viernes, 10 de octubre de 2008

Conmoción interior: respuesta gubernamental a 38 días de paro

Es una medida de fuerza. Solo así se puede enfrentar el chantaje planteado por Asonal Judicial contra el país. Y es un chantaje porque los sindicalistas están obligando al Estado, a ese al que estamos asociados todos los colombianos, a escoger entre incrementarles el sueldo o someter a la sociedad al peligro que representa la excarcelación de delincuentes, asesinos y criminales de toda laya.

La decisión del gobierno se acoge al artículo 213 de la Constitución Política que dice: “En caso grave de perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior.”

Llama la atención que el numeral 4 del artículo 214 de la Constitución ordena que NO se interrumpa el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Es decir: ni siquiera en caso de guerra o de perturbación del orden público se puede interrumpir la actividad de las ramas del poder público, pero para algunos resulta legítimo detener la operación judicial por reclamos salariales. ¿Según este artículo, el paro de Asonal es ilegal por ser inconstitucional?

El Presidente
justificó la Conmoción Interior en la libertad de más de 2700 capturados que estaban sindicados de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes, entre otros. Así mismo sostuvo que la Fiscalía informó sobre la inminente excarcelación, por vencimiento de términos, de sindicados por secuestro y otros delitos graves. De igual forma, continúan corriendo los términos en algunos casos, sin que la Fiscalía pueda formular la acusación correspondiente, lo que hace inminente que esos procesos queden en la impunidad.

Entre los sindicados que podrían quedar en libertad están los autores del secuestro y asesinato del bebé Luis Santiago Lozano, en hechos ocurridos hace un par de semanas en Chía. Si el asesino del niño vuelve a la calle y como consecuencia de eso, vuelve a asesinar, el sindicato en pleno, con su representante legal a la cabeza, deberían responder por semejante exabrupto.

El paro de Asonal Judicial, una acción de fuerza en contra del Estado, ha generado una crisis de enormes proporciones: más de 120 mil procesos y 37 mil tutelas se han dejado de fallar y no se han realizado 25.284 audiencias, incluidas 16 mil de Control de Garantías.

Todo lo anterior fue señalado por el Gobierno como una situación que “pone en evidente peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la Convivencia Ciudadana, cuyos hechos son expresión inequívoca de desestabilización y atentan de manera inminente contra el normal funcionamiento de las instituciones legítimamente constituidas, el orden publico, el acceso normal a la justicia por parte de los ciudadanos y todos los sectores de la sociedad”.

Los paralizados sindicalistas de Asonal Judicial amenazaron con demandar la declaración de Conmoción Interior, asegurando que es inconstitucional. Pero lo cierto es que el paro del sindicato del poder judicial si cumple con las condiciones establecidas en la Constitución.

El elemento central del debate está en el tema del orden público. Asonal aseguró que el paro no lo afecta. Veamos: El
concepto de orden público indica que es el conjunto de aquellas características y valores de la convivencia que una sociedad considera como "no negociables". Se lo considera sinónimo de convivencia ordenada, segura, pacífica y equilibrada.

Uno se pregunta: ¿Será que el paro judicial no afecta la convivencia ordenada, segura, pacífica y equilibrada de los colombianos? Ciertamente la justicia colombiana NUNCA ha promovido una convivencia ordenada, pacífica ni equilibrada. Sin embargo, cuando un paro implica que los ciudadanos no tengan acceso a la administración de justicia, o peor, cuando esa decisión trae consigo la posible impunidad para delincuentes y criminales que pueden salir a la calle nuevamente a delinquir, el riesgo para la convivencia segura es inminente.

Así mismo, parte del orden público es la convivencia equilibrada, lo que implica la resolución de conflictos y la aplicación imparcial de las normas por parte de los agentes judiciales, cuya acción, por lo menos en teoría, debe evitar que los ciudadanos pasen por encima de la ley y busquen ejercer justicia por cuenta propia: un solo criminal liberado por cuenta de la parálisis judicial que cometa un delito igual o peor por el que fue capturado, perturbará de manera grave el orden público colombiano, pues era una situación que el Estado, a través de los parados, debería resolver para proteger a la sociedad que les encomendó la administración de justicia.

Una vez decretada la conmoción interior, el Gobierno promulgó una serie de
medidas para enfrentar la crisis que ha generado el paro de la justicia. El primer decreto le otorga facultades extraordinarias al Consejo Superior de la Judicatura para la creación, supresión, traslado, nombramiento y posesión de funcionarios que garanticen la prestación del servicio.

Así mismo el Gobierno facultó a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para suspender funcionarios que injustificadamente se abstengan de atender sus responsabilidades.

La justicia colombiana nunca ha gozado de buen nombre e históricamente ha sido catalogada por los ciudadanos como un nido de corrupción. Incluso, desde hace muchos años, hay dos afirmaciones arraigadas en la colombianidad: el Congreso es corrupto y la justicia es pa’ los de ruana. Con el paro, la justicia no es para nadie y en la práctica, Asonal Judicial está amenazando a la sociedad con un caos aún mayor que el que han promovido por cuenta de su ineficiencia, incompetencia y soberbia.

Poco a poco el país está reaccionando frente a las dimensiones del chantaje judicial, una acción de fuerza que abrió las puertas para una respuesta contundente por parte del Ejecutivo.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

1 comentarios:

Atrabilioso dijo...

19 Comments:



At <$Comentarios$>, Gaviota

El caso de la declaratoria de conmoción interior resulta inmensamente problemático si tenemos en cuenta los siguientes puntos:

1) La nivelación salarial que exigen los funcionarios judiciales se encuentra prevista en una ley de hace 16 años (1992). No es una solicitud que se estén inventando.

2) La declaratoria de conmoción interior implica preguntarse si el Estado puede alegar su propia culpa para efectos de considerar perturbado el orden público. Tanto jueces como Gobierno son Estado.

3) Si bien es claro que el orden público está gravemente perturbado, habría que preguntarse si las facultades con las que cuenta el Ejecutivo, el Congreso y el Consejo Superior de la Judicatura no les permiten tomar medidas ordinarias para conjurar la crisis. Personalmente, creo que sí cuentan con las medidas para hacerlo.

4) La potestad de suspender a los funcionarios sin que medie un proceso disciplinario previo, desconoce el derecho fundamental al debido proceso.

5) Por qué el Gobierno acepta adoptar todas las medidas presupuestales necesarias para nombrar una nueva nómina de jueces, pero manifiesta no tener el dinero para pagar a los que ya están?

6) El Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido duramente criticado por el nombramiento de políticos y no de juristas, tendrá en sus manos la reconfiguración de la nómina judicial de manera discrecional, lo que implica preguntarse si la justicia se va a politizar aún más.

7) El Código de Procedimiento Penal confiere facultades para celebrar audiencias en lugares diferentes a las salas de audiencias de los complejos judiciales. Si ya se han nombrado nuevos jueces provisionales, podrían haberse enfocado los esfuerzos en la celebración de audiencias penales urgentes para evitar la libertad de las personas capturadas (este realmente es el argumento real por el cual se decreta la conmoción interior).

En consecuencia, si bien es cierto que me parece terrible la justicia en el país, y que considero que Asonal Judicial no tiene una posición sensata, considero que no se reúnen los presupuestos necesarios para decretar la conmoción interior, más aún cuando lo causa real de todo el conflicto ha sido la omisión negligente de los gobiernos de turno, y del Consejo Superior de la Judicatura, de hacer cumplir la Ley 4 de 1992. En ese sentido, la pregunta final que deberá hacerse la Corte Constitucional es si la ausencia de disponibilidad presupuestal, a pesar de existir el mandato legal, es suficiente motivo para que el Gobierno pueda decretar la conmoción interior para restablecer la actividad judicial. La respuesta a esa pregunta es la que permitirá concluir si la conmoción interior ha sido bien decretada o mal decretada.

Lo más probable es que la declaratoria salga avante, y que la Corte Constitucional limite el derecho de huelga de los funcionarios de la administración de justicia, para evitar situaciones futuras como la que estamos viviendo.


At <$Comentarios$>, Camilo Andrés

Jaime Ruiz, Luis Alfonso Hoyos de Acción Social, no puede ejercer cargos de elección popular. Aunque esa medida tiene un recurso que debe estar próximo a fallar.

Respeto a la conversación del General (r) del Río y Fernando Londoño, resulta clara la manipulación de Noticias Una con el título que le puso: "Conversación compromete a..." Es descarado y sinuoso este título pues ahí no hay nada ilegal y muchos menos antiético.

Ojalá y se denuncie a ese delincuente de Javier Giraldo y de paso llévense a Gloría Cuartas.

Respecto al Estado de Conmoción Interior, esta es la única solución ante el chantaje, pues el gobierno dijo que no tenía más plata entonces ni modo que la cree de la noche a la mañana.

Es que la justicia bajo ningún motivo debería ser paralizada. La Justicia es un derecho fundamental.

Una de las razones para decretar La Conmoción Interior, es la excarcelación masiva de delincuentes, entre ellos mencionó a Mickey Ramírez, de El Cartel de Medellín. Y todavía hay obtusos que dicen que Uribe era de ese Cartel, eje: Felipe Blackberry Zuleta.


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

GAVIOTA:
Muy interesantes sus aportes y le daré mi visión de cada uno de ellos.

1)Ciertamente la nivelación salarial está incluida en una ley de 1992. Ocurre, sin embargo, que algunos juristas del gobierno sostienen que esta ya fue pagada. No obstante, en el supuesto de que no lo haya sido, la evidente obstinación de los huelguistas para ajustarse a la situación del erario y para no debatir el tema de cara al país, como ocurrió el sábado pasado, demuestra que hay propósitos adicionales que están por debajo de la mesa.

2)Creo que el Estado si puede alegar su propia culpa, partiendo del principio de que cualquiera de las opciones autorizadas para los estados de excepción contemplan directamente la acción del Estado para llegar a una situación determinada: una guerra o una perturbación del orden público necesariamente cuentan con la intervención y responsabilidad (no hablo de culpa) del Estado en dicha crisis que motiva la excepción.

3)En este punto quisiera plantearle una pregunta: ¿Por decreto simple del Ejecutivo, que es lo más expedito, se hubiesen podido promover estas disposiciones?

4)Completamente de acuerdo.

5)Supongo que la justificación será que el dinero que no se les pague a los huelguistas, servirá para pagarles a los servidores provisionales, aunque podría ser cuestionable legalmente dicha decisión.

6)Cierto.

7)Además de los jueces provisionales, se requieren fiscales para presentar los cargos y representar al Estado.

Un abrazo y gracias por sus comentarios.


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

CAMILO ANDRÉS:
Coincido con usted y mi punto es que ante medidas de fuerza que ponen en peligro la seguridad e integridad de los ciudadanos, el gobierno debe responder con fortaleza.

Un abrazo y gracias por sus comentarios.


At <$Comentarios$>, ERAGON

Ese paro de los empleados de la justicia no tiene razón de ser. Se de fuente fidedigna, una prima que salio jubilada de magistrda (con 13 milloncejos)me contó que su secretaria se ganaba 2 milloncitos y medio de pesos y que tenian 16 salarios al año. Pobrecitos.
A los que si hay que apoyar moralmente y económicamente es a los corteros de caña de los ingenios del Valle. Esa gente si ha sido y es explotada laboralmente. Trabajan de sol a sol para ganarse un mínimo del cual le descuentan los aportes a salud y a pensión es decir que sobreviven con no más de 300.000 pesos. Los dueños de los ingenios , ricos de vieja data han amazado sus fortunas con la sangre de esos pobres negros. Que injusticia.


At <$Comentarios$>, ERAGON

Vaca ladrona jamás olvida el portillo. Jejejeje!!!!!!!


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

ERAGÓN:
Conozco abogados que ganan buen dinero en el litigio. Cuando comenzó el paro, es decir dos semanas antes de la fecha oficial, uno de ellos me decía que le encantaría tener un puesto de esos, especialmente por los ingresos.

Gracias por sus comentarios.


At <$Comentarios$>, Gaviota

Considero que las medidas que piensan adoptar en este estado de conmoción interior podrían haberse adoptado sin necesidad de haberlo declarado por lo siguiente:

1)Los contratos laborales se entenderían suspendidos por el hecho de estar en huelga.

2) La potestad de sancionar a quienes incurren en actividades ilegales o inconstitucionales, siempre han estado vigentes.

3)Ya se han creado despachos interinos de emergencia. La potestad que se le otorgó al C.S. de la J. de crear, surpimir y trasladar, no es muy diferente. La principal diferencia es que no se requieren largos procesos de concurso para nombrar a nadie, precisamente por el estado de emergencia.

4) Desde mi punto de vista, el mayor complique es presupuestal, pues el Ejecutivo cuenta con recursos que deben ser ejecutados conforme a lo previsto en el presupuesto anual aprobado. No podría por sí solo modificar esta situación. Al poder expedir decretos con fuerza de ley, se le faculta para que "legalmente" pueda disponer de los recursos para conjurar la crisis. Desde mi punto de vista, esta es una ventaja en materia de tiempo, y no sé si por sí mismo, el factor tiempo sea suficiente para decretar la medida.

Al parecer, las Altas Cortes y los organismos de control apoyan la jugada, pero mi duda siempre será: ¿si esa era la salida, por qué debimos esperar a que fuera Luis Carlos Sarmiento el que propusiera la medida, y no ninguno de los importantes juristas que tiene el país? Personalmente, ese es el punto que no me deja tranquilo respecto de la decisión adoptada.

Saludos, y gracias por debatir estas importantes cuestiones en este espacio.


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

GAVIOTA:

Creo que el tiempo es un factor determinante en esta decisión y el estado de excepción permite, por lo visto, aplicar algunas decisiones sin los engorrosos trámites que harían inviable la administración de justicia en un corto plazo.

Así mismo, este factor si me parece fundamental como motivo, pues implica elementos de orden público gravísimos que deben ser conjurados de manera inmediata.

También me inquieta que la propuesta no haya surgido de los responsables de proponer soluciones, sino de un ciudadano externo.

Un abrazo y gracias a usted por dedicarle un tiempo a este asunto y al foro.


At <$Comentarios$>, Carlos Javier

Estoy de acuerdo con Gaviota.

Al igual que todos aquí, rechazo rotundamente las vías de hecho por las que ha optado Asonal para tratar de hacer efectivos los derechos salariales de los empleados de la rama judicial; sin embargo, quisiera dejar puestas algunas anotaciones:

1. No veo cuál es el problema con que la gente de la rama judicial se gane equis cantidad de plata; al fin y al cabo la actividad que desempeñan conlleva una altísima responsabilidad, cual es la de velar por la efectiva protección de los derechos de los colombianos (digo esto viéndolo desde el "debe ser", y así pido que lo entiendan). Precisamente uno de los presupuestos ontológicos del salario es que sea "justo", y a mayor responsabilidad, es "justo" que se devengue una retribución igualmente superior.

2. Siguiendo con lo anterior, pienso que el problema no está en criticar y demandar que los empleados de la rama judicial se empaten hacia abajo con el resto de nosotros los ciudadanos de a pie y de mil pesos para el bus. Todo lo contrario. La brecha generada por la inequitativa distribución de riqueza no debería igualarse por lo bajo, sino por lo alto. Por eso mismo comparto el comentario de Eragon pero en vía contrapuesta (terrible el dato que nos pasa, como igualmente terrible es que casos como éstos no se informen oportunamente... a lo mejor y a de ser porque quienes pagan los salarios a los recolectores de los ingenios azucareros, son los mismos dueños de los medios de comunicación del país). Lo peor... el caso de los recolectores de caña de azúcar es sólo uno entre los muchos ejemplos que se pudieran dar: hay informes que dicen que en Lebrija (Santander), los reolectores de hoja de tabaco y de piña, laboran casi que en condiciones de esclavitud.

3. No creo que la declaración del estado de conmoción interior sea la mejor solución al problema; más bien me parece que sólo deja en evidencia la incapacidad administrativa y para dialogar del gobierno.

4. Me temo mucho que el reproche que han generado en la opinión publica las acciones de Asonal, nos distraiga de algo que s muy cierto: nuestro sistema judicial es pobre, y cada vez recibe menos dinero. Así como abiertamente rechazamos las medidas de fuerza de quienes protestan, deberíamos rechazar el manoseo que desde los planes nacionales de desarrollo y las leyes anuales de presupuesto se hace al sistema judicial. Si queremos una rama judicial fuerte y eficiente, es preciso que se cuente con los recursos económicos para ello.

Gracias por el post.

Saludos.


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

CARLOS JAVIER:
Quiero iniciar con una anotación muy personal. Uno puede observar la siguiente característica de la conducta humana: considerar que su área de desempeño debe ser la mejor favorecida. En ese orden de ideas, los médicos consideran que deben ser los mejor pagados, así como los ingenieros, los veterinarios y hasta los periodistas.

Voy a partir de un aparte de su comentario que me parece fundamental: el debe ser. Efectivamente: la actividad que desempeña la rama judicial debe ser asumida con altísima responsabilidad, pues entre otras cosas tiene a su cargo la decisión sobre la libertad, la propiedad y la convivencia ciudadana. Sin embargo el ciudadano común siente que esas responsabilidades no son asumidas como debería ser, que las decisiones no son apegadas a las normas y que uno de los organismos en que se corre el mayor riesgo de vulneración de los derechos es la rama judicial. Entonces ese ciudadano que tiene que soportar un proceso de más de dos años, en el que todas las partes están de acuerdo, para que el juez falle, siente que no le están posibilitando el oportuno acceso a la administración de justicia y en consecuencia percibe que aquellos responsables de la justicia están recibiendo un sueldo que no desquitan.

Pero hay otra situación adicional que me parece interesante en sus planteamientos: el salario justo… ¿cuál es? Se diría que aquel que compensa los años de estudio, las capacidades y la eficacia del trabajador. Pero vuelvo al primer párrafo de mi respuesta y encuentro que pocas veces la persona se siente justamente compensada por su labor. Usted afirma que a mayor responsabilidad, mayor retribución, pero la responsabilidad por sí misma no lleva necesariamente a los resultados y deberían ser estos los que determinaran la aplicación salarial, es decir, a la gente se le pueden entregar responsabilidades, pero hay un trecho largo entre recibirlas y asumirlas.

Ahora bien: nadie está pidiendo que el salario de los empleados judiciales se empaten hacia abajo, pues el paro no se debe a una disminución salarial sino a lo contrario: la exigencia de privilegios monetarios que incidan en la pensión, ya que al no aceptar el incremento por vía de bonificación, lo que están demostrando es que necesitan ese ajuste pero en el salario para la cotización final de las pensiones.

En cuanto a la conmoción interior, ciertamente no es una solución al problema, pero no coincido en que sea una muestra de incapacidad para dialogar por parte del gobierno. Si usted y yo nos sentamos a negociar algo y usted me pide 100 pesos y yo le ofrezco 20 y ninguno de los dos cede, pues no se puede llamar a eso negociación. En este caso concreto, el gobierno ha ofrecido lo que puede pagar, teniendo en cuenta que asume que el ajuste ordenado en 1992 ya fue pagado. Ahora bien: no se puede confundir dialogar con claudicar, pues Asonal solo pretende que sus peticiones se conviertan en exigencias que deben ser aceptadas por el gobierno. Pero una situación que me inquieta es que Asonal pretende manejar el asunto por debajo de la mesa, como lo demostró al no asistir al consejo del sábado pasado.

Coincido en su preocupación por la distracción sobre hechos evidentes como la pobreza del sistema judicial.

Un abrazo y gracias por sus aportes.


At <$Comentarios$>, Camb

La justicia por ningún motivo debería ser politizada ni utilizada como forma de intimidación para aumentar los salarios.

La verdad porque ASONAL, no se compromete con el concuros de MÉRITOS? Hay no hablan ninguno de los huelguistas, pues la mayoría de ellos fracasó al igual que los maestros de Fecode que perdieron el concurso de Méritos con desastrosos resultados.


At <$Comentarios$>, ERAGON

Coincido con eso de la pobreza del sistema judicial, pues toda la plata se la dan en salarios superexcelentes (magistrados con 13 milloncitos y secretarias con 2 y medio milloncejos) a esos zanganos


At <$Comentarios$>, Anónimo

BRABONEL.

Yo no entiendo un punto sobre la medida tomada por el Gobierno. Se remplaza a la gente que no quiere trabajar por otra que si lo quiere hacer. Despues que el Presidente toma la medida dise estar dispuesto al dialogo ¿que pasara con la gente que hoy esta poniendo su servicio para el bien de la patria? ¿Las van a echar una vez los guerrilleros de ASONAL Judicial digan que se "equivocaron"? No lo veo justo pero el trabajo es para quien quiera trabajar de verdad no para unos chantagistas que toman puestos para parasitiar y lanzar bombas contra la estabilidad del pais.


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

CAMILO:
Yo tengo información sobre los resultados del concurso de méritos: el promedio fue 15 sobre 100, pero eso habría que confirmarlo.

Un abrazo y gracias por sus comentarios.


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

ERAGÓN:
Usted me hace pensar en un vacío que existe: la información sobre los salarios de los servidores públicos. Sería interesante que en enero de cada año se publicaran los sueldos desde el Presidente hasta el todero de un edificio oficial. Eso si: que incluyera las primas, las bonificaciones por productividad, etc.

De otro lado le solicito respetuosamente abstenerse de hacer comentarios que no están relacionados con el tema del foro.

Un abrazo.


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

BRABONEL:
Buen punto. Uno de los puntos de las leyes que introducirá el gobierno para hacer permanentes los decretos legislativos que se promulgarán en este estado de excepción debería ser el otorgar una puntuación que privilegie a estos trabajadores cuando se presenten a un concurso público.

Un abrazo y gracias por sus comentarios.


At <$Comentarios$>, Anónimo

Holita a los colegas foristas:

Mi propuesta para solucionar esta crisis de los ilustres juristas es bien sencilla, que no simplona.

Que los criminales se pongan en paro, asi no hay necesidad de jueces.

NO mas plata para el crimen!


At <$Comentarios$>, Atrabilioso

ANÓNIMO:
Gracias por su participación.