chile y Brasil son los modelos.

¿Socialdemócratas?
Sea lo que sea la socialdemocracia, institucionalmente ellos son los que han dado las mejores respuestas. Ahora mismo no hay otros puntos de referencia. En Europa no hay nada políticamente atractivo, en el sentido de que proponga algo nuevo, a diferencia de otras épocas. Creo que el mundo va a empezar a mirar lo que está pasando en América Latina, donde va a estar buena parte de la creatividad.

Nadie debe llamarse a engaño: diga lo que diga para atraer al electorado renuente a sumarse a Chávez, Fajardo buscará la concertación con los demás centristas, con Petro y Garzón y probablemente Mockus para la primera vuelta, y con el PDA y el "liberalismo" en caso de llegar a la segunda. Puede que en Colombia la noción de "socialdemócracia" siga ilusionando (en general, las clases instruidas han profesado el guevarismo durante varias décadas, seguramente la idea de imponer el socialismo con elecciones les parecerá el colmo de las concesiones). Pero en Europa el único país grande en el que gobiernan los socialdemócratas es España, y no sólo es el que más acusa la recesión y el que más destruye empleos, sino además el que más vive en un ambiente de continua crispación.

Fajardo, al igual que Mockus, pertenece al mismo grupo social del que surge la izquierda democrática y comparte buena parte de sus valores. Lo que nunca se llega a aceptar es que la guerrilla no es una rebelión de campesinos ni una máscara de traficantes de droga, sino la expresión de ese grupo social y el principal de sus proyectos. Por eso la actitud de toda esa gente frente a las FARC es de poco encubierta complicidad, por eso no ven que los magistrados son parciales respecto a los reos de complicidad con esas bandas, por eso no ven sesgos perversos en la prensa ni falacias criminales en las ONG.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.

martes, 14 de abril de 2009

Fujimori

Alberto Fujimori (ingeniero agrónomo, físico, matemático y político de nacionalidad japonesa-peruana) fue condenado en Perú a 25 años de prisión, en lo que ha sido considerado como un histórico y trascendental fallo, porque ningún ex presidente elegido popularmente había sido condenado en su propio país, y por sus implicaciones en un continente que tiende a imitar a los vecinos.

Según el fallo condenatorio, se le habían probado mas allá de toda “duda razonable”, la "autoría mediata" de dos matanzas y dos secuestros, que según quienes le juzgaron, correspondían a una política de Estado diseñada por él. Fujimori, quien asumió su propia defensa, negó que hubiese implantado una política de "guerra sucia" y ha comunicado que apelará.

Como se recordará, a Fujimori se le acredita haber combatido hasta reducir al movimiento guerrillero Sendero Luminoso de orientación maoísta y al MRTA; y haber recuperado el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, enfrentando de manera enérgica la corrupción política y administrativa enquistada en el Perú. Enredado en los mismos escándalos que combatía, llamó a elecciones en el 2000 y se asiló en el Japón, desde dónde renunció.

El juicio se realizó durante el gobierno de quien le antecedió y repite, tras ser perseguido por corrupción y asilado en Colombia. Y el diario español El País, al que según los cargos le había secuestrado un periodista en 1992, publicó comentarios elogiosos del fallo del escritor Mario Vargas Llosas, quien a su vez había sido derrotado en las urnas por el condenado.

Si el fallo no fue político, contrario a lo que el lector podría imaginar conociendo estas circunstancias, las reacciones si están fuertemente politizadas. Perú se encuentra hoy dividida: por un lado los familiares de las victimas y las ONGs nacionales e internacionales de derechos humanos lo celebran, y por el otro la congresista Keiko Fujimori (su hija) quien encabeza las intensiones de voto para la presidencia en el 2011, ha dicho que si es elegida, lo primero que hará será perdonar a su padre. Todo hace pensar que el fallo elevara la intención de voto a su favor.

De ser así, se estaría creando con los hechos, jurisprudencia sobre la voluntad soberana de los pueblos, y en contra del fundamentalismo que enfrenta la sentencia maquiavélica “el fin justifica los medios”. Si alguien puede dirimir ese conflicto entre fines y medios, no me queda ninguna duda que no son los jueces -tienen limitaciones legales y debilidades humanas- ni los políticos y periodistas, sino el pueblo, que lo expresará en las urnas.

Por ahora, al caído caerle, y la señal que trasmite a los países que combaten movimientos similares, y se enfrentan a la corrupción y la politiquería galopante, es intimidante.

No me queda ninguna duda, pues, que dicho fallo será utilizado en Colombia por los movimientos guerrilleros, sus simpatizantes civiles infiltrados en instituciones públicas y organizaciones privadas, y la politiquería, para intimidar; no al actual presidente y a las FFAA (lo hecho, hecho está), sino a quien sea elegido en el 2010 (que lo pensará dos veces antes de actuar), lo que por supuesto las fortalecerá.

¿Regresaremos entonces a la inoperancia de antaño, en la que nuestros gobernantes hacían el papel y se enriquecían, más no emprendían la tarea?

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

lunes, 13 de abril de 2009

Las patrañas desesperadas de Colombianos por la paz

El escenario que están planteando las FARC, para unas hipotéticas negociaciones, es un cúmulo de extorsiones, acciones terroristas y amenazas de toda índole que lejos de conseguir cualquier acercamiento, solo generan el rechazo de los ciudadanos frente a tal eventualidad.

Las FARC, y sus esbirros, creen que el sainete de nombrar un equipo negociador y presionar para que la contraparte –el gobierno- haga lo propio; es suficiente para que se arriesguen los logros de la Seguridad Democrática. En su mayoría, los colombianos no queremos volver a padecer el infierno de unas FARC fuertes y envalentonadas, no solo dispuestas sino con capacidad de ocasionar el mayor daño posible a la sociedad colombiana.

Sin embargo, las FARC siguen fieles a la combinación de todas las formas de lucha y mientras los suyos aúpan para que el gobierno les ponga a alguien al frente, los del monte emprenden su tradicional y
particular campaña preelectoral: además de impedir la realización de elecciones, buscan amedrentar a los políticos para que se sometan a los designios de las FARC, pues de lo contrario morirán por la terca rebeldía.

Por lo pronto es evidente que la capacidad de intimidación de las FARC está mermada, pues hasta hace pocos años, concejales y alcaldes de 300 municipios del país tenían que despachar desde instalaciones policiales o militares ubicadas en las capitales de varios departamentos. Las cifras eran alarmantes: durante los primeros meses de 2003, fueron asesinados once concejales y
1.800 fueron desplazados por las amenazas de las FARC. Ni Hablar de hace una década, cuando la guerrilla realizaba secuestros masivos de concejales, como ocurrió en el departamento de Bolívar. Ahora los concejales piden mayor protección ante las amenazas del grupo terrorista, aunque existe una gran distancia entre clamar por el incremento de la seguridad y huir por el accionar criminal de los terroristas.

No obstante estas amenazas son incoherentes con la supuesta intención de diálogo de las FARC, el que según sus alineados ideológicos, es el inicio de la “solución política y negociada al conflicto”. No se entiende que mientras un brazo de las FARC busca la negociación política, los frentes de palurdos fustiguen a los políticos que trabajan en las zonas de influencia del grupo terrorista.

Colombianos por la paz no se preocupa siquiera por aparentar distancia con sus pupilos del monte. Por el contrario: siguen inmersos en la complacencia con los terroristas a los que siempre tratan bien, para que sigan aferrados a los lineamientos que les permitan acercarse a la conquista del poder. Una negociación política, deberían decir los Colombianos por la paz, solo es posible si las FARC no ejercen la
presión de las armas en contra de los políticos que no coinciden abiertamente con sus propósitos criminales.

Por ejemplo, un concejal de
San Vicente del Caguán, en Caquetá, no podrá entender jamás que hay una supuesta negociación política y sin embargo, él tiene que salir a la calle con escoltas y su familia ha tenido que desplazarse a Florencia o a Neiva. Pensará ese concejal que no hay tal negociación sino un mecanismo de eliminación de oponentes –por temor o por acción física directa- en la que no tienen espacio los que piensan, opinan y actúan distinto al brazo político de las FARC… debería llamarse claudicación política y negociada al conflicto, pues en últimas lo que buscan las FARC es no solo conquistar el poder sino perpetuarse mediante un sistema totalitario en el que solo tendrán espacio sus áulicos y los bulliciosos miembros del brazo político de la organización terrorista.

Sin embargo, el trato respetuoso del brazo político a los palurdos es una mezcla de cinismo y complicidad. Uno de los máximos representantes de la “civilidad” de las FARC,
Carlos Lozano, reconoció que no les habían hecho reclamos fuertes a los terroristas. Es más: aseguró que ahora hay ”un acento más exigente porque el conflicto está completamente degradado”

¿Ahora el conflicto está más degradado? Querrá decir que las FARC y los suyos van perdiendo, que sus capacidades están reducidas y que muchos de los palurdos solo esperan el triste final de morir bombardeados. Además, resulta mentirosa la afirmación a la vista de cualquier ciudadano desprevenido: ¿Si el conflicto está más degradado, por qué hay menos secuestros, menos homicidios, menos tomas de poblaciones, menos atentados contra la infraestructura, más desmovilizaciones y muchas más capturas?

Puede suponerse entonces que, para Lozano, la degradación es sinónimo de desespero ante una posible derrota militar y política. Lo que no podemos admitir es que ahora nos vengan con el cuento de la máxima degradación del conflicto como justificación para el sainete de los diálogos de “paz”. Es innegable que se han presentado crímenes atroces como los desaparecidos de Soacha, pero siendo tan ciudadanos como los asesinados en Bojayá, o los del club El Nogal, la comparación debe darse desde el número de crímenes que en todo caso es, por lo pronto, mucho menor y eso significa que hay un retroceso en la barbarie.

Muchos dirán que es el criminal el que cuenta, y que los desaparecidos de Soacha son importantes no tanto por el número, que es impresentable, sino por el autor que se supone fueron agentes del Estado. Esa mirada sesgada podría ser el único avance real de la degradación del conflicto, pues la violencia debe ser evaluada, judicializada y castigada sin fijarse en la filiación del criminal. Mientras en Colombia se siga buscando el eslabón perdido del terrorismo de Estado y se justifique a las FARC como criminales altruistas, el conflicto se degradará mucho más en el terreno político, que es en últimas el que más les interesa a los terroristas y a sus esbirros.

Sin embargo, al leer en detalle el supuesto endurecimiento de Carlos Lozano, se encuentran asuntos mentirosos de amplia conveniencia para los propósitos de Colombianos por la paz.

Lozano calificó como "estupidez y despropósito" el plan de atentar contra el director de la SIP, Enrique Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Se sabe que las FARC querían atentar contra el ministro de Defensa en su casa de descanso en Anapoima, pero ¿sabían los terroristas que allí estaría también el escudero del totalitarismo Enrique Santos? Es obvio que Juan Manuel iría en algún momento a su propiedad, pero lo que no podían predecir los terroristas es que viajaría acompañado de su hermano. Esto significa que lo de Enrique pudo ser un daño colateral para las FARC y no obedecía al propósito concreto de atentar contra su vida.

En otro aparte de la entrevista Lozano afirma que “la guerrilla tiene que entender que hay que bajarle la intensidad al conflicto, en temas que afectan a la población civil como el secuestro y las minas.

¡Qué exigencia tan dura! Señores: bajémosle al terrorismo porque los colombianos, sobre todo los que votan, no están dispuestos a hacernos concesiones si seguimos en las mismas… ¡No vayan a parar los atentados, ni los asesinatos, ni el plan pistola! Solo hagámoslo de manera más discreta y en menor número, de tal forma que no llegue a la prensa y se perjudique la lucha de Colombianos por la paz.

Más adelante Lozano dice que se requiere arrancar un proceso de paz sobre compromisos como no a la desaparición forzada, no al secuestro, no a los falsos positivos, no a las minas… ¡Durísimo Lozano! ¿Y los demás crímenes de las FARC? ¿Acaso, frente al secuestro, la primera exigencia no debería ser que reconocieran el alto número de ciudadanos que tienen en su poder o que asesinaron en cautiverio? Es que el más atroz falso positivo de la historia del país está en la última carta de las FARC en la que aseguran que solo tienen a nueve secuestrados por razones económicas, número detrás del cual pretenden ocultar un genocidio.

Pero la “dureza” de Lozano no da para pedirles a sus palurdos un cese unilateral de hostilidades: el quiere que sea de ambas partes, pues esa es la razón primordial de la lucha de Colombianos por la paz: que se reduzca la presión militar sobre sus combatientes, para que se oxigenen e incluso para que puedan tratarse las múltiples enfermedades que están padeciendo en la selva. Sin embargo, hay otro objetivo angustiante para los aliados de las FARC: el vencimiento de la salvaguarda de la Corte Penal Internacional en noviembre próximo.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

viernes, 3 de abril de 2009

UnoAmérica responsabiliza al Gobierno de Morales por la masacre de Pando

La Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), en una investigación sobre los sucesos de Pando encontró suficientes elementos de juicio y probatorios que involucran directamente al Gobierno de Evo Morales en la planificación y ejecución de homicidios, secuestros, lesiones personales y demás violaciones a los derechos humanos ocurridos en la localidad de El Porvenir y otros sitios.

La Comisión se reunió en días pasados con pobladores de Porvenir y Cobija, con exiliados en las ciudades brasileñas de Brasilea y Epitaciolandia, el prefecto Lepoldo Fernández y otros presos políticos detenidos en la cárcel de San Pedro, así como con integrantes de la denominada marcha campesina.

Los delegados indicaron que estas violaciones a los derechos humanos se produjeron en el marco de una agresión propiciada con premeditación y alevosía desde esferas gubernamentales, que generó una legítima defensa de parte de los pobladores de Porvenir y Cobija.

"Si bien la investigación todavía no ha finalizado, se han recabado suficientes elementos de juicio que exoneran de toda culpa al prefecto Leopoldo Fernández y a los habitantes de las poblaciones de Cobija y El Porvenir, y que involucran directamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y a otros funcionarios y aliados del Gobierno, en la planificación y ejecución de los hechos de violencia que se suscitaron en Pando", señaló Alejandro Peña Esclusa, presidente de UnoAmérica.

Entre los funcionarios y aliados del Gobierno estarían implicados el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la delegada presidencial, Nancy Teixeira, el alcalde de Filadelfia, Antonio Aguilera, el jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, Miguel Becerra Suárez y el senador suplente Abraham Cuéllar.
Según UnoAmérica, esto permite adelantar que los informes de la Cámara de Diputados, Unasur y Naciones Unidas presentan graves falencias y hacen un manejo sesgado y selectivo de la información.

Durante su investigación, la Comisión constató la crisis humanitaria surgida a consecuencia de la militarización de Pando, que incluye acciones de amedrentamiento y abusos contra la población civil. Ante el temor de un agravamiento de la situación, la Comisión de Derechos Humanos de UnoAmérica reclamará medidas cautelares internacionales para la protección de los pobladores, así como para los numerosos exiliados en localidades fronterizas del Brasil.

Se conoció que la investigación será presentada en un informe técnico a distintos organismos nacionales e internacionales, y será la base para realizar denuncias en contra del Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

jueves, 2 de abril de 2009

Entre la reelección y los violadores

Indignación es la palabra que describe lo que sentimos los colombianos que hemos respaldado el referendo que busca la cadena perpetua para los violadores.

Con excusas traídas de cabellos, el gobierno decidió retirarle el respaldo al proyecto que todavía no ha sido debatido en la Cámara de Representantes. El ministro de Interior, Fabio Valencia, dijo que “penas largas y condiciones de agravamiento de las mismas, son lo más conveniente para castigar estos delitos atroces como la violación de los niños”.

Evidentemente el gobierno aparenta estar desenfocado. El tema meramente punitivo puede ser debatido y analizarse si un violador merece 6 años o 60 en la cárcel. Pero ese no es el asunto de fondo que plantea el referendo. Lo que se está buscando con la cadena perpetua para violadores es que semejantes criminales no vuelvan a las calles a cometer sus tropelías, es decir, el referendo tiene la intención de protejer al eslabón más vulnerable de la sociedad: los niños.

Esto significa que el referendo intenta darnos a los ciudadanos la garantía de que un depredador no volverá a las calles a destruir la vida de uno o varios niños. Es más: hasta la misma Constitución del 91, tan garantista para los delincuentes, proclama la superioridad de los derechos de los niños sobre los demás.

Una de las preocupaciones de los colombianos tiene que ver con que algún día
Luis Eduardo Garavito estará de vuelta en las calles, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Ese monstruo en libertad, que ahora aparenta ser un santo consagrado a la Biblia, será una amenaza contra la integridad de los niños que tengan la mala hora de atravesarse en su camino.

Entonces, puede que el castigo, desde la perspectiva exclusivamente jurídica, sea suficiente –lo dudo-, pero la protección que el Estado le otorga a toda la ciudadanía, y con mayor énfasis a los menores, debe ser permanente. Y esta es la consideración que no quieren hacer aquellos que se oponen a la iniciativa.

Otra justificación del gobierno para no respaldar el referendo para la cadena perpetua es que la figura, según el ministro Valencia Cossio, “puede resultar extraña en la legislación colombiana”. En el mismo sentido se pronunció el Presidente, quien advirtió que dicha figura “no hace parte de la tradición del país”.

¿El gobierno Uribe hablando de tradiciones y de figuras legislativas extrañas? ¡Por Dios! ¿Qué tradición tenía la figura de la reelección en nuestro país? ¿Acaso la modificación del articulito en la Constitución no fue algo extraño en la legislación colombiana?

No solo eso: convocar sesiones extraordinarias en diciembre, para impulsar el referendo de la aún más extraña figura de la segunda reelección, es algo que no se había visto en la tradición del país. Sin embargo, el gobierno se aplicó a fondo y logró que algo extraño y nada tradicional, siguiera con vida hasta el día de hoy.

En este sentido, el gobierno Uribe muestra una enorme incoherencia desde el simple punto de vista formal, al impulsar con entusiasmo las modificaciones que le convienen a su proyecto político, pero siendo apático frente a las amenazas potenciales contra la población y sobre todo, frente a las responsabilidades que le atañen en materia de protección a la niñez.

Así las cosas, cuando conviene romper con las tradiciones e implantar figuras extrañas en la legislación, no hay inconveniente y se vende la idea de defender a ultranza la participación popular que abre el espacio para que “el pueblo decida”. Si es para mantener el poder, entonces si vale la voz del “pueblo”… pero si se trata de la protección a los menores, ese mismo pueblo reeleccionista no puede pronunciarse sobre una figura que le daría mayor seguridad y tranquilidad.

Hay que ser claros: los colombianos tenemos derecho a saber que los depredadores, violadores, pedófilos y pederastas estarán siempre tras las rejas, una vez se les compruebe su crimen.


Diferentes países no solo cuentan con la cadena perpetua, sino que permiten la publicación de listas con los nombres y ubicación de los depredadores. En contraste, los muros de la infamia, donde la concejala de Bogotá Gilma Jiménez pedía que se publicaran los nombres y las fotos de los criminales, resultaron improcedentes para la “honorable” justicia colombiana.

A las voces gubernamentales se unieron las del partido Liberal, que en boca de su vocero en la Cámara Carlos Piedrahita, se excusó de respaldar el referendo aduciendo que Colombia, para el tema del abuso infantil, tiene algunas de las penas más altas del mundo.

¡Qué profundidad la de Piedrahita! En Estados Unidos la discusión ni siquiera es por la cadena perpetua, aceptada por la sociedad en general, sino por la pena de muerte para violadores. De hecho en 45 estados está prohibida la pena de muerte por violación, en tanto que cinco la permiten si la víctima es menor de edad. El año pasado, la Suprema Corte prohibió la pena capital por violación, lo que generó un candente debate que incluyó el rechazo a la decisión del entonces candidato Barack Obama.

En
Italia acaban de expedir un decreto para castigar con cadena perpetua a los violadores que asesinen a sus víctimas y hasta autoriza patrullas de ciudadanos para defenderse de los depredadores. En Ecuador hay un intenso debate por la propuesta de la castración química para los violadores. Alemania, Bélgica, Chile y Argentina castigan con cadena perpetua a los depredadores.

Mientras tanto nuestras leyes solo dan para rogar a que aparezca otro delito cometido por el depredador, para tenerlo en una celda durante un tiempo más… pero eso a Piedrahita le parece “suficiente”. ¿Si alguno de los depredadores sale de la cárcel por pena cumplida y vuelve a violar a un niño, el partido Liberal asumirá su responsabilidad política, ética y moral? ¿Repararán Piedrahita y el liberalismo a la víctima?

Lo que queda claro es que estamos liderados por unas camarillas indolentes y apáticas, que solo le dan importancia al poder y no a la protección de los que dicen representar. Bien por Gilma Jiménez, una voz solitaria en medio de la descomposición política de Colombia.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.