viernes, 14 de septiembre de 2007

Bienes públicos en subasta


Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

El lote de tierra existente entre el Fuerte del Pastelillo y la Calle Real de Manga, donde funcionó por muchos años la Electrificadora de Bolívar y hoy en día se encuentran ubicadas algunas oficinas de Electrocosta, será subastado este viernes 14 de septiembre en la ciudad de Bogotá.

La subasta la realizará el Banco Popular, por encargo del IPSE (Instituto de Planificación y promoción de soluciones energéticas para zonas no interconectadas) el antiguo ICEL, actual propietario, y el precio base es de 21 mil millones de pesos.

El lote en cuestión que en sus inicios perteneció al Municipio de Cartagena, fue vendido en 1961 a las Empresas Publicas Municipales de Cartagena, que en esa época prestaba también el servicio de energía eléctrica en la ciudad, y posteriormente en 1970, al Instituto Colombiano de energía eléctrica (ICEL) hoy IPSE.

En 1988 los terrenos fueron declarados como de Utilidad Pública por el Consejo Municipal de Cartagena, pero en 1997, por vencimiento de dicha declaratoria (pura decidía de nuestros gobernantes) se ordena su anulación, según el Art. 37 de la Ley 9 de 1989 que establece que “Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta un máximo de seis (6)…. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia.”

El cambio de uso de esa franja de tierra que bordea la Bahía de Cartagena era algo que la ciudadanía pedía a gritos de tiempo atrás. No es el sitio para patios, bodegas, u oficina de una empresa de energía eléctrica, se decía. No solo por aspectos de tipo urbanísticos (allí estuvo ubicada hace muchos años hasta una planta de generación térmica) sino por logística, y si se quiere por el mismo costo de la tierra.

Por lo tanto en buena hora el IPSE ha decidido deshacerse de esos terrenos, pero como es apenas lógico los vecinos del barrio se preguntan, ¿y qué construirán allí?

Si un inversionista se le mide a la subasta, lo hará con la intención de obtener el máximo de rentabilidad de él, y eso solo se logrará edificando. El temor por lo tanto, no es que se construya otra central térmica, eso ya no es negocio, y las normas no lo permitirían, si no que se levanten enormes torres de oficinas, comercio y/o vivienda multifamiliar que es lo que renta, y que de paso se tiren el Fuerte de El Pastelillo, la Marina del Club de Pesca y el barrio.

Los vecinos asociados en ASOMANGA han manifestado que “… el deseo primario de nuestra comunidad es la construcción de un parque auto sostenible, integrado armónicamente al amoblamiento urbano del Barrio”.

Lo mas expedito para evitar la consumación de esta nueva privatización del espacio público seria detener el remate mediante una orden del Ministerio de Minas y energía y/o Presidencial, y devolver el lote a su dueño original, pero no sobra la divulgación de normas urbanísticas (deben existir) que limiten su usufructo comercial, para desestimular la participación en la subasta, o que el Distrito lo adquiera, no a precios de la puja, sino declarándolo nuevamente de utilidad pública.

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