lunes, 23 de febrero de 2009

Las interceptaciones del DAS: los victimarios ahora posan de víctimas

¿Hasta qué punto un gobierno puede espiar a quienes considera enemigos del Estado? Según las normas, solo mediante una orden judicial se pueden realizar seguimientos e interceptaciones telefónicas contra los ciudadanos. Eso es lógico en una situación de normalidad en seguridad y defensa. Pero ¿qué pasa en el marco de un conflicto interno? ¿Es razonable que en plena guerra se tengan normas que impidan detectar al enemigo?

La respuesta al último interrogante deja mal parados a los actores involucrados en el más reciente escándalo de interceptaciones telefónicas del DAS, pues mientras algunos sectores del gobierno se han empeñado en desconocer el conflicto interno, los opositores no solo la reconocen, sino que muchos hasta la justifican.

En medio de un conflicto interno como el que vive Colombia, la investidura de político opositor, periodista o jurista es accesoria, pues en muchos casos son fachadas para ocultar acciones criminales en contra del Estado y por supuesto, de la administración que lidera un bando en el conflicto.

En ese orden de ideas, mal haría el gobierno en renunciar a la potestad de investigar a aquellos ciudadanos que pueden desestabilizar al país mediante apoyos y manejo de información que beneficie al bando que intenta subvertir el orden y llegar al poder por una vía diferente a la democrática.

Pero aquí hay más de fondo: en Colombia, los grandes beneficiados de las interceptaciones telefónicas han sido los medios de comunicación: Noticias Uno y Semana, entre otros, han liderado la publicación de escándalos basados en grabaciones obtenidas mediante interceptaciones ilegales.

¿Cómo obtuvo Noticias Uno la conversación entre Fernando Londoño y el general Rito Alejo del Río? ¿Quién hizo la grabación de la conversación del Presidente con el magistrado César Julio Valencia? ¿Y la del fotógrafo con Uribe Vélez? ¿Por qué el silencio de esos medios frente a la grabación que hizo el gobierno venezolano de una conversación entre un diplomático colombiano y José Obdulio Gaviria?

Los medios han patrocinado y promovido las interceptaciones ilegales, pues han apuntalado con esas prácticas algunos de los escándalos que han desatado. Ahora, esos mismos que han logrado audiencia con la acción ilícita se rasgan las vestiduras porque supuestamente ellos fueron los interceptados.

En la situación de conflicto que enfrentamos, uno de los primeros derechos sacrificados es el de la privacidad. Muchos ciudadanos estamos dispuestos a perder una porción de esa privacidad con tal de que el Estado sea capaz de detectar los elementos desestabilizadores que se mimetizan en la sociedad. Esto no pasaría en un país que disfruta de una dosis razonable de seguridad y defensa, pues en ese caso las acciones de inteligencia tendrían un propósito exclusivamente político y no de sobrevivencia del Estado frente a una amenaza terrorista como ocurre hoy en Colombia.

Ahora bien: este escándalo resulta muy particular, pues se basa en las declaraciones de unos funcionarios que admiten, desde el principio, que no tienen pruebas para confirmar sus denuncias. En este sentido, lo que se demuestra desde un comienzo es que SEMANA confía en sus fuentes (los funcionarios del DAS) y eso es el resultado de dos situaciones: o que tradicionalmente las fuentes han entregado buena información o que existen las pruebas para confirmarla. En este caso no existen las evidencias, por lo que solo queda la confianza en la fuente.

¿Por qué SEMANA confía en estas fuentes? La confianza entre la fuente y el periodista se construye con tiempo y paciencia, por lo cual, resulta evidente que SEMANA ha obtenido información y pruebas confiables de esos funcionarios de inteligencia, es decir, grabaciones de interceptaciones ilegales que le han servido como soporte para la publicación de algunos artículos.

También resulta contradictorio el informe, pues los personajes se atreven a admitir que cometieron las interceptaciones ilegales y que las destruyeron, pero se abstienen de mencionar, con nombre propio, a quienes presuntamente dieron la orden. Esto no funciona así: “untado el dedo, untada toda la mano” y al denunciar una presunta acción ilegal, la fuente da la información menos compleja que es el nombre del autor intelectual del ilícito. Es más: en este caso concreto, al señalar al cabecilla de la operación, los implicados tendrían un argumento en su defensa que es el acatamiento de órdenes superiores. Pero estos testigos se arrojan toda el agua sucia sobre sus cuerpos… ¡Curioso!

Pero las particularidades del escándalo no paran aquí. Una de las razones para destruir el material, dice SEMANA, es que era cuestión de poco tiempo para que las actividades ilícitas salieran a la luz pública, por cuenta de la llegada del nuevo director de la institución. Esto significa, es de Perogrullo, que el recién nombrado director no podía encontrar ese material en el DAS.

¿Cómo es posible que una acción ilegal, supuestamente hecha por órdenes de la Casa de Nariño, no pueda ser detectada por un hombre de confianza del Presidente? Si Uribe es el jefe directo del DAS y supuestamente ordenó las interceptaciones, el mensajero (en este caso el director del organismo) es lo de menos. ¡Ni más faltaba que el mensajero interfiera en una misión ordenada por su jefe! Esto es subestimar la inteligencia del Presidente y creer que va a nombrar en un cargo tan sensible a una persona que no sea de su entera confianza.

Esto plantea dos escenarios: o que las órdenes venían del círculo íntimo del Presidente, quien desconocía el asunto, o que los seguimientos fueron ordenados desde el DAS por funcionarios de rango medio para ganar puntos ante las máximas instancias del Gobierno, detectando la incubación de escándalos o recolectando información que serviría para neutralizar a aquellos que trabajan constantemente en golpear la imagen del gobierno y que generalmente pertenecen al bando totalitario cuyo brazo armado son las Farc.

En este último escenario, lo que se ve es un deseo de satisfacer a una camarilla cercana al Presidente, que ejerce el poder y que poco a poco se ha convertido en una rueda suelta en las altas esferas de la dirección del Estado.

Esto lo confirma el mismo informe al señalar que “hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea”.

¿Quiénes son los presuntos altos funcionarios que piden “favores”? El escándalo está tan bien estructurado para ser solo eso, que siempre quedará la duda de si existen esos dichosos cabecillas o si las declaraciones son un montaje cuidadosamente elaborado contra el gobierno, pues no existen pruebas y los testimonios son contradictorios y demasiado genéricos.

Eso si: no se puede desconocer que hay olores nauseabundos que salen del edificio del DAS en Paloquemao… Bienvenidos al año electoral 2009.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

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