viernes, 10 de agosto de 2007

Intimidacion legal

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

El colombiano promedio no distingue bien entre vocablos como investigar, llamar a declarar, abrir juicio y condenar.

La explicación a esta simbiosis de significados podría ser un reflejo de la poca confianza que se tiene en la justicia. El solo contacto con la rama judicial en calidad de sospechoso o testigo, divulgado por los medios, deja en la ciudadanía la certeza de culpabilidad, porque también existe la creencia generalizada de que sobre los jueces hay tantas presiones, que no puede esperarse objetividad. En otras palabras, que hay mucha impunidad.

Es un fenómeno extraño, porque la ciudadanía condena a priori, no por una especie de morbo o sadismo nacional, como podrían especular algunos, sino precisamente porque la justicia exonera. Ante tanta impunidad, es mejor suponer que todos los sospechosos son culpables, parece decir el ciudadano.

Uno de los indicadores de éxito de la aplicación de justicia, además de la prontitud, debería ser por ejemplo, lograr que la ciudadanía espere, entienda y acepte los fallos, y no condene a partir de los titulares de prensa.

En un escenario como el descrito, es inevitable que la declaración del Fiscal general de la Nación, en el sentido que “Quien difunda ideas o conductas como el genocidio, o que promuevan la rehabilitación de grupos al margen de la ley que hubiesen incurrido en conductas de lesa humanidad, podrán ser investigados por la Fiscalía”, sea interpretada como intimidación que cercena un derecho fundamental: el de formarse y difundir una opinión.

Para la muestra un botón. Casi simultáneamente la CSJ ha sentenciado que "Aceptar que en lugar de concierto para delinquir, el delito ejecutado por los paramilitares constituye sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas, sino burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia." Concepto que no se podrá controvertir a la luz de lo expresado por el Fiscal, so riesgo de verse enredado en trámites judiciales, y titulares de prensa.

Pero aun así, la sentencia parece dejar claro que los mismos actos de violencia tuvieran diferente clasificación moral, dependiendo de si provienen de la guerrilla o la contraguerrilla, y que en los casos de sedición no se burla el derecho de las victimas, ni se pone en riesgo la aplicación de la justicia. (¿?).

En mi opinión hubiera sido preferible interceptar todos los teléfonos del país (así al menos habría la prueba) que limitar la libertad de expresión mediante la intimidación legal.

Bajo esta perspectiva, imagino que el libro “Guerra civil, terrorismo, y anomia social” escrito por el sociólogo e investigador alemán Peter Waldmann, en el que se hace un concienzudo análisis de la situación colombiana, y se proponen atrevidas y novedosas formulas para acabar con la violencia, será retirado pronto de las librerías; cuando lo que se requiere es creatividad y la libre participación de todas las mentes del planeta.

En el análisis de la situación colombiana los actores –extrema derecha o extrema izquierda- son lo de menos, de nada sirve estigmatizar a unos y glorificar a otros. Se trata de fenómenos sociales incubados durante larguisimos periodos de luchas armadas por el poder, que deben ser desarmados tanto en lo físico como en lo espiritual, al precio que sea: si se pueden derrotar, muy bien, pero si no, es necesario reconocerles en la legalidad al menos parte del poder que ostentan en la ilegalidad.

El inicio de la derrota, que no tiene que ser militar, puede ser desmembrado sus ejércitos desde abajo, con incentivos a la desmovilización sin negociar con los cabecillas, creando oportunidades de empleo en sus regiones de origen, conformando con ellos ejércitos legales, entre otras; mas que pensar en cómo judicializarlos.

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