martes, 27 de noviembre de 2007

La izquierda “democrática” de Escipión “el Africano”

Por Jaime Ruíz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

La superstición predominante en Colombia es la creencia en un “conflicto” entre “el Estado” y unas organizaciones armadas comunistas dedicadas al narcotráfico y al secuestro. La obstinada resistencia de la sociedad a entender que esas organizaciones son sólo frentes de una vasta conjura, cuyos fines y cuyos participantes son por completo transparentes para quien no quiera taparse los ojos, hace pensar en una víctima de la burundanga que se ha vuelto adicta y se niega a entender que quien le proveyó la infusión funesta colabora con quien la roba.

Grata ilusión
El sentido profundo de esa superstición es la necesidad de inventarse un pasado para no ver el de la realidad, lo cual lleva de nuevo a considerar el carácter enfermizo de la sociedad: los partidarios de las FARC son para la mayoría de quienes leen la prensa, sobre todo en Bogotá, sus superiores sociales, las personas a las que intentan asimilarse. El rechazo al crimen es una pasión más débil que el arribismo y la lambonería, sobre todo es más débil que el rechazo a los gringos o a los judíos o a cualquiera al que se le relacione con “trabajo”. Cualquier examen al pasado de Colombia va a dar como resultado el continuo parasitismo de los criollos de la Colonia y sus descendientes: es decir, de los que tienen alguna relación con la “izquierda democrática” y conservan la agradable costumbre de vivir del cuento.
Ideales traicionados
Por eso casi cada día se leen testimonios de personas que consideran a las FARC unos traidores que ya no defienden al “pueblo” sino que tienen su propia agenda criminal. Todo esfuerzo por explicar que las FARC siempre han sido consecuentes con su programa y que cuentan con el respaldo casi unánime de la universidad y los sindicatos estatales y los grandes grupos mediáticos les parece a la mayoría de los colombianos un síntoma de demencia. ¿Cómo van a ser esos patanes de estrato 1 lo mismo que los grandes pensadores de estrato 6 que tanto lustre dan a la patria? ¿Cómo se va a comparar proyectos tan nobles como la economía planificada o todo lo que proponen los seguidores del socialismo del siglo XXI con lo que hacen esos zarrapastrosos del Caquetá?

Noción de democracia
Por ejemplo, nadie ha leído en ninguno de los grandes medios escritos a ningún columnista o redactor que ponga en duda que el PDA es “la izquierda democrática”. Cuando uno se pregunta qué tiene de democrático un partido que siempre ha estado a favor de que se negocien las leyes por encima de las urnas con una banda de asesinos, se encuentra de nuevo ante una realidad antropológica particular: ¡ha osado preguntar eso a colombianos! Las palabras en Colombia son otra cosa, nunca nadie pone en duda que los del PDA son demócratas porque participan en las elecciones. Abiertamente lo dicen en sus documentos. ¿Qué es izquierda democrática? La que no participa en la lucha armada. Ya hemos explicado muchas veces que ni el PDA, ni el Partido Liberal, ni los editorialistas de El Tiempo, El Espectador, Semana, Cambio, Cromos, etc. nunca han pedido a las FARC y el ELN que se desmovilicen sino a la sociedad que se someta a la negociación que pretenden.

Escipión “el Africano”
La llamada izquierda democrática tiene además un programa de largo plazo idéntico al de las FARC: la instauración de la planificación central en la economía y la nacionalización de los principales servicios (ingeniosamente llamada desprivatización). Su papel es defender exactamente el mismo programa de las FARC pero dentro de la legalidad. ¿Qué ocurre en las cabezas de los colombianos? Fácil, que las palabras no tienen un sentido fijo, que en el momento conveniente también se dirá que las FARC han llevado a cabo una larga lucha por la democracia. Pero eso no es algo que ocurre en la cabeza de los narcoterroristas y sus socios (es como si mañana se pusiera de moda cantar ópera y los que cantan en los buses se lucieran con algún aria del Tristan y los pasajeros maldijeran a Wagner). Eso ocurre en la cabeza de los demás colombianos, que no ven problema en las palabras, para eso necesitarían plantearse alguna autonomía de pensamiento, necesitarían entender que un partido de corte clientelista-conservador miente cuando se llama “Cambio Radical” o que otro que pretende captar los votos que simplemente adhieren a la figura del presidente no necesita llamarse “nacional-socialista”. Lo “democrático” de la izquierda democrática es como lo africano del general romano Escipión, “El Africano”. Como si un pistolero se apodara “el banquero” o un militante encargado de retenciones se llamara “el Niño”.

Allende y Chávez
Lo mismo se podría decir de Salvador Allende: era un demócrata porque había ascendido al poder en unas elecciones. ¿Tenía un programa democrático? ¿Qué es acaso democrático? Es una palabra bonita que aprueban todos los colombianos. Si un presidente que había ascendido con un 37 % de los votos, mucho menos de un 30 % de los ciudadanos censados, quería cambiar las leyes de propiedad y en general suprimir el derecho, ¿qué era lo que lo hacía menos democrático? Hugo Chávez tiene la capacidad de demostrar la clase de demócrata que era Allende. Lo cual no se debe entender como que los crímenes cometidos por los golpistas que reemplazaron al presidente chileno sean justificables: es que los crímenes ajenos no convierten a nadie en buena persona.

¿Por qué no Hitler?
En todo el mundo civilizado hay un amplio consenso en rechazar los totalitarismos del siglo XX, cosa que es imposible en Colombia, donde ser o haber sido comunista es todavía algo honroso y la multitud de crímenes de ese totalitarismo, decenas de veces más que los que cometió Hitler, no preocupan a nadie: a fin de cuentas se cometen en Colombia todos los días y son lo que permite enriquecerse a varios miles de empleados estatales. De modo que si uno se pregunta por qué no considerar demócrata también a Hitler, se sorprenden mucho, ¿cómo se va a poner un adjetivo de buenos a uno malo? Los siglos de pensamiento religioso influyen mucho en esa disposición, ¿en qué está más lejos Hitler de la noción de democracia que el PDA? ¿Acaso mató a alguien? Los del PDA sí lo han hecho: el sicario que acabó con la vida de José Raquel Mercado vive desgañitándose para exigir “verdad, justicia y reparación”, y los crímenes que encargan y cobran no son menos atroces que los del demagogo vienés, sólo es que todavía la escala de esos crímenes es menor (aunque no lo es la de uno de los socios de su líder actual, Hugo Chávez: Sadam Husein; ni siquiera la retórica del otro socio, Ahmadineyad, es más perversa que la de Hitler).

Más allá de la obscenidad
Pensando en todo eso resulta espeluznante leer escritos como una columna reciente de Eduardo Pizarro sobre lo que ocurrirá en Bogotá y Nariño, que ahora estarán gobernados por el PDA. ¡De repente a este ex director del IEPRI que discutía con Molano si se podía pedir a las FARC que dejaran de secuestrar (según el líder de la universidad colombiana, ¿cómo se quería que mantuvieran su lucha sin recursos ilegales si no podían disponer de los legales?), a este antiguo dirigente del M-19 se le olvida que el PDA no ha hecho más que tratar de impedir todo lo que pueda ser eficaz para combatir a las FARC, y los considera candidatos a llevar a cabo una buena labor de seguridad! ¿Nadie se habrá figurado cómo se fraguó el triunfo del PDA en Nariño en dos elecciones seguidas? ¿Nadie recuerda el resuelto apoyo de las FARC al PDA en sus páginas de internet? Suicidas que son esos malhechores, que no ven que han estado alimentando a su enemigo más peligroso.

Lo que se puede decir
Así es la prensa colombiana, un mundo en el que circulan las mentiras más perversas divulgadas por los señoritos para consumo de los lambones. ¿Alguien se imagina que en un país civilizado tendría algún prestigio el calumniador que atribuía a la CIA el asesinato de Galán y después al ejército la bomba de la Escuela Superior de Guerra? Ese señorito taurino es sólo el modelo de los cientos de sicarios que llenan los foros de El Tiempo y los blogs (y que no encuentran mejor argumento que borrar los blogs ajenos acusando a otros para sustentar sus calumnias: también en la página de los borra-blogs apareció la misma versión sobre la bomba, aunque ocurre con todas las que ponen los peones).

El socialismo del siglo XXI
Señala Carlos Alberto Montaner que en Latinoamérica se ha extendido una especie de “izquierda carnívora” que en cuanto llega al poder destruye las instituciones democráticas y persigue cualquier atisbo de oposición. La forman los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. De toda esa izquierda el único sector que sí ha asesinado a cientos de miles de personas y secuestrado a decenas de miles es la izquierda colombiana. La única que abiertamente aspira a efectuar imposiciones por encima de las urnas, con el cínico pretexto de que la fuerza es de otros. Pero es el reflejo correcto de la sociedad, a nadie le ha importado nunca que el mismo hermano de Pizarro dirigiera el asesinato de 164 guerrilleros en el Cauca: ¿quién va a cuestionar a la familia de un líder carismático? De hecho, es ocioso ponerse a explicar que “democrático” no significa “que participa en las elecciones”. Muchas personas encontrarán un buen puesto en alguna institución distrital gracias al poder alcanzado por la tropa, ¿qué interés tiene que el precio sea colaborar con un proyecto criminal que sólo difiere del de Hitler por su torpeza y ridiculez?

lunes, 26 de noviembre de 2007

Bien Presidente: ¡Así se habla!

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Finalmente alguien en el continente expresó en público lo que en general se comenta en privado. Por fin alguien dejó al desnudo a Hugo Chávez Frías, con sus intenciones y sus enormes simpatías por las FARC y por el proyecto del brazo político de la organización terrorista.

Y como tenía que ser, por fin la arremetida feroz contra el paracaidista venezolano provino del Presidente Uribe. Más allá de las formas que obviamente la oposición entrará a cuestionar, lo cierto es que el fondo del discurso es compartido por muchos que vemos los avances totalitarios de Chávez en el continente.

Alguien tenía que decirle a Chávez que su falta de argumentos cada vez es más dramática, y que sus alocuciones de stand up comedy no pasarían de hilarantes a lo sumo, de no ser por las intenciones y el poder económico que ha monopolizado el mandatario venezolano: “La verdad, Presidente Chávez, es que cuando no hay argumentos y se apela a los insultos, como usted lo hace, se afectan no solamente las relaciones internacionales, sino que, en este caso, usted con sus insultos y su falta de argumentos hiere la dignidad del propio pueblo de Venezuela que usted representa.”

Llamar mentiroso, sinvergüenza y cínico al Presidente porque no lo dejó seguir usufructuando la supuesta mediación, que era simplemente una fachada para conseguir ventajas para las FARC y obviamente para su brazo político, es más que una afrenta: es la demostración de las intenciones de Chávez y sus socios colombianos de facilitar la toma del poder por parte del terrorismo.

En este sentido, la frase ”es que nosotros necesitamos una mediación contra el terrorismo y no legitimadores del terrorismo”, es sencillamente la confirmación de lo que muchos hemos visto y escuchado de Chávez frente a las FARC. Es más: al mandatario venezolano le queda perfecto el remoquete de legitimador del terrorismo, como se vio en Venezuela durante la circense mediación del coronel paracaidista.

Claro que Uribe fue hasta diplomático al afirmar que ”sus palabras, sus actitudes, dan la impresión de que usted no está interesado en la paz de Colombia, sino en que Colombia sea víctima de un gobierno terrorista de las Farc.” No presidente Uribe: no da la impresión. Chávez solo está interesando en que Colombia sea víctima de un gobierno terrorista de las FARC, es decir, del Polo Democrático Alternativo, como lo demostró con el envío de algunos de sus esbirros para influir en las elecciones pasadas e incluso para participar activamente en el Congreso Ideológico del brazo político de la organización terrorista.

Uribe tenía muchas cosas guardadas y las descargó, con toda la fuerza, sobre el clon de Fidel Castro. El intervencionismo de Chávez en Colombia ya lleva varios años, y ha contado con la colaboración de sus grandes amigos Piedad Córdoba y Gustavo Petro (quien puso también a trabajar para la causa a su ex compañera Mary Luz Herrán) para lograr no solo influir sino determinar procesos electorales en algunas zonas del país, especialmente en las fronteras con Ecuador y Venezuela, como se vio en las elecciones presidenciales de 2006.

Como no coincidir con esta frase de Uribe: ”Que no se aprovechen de la necesidad del acuerdo humanitario para invocar la ayuda a Colombia y venir a Colombia simplemente a intervenir en ella, para fomentar un proyecto expansionista.”

Es indudable la intención de Chávez en ese campo. Además de la adquisición de armamento utilizado para conflictos de gran escala, el paracaidista ha incorporado en su proyecto de Constitución (otra, porque ninguna le queda a su medida a pesar de que cada que presenta una nueva Carta Magna la define como la mejor del mundo) en el que consigna su intención de ampliar su sueño imperialista invadiendo a sus vecinos, es decir al más débil que es Colombia. El artículo 11 del documento totalitario chavista es claro: ”La soberanía plena de la República se ejerce en todo el territorio nacional, continental, marítimo y aéreo, así como en todos los espacios geográficos: continental, insular, lacustre, fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base rectas que ha adoptado o adopte la República.

Así mismo, para cumplir sus propósitos, Chávez es el incendiario que describe perfectamente el Presidente Uribe: ”La verdad, Presidente Chávez, la verdad con testigos, es que no se puede incendiar el Continente como usted lo hace. No se puede maltratar al Continente, incendiarlo, como usted lo hace, hablando de imperialismos, cuando usted, basado en su presupuesto, quiere montar un imperio.

Es claro: Chávez ataca a todos los que no se arrodillen ante él, a todos los que no le rinda pleitesía a su proyecto imperial para convertirse en el nuevo Emperador de los Andes, muy propio de alguien que se cree la reencarnación de Simón Bolívar. Así arranca aplausos de su audiencia latinoamericana que todavía no ha captado las monstruosas intenciones del golpista.

Otra perla que tenía guardada Uribe es el trato que desde siempre le han dado los venezolanos al general Santander, producto de la inquina que generó el oficial colombiano en el Libertador por cuenta de la oposición de Santander justamente al proyecto imperialista que tenía y que quedó plasmado en la Constitución de Bolivia, que de paso sea dicho, transgredió un compromiso de Bolívar de no reformar esa Carta hasta más allá de 1830: “El General Santander nos dio el ejemplo del apego a la ley. La verdad, Presidente Chávez, es que no se puede burlar la ley, como usted lo hace, tratando de maltratar al General Santander, para sustituir la ley por el capricho personal.

Además, Uribe dejó entrever algunas de las razones subsidiarias que tuvo para romper la intermediación de Chávez y de su esbirra Córdoba: ”La verdad, Presidente Chávez, es que en cada momento se conocen nuevos elementos. Pero la senadora también habló de la necesidad de un Gobierno de transición en Colombia.

Ni más ni menos, Chávez está planeando con Piedad Córdoba (ahora ya incursa oficialmente en una investigación ante la Corte por traición a la patria como lo informamos en su momento) y los demás secuaces, mover todas las fichas posibles para abrir el acceso al poder de las FARC. Eso de un gobierno de transición, cuando no existe una dictadura, es solo una figura decorativa y de formas ante el mundo para legitimar la llegada al poder del terrorismo.

Uribe resume lo anterior de la siguiente manera: ”La verdad, Presidente Chávez, es que eso nos da el derecho a los colombianos a interpretar que en la mediación, a la cual lo invitó usted la senadora Piedad Córdoba, de acuerdo con las actitudes de la senadora y con estos comentarios, estaba más interesada, esa mediación, en posibilitar un Gobierno con influencia del terrorismo en Colombia, que en ayudarnos a superar la tragedia de los secuestrados y a conseguir la paz.”

El proyecto de Chávez es, como lo afirmó el Presidente, un abuso de la tragedia colombiana “para venir a incorporar a Colombia a un proyecto expansionista que poco a poco va negando las libertades que con tanta dificultad este Continente ha logrado conquistar”.

Por fin alguien le dijo a Chávez mucho más de un simple “por qué no te callas”…

viernes, 23 de noviembre de 2007

Sin rumbo

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Lo primero que llama la atención de la disertación que presentó el senador Petro en un reciente foro celebrado en Ecuador, y que tituló “La democracia global, otro nombre del socialismo”, es el titulo, porque “la democracia global” es un concepto que se viene desarrollando desde finales de la segunda guerra mundial con el multilateralismo, y no tiene nada que ver con socialismo.

Cuando la democracia –siempre imperfecta- se incorporó a los principios de la economía y la política de los regimenes capitalistas, se hizo con el fin de regular los excesos del capital y de los gobiernos, que ahora tienen que rendirle cuentas a los electores.

Del socialismo sabemos que su fundamento económico es la propiedad del estado sobre los medios de producción, y por lo tanto la antípoda del mercado; y que su fundamento político es el totalitarismo, en contraposición al capitalismo, que fomenta la iniciativa individual, la libertad económica, la propiedad privada, los derechos humanos y la democracia, implícitamente ligada al concepto mundialmente aceptado de libertad.

El totalitarismo en el socialismo surge de la imposibilidad de sostener democráticamente las privaciones propias del régimen, y de la necesidad de perpetuarlo. Socialismo y democracia son por lo tanto, mutuamente excluyentes.

No obstante el titulo de la disertación los vuelve sinónimos, porque para el Senador, el socialismo no es la propiedad estatal de los medios de producción, sino lo que él defina, como si se tratara de un asunto teórico sin ninguna implementación práctica. Luego habla de un socialismo global (según él- no es posible hablar de socialismos nacionales) e “inventa” lo que llama el socialismo del siglo XXI, una versión idealizada del multilateralismo, y de la ayuda humanitaria.

Lo segundo que llama la atención, porque está inmerso en contradicciones e incoherencia, es el de si “el fin justifica los medios”. Contradicciones porque el Senador luego de despotricar contra los movimientos armados que se han fundamentado en la sentencia maquiavélica, dice: “yo mismo tome algún día las armas en el M-19, y creo que los pueblos en determinadas circunstancias históricas deben tomar las armas como último recurso de la resistencia, y muchas veces como medio de triunfo, de liberación” O sea, el fin sí justifica los medios, pero es él quien juzga cuando.

E incoherencias, puesto que este concepto que en principio comparto sin ningún fanatismo (solo los resultado pueden justificarlos) serviría y con mas razón, para justificar el levantamiento que permitió pacificar regiones enteras del acoso de la guerrilla. No obstante, mientras el Senador lo justifica en su caso personal porque produjo un partido político, según su decir, lo ha cuestionado y denunciado en el caso de las AUC, siendo que son las dos caras del mismo fenómeno: su dialéctica.

Pero mas adelante citando a Antonio Negri afirma que “la dialéctica no fue sino una equivocación filosófica de los socialistas” Dios mío, si la dialéctica (o lucha de contrarios) es la gran verdad eterna y absoluta, la que mantiene el equilibrio y provoca todas las transformaciones del universo. La equivocación no es de Negri, sino de Petro que no supo citarlo.

Luego la utiliza (la dialéctica) para afirmar que los nuevos contrarios son las masas y el capital, dejando entrever la necesidad de un gobierno global, como si la ONU y otros organismos multilaterales no lo fueran. Otra cosa es que hay que rediseñar algunos, y lograr que quien posee el mayor armamento del mundo los respete. Las armas el instrumento de poder mas primitivo de la humanidad, sigue siendo en el siglo XXI el mas efectivo.

Si Petro quería “realmente” hacer un aporte intelectual, debió proponer cómo evitarlo, y dejar de navegar sin rumbo.

miércoles, 21 de noviembre de 2007

¿Creerle? Por qué no...

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Hace poco más de un año, cuando ocurrió el atentado contra la Escuela Superior de Guerra, el Presidente de la República informó que las FARC estaban detrás del atentado e incluso difundió algunos apartes de las comunicaciones interceptadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, la oposición salió lanza en ristre a señalar el atentado como una cortina de humo, como un falso positivo y otra cantidad de arbitrariedades verbales. En ese momento Uribe dijo airado: "Pregunto al terrorista Jorge Briceño, conocido con el alias de 'Mono Jojoy', si tiene la cobardía de negar el mensaje recibido de la persona a quien mandó colocar este carro bomba, en el cual el terrorista miliciano desde Bogotá le informaba que ya había cumplido con la graduación". Esas palabras, a juicio de muchos era una mentira ramplona, producto del desespero por la gravedad del atentado que fue ejecutado en el corazón de las Fuerzas Armadas.

Eran los primeros tiempos de la para-política y todavía estaba reciente el escándalo por los supuestos falsos positivos que fue simplemente la sumatoria caprichosa que hizo El Tiempo de una serie de atentados: al final las supuestas pruebas se han ido diluyendo y el capricho (como me lo reconoció un redactor de ese medio) terminó en un verdadero falso positivo del ahora periódico colombo-español.

¿Cuántos le creímos a Uribe en ese momento? Seguramente muy pocos y con el desenfrenado transcurrir de la actualidad colombiana, las palabras del Presidente quedaron en el olvido y el asunto no se volvió a mencionar.

Pero ¡Oh sorpresa! La revista Semana, escrita por izquierdistas (¿democráticos?), reveló la infiltración de las FARC en el Ejército y sin querer le dio la razón al Presidente. Además la publicación terminó por demostrar que las FARC estuvieron detrás del atentado contra la Escuela Superior de Guerra y que gracias a una presunta infiltrada pudieron conocer los detalles del funcionamiento de la instalación académica.

Ahora el PDA publica un video de Noticias Uno (¡tan raro!) en el que Uribe sale acompañado de Carlos Clavijo un candidato al Senado que había sido recomendado por ‘Ernesto Baez’ y por la también candidata Rocio Arias, quien se acogió a sentencia anticipada por sus vínculos con el paramilitarismo.

De inmediato la Presidencia emitió un comunicado en el que indica que efectivamente Uribe, como candidato a la Presidencia en el 2001, recibió el apoyo público de Clavijo y posteriormente lanza el cañonazo: “Las relaciones del Presidente con los políticos han sido abiertas y públicas, a diferencia de las relaciones clandestinas de integrantes del Polo con la guerrilla. “

A ese comunicado el Polo respondió con el asunto del video en el que Uribe está reunido con algunos personajes señalados como paramilitares. Al Polo le parece que esa reunión fue privada cuando lo cierto es que Uribe permitió que fuera grabada y en el lugar hay más de 15 personas… ¿Eso es una reunión privada o clandestina? Claro que no, aunque ciertamente el país merece explicaciones serias y convincentes sobre el asunto.

Lo único claro es que Uribe ha dicho la verdad sobre el carácter público de sus reuniones y que en ese momento NINGUNO de los señalados estaba siendo investigado por el creativo concierto para delinquir agravado. A no ser que el Polo, en su irreflexiva oposición, exija que desde el año 2001 todos los candidatos deben portar una bola de cristal para discernir si alguno de los contertulios o asistentes a una reunión proselitista va a ser investigado o enjuiciado en el futuro. Y eso sería grave, porque cinco años después, en la Madre Patria, el actual Presidente del PDA sostuvo reuniones (esas si clandestinas) con personajes cercanos a la diplomacia de las FARC que tarde o temprano terminarán incursos en procesos ante la justicia.

Sin embargo, la acusación de Uribe sobre las relaciones clandestinas de algunos miembros del Polo con las FARC (algo similar a lo que ocurrió hace un año con el atentado en la Escuela Superior de Guerra) ha sido inmediatamente confrontada con una salida bastante deficiente: que el Polo tiene información (lo que eso signifique) sobre un montaje del Gobierno contra algunos de sus seguidores.

Esto es, nada más y nada menos que la aceptación de que algunos militantes del PDA tienen rabo de paja y ahora lo intentan desviar ubicándose en la posición de víctimas. ¡Que curioso! El supuesto montaje es denunciado SOLO cuando el Presidente hace el señalamiento… muy conveniente para el PDA, pero patético para la realidad política colombiana.

Y lo que falta, pues las investigaciones sobre los nuevos concejales de Bogotá deben avanzar y creo que NADIE EN COLOMBIA puede negar la cercanía de por lo menos dos de ellos con las FARC: Jaime Caycedo y Carlos Roberto Sáenz Vargas, hermano de alias ’Alfonso Cano’, uno de los comandantes de las FARC.

Hace un año muchos no le creyeron al Presidente y el tiempo ha demostrado que decía la verdad… Ahora tendremos que esperar un poco, de repente un año, para confirmar que Uribe en este caso, también está diciendo la verdad.

lunes, 19 de noviembre de 2007

Fronteras indefensas

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

“Ecuador no limita al norte con Colombia sino con las FARC o el ELN”. Coincido con esta afirmación de Wellington Sandoval, ministro de Defensa ecuatoriano, pues efectivamente los hechos demuestran que hay una especie de barrera entre ambos países por cuenta de la presencia de los terroristas.

Lo primero que se debe precisar es que esta declaración no desconoce los esfuerzos colombianos por tratar de retomar el control fronterizo, ni mucho menos es un insulto a la soberanía nacional como muchos lo han planteado: por el contrario, es un llamado de atención no solo para el gobierno sino para el Estado en general sobre el histórico descuido y la vulnerabilidad de las fronteras.

Es más: según Rafael Nieto Loaiza, Sandoval hizo algunos señalamientos indirectos sobre el desequilibrio de fuerza entre Ecuador y Colombia, lo que de alguna manera reconoce que hay un esfuerzo (a juicio del Ministro desmedido) por brindar seguridad en la frontera. Ocurre sin embargo, que el propio Sandoval incurre en la habitual confusión entre seguridad y defensa y el médico ecuatoriano no tiene ni los conocimientos ni la habilidad para diferenciar la logística que se utiliza en esas áreas.

Hay que comenzar por lo básico: Desde principios de los 90 las FARC comenzaron a hacer presencia en la frontera. Posteriormente, mientras adelantaban los histriónicos diálogos de paz en el Caguán, los terroristas robustecieron su presencia con la siembra de cultivos ilícitos y la instalación de laboratorios para el procesamiento de cocaína en la frontera con Ecuador.

Con la puesta en marcha de la política de Seguridad Democrática, las FARC fueron obligadas a refugiarse en las cercanías del río San Miguel y a disputar esa posición como uno de los últimos bastiones que poseen no solo para financiarse sino para poder cruzar al vecino país y quedar a salvo de las operaciones militares colombianas.

Si la afirmación de Sandoval fuera falsa no se hubiera requerido la confrontación diplomática, pseudocientífica y jurídica por la fumigación de los cultivos ilícitos en la región, ni se habrían presentado los ataques terroristas como el de Teteyé en el Putumayo. Es más: sin el intento de control territorial de la franja por parte de las FARC, no se hubieran presentado los paros armados en la región, ni los continuos roces diplomáticos por supuestas incursiones de aeronaves militares colombianas a territorio vecino. De igual forma, si la afirmación fuera mentirosa, Colombia no estaría empeñada en la erradicación manual de cultivos y además, Ecuador no tendría un problema de refugiados colombianos que huyen de los fuertes enfrentamientos en la zona.

Además, el señalamiento de la desprotección de la frontera es tremendamente válido tanto en seguridad como en defensa: tradicionalmente Colombia ha desprotegido sus fronteras y ha dependido de la buena fe de sus vecinos. Incluso, el gasto militar se ha destinado casi siempre para seguridad y no para defensa, es decir, para atender el problema de violencia interna y no para proteger la soberanía nacional.

Y esto no es reciente. En el caso de Ecuador, en 1999 ese país declaró zona de riesgo la frontera con Colombia y militarizó sus instalaciones petroleras en el norte del Amazonas.

Es tan vulnerable (porosa) esa frontera que en 1996, por ejemplo, fue incautado en Colombia un arsenal de las FARC que incluía armas vendidas por Estados Unidos a los militares ecuatorianos. Además, a través de la frontera con Ecuador ingresa buena parte del contrabando de explosivos para la organización terrorista. Es bueno anotar que esos explosivos son comprados de forma LEGAL en Ecuador y luego contrabandeados a Colombia.

Ante la avalancha de situaciones, la respuesta ecuatoriana ha sido la de trasladar tropas hacia la frontera con Colombia y ubicar a cerca de 7 mil efectivos en un batallón de infantería en Tulcán y dos compañías en Lago Agrio y en El Oro, se supone que sin fines bélicos contra nuestro país sino por las necesidades de proteger el área de los terroristas.

De hecho, aquellos que proclaman que no se gaste más dinero en la guerra olvidan convenientemente que Colombia tiene dos frentes álgidos que atender: la seguridad puesta en jaque por el terrorismo y la defensa que cada día presenta mayores retos por la utilización de Colombia como amenaza regional, para solucionar problemas internos en Venezuela y Ecuador.

Es decir: los detractores del gasto militar pretenden que se abdique en el combate contra las FARC, que se renuncie a la ventaja táctica que se ha logrado en el último lustro o que se desprotejan aún más las fronteras. De paso no formulan ni una sola alternativa para que los colombianos nos protejamos de la consecuencia que dejaría el tema de reducir el gasto militar, es decir, un nuevo aire para las FARC es retornar al secuestro masivo y al conteo diario de masacres y destrucción de pueblos e infraestructura.

Esos detractores también dejan de lado en sus discursos que hasta el año 2000 Colombia no hacía un esfuerzo financiero realmente importante e incluso omiten informar que los países vecinos hacían una mayor inversión en armamento y equipo militar. Por ejemplo en 1999, según el Banco Mundial, Colombia invertía el 2,6% del PIB en gasto militar, mientras que Ecuador utilizaba el 3,4% del PIB.

Así las cosas, son los hechos los que demuestran que Sandoval tiene razón y es Colombia, la Nación en general, la que debe mirar con detenimiento el asunto no solo de la seguridad, sino también de la defensa… y eso vale plata.

viernes, 16 de noviembre de 2007

Demoler

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena
myances@msn.com

Como siempre las buenas ideas vienen de afuera, en esta ocasión no de los nativos que regresan de sus viajes, sino de personas que quieren y frecuentan la ciudad.

El presidente de la Republica en una de sus mas recientes intervenciones públicas dijo –nada extraordinario pero que a ninguno se le había ocurrido expresar- que el costo en infraestructura y servicios públicos, de expandir las ciudades para la construcción de vivienda de interés social (VIS), hacia pensar en la necesidad de construir edificios.

Y mas recientemente que las grandes ciudades –creo que se refería a Bogotá, con 7 millones de habitantes- debían ir pensando en demoler zonas residenciales enteras, para construir nuevas vías, plazas, parques, y edificios que dieran una mejor utilización al metro cuadrado de tierra, e hicieran un uso más eficiente de los servicios públicos domiciliarios.

Eso se está viendo desde hace mucho en Cartagena –tal vez la capital con mayor escasez de tierra del país- pero en los estratos cuatro, cinco y seis: se tumban casas y se levantan edificios de muchos pisos. En las orillas de la Bahía, hemos visto mas recientemente, demoler edificios enteros (así estará la rentabilidad de alta, que lo justifica) para construir otros mas densamente poblados. Pero en los estratos más bajos no, y para la construcción de VIS, menos.

A los que califican para VIS, los más pobres de la ciudad, se les están erradicando a zonas bien apartadas de su hábitat, y de los sitios a los que se desplazan diariamente a trabajar, con lo cual se le incrementan innecesariamente sus dificultades y sus costos.

¿Que podrá hacer –por ejemplo- un pescador, una empleada domestica o un informal, si lo trasladan de la Boquilla, o de la Zona Suroriental (ZSO), a los límites con Turbaco, dónde el servicio de transporte público es nulo? Sería mejor idea, porque al fin y al cabo algún día lo tendrán que hacer, demoler toda la ZSO y construir vivienda vertical, vías amplias, plazas y parques, como lo sugiere el presidente para las grandes ciudades.

Aunque Cartagena no lo sea, esa necesidad surge no solo de los costos de expansión de los servicios públicos, si no, más que todo, del déficit de tierra, y de la necesidad de espacios públicos diferentes al de las playas, que en la ciudad son escasos.

Claro que del deseo a la implementación práctica no hay más que dificultades: vencida la estrechez mental, la principal es la escasez de recursos económicos. Si el desarrolló de la ZSO se planea para estratos altos, el capital privado proveerá los recursos que recuperará luego con la valorización. Para ello habría que diseñar los estímulos que la incentive, o esperar a que se den. Pero si lo que se desea, como lo proponemos aquí, es hacer vías, plazas, parques y edificios VIS, los recursos deberán ser públicos, y la rentabilidad financiera negativa.

¿Cuánto vale un proyecto de tal magnitud? ¿Se puede planear –como las grandes obras de ingeniería- con cronogramas estrictos y flujos de capital predeterminados; o habría que esperar que, a través de los siglos y de los gobiernos, estos desarrollos se vayan produciendo poco a poco?

El caso de los alrededores de la Cienaga de las Quintas, el fenómeno es diferente, y las soluciones también. Del lado de Manga no hay candidatos a VIS (el valor de la tierra los hace millonarios) y está prevista una avenida, la Quinta, que aun no se concreta, pero de seguro provocará la demolición de muchas viviendas para levantar edificios, incrementando la densidad. Y del lado de la avenida de El Lago, donde se proyecta el centro de la Administración pública, hay una mezcla de estratos, y la solución no debería ser la de expropiar, sino la compra de esas tierras a precios de futuro.

miércoles, 14 de noviembre de 2007

El poder de la droga

Por Jaime Ruíz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

Todos habremos oído a esas personas que no han tenido relación cercana con las drogas ni con quienes las consumen atribuir a aquéllas un poder casi mágico para transformar el carácter de sus víctimas, a tal punto que cuando alguien se dedica a delinquir les parece que eso le ha ocurrido porque antes se acostumbró a fumar marihuana. Y bastaría una encuesta en países en los que los consumidores son muchísimos más y los delincuentes muchísimos menos para refutar esas suposiciones: claro que las personas dadas a transgredir las normas tenderán a consumir drogas y a cualquier diversión costosa semejante, como el alcohol, el juego, etc., pero nadie piensa que por beber cerveza se convierte alguien en delincuente.

Eso mismo se podría decir del impacto del narcotráfico como causante de la violencia colombiana: no faltan los que consideran que todos los problemas del país son consecuencia de ese negocio, y se llega a leer escritos indignados de muchos que infieren una serie de relaciones causa-efecto que termina siendo grotesca: el narcotráfico es producto de la prohibición, por tanto es un perjuicio que sufrimos los colombianos por culpa de ese vicio de consumir y prohibir de los estadounidenses... Finalmente los capos de la droga llegan a parecer hasta víctimas de esos prohibicionistas; incluso, lo que motiva la prohibición resulta ser el afán de dominar a los países productores y de sacar provecho del negocio de las drogas (según la respetada tesis del premiado periodista Antonio Caballero)... Todo eso lo ha oído todo el mundo en Colombia y en realidad hay que pensar en la clase de personas que repite eso para encontrar una mentalidad criminal, para explicar todo lo que ocurre con las drogas.

Sin necesidad de ir a esos extremos delirantes no faltan los que proclaman que hay que legalizar las drogas para acabar con la violencia colombiana. Personalmente creo que la despenalización del narcotráfico es deseable, pero (si es que tiene sentido hablar de lo que no podrá ser) ni va a ocurrir en varias décadas ni tendría mucha utilidad para resolver los problemas colombianos. Cada vez que uno oye decir que el narcotráfico es la “gasolina” del conflicto, inmediatamente tiene claro que está delante de una persona que cree que hay un problema entre unas bandas de asesinos que matan soldados y una mayoría que es ajena a eso. ¿Cómo se explica entonces que la Corte Suprema de Justicia proclame en sus sentencias que la guerrilla es el resultado de una sociedad injusta y que en cuanto aspirantes a destruir el orden legal existente se les debe atribuir una intención altruista? ¿Y que la gran prensa siga defendiendo en forma unánime la negociación política que simplemente significa la abolición de la democracia?

Lo de que el narcotráfico es la “gasolina” del conflicto es una de tantas falacias tras las cuales se oculta el verdadero sentido de la pretensión de los universitarios y trabajadores estatales, los dueños de los periódicos y los vividores que siempre pululan alrededor de las camarillas que manejan los recursos públicos: una sociedad sin competencia ni movilidad social en la que los recursos públicos se manejen como se han manejado hasta ahora las empresas públicas.

Valdría la pena pensar en los años sesenta y setenta, antes de la bonanza del narcotráfico, para evaluar lo que ocurría entonces en Colombia. ¿Qué proyectos alentaba la juventud de entonces y qué valores la movían? Las discusiones actuales sobre el delito político y sobre los hechos del Palacio de Justicia permiten ver una realidad que niega por completo la visión de una sociedad destruida por el narcotráfico. Lo que pasa es que al pensar en la realidad de esa sociedad se puede llegar a conclusiones muy opuestas a la opinión predominante.

Si uno piensa por ejemplo en la toma del Palacio de Justicia, ¿qué dirá que pensaron los funcionarios judiciales y los estudiantes de Derecho en esa ocasión? La inmensa mayoría de los segundos estaban imbuidos de la propaganda comunista y apoyaron a los insurgentes que forzaban la destrucción del orden burgués; entre los primeros es indudable que se abrían expectativas de ascenso, no es raro que se impusiera en esa época un sindicato de los más extremistas del muy extremista sindicalismo estatal colombiano.

Si se relacionan esos hechos con la explosión de violencia de esos años se descubre algo que va más allá de la cómoda atribución al narcotráfico del origen de la violencia: por una parte, la deslegitimación de las instituciones se regaba entre la sociedad y justificaba las actitudes complacientes con el crimen, pues si un empresario es un perverso opresor (según una versión extrema de una antiquísima tradición católica) ¿qué es lo que hace que un filántropo como el creador de Medellín sin Tugurios sea peor? Pero eso sólo en la dirección en que la gente próxima al crimen perdía los escrúpulos, mucho más interesante es considerar el efecto de la ideología revolucionaria entre quienes debían perseguirlo: ¿qué incentivos tendrían para hacerlo? Si las leyes son ilegítimas y opresoras y el orden legal debe ser destruido, ¿cuál es la inmoralidad especial que comete el juez venal que colabora con los narcotraficantes? Nadie debe olvidar que muchísimos miembros del M-19 eran estudiantes de Derecho y muchos fueron después jueces y fiscales.

Se podría ir más lejos, ¿qué es lo que llevaba a los estudiantes a abrazar casi unánimemente esa causa? Siguiendo la rutina repetida sin cesar, eran “románticos”, “idealistas”, por eso querían matar a quienes se atravesaran a su ambición y convertirse en dueños de todo. Es la explicación cómoda que uno oye aún de las personas más supuestamente enjundiosas. Cada vez que uno describe el comunismo como el camino rápido, el atajo, para el poder de unos personajes atávicos cuyos valores permanecen ligados al mundo preburgués, se encuentra como profanando algo sagrado, ¿a quién se le ocurre que la expropiación, el asesinato, la autodesignación para cargos vitalicios, la oratoria sanguinaria y demás no son muestras de una humanidad que ya empieza a redimirse, en la que ya empieza a reinar el amor y la filantropía y el altruismo?

Es decir, antes de que unos delincuentes encontraran el atajo rápido hacia la opulencia, las personas de las clases acomodadas, los herederos del poder, habían encontrado el atajo de la violencia y el molde totalitario para alcanzar los puestos que en el sucio mundo de la política encontraban disputados por gentes con menos pedigrí. Y no sólo eso sino incluso sin amargarse la vida estudiando normas y teorías complicadas, pues ¿no es más agradable crear las leyes que entenderlas? La ambición del revolucionario es enorme y su capacidad de trabajo ínfima, de ahí el milagro de alquimia espiritual que pretendía llevar a cabo el economista Ernesto Guevara y su rotunda ineptitud administrativa.

La conducta de la Corte Suprema de Justicia en los últimos meses permite describir una realidad nacional en la que, más allá de los elementos causantes de la delincuencia, el ascenso del crimen sería inevitable. Las personas encargadas de aplicar las leyes sólo piensan en su poder personal más allá de las normas existentes. Contradiciendo a uno de los fundadores del Derecho, Graciano, “juzgan las leyes y no según ellas”. De ahí la obsesión por ir más allá del derecho o la disposición a invocar generalidades para ordenar lo que literalmente les dé la gana a quienes tienen el poder para hacerlo. La revolución sólo es la abolición de las leyes en favor del arbitrio de quienes tienen el poder, de algún modo en Colombia ese fenómeno ocurrió durante esas décadas y se “coronó” con el asesinato de los pocos verdaderos juristas que quedaban en el Palacio de Justicia.

Sería posible extenderse cientos de páginas verificando la extrema afinidad entre esa carta blanca que concedió la Constitución de 1991 a los jueces y la ideología totalitaria, así como la irresistible inclinación de los jueces a justificar el levantamiento armado comunista: ¿qué pasaría si alguien propusiera el retorno a la esclavitud de los negros, no sería un rebelde político? Uno podría contestar que sí, al igual que con cualquier otro disparate, pero para los magistrados, tácitamente en sus sentencias sólo hay el levantamiento altruista para superar el capitalismo. Para conceder poder a los invocadores de derechos.

Pero todo eso, aun en su versión “idealista” de los años sesenta sólo es un elemento atávico, el problema es la incapacidad de la sociedad para mirar atrás y entender lo próxima que está la esclavitud y la equitación humana, lo plenamente vigentes que están las castas de la Colonia en forma de exclusiones raciales y de “estratos socioeconómicos”. La gente ve CSI o Desperate Housewives y se figura que es como los personajes de esos productos televisivos, pero alguien que viva lejos de los colombianos casi percibe de lejos el olor a encomienda y esclavitud y sumisión al capricho de los gamonales. La revolución es resistencia a la expansión del modelo burgués.

Es decir, los garantes del orden y la legalidad son casi unánimemente partidarios de su destrucción, ¿en favor de qué? No hay que dudarlo ni un segundo: en favor de su propio capricho. ¡Pero es que ellos proceden de quienes disponían de todo en las generaciones anteriores, sólo quieren recuperar un dominio que la legalidad burguesa amenaza con quitarles.

Por eso la atribución al narcotráfico del origen de la violencia es, en mi opinión, superficial. Podría no haber narcotráfico y haberse desatado una guerra civil por el poder político, o podrían haberse disparado otros negocios criminales. Y la sociedad podría sufrir ese azote del poder de las mafias y ser diferente: no es lo mismo que unos pistoleros asalten la sede de la institucionalidad para borrar pruebas a que lo hagan los representantes de los futuros juristas. Ni es lo mismo que haya bandas de malhechores corrompiendo a los políticos a que esas bandas en últimas obedezcan a los mismos que crearon el sindicato de jueces.

Puede que la expansión del narcotráfico haya determinado el crecimiento acelerado de los indicadores de violencia en los ochenta, lo que pasa es que no podemos saber qué habría ocurrido sin eso. Lo que es una renuncia inadmisible es seguir leyendo las sentencias de las cortes y los escritos de los columnistas y creer que un país sano sufre a causa de un negocio criminal. A mí me resulta un atropello pensar que los carteles de narcotraficantes sean más dañinos y perversos que el temible Cartel de la Tutela.

A fin de cuentas, todos los grandes narcotraficantes están presos o muertos, mientras que los agentes del conflicto social y armado mantienen su poder y lo ensanchan día a día. Nadie debe dudarlo: esos causantes son los doctores. Y la sociedad colombiana no tiene la menor disposición a condenarlos ni a combatirlos.

lunes, 12 de noviembre de 2007

El sesgo de los indultos

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

A raíz del enfrentamiento entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia por las supuestas acciones delictivas del magistrado Iván Velásquez, escuché a Gustavo Petro afirmar que “el Presidente debería dedicarse a combatir la impunidad”.

Esa es o debería ser una tarea prioritaria del Estado, no solo del Gobierno, pero hay situaciones que el propio Estado acolita para que reine la impunidad en el país. Viendo los últimos acontecimientos sobre la toma del Palacio de Justicia, se observa el nivel de impunidad y el camino judicial parcializado y excluyente que está tomando la investigación de los hechos.

Es cierto que la acción militar fue inapropiada e irresponsable. De hecho en todo el planeta, la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército es estudiada como el cúmulo de errores que no se pueden cometer en una situación de esa naturaleza. En seminarios y estudios superiores de guerra y de operaciones especiales, la respuesta militar en el Palacio de Justicia es un ejemplo de lo que no se debe hacer. También es cierto que son las Fuerzas Armadas las que deben responder por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Llama la atención el pronunciamiento del Presidente en el que intenta contradecir los hechos que demuestran que los uniformados sobrepasaron sus obligaciones y practicaron acciones ilegales y violatorias de los derechos fundamentales.

En el comunicado presidencial, Uribe habla de la herida a la dignidad nacional. Sin embargo, dicha herida, inflingida contra la dignidad de todo el Estado colombiano tiene que ver también con lo que ocurrió en la Casa de Nariño, cuando los altos mandos militares decidieron dar un golpe de Estado temporal en contra del entonces presidente Belisario Betancourt Cuartas, encerrándolo con la mayoría de ministros en un salón en el que no tenían prácticamente ningún acceso a la información sobre lo que estaba ocurriendo.

De igual forma los desaparecidos son un doloroso crimen de lesa humanidad que 22 años después todavía no se ha aclarado. Y ni hablar de la orden de ingresar tanques de guerra a un sitio URBANO y cerrado en el que habían decenas de rehenes: eso va mucho más allá de una operación en defensa de la institucionalidad y se convierte en una acción que encierra ignorancia y prepotencia militar, es decir, superar al enemigo con el poderío de las armas sin importar las víctimas que esto pueda generar.

Todo lo anterior demuestra que se generó una situación de anarquía institucional, ORIGINADA por el M-19 y profundizada por los altos mandos militares que hicieron lo que quisieron, sin el menor recato, para ganar un enfrentamiento que visualizaron como una batalla en plena selva.

Sin embargo, al aclarar el comunicado, Uribe señaló que “no es admisible que voceros de órgano alguno del poder público, inviertan las responsabilidades. Que en lugar de asignar la responsabilidad política, como tiene que ser, a los terroristas que hicieron esa toma financiados con el narcotráfico, le asignen esa responsabilidad a la reacción institucional, que equivocada o acertada, buscaba cumplir con el deber constitucional de respaldar las instituciones.”

Uribe aborda lo que debería ser el eje del debate, es decir, la impunidad que se manifiesta en la renuencia de los tribunales a investigar y enjuiciar a TODOS los involucrados en el hecho. Ciertamente los militares están siendo procesados por la obtusa operación de retoma, pero los causantes, los que originaron semejante situación viven cómodamente la impunidad, incluso recibiendo el premio por la masacre que cometieron.

Cuando Petro habla de impunidad, esa palabra en su boca suena a autobiografía pues él pertenecía a la estructura de mando del M-19 y como tal debería también responder por los crímenes de lesa humanidad, comenzando por los celadores asesinados en estado de indefensión en el parqueadero del Palacio.

Sin importar el indulto concedido en su momento, TODOS los mandos del M-19 deberían estar incursos en la misma investigación, pues evidentemente tienen una enorme cuota de responsabilidad en la muerte de decenas de colombianos en el Palacio de Justicia. Así mismo, la impunidad de Petro y Navarro (por solo mencionar a dos de los infames terroristas) permitió, por casi dos décadas, que los motivos para la toma permanecieran ocultos: ¿Acaso el recibir dinero del Cartel de Medellín para cometer la acción terrorista, unido a los resultados de dicha acción, no son suficientes para procesar a los ahora distinguidos miembros de la sociedad política colombiana? ¿Acaso eso tiene prescripción y a la luz del derecho internacional pueden ser delitos cobijados por indultos? La respuesta es tajante: NO.

A estas alturas, con una justicia ciega y equilibrada, Petro, Navarro, Vera Grave y otros tantos deberían estar encadenados en prisión y respondiendo juiciosamente ante los tribunales… pero ¡qué va! Son de la misma gavilla que hoy rige los destinos de la justicia colombiana y por lo tanto son tan intocables como el magistrado Velásquez. Pedir que se procese a Petro es un desacato a las cortes, pues hay que ajusticiar a los combatientes rústicos (ahora son los del Ejército), pero dejar incólumes a los que decidieron y planearon la acción terrorista, cobijándolos con un silencio cómplice que en nada favorece la supuesta cruzada contra la impunidad.

Si Petro habla de combatir la impunidad, pues él mismo debería proceder a renunciar al indulto y someterse a las investigaciones que se vienen adelantando sobre la masacre del Palacio de Justicia. Pero resulta un insulto para el país que de los dos actores que cometieron ese holocausto, unos estén tras las rejas mientras que los otros disfrutan de la libertad y del poder que les otorgó la muerte de decenas de colombianos aquel noviembre de 1985.

PD: Y ni hablar de la Junta de socios de Narco farc corporation en Venezuela.

viernes, 9 de noviembre de 2007

Junta de socios




Periodismo en crisis

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Peligroso esto de las mentiras especialmente cuando afectan la honra ajena. No solo por lo inmoral y falto de ética, sino porque el afectado tendrá todos los motivos para aclarar las cosa y dejar al calumniador (cuando no se gana una demanda por injuria y calumnia) como lo que es, un mentiroso. Es entonces el sentido común (y no solo la moral y la ética) el que recomienda no ocuparse –al menos públicamente- de la vida y honra de los demás.

Decía mi padre (q.e.p.d) que los seres humanos podían dividirse en tres categorías según los temas que ocupasen su interés: los que se ocupan de la vida de los demás, que son los de mas baja formación intelectual; los que se ocupan de los sucesos, el promedio; y los que se ocupan de las ideas, las mentes superiores.

De pronto los periódicos están llenos de mentiras (imposible que no se cuelen unas ante tantos intereses y tanta información: por eso no hay que creer sino lo que sea verosímil) pero mientras no toquen la honra ajena, o intereses particulares, así se queda. Sin embargo en el campo de la opinión especializada, sucede como en el del pastorcillo mentiroso: se pierde credibilidad.

Eso debió pasarle al premio Simon Bolívar a la mejor “Columna de Opinión 2007” cuando mediante sendos comunicados la Aeronáutica Civil, y el Inpec, le dejaron sin piso las acusaciones que había hecho públicamente contra el presidente. Olvidó o desconocía, que “quien afirma debe aportar las pruebas” un principio básico del derecho; y una noticia en un periódico no lo es.

Aceptable, tal vez, que una mujer que se “enpiernaba” con los mas adinerados de su época confundiera caras y nombres en noches de orgia; excusable que hubiera completado con su imaginación las historias que no conocía en su totalidad, o no entendía; y entendible que en el ocaso de su vida de lujos y placeres haya decidido contarlas en un libro que recurre al escándalo para venderse.

Pero que un Columnista de Opinión tome apartes de ese libro para juzgar públicamente al primer dignatario de la nación, sobrepasa todos los límites permitidos al ser humano. El asunto de las gafas si es importante, aunque el columnista lo demerite en su fallida argumentación (Revista Semana, octubre 8 al 13) porqué ese es el elemento que le daría credibilidad a la historia de la vedette. Y que por eso –en parte- le otorguen semejante premio, deja muy mal parado además, al patrocinador y a los jurados.

Ese mecanismo (que no costumbre por lo perverso) de repetir como cierto lo que se publica en cualquier otro medio, termina convirtiendo en verdad lo que pudo haber sido una simple opinión, un error, o una mentira mal intencionada.

Los principios matemáticos se aplican a la perfección en la vida social humana -al fin y al cabo las matemáticas las inventaron los humanos- y las matemáticas enseñan que un solo caso válido no valida la formula, como una sola verdad no le da credibilidad a un testimonio; pero un solo caso fallido sí, así como una sola mentira acaba con la credibilidad de quien la dice.

¡El periodismo está en crisis! Lo digo con la autoridad moral que me da no ser político, ni periodista, ni contratista, ni empleado publico, ni cosa por el estilo, sino un simple ciudadano sin intereses diferentes al de querer purificar tanta corrupción, no solo económica, sino moral, que está acabando con éste país.

¿Se podrá esperar de una persona que atacó con tanta pasión, obsesión, ensañamiento y odio al presidente, la necesaria presentación de excusas y rectificación? Yo no tendría ningún inconveniente en hacerlo con él si este comentario resultare sin fundamentos e injusto, pero la soberbia del premio –que ya le escuchamos por la radio- lo puede obstaculizar.

No obstante por el bien de su carrera y de su imagen, y del periodismo, es lo que conviene hacer.

miércoles, 7 de noviembre de 2007

El tono ambiguo de Pardo

Por Jaime Ruíz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

Si hay algo odioso en este mundo es la difusión de rumores y sospechas sin pruebas, pero la cadena de acciones de la camarilla de César Gaviria a favor de Chávez y sus socios desde las crisis de 2002 en Venezuela deja un hedor insoportable. Ya en su momento se denunció la actitud del tinterillo que llegó a ser secretario general de la OEA a favor de Mico Mandante, episodio sobre el cual los venezolanos podrían contar muchas historias, por no hablar de las denuncias en su día de Mario Vargas Llosa. Más rara es la determinación del ex presidente de combatir al gobierno de Uribe siendo que, para volver a la presidencia, le habría sido muy eficaz convertirse en el protector del actual presidente. Si no hubiera podido impedir la reelección, sería el candidato con más posibilidades en 2010 al agrupar el uribismo y la parte mayoritaria del antiguo Partido Liberal.

Pero lo mismo se podría decir de los personajes más próximos a Gaviria, como Rudolf Hommes, últimamente convertido en valedor de la solución negociada y de las bellezas del PDA. Ya ni en el lenguaje se detecta ninguna diferencia con las FARC: ¡paz con justicia social!, es el objetivo de la negociación que gustaría a este ex ministro.

Es en el contexto de esa extraña variación de esos filántropos donde cabe la aparición de Rafael Pardo Rueda en la prensa matizando la discusión sobre el delito político que tan torpemente llevó a cabo el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo con el presidente del PDA, en una acción más propia de un reality show que de desarrollo de una discusión de profundas implicaciones. Una lectura atenta al artículo aparecido el jueves 1 de noviembre en El Tiempo y firmado por ese ex ministro permitirá entender cuál es el juego de esa camarilla y de qué modo entronca con los designios de Mico Mandante para Colombia.

¿Abolir o no el delito político? Opiniones coyunturales no pueden ser motivos para cambiar la Constitución.

La pelea entre Carlos Gaviria y el Comisionado de Paz por el delito político es muy relevante, tanto por el significado del debate mismo, como por sus efectos prácticos en el tema de la pacificación.

El Gobierno cuestionó la publicación de una columna de Gaviria en un medio de Internet de las Farc, asunto fuera del alcance de este y que hace que el debate se tiña de sospechas por surgir el día siguiente del triunfo del Polo en Bogotá. Pero, más allá de lo anecdótico, es un tema relevante.



En realidad lo que se cuestiona es el silencio de Gaviria y el PDA respecto de la campaña de propaganda que las FARC hicieron en esa página a favor del PDA. Tanto en internet como en muchos municipios, las FARC participaron en la campaña electoral favoreciendo a ese partido: las proclamas se redactan en Escandinavia, los asesinatos se llevan a cabo en los pueblos colombianos. El que publiquen el artículo de Gaviria ahí tiene que ver con la legitimación que buscan y que es el sentido mismo de ese artículo. Por lo demás, llama la atención que lo coyuntural llegue a ser muy relevante.

Empecemos por el contenido del escrito de Gaviria, que es una argumentación histórica y teórica en favor de la aplicación de la condición de delincuente político a quienes se alzan contra el Estado. Discutible, pero respetable. Plantea asuntos sobre los que no hay acuerdo, como el de si un delito con motivación política debe castigarse con penas más leves o más fuertes para quienes cometen los mismos delitos sin esta motivación.



Un examen de ese artículo de Gaviria deja ver lo “respetable” de su argumentación. ¿Qué significa “respetable”? Pardo quiere complacer a los partidarios del PDA que no tienen paciencia para leer el escrito y engañar a los demás. La argumentación es escandalosamente falaz, pero es inevitable que tenga su público en el país en que la revista de los ricos publica un panegírico de un terrorista. De momento es clara la intención de Pardo, y su noción de respetabilidad.

Pero voceros del Gobierno han llevado la discusión al debate de si se justifica o no la rebelión, o si 'paras' y guerrillas merecen el mismo tratamiento.

El que exista en la Constitución el delito político no es una invitación, ni mucho menos una justificación, ni a la rebelión ni al alzamiento contra un gobierno legítimo. El Gobierno usa el sofisma de que, como no hay condiciones para la rebelión, entonces debe quitarse el delito político de la Constitución. Hoy puede ser injustificable la rebelión, dicen sus voceros, pero antes, durante el Frente Nacional, también lo era, digo yo con mucho respeto.



La alusión al Frente Nacional parece destinada a confundir: siempre es injustificable la rebelión contra la democracia. El motivo por el que el delito político debe desaparecer de la Constitución es éste: se trata de una falacia criminal cuyo origen está en la propaganda del fascismo (“violencia caballeresca”) y en su concepción colombiana corresponde al derecho a suponer que un régimen sin urnas puede ser mejor que uno con urnas. ¿Cuál es el sofisma? La palabra encanta a los pensadores que se forman en las universidades colombianas. “Descresta.” Sería muy interesante que alguien buscara la relación entre el concepto de “sofisma” y el razonamiento que Pardo atribuye al gobierno.

Por otra parte, si no es una invitación a la rebelión, ¿por qué aparece en la Constitución? Esa presencia del delito político es un permiso para hacerlo, no hace falta que sea una invitación.

Pero, a más de la controversia llamémosla teórica, hay dos asuntos prácticos. Uno es que, de acuerdo con la Constitución, el delito político se puede perdonar por decisión política. Un segundo tema es el alcance de este delito. Es decir, qué conductas se incluyen y cuáles se excluyen de él. Es delito político rebelarse contra el Estado. Pero si para ello se portan armas, se roba un banco, se asesina al portero del banco o a un parroquiano que pasa por la esquina, ¿serán estos delito conexos y, por tanto, susceptibles de ser perdonados?

En las normas se excluyen, desde hace décadas, de la conexidad con el delito político y, en consecuencia, de su eventual perdón, el terrorismo, los delitos atroces y el homicidio fuera de combate. En 1993 se excluyó cualquier tipo de secuestro. En la Convención de Viena, el narcotráfico. En sentencia de la Corte Constitucional de 1997 se excluyó el homicidio. Y en el Tratado de Roma, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por lo tanto, si miembros de grupos rebeldes cometen estos crímenes, no podrán ser amnistiados por ellos. O tampoco lo será un integrante de un grupo rebelde que viola a una menor. El delito político hoy, y no por las condiciones recientes de nuestra democracia, sino por normas sucesivas, tiene un alcance mucho menor que antes. Cada vez menos conductas de los integrantes de grupos rebeldes son susceptibles de ser perdonadas si hubiere paz. Pero de ahí a eliminarlo de la Constitución hay un largo trecho.



La pregunta obvia que surge de esa enumeración es ésta: ¿qué es lo que se puede hacer al rebelarse contra el gobierno para que sólo quede como delito político? Prácticamente todos los delitos que cometen los miembros de los grupos rebeldes son mero resultado de la rebelión. No se consiguen y portan armas para vivir una aventura romántica sino para matar e intimidar. Es que por una parte matar a soldados en combate no es “homicidio” pues ya la aceptación del derecho a rebelarse contemplaba esa posibilidad, y por la otra los dirigentes no serán responsables de nada, pues una cosa es que sean terribles criminales y otra que sean idiotas: los hechos atroces, las violaciones de menores, etc., se atribuirán a los pobladores de regiones miserables a los que se reclutó en la infancia, mientras que los dirigentes quedarán con la honra de haber escogido por altruismo luchar para que la gente viva mejor.

Es decir, podemos preguntarnos por qué le interesa a Pardo hacer presión a favor de la persistencia del delito político en la Constitución. Ya se verá qué intenciones lleva este prócer.

Las opiniones coyunturales no pueden ser las motivaciones para modificar la Constitución. El Gobierno no está obligado a aplicar amnistías o indultos, ni el Congreso a aprobarlas. Si aquel considera que los rebeldes no merecen indulto en las condiciones de la ley actual, pues no debe solicitarlo al Congreso.



Es decir, la posibilidad de que se premie a las FARC y al ELN es lo que se quiere preservar, de modo que cuando la propaganda, el adoctrinamiento en las escuelas, los incentivos de Chávez y los de origen retentivo y la intimidación consigan que el gobierno caiga en manos de los que encuentran respetable a Gaviria, se podrá llevar a la práctica ese noble proyecto sin violentar la Constitución. Pero ¿por qué es defendible el delito político? Eso se da por sobreentendido y es lo único que interesa. Pardo no dice nada en defensa de ese concepto, sólo que está en la Constitución. Es un procedimiento típico en Colombia: las cuestiones morales se hacen depender de textos legales.

Lo que pasa es que el Gobierno, que reclama un necesario debate sobre el alcance del delito político, en lugar de formular una propuesta teóricamente sólida, va andando a la bulla de los cocos. Un día dice que los 'paras' son delincuentes políticos, otro día saca a los peores guerrilleros de la cárcel sin mayor justificación. Un día sostiene que los guerrilleros no pueden ser indultados y ayer dijo que el concierto para delinquir de los 'paras' debe convertirse en delito político para indultarlos.



Si alguien albergara la menor duda de que este personaje obra de mala fe para promoverse como candidato de una mayoría determinada por el PDA en una segunda vuelta en 2010 este párrafo debería despejarla por completo. ¿De qué sirve una propuesta teóricamente sólida si las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se basan en la noción de Derecho Político para anular el derecho a la defensa propia y convertir el proyecto de imponer una tiranía como las que asolaron a medio mundo en el siglo XX en el resultado de una determinación altruista?

Estos personajes tienen mangas muy anchas y siempre sacan las cartas que les convienen: lo que es “histórico y teórico” se vuelve jurídico cuando conviene. ¿Ha sacado el gobierno a los peores guerrilleros sin mayor justificación? El único guerrillero importante que salió fue alias Rodrigo Granda, seguramente por presiones de Sarkozy. La contradicción aparente entre oponerse al delito político y al mismo tiempo reclamarlo en el caso de los paramilitares que se desmovilicen puede llevar a muchos a creer en un doble juego del gobierno. Pero es como si el abogado abolicionista de un esclavo fugitivo presentara ante un tribunal un documento de manumisión. ¿No está legitimando la esclavitud con ese documento? Resulta que si las leyes que imperan son esclavistas la proclama abolicionista no servirá de nada. Tampoco los alegatos contra el derecho político surtirán ningún efecto en una Corte que perpetra sus atroces sentencias con base en esa falacia. En eso es claro que Pardo miente, pues el nombramiento de los magistrados no depende del Ejecutivo, que por definición no puede determinar sus sentencias.

El gobierno pretende que se considere sedición la actividad de las AUC, y por tanto que se concedan beneficios penales derivados del “delito político” porque es una forma de cumplir lo negociado con los dirigentes de esa banda que condujo a su desmovilización y a la Ley de Justicia y Paz. Los defensores de las FARC necesitan que los paramilitares sigan activos porque pretenden justificar la actividad de su tropa, por eso pretenden a toda costa un castigo severo para los miembros de las AUC para disuadir a los que no se han entregado de hacerlo, y también a los que en cualquier momento consideren que hay alguna alternativa a dejarse secuestrar y pagar la extorsión.

De modo que en el plano teórico sería deseable que se anulara lo relativo al delito político en la Constitución, pero en el plano jurídico se debería aplicar a todos los que se desmovilicen. Esto naturalmente incluye a los guerrilleros, cuya entrega a la justicia debería ser un clamor nacional, pero ciertamente no es el objetivo del Partido Comunista, ni de su periferia (PDA) ni de quienes pretendían aliarse con ellos para hacer frente a Uribe.

Ése es todo el interés de Pardo en meter baza en la discusión sobre el delito político. No el fin de la guerra a cambio de la impunidad sino la persistencia en busca del premio. Ya sé que la intuición de los incentivos de Chávez es aventurada y requeriría más pruebas, pero ¿qué explicación tiene esa actitud por parte de este señor y de toda esa camarilla? ¿Qué se puede pensar de un artículo como éste, igualmente cauteloso pero al final “respetuoso” de los cambios de Chávez? Al final, cuando se enfrentan dos concepciones sobre el delito político, con mucha cautela y hábil envoltorio, Pardo se pone de lado del amigo del PCC. Es el bando en que está ahora y los colombianos que no quieren el ascenso de los que buscan alentar a las FARC deben tomar nota.

lunes, 5 de noviembre de 2007

Disciplina o catástrofe

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Muchos han interpretado la palabra hecatombe, pronunciada recientemente por Uribe, desde su perspectiva y condición política.

Coincido en parte con lo que afirma Carlos Gaviria Díaz sobre la intención mesiánica del Presidente que parece pensar que él es el único que puede salvar a Colombia de una situación tremendamente crítica.

En esto el asunto sustancial debería ser ¿es Uribe el único que puede salvar a Colombia de una hecatombe? No lo creo. De hecho en el panorama político hay “presidenciables” bien interesantes, con una excelente estructura y con realizaciones positivas en el desempeño de sus funciones, ya sea en puestos públicos o en cargos de elección popular: Sergio Fajardo, Rafael Pardo Rueda, Antanas Mockus, Rodrigo Rivera e incluso (con reservas por su comportamiento en el Senado) Germán Vargas Lleras.

Entonces, la hecatombe no es por la inexistencia de un sucesor del Presidente, sino que, a mi juicio, tiene dos aristas: la unidad de la llamada coalición de gobierno (que no es ni coalición ni está con el gobierno) y el evitar a toda costa que llegue a la presidencia un simpatizante de las FARC, un personaje débil a la hora de condenar al terrorismo o, peor, alguien que obtenga el máximo beneficio de premiar con su silencio cómplice a las FARC.

El primer elemento tiene muchos obstáculos de vanidad y ambición desmedida de poder: como en Colombia las elecciones, y en especial las coaliciones sospechosas, dejan como ganadores a todos los partidos, pues cada quien en su feudo reclama el triunfo. En eso la izquierda colombiana tiene una amplia ventaja, pues se muestran monolíticos en la unidad y, por lo menos a la vista del público, parecen respetuosos de las decisiones que toman las mayorías.

En la otra orilla Cambio Radical parece una novia fea buscando marido: le coquetea a un sector del liberalismo, charla animada con algunos miembros díscolos de la U y de vez en cuando se le ve en un rincón oscuro con simpatizantes del Polo. Además le hace guiños al gobierno, pero no tan evidentes para que no perciban a ese partido como muy afín con el Presidente.

Y ni hablar de la U: es el partido más partido (compite con el liberalismo) y en realidad no se sabe quién está con quién, ni qué pretende como colectividad, o si es amigo o enemigo de los opositores. Lo peor: no tiene por el momento un liderazgo claro que pueda surgir como una figura presidenciable. A lo anterior se suman los apoyos otorgados a candidatos del “congresito” (el patio de la Picota en donde están recluidos los personajes investigados por la para-política) en diferentes regiones del país. Y ni más faltaba, el respaldo a Horacio Serpa es una decisión que resulta incoherente y absurda a la luz de su propio eslogan: ¿el partido de Uribe apoyando a uno de los más enconados opositores de Uribe?

Pero los demás partidos de la supuesta coalición no se quedan atrás: Convergencia Ciudadana es de los movimientos más cuestionables que he visto. Basta con leer la lista de los candidatos impedidos para participar en las elecciones del pasado 28 de octubre para encontrarse con que el más alto porcentaje de inhabilitados pertenece a ese movimiento. Además, la mayoría de sus miembros están involucrados en procesos por vínculos con paramilitares y en algunas regiones sus candidatos fueron designados por personas que están condenadas por corrupción.

De igual forma el partido Conservador está con ganas de reeditar a Andrés Pastrana, o lanzar a Carlos Holguín, personajes cuyos nombres se convertirían en una inmensa derrota a la hora del escrutinio electoral.

Así las cosas esa coalición pegada con babas puede estallar en cualquier momento por vanidades y ambiciones, dando como resultado la destrucción de lo poquísimo que tiene de unidad y lanzar, cada quien por su cuenta, al candidato que vean con más opción. Definitivamente la coalición de gobierno es una hecatombe, pero ¿basta para que Uribe intente una segunda reelección? No. Por el contrario: Uribe puede reversar la hecatombe en sus filas y ponerle orden al asunto. Basta con hacer cumplir la nueva ley electoral y esa hecatombe se desactiva sin mucho esfuerzo. Evidentemente es una decisión política difícil e impopular en el Capitolio, pero necesaria para perseverar en las políticas fundamentales para el país.

La segunda arista de la hecatombe es la posibilidad de que un candidato que no sea amigo ni enemigo de las FARC, que no condene las masacres ni el terrorismo que comete a diario esa organización y que esté dispuesto a hacerles concesiones con el supuesto de lograr la paz; llegue a la Presidencia de la República.

Es más: ese candidato, por todo lo anterior, desactivaría la política de Seguridad Democrática y permitiría que las FARC se oxigenaran y volvieran a amenazar al país con la toma del poder. Cuando la gente habla de acuerdo humanitario ignora que detrás de esa “loable” propuesta, se esconden dos graves situaciones: la entrega del poder a las FARC mediante concesiones y tiempo para reagruparse o abrirles el espacio para la toma del poder mediante el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, ordenándoles el desalojo de algunas zonas y permitiendo de esta manera que las FARC retomen el control territorial de muchas regiones del país.

El asunto básico es: ¿qué se negocia con las FARC? Si algo es claro para esa organización es que lo único que quieren es la conquista del poder y por tal motivo, lo único que se puede negociar con ellos es la claudicación del Estado a su favor o permitirles que se fortalezcan para que lleguen al poder por la fuerza. Esto también sería una hecatombe, aunque todos los que considero presidenciables no están en esa línea y por lo tanto, cualquiera de ellos garantizaría la permanencia de la seguridad democrática y de la estabilidad para el inversionista, amén de continuar con algunos lineamientos de la actual política económica.

En resumidas cuentas: la hecatombe es que la supuesta coalición de gobierno no se comporte como tal (cosa que ha ocurrido hasta hoy) y que un candidato del brazo armado de las FARC amenace con llegar al poder.

viernes, 2 de noviembre de 2007

Víctimas, victimarios y distraídos

Por Jaime Ruíz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

Tenemos de los hechos una referencia a partir de nuestros sentidos, de manera que aquello que no nos llega por ellos nos resulta lejano y en general incomprensible. Para una percepción más amplia recurrimos a los medios de comunicación, pero a través de éstos recibimos lo que interesa divulgar a sus dueños y lo que quiere encontrar la mayoría de la audiencia. De ahí que eso que no llega directamente esté mediatizado por esa visión ajena, y la visión sesgada por intereses que no controlamos puede determinar una percepción errónea.

Un ejemplo típico son los asesinatos políticos que ocurren en Colombia. ¿Hasta qué punto interesan a los habitantes de los barrios acomodados de las ciudades? Muy poco. Han sido casi treinta durante este periodo electoral, y han tenido por objeto favorecer las posibilidades del Polo Democrático en diversas regiones. Pero han desaparecido rápido de las noticias y la gente muy pronto los ha olvidado. Ya es tan normal como que haya lluvias copiosas en ciertas regiones, y carece del menor interés. Puede que sea tan normal que hasta las propias víctimas acepten el juego y esperen el momento en que les toque el turno de morir, pues de hecho hay que tener verdadera vocación de héroe para presentarse a cargos públicos en contra del Polo Democrático en las regiones en que ese partido es el eje del clientelismo armado.

Esa práctica inexistencia de esas víctimas es un rasgo colombiano que los colombianos casi no ven, tal como el oriundo de cada región no detecta ninguna musicalidad “especial” en su dejo al hablar, o como el habitante de una ciudad musulmana no echa de menos la presencia de mujeres en la calle. Pero hay que entender que no haya tiempo para preocuparse por esos asesinados, ni por los soldados ni por los policías ni por los pobladores de cada región ni por los ganaderos y finqueros ni por los miles de secuestrados ni por los niños reclutados a la fuerza. ¡Es que al percibir la propaganda negra contra la oposición no queda tiempo para preocuparse de todo eso, que ya se sabe que es el resultado del conflicto, conflicto que el gobierno ni siquiera reconoce y que lejos de intentar resolver agrava escalando el gasto en la guerra y emprendiendo ataques contra la guerrilla!

A algunos les parecerá excesivamente caricaturesco este retrato, pero ¿alguien recuerda un solo artículo en un solo periódico cuyo autor se preocupe por esos compatriotas asesinados? Claro que no, y el hecho de que uno registre que no hay ningún artículo de opinión en que siquiera se mencionen es síntoma de algún trastorno tremendo, pues ¿no es lo más lógico olvidarse por completo de eso? De lo que hay que preocuparse es de que un comentarista de los foros de El Tiempo amenazó por enésima vez a Óscar Collazos, de que a Alfredo Molano le tocó barrer en Barcelona, de que el presidente está acusando a la oposición que trabaja por el premio de las masacres de no ser leal con las víctimas.

Para esa solidaridad sí hay una disposición absoluta en los colombianos. Un artículo aparecido ayer en El Tiempo y firmado por Guillermo González Uribe da cuenta de esa queja dolorida por los señalamientos. ¿Cómo se le ocurre al gobierno poner en peligro a la oposición diciendo que es cómplice de los terroristas? ¿Qué culpa tiene el PDA de que las FARC dediquen su página de internet a hacer propaganda de la campaña electoral de ese partido? ¿Y qué importa que les maten a los competidores en varias regiones? ¿Y que no sólo ese partido sino el espectro amplísimo de las clases altas “instruidas” esté unánimemente por el premio de las masacres y la “Constituyente de paz”, que es aún peor que el premio de las masacres, sencillamente la implantación de la esclavitud a punta de cilindrazos y castraciones.

Lo único que falta es que el gobierno se empiece a ocupar de esos candidatos asesinados, cosa que se podría juzgar como meterse en política.

La historia de los escasos atentados contra personas relevantes relacionadas con el comunismo en Colombia es siempre el resultado de ejecutar políticas de signo opuesto a la de seguridad democrática y al cuestionamiento de todas las falacias que sirven de pretexto a los crímenes. Esos asesinatos prácticamente no han ocurrido durante los cinco años largos de Uribe mientras que fueron muy frecuentes durante el gobierno de Pastrana. También durante gobiernos anteriores, y nunca tenían relación con la denuncia de la clara unidad de objetivos de los grupos comunistas urbanos y las guerrillas, sino casi siempre con la sensación de que esos sectores avanzaban con la práctica benevolencia de los gobiernos.

Ése fue el caso del atentado contra Wilson Borja y de los asesinatos de varios congresistas durante el período del Caguán. Esos crímenes son tan atroces y tan condenables como los de la guerrilla, aunque en comparación su número ha sido insignificante. Lo que pasa es que también son fruto de la acción guerrillera, alentada y justificada por los ideólogos, periodistas y profesores que dirigen la sección urbana y vestida con ropa cara del movimiento revolucionario. Al igual que las bandas criminales que competían con la guerrilla por el control territorial y el narcotráfico, esos crímenes florecen cuando la institucionalidad está destruida, cuando desaparece la noción de derecho y sólo prima la ley del más fuerte.

De modo que la exigencia a los criminales de que desistan de sus actos y de sus pretensiones es a la larga conveniente para todos. El artículo de Guillermo González es sólo, como las consuetudinarias amenazas contra Collazos, un recurso de propaganda que pretende acallar la denuncia sobre el interés manifiesto del PDA en cobrar los secuestros y alentar las masacres. No otra cosa es la exigencia de “solución política negociada del conflicto social y armado” que figura en la declaración política aprobada en un congreso de ese partido el año pasado.

Pero ¿cómo pedir a quienes tanto han prosperado gracias a la lucha armada que se vuelvan partidarios de su fin? El que albergue dudas sobre el papel de la guerrilla en el desarrollo del PDA sólo tiene que indagar en la historia de los sindicatos estatales que sirven de base a ese partido. O en la biografía de los dirigentes que han tenido cargos públicos como intermediarios de paz, sobre todo en los gobiernos de Samper y Pastrana. El Estado colombiano ha gastado muchísimo más dinero en pagar prebendas, viajes, viáticos y demás (como en Maguncia) a esos personajes que en resarcir a las víctimas de las guerrillas.

El problema es de los demás colombianos, que no pueden seguir distraídos pensando que los asesinos están sólo en regiones remotas matando a gente muy distinta a uno. Los verdaderos asesinos son los divulgadores de falacias, como las que se detectan en el citado artículo, según el cual los asesinatos de miembros del Partido Comunista (avatara Unión Patriótica) fueron culpa de quienes denunciaron la relación de esa organización con el Partido Comunista (avatara FARC), ¡como si no lo supiera todo el mundo! ¡Como si los Castaño Gil se la pasaran oyendo conversaciones de personas de las ciudades! el interesado puede buscar una carta de Pablo Escobar donde protesta porque "la oligarquía" dejó que los castaño mataran a esos concejales de pueblo. O falacias como que a las guerrillas hay que quitarles apoyos, como si contaran con otros que los de ellos, sus socios manicurados, o que están "perdiendo el norte", como si alguna vez lo hubieran tenido.

Para formarse una idea de los valores de estas víctimas, tan distintas a los que mueren cada semana por decenas, lo mejor es leer con atención sus palabras (las negritas son mías):

La guerra en Colombia es cada día más cruel e inhumana. La guerrilla pierde en forma creciente su norte social, y su proceder autoritario la ha conducido al asesinato, la destrucción de pueblos enteros, el uso de carros bomba y la realización de atentados indiscriminados que afectan a la población civil, utilizando métodos semejantes a los empleados por quienes combate. La sociedad civil, que quiere negociaciones que conduzcan a una paz con justicia social, es débil, está en medio del fuego cruzado de los actores armados y sufre los ataques de un lado y de otro.



¡Hay que entenderlo, las guerrillas se están pareciendo a los candidatos que pretendían ocupar algún puesto de elección! Y los angelitos que esperan “paz con justicia social” están muy amenazados. ¿Alguien duda de que la guerrilla también quiere paz con justicia social?

La sociedad colombiana cometería una gran injusticia comparando a estos personajes con la guerrilla. En la guerrilla hay algo viril y resuelto, no ese repugnante arte de encargar masacres para acceder a ministerios y embajadas vitalicios, que en caso de conseguirse la “paz con justicia social” no ocuparían los pobres rústicos que facilitan el protagonismo de estos miserables.

De hecho, el retroceso de las FARC será insignificante si no se consigue ilegalizar a sus jaleadores y legitimadores, tal como se hizo en España con Batasuna. Los partidos que promueven la negociación de las leyes por encima de las urnas y el premio de los crímenes y no exigen la desmovilización de las bandas de asesinos, deben ser ilegalizados. Pero eso es pedir demasiado a una sociedad que ni siquiera se acuerda de los cientos de miles de muertos que el sueño comunista ha provocado. A una sociedad formada por la clase de ganado que esos criminales pueden someter.